“EMERGENCIA NACIONAL” ¡NO SE ACABÓ EL RECREO!. Por Raúl Blanco Espino

No se acabó el recreo, porque éste gobierno no estuvo dispuesto a hacerlo.

¿A qué le tiene miedo?

¿Hay algún pacto secreto, que los ciudadanos de a pie desconocemos?

¿Por qué el gobierno no cumple con el “Compromiso por el País”, que firmó en Noviembre de 2019?

¿Fue un Compromiso realmente, o un Acting de Campaña para llegar al Gobierno?

“Cabildo Abierto presentó una moción que establecía las responsabilidades que le cabían al FA en sus 15 años de desgobierno en materia de seguridad pública, pero también establecía que en esta administración no se han hecho las cosas como se debieron hacer. El recreo no se acabó porque todavía no se están adoptando las políticas apropiadas en materia de seguridad pública. No ganamos nada sacando a Heber y poniendo a otro si se siguen dando las mismas políticas actuales en materia de prevención y en materia carcelaria”, afirmaba Manini Ríos el 4 de Julio de 2023 en Radio Oriental.

Y agregaba: “Capítulo aparte merece cuando la Diputada (Cecilia) Cairo (M.P.P.) confesó que hubo un pacto entre el PN y el FA de no tocar durante la interpelación distintos temas, como por ejemplo no mencionar al ex Ministro Bonomi, y en contrapartida el FA no se referiría a varios casos de escándalo que han sacudido a nuestra sociedad en los últimos meses. Nos enteramos a raíz de un incumplimiento de ese pacto. Y cuando después salieron a criticar que la moción que finalmente se aprueba es parte de la moción de Cabildo apoyada por el FA, más de un blanquicolorado se rasgó las vestiduras diciendo otra vez Cabildo junto al FA. Nosotros no hicimos ningún pacto ni acordamos nada con el FA, simplemente hablamos con honestidad y claridad. Lamentablemente nuestros socios blancos y colorados se perdieron la oportunidad de votar ellos también las partes en las cuales se responsabilizaba al FA de los años de malas políticas en materia de seguridad. Nos  queda la duda sobre si eso también formaba o no parte del pacto acordado a espaldas de muchos de los que participamos ese día en esa jornada de interpelación”.

La Emergencia Nacional en Seguridad Pública, sigue existiendo, quizás por acción o por omisión, pero sigue estando en primerísimo lugar cuando se le pregunta a la ciudadanía en general, sin distingo de colores políticos.

Para que los lectores saquen sus propias conclusiones, se presenta a continuación lo que establecía el “Compromiso por el País” firmado en noviembre de 2019, en esta materia:

UNA POLICÍA RESPETADA, UNA SOCIEDAD PACÍFICA 

El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como vehículos de rehabilitación y reinserción, se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Medidas como las que se proponen en esta sección deben ir acompañadas de un trabajo de más largo aliento sobre las causas del delito, en particular la exclusión social:

*Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República

• Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado

• Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias

• Fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral. Profesionalizar los procesos de selección y valoración de competencias, desarrollar capacidades institucionales para la atención de enfermedades profesionales y desarrollar buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado

• Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también solucionar problemas de convivencia en sentido amplio

• Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología de última generación y especialización de su personal

• Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval y Policía Aérea, y personal militar realizando operaciones de vigilancia de cárceles y fronteras, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza

• Modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios

• Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por el perfil de las personas privadas de libertad

• Construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad

• Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socio-educativos

• Revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su aplicación y verificando su efectivo cumplimiento

• Revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas

• Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos, preservando su confidencialidad. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)

• Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que incorporará bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales, regionales o móviles

• Profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas, creando la especialidad de investigación criminal y poniendo sus planes operativos en sintonía con las mejores prácticas a nivel internacional

• Fortalecer el vínculo y coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Justicia Penal. Reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, creando cargos y fiscalías especializadas

• Revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones

• Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género

• Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y tendrá la responsabilidad de reimplantar el sistema de orden y seguridad en el sistema penitenciario

• Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos, extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando equipos de rescatistas para emergencias