Reinstitucionalizado el país en el año 1985, la libertad de elegir autoridades produjo una sensación de alegría colectiva.
Recuperar derechos políticos, la vigencia de la Soberanía, la Constitución y la ley era el deseo de la amplia mayoría de los uruguayos. Dejar atrás aquella división violenta.
Salir de una guerra fundamentalista es casi imposible.
La política inicialmente hizo su parte.
Amnistió y liberó a los de un lado, y aprobó la caducidad de la voluntad punitiva del Estado para los otros.
La ciudadanía laudó afirmativamente en dos pronunciamientos con gobiernos de diferente signo político, lo que le otorgó un poder supra-legal. Pero el rencor puede más.
El PCU sintió que fue castigado por algo que estaba en sus planes, pero no había iniciado. Reclamó tozudamente revisar lo laudado por el Soberano. Intentó violentar las normas. Un fundamentalista no puede superar sus atavismos.
Era legítimo para los familiares reclamar conocer el paradero de quienes habían desaparecido. Politizando, únicamente se quería venganza con mano institucional.
La Comisión para la Paz procuró concretar la voluntad del pueblo.
La intención revanchista superó las barreras democráticas y las buenas intenciones. Convirtió a la Justicia en venganza; al Estado en la mano ejecutora, exigió una compensación pecuniaria para unos familiares; excluyó a los otros caídos en la misma conflagración.
Quienes piensan que el pueblo es lumpen; que únicamente iluminados lo liberarán, que pagaron el precio de luchar y no salió como querían, crearon el relato falso de que lucharon para rescatar a las instituciones de la dictadura.
Según Carl Von Clausewitz, “la guerra es sólo la continuación de la política por otros medios. Es un acto de fuerza mediante el cual pretendemos obligar al adversario a someterse a nuestra voluntad”.
En el mundo, unos mandan, otros obedecen, el fin justifica todo, no hay decisiones populares fuera del objetivo ideológico. Reclamar en democracia es una oportunidad de conflicto imperdible para acabar con la “libertad burguesa”.
Siendo minoría alcanzaron el gobierno aliándose con la izquierda moderada. Generaron los instrumentos de presión para quitar la libertad al “enemigo”.
Advertirle su poder a los que realmente defendieron a las Instituciones.
Habían pasado décadas de la reinstitucionalidad cuando se iniciaron las denuncias contra los mandos medios de las Fuerzas Armadas. Los que no participaron del quebranto institucional. Los que tenían reconocimiento popular por acciones en salvaguarda de los más humildes en cataclismos.
El rencor se transformó en oportunidad de venganza, tal como lo consignaron la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y el ex presidente José Mujica. Y antes el ex presidente Tabaré Vázquez, la ex ministra de Defensa Azucena Berutti, otros ex tupamaros: Eleuterio Fernández Huidobro y Amodio Pérez.
Forzaron la aprobación de leyes inconstitucionales violando la voluntad del Soberano.
Otras degeneraron el sistema judicial penal. Los encargados de bregar por la libertad individual no asumieron su vínculo familiar con personas relacionadas con los hechos denunciados, que les impedía tener objetividad. Persistieron en el proceso incluso luego de ser recusados.
Se multiplicaron los reclamos por indemnización luego de una detención preventiva.
Fernández Huidobro impidió avanzar en la injusticia cuando se le reclamaron los destinos militares de jóvenes oficiales para incluirlos como referencia probatoria.
Perdieron la libertad en juicios decenas de militares, y otros esperan citaciones próximas. Debían enfrentar denuncias insustanciales que daban por probadas sin las exigencias requeridas para civiles.
Se expusieron condenas injustas que implicaron la prisión indebida para un anciano enfermo.
Los jóvenes oficiales cumplieron a cabalidad la orden del silencio austero, confiando en las normas procesales, plebiscitos y referéndum del Soberano. El sistema político, además de exigirles participar de una guerra con sus conciudadanos, que los expuso y a sus familiares a acciones terroristas, los obligó a asumir responsabilidades que correspondían al Poder Ejecutivo, a la Asamblea General, a la Justicia penal que dispuso operativos, y al mando que ordenó cumplirlos.
Ahora, además, cargar con la ignominia de hacerlos delincuentes por haber cumplido con el deber; y ser juzgados con la credibilidad a favor del denunciante y eventuales testigos.
La sevicia fue mayúscula, la inacción política absoluta para corregir por su responsabilidad los atropellos de venganza oprobiosa. Se les hizo cargar con la decisión de otros de dar un golpe de Estado.
Un libro de Topolansky vino a denunciar la falsedad de los testigos, base de las condenas. Dice que por no ser buchón no puede denunciar a los falsos testigos, que conoce.
Protege a quien mintió con conciencia y voluntad, porque “salió con mucha bronca”. Revictimiza al que está preso injustamente; al que está con una tobillera y debe pedir custodia policial para ir al médico; al que sus hijos, nieto y biznietos ven tratar como un preso común.
Encubre a quien hace meter preso a otro, a sabiendas de que no cometió delito. Conoce a los testigos falsos que alguien preparó; lo hace público ocultando a los delincuentes. Es cómplice.
Se han burlado de la jurisdicción militar que debió intervenir por hechos en estado de guerra. Se ha burlado el proceso penal. Se ha burlado al Estado de Derecho imputando responsabilidades que, si hubieran ocurrido por la guerra, estaban comprendidas en la amnistía del Soberano.
Se ha burlado a la libertad. Responsabilidad política que cada representante debe cuidar celosamente, o también es cómplice. Lo han hecho desde los más altos cargos políticos; todos cómplices de saber que encarcelaron a militares dignos, hicieron padecer a sus familias y amigos.
El fiscal cita a la ex presidenta a declarar en lugar de que la Fiscalía de Corte inicie, previamente, una investigación urgente. Ordene revisar los expedientes, suspenda preventivamente las penas y frene la sevicia injusta con ancianos.
La próxima vez que haya que pagar el precio de la libertad, como el pastor mentiroso, gritaremos “GUERRA, GUERRA”; y nadie vendrá a salvarnos de quienes nos quieran esclavizar definitivamente.
Ese alto precio lo pagaremos directamente nosotros y nuestras propias familias.
