DE LO QUE POCOS HABLAN O ESCRIBEN. Por Hilario Castro Trezza

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En este verano, entre muchas lecturas, releí la obra: Herencia Maldita- Historia de los años duros- Planeta 2020, del excelente periodista, investigador y ensayista Leonardo Haberkorn. Dicha obra consta de una serie de crónicas fruto de investigaciones y entrevistas que arrojan luz sobre el pasado reciente y desmontan falsedades creadas para justificar hechos aberrantes.

El país sufrió en el cuso de las décadas del sesenta y del setenta del siglo pasado una agresión revolucionaria de carácter bélico, de la que sus autores intelectuales y materiales nunca se han arrepentido, ni retractado, por el contrario, con matices, han ensayado justificaciones. Expresa Haberkorn en las págs. 294 y 295 de la mencionada obra.

“El MLN se debe un sinceramiento a fondo, un mea culpa por haber iniciado en 1963 una guerra contra una democracia que era imperfecta, sí, como todas, pero aun así era una de las mejores del continente y tenía abiertos todos los caminos para mejorarla por los votos y no por la sangre derramada… Hay, además un mea culpa adicional que los dirigentes del MLN nunca han asumido y deberían. Ellos, basándose en cálculos políticos equivocados, reclutaron gente para una guerra. Arrastraron a miles de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, a una violenta confrontación que les pintaron como inevitable y de victoria segura. Los pusieron a fabricar bombas y los hicieron salir a robar, a secuestrar y a matar porque eso ayudaría a crear un mundo mejor. Pero los llevaron a la cárcel, a la tortura, a la muerte y no consiguieron nada de lo que habían prometido…”

Esta lúcida reflexión la podemos extender a otros grupos subversivos con estructuras armadas como el OPR 33; el PVP, entre otros, y al Partido Comunista que acopió un cuantioso y letal armamento, el hecho de que no lo haya usado, antes de ser descubierto por los militares, no los eximen de la gravísima responsabilidad que les cabe a sus creadores.

Esta agresión insurreccional trajo inevitablemente como consecuencia una legítima reacción del Estado. El Poder Ejecutivo encomendó a las Fuerzas Armadas el 9/9/1971 la lucha antisubversiva con la colaboración de la Policía que había sido desbordada en su capacidad operativa, ante la fuga masiva de sediciosos del Penal de Punta Carretas.

A su vez el Poder Legislativo el 15/4/1972 le confirió jurisdicción en delitos subversivos, primero por declaración de estado de guerra interno y luego por ley de seguridad del Estado, a la justicia penal militar, dado que la justicia penal ordinaria había sido sobrepasada. En toda guerra y máxime en una guerra irregular como lo es la sedición, donde las fuerzas en pugna se superponen en el mismo terreno de operaciones y con una de ellas compartimentada y disimulada entre la población civil, la obtención de la información en tiempo es vital para el éxito de las operaciones.

Obviamente que las fuerzas regulares emplearon el apremio y la tortura en los interrogatorios y ello determinó en muchos casos desenlaces mortales. ¿Había otra metodología para obtener información?, ¿Había otra forma de conducción operacional que evitase abusos y excesos? Sin duda que sí, pero los mandos militares de la época entendieron que con otros procedimientos no se obtendría la derrota del enemigo en un periodo razonable de tiempo, y ello fue conocido, ante inúmeras denuncias parlamentarias, por las autoridades constitucionales.

Luego en dictadura se produjeron hechos aberrantes que nos merecen la máxima reprobación. Por ello es insostenible moralmente trasladar la responsabilidad a los subalternos, que tan solo tenían el deber profesional de cumplir las órdenes de sus superiores como ocurre con toda institución armada. La responsabilidad por acción o por omisión corresponde a la Institución por el principio de autoridad que rige la subordinación militar.

Hoy día observo, con angustia, el procesamiento, la formalización o la condena de militares y policías, ancianos y muchos de ellos con graves patologías, por hechos de la lucha antisubversiva cuando revistaban como personal subalterno u oficiales subalternos, que cumplían  órdenes de sus superiores dentro de una estructura piramidal y jerárquica como los son las Fuerzas Armadas y Policiales.

La judialización de la lucha antisubversiva, a décadas de cesadas las hostilidades y de amnistiados o liberados los combatientes irregulares, aunque no se pretenda, es la continuación de la guerra por otros medios. Ello fue lo que  quiso evitar el Cuerpo Electoral en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009, siguiendo el principio de clemencia, luego de los enfrentamientos fratricidas, lo cual está ínsito en la tradición nacional.

No me duelen prendas, como liberal y demócrata, consideré no sólo una fragrante violación de la Constitución, sino un gravísimo error político el Golpe de Estado de 27 de junio de 1973 y discrepé con las innumerables arbitrariedades que cometió un gobierno dictatorial que se prolongó injustificadamente en el tiempo. Pero restablecida la democracia el 1 de marzo de 1985 aposté con hechos concretos y opiniones públicas por dar vuelta la hoja, no aspirando a la punición sino a la verdad de los hechos sobre las personas desaparecidas, dado que no hay nada tan aflictivo para los familiares que no poder conocer el destino de sus seres queridos y no contar con un lugar para procesar el duelo.

Todo lo que se pueda hacer en la materia es humana y cristianamente plausible. Tempranamente advertí que la concordia nacional era un sustitutivo bondadoso de una justicia que nunca sería tal, dada las características del conflicto que había padecido el país. Conozco los alcances de la normativa, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional prevalentes en la materia, no es momento de entrar en esta árida cuestión, pero sí quiero manifestar que esta situación de aflicción que padecen un conjunto de compatriotas y sus familias, constituye una inocultable mácula para una democracia que se apresta a conmemorar los cuarenta años de restablecida.