El 31 de agosto del 2010 se editaba la noticia: “Esta noche ha muerto el productor agropecuario Franklin Brito, el primer venezolano huelguista de hambre que llevó su protesta hasta las últimas consecuencias por haber sido despojado de su tierra. Sus reclamos nunca fueron atendidos por el gobierno de Hugo Chávez”.
El periodista Humberto Márquez, analizó el caso de Franklin Brito y publicó una nota casi profética en la que hacía un paralelismo entre el venezolano y el cubano Orlando Zapata Tamayo, también fallecido este año: “El último año la opinión internacional ha sido sacudida por huelgas de hambre para exigir derechos fundamentales, como la del periodista cubano Guillermo Fariñas, quien ayunó en demanda de que presos políticos fueran excarcelados (…) el caso del encarcelado albañil cubano Orlando Zapata Tamayo, quien protestó por las condiciones de detención en Cuba, resultó trágico pues falleció el 23 de febrero de 2010 al cabo de 83 días en huelga de hambre”.
De 49 años, Brito medía 1,90 metros y pesaba menos de 35 kilos cuando falleció. Su corazón se había paralizado después de soportar más de cuatro meses de ayuno. Su protesta comenzó en 2005 cuando fue despojado por el Instituto Nacional de Tierras, INTI, de 290 hectáreas de su finca en Iguaraya, situada en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Brito reclamaba la titularidad de su propiedad, un derecho que le fue negado por las autoridades. Por esa razón el productor protagonizó en total cinco huelgas de hambre durante seis años hasta que realizó la última en la legación de la OEA, para llamar la atención internacional. En las últimas semanas ya no podía moverse ni hablar. “Tenía insuficiencia respiratoria, pulmonía, hipotermia y daños en los órganos como el hígado y el riñón”, declaró su hija Angela Brito. Había ganado notoriedad por la incansable protesta ante las autoridades nacionales por la situación de sus tierras, las cuales le habían sido retiradas como represalia por una desaveniencia con un alcalde local. Brito le habría “ganado” en una suerte de competencia por el mejor método para atacar la plaga de un cultivo. Él y su esposa perdieron sus trabajos como maestros y sus tierras, le fueron otorgadas a terceros.El gobierno primero reconoció el “error”, luego intentó resarcirlo con indemnizaciones en la forma de tractores y otros enseres. Pero no se le otorgaron los documentos de la titularidad del predio, ni de la naturaleza de las reparaciones. El vicepresidente Elías Jaua declaró que las autoridades habían actuado apegadas “a lo que es una conducta ética de un gobierno revolucionario y en defensa de la vida humana”. Un tribunal ordenó su traslado al Hospital Militar por razones de índole psicológico, lo que la familia calificó de un “secuestro”. Había radicalizado su acción, para llamar la atención de Hugo Chávez. La muerte de Brito ocupó un amplio espacio en la prensa internacional. Los diferentes poderes públicos le dieron primero la razón, luego, lo llamaron ícono de obstinación, avaricia, manipulación mediática, de los manejos retorcidos de sectores opositores. Portavoces de oposición hicieron de él el David que enfrentó al Goliat oficialista, que todo lo controla y todo lo puede. Una dicotomía que no cambiará las “últimas consecuencias” a las que dijo estar dispuesto a llegar, luego de que se materializaron.
A 12 años de su muerte de Franklin Brito, uno de los casos más emblemáticos de la política sistemática de destrucción de la propiedad arbitrariamente, sus compatriotas Andrea Rondón García y Oscar José Torrealba dedicaron este artículo a su memoria: “La inflación como delito”. Ellos refieren que también, este es uno de los temas de preocupación del intelectual argentino Ricardo Rojas: la inflación como violación a la propiedad de los gobernados, «… la inflación es el incremento de la cantidad de dinero — lo que se infla es el dinero, no los precios —, y en sistemas monetarios como los que hoy rigen en el mundo, el único que puede producir ese efecto es el propio gobierno. A través de este proceso, se produce una lesión generalizada al derecho de propiedad de las personas. El Estado monopoliza el manejo del dinero, emite moneda de curso forzoso que las personas deben obligatoriamente utilizar y recibir en sus transacciones, y a la vez le va quitando valor al aumentar su cantidad. En la práctica, este proceso equivale a sustraerle a cada persona algo del dinero que lleva en los bolsillos sin que siquiera lo advierta». «…al incrementar la cantidad de dinero circulante, distintos funcionarios del gobierno se ven involucrados en la violación de bienes jurídicos que son tutelados por el derecho penal, y que en tales condiciones la inflación debería ser catalogada como delito por la legislación criminal…», Para ser más precisos, debería estar previsto «…en el capítulo sobre falsificación y adulteración de moneda…».
La inflación ha sido un problema en la economía venezolana desde hace 38 años, porque los distintos gobiernos la han utilizado sistemáticamente para financiar su gasto público en detrimento del poder adquisitivo de la ciudadanía. Para finales de 2017, los precios comenzaron a crecer por encima del 50% mensual. Así, Venezuela entró formalmente en hiperinflación, ocupando el primer puesto del ranking global de inflación hasta que en el 2021, fue superada por la de Argentina. La política sistemática de destrucción de la propiedad iniciada en el año 2005, y que incluye el manejo irresponsable de la política monetaria, ha sido considerada un supuesto de crimen de lesa humanidad. En diciembre de 2021 Venezuela salió formalmente de la hiperinflación, ya que durante los últimos 12 meses los precios crecieron a un ritmo inferior al 50% mensual. Además, durante el primer semestre de 2022 se ha observado una disminución de la variación de precios en términos interanuales. Pero Venezuela no ha dejado de robarle poder adquisitivo, aún en la pobreza extrema, a su gente. Las acciones tomadas por la mafia que la gobierna despóticamente cambian unos problemas por otros aún peores. Los efectos colaterales de estas medidas en toda la economía son incalculables. Durante el primer semestre de 2022, la cantidad de dinero puesta en circulación se multiplicó 2,6 veces. Por su parte, el aumento de la voracidad fiscal disminuye el ingreso disponible de los contribuyentes, y estimula cada vez más a la informalidad. Sigue existiendo un severo desequilibrio fiscal financiado con más emisión. El encaje legal priva al venezolano del acceso al crédito; es una política profundamente recesiva, que golpea directamente los niveles de actividad económica y no atiende el origen del problema. La política de intervención cambiaria no ha sido más que una inyección de divisas en las mesas de dinero, con la intención de contener, en vano, el tipo de cambio. Es una apreciación ficticia del bolívar con un impacto en los precios expresados en dólares.
No se desiste de la inflación como mecanismo de financiamiento, ni se comienza a reducir en relación con la recesión productiva la base monetaria. Al no ordenar las cuentas fiscales y reducir el tamaño del Estado policiaco, para recuperar un control estable del nivel de precios y una reactivación del crédito, que posibilite el financiamiento al sector productivo. Como todo régimen que maneja la política monetaria como una herramienta de control político, ajustan la soga a la banca a través del encaje legal; inyectan dólares a las mesas de dinero, con los efectos distorsionantes para mantener el gasto público, con el consecuente expolio al poder adquisitivo de las familias. Las herramientas populistas no se abandonan porque son formas de control político, lo que es inherente a la naturaleza del régimen despótico: “Socialismo Siglo XXI”. Seguimos en presencia de una política sistemática de destrucción de la propiedad, esa que llevó hacia la muerte a Franklin Brito. Nunca olvidemos esto.
Ludwig von Mises individualizó hace mucho tiempo el fenómeno de la inflación del siguiente modo: “Para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman “inflación” a la consecuencia inevitable de la inflación: al aumento en los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento de la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del costo de la vida a los negocios. Es un caso clásico del ladrón gritando “¡Al ladrón!”. El gobierno, que produjo la inflación multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos”. Las consecuencias nefastas de esconder las causas verdaderas de la inflación se agravan cuando los gobiernos inficionados de socialismo, montan distractivos: leyes de controles de precios, precios “concertados”, como modo de atacar la supuesta causa de la inflación. Esas interferencias, lejos de resolver nada, agravan la situación al distorsionar la formación de precios, nadie sabe el valor normal de las cosas, porque el “impuesto inflacionario” es decisión política. Como padecen del gobierno los argentinos.
En un esquema de moneda de curso legal y forzoso puesta a circular de manera monopólica por el Estado sin estar atada su cantidad a ningún criterio objetivo, el incremento de esa cantidad disminuirá el valor de intercambio de la moneda por lo que se quiera adquirir. Equivale a cercenar la moneda, que cuando llega a tu bolsillo tiene menos valor. Un fraude. El actual delito de falsificación de moneda, está previsto como delito cometido por particulares que intentan falsificar cada billete imitándolo en un papel sin valor. En el sistema de emisión pública (dinero fiat), la alteración del valor original se consigue mediante la emisión aumentada sin valor que la represente, genera inflación, y alcanza a toda la moneda circulante. Tiene efectos sobre todas las personas que deben utilizar ese dinero, y que en consecuencia se convierten en víctimas de la delictiva decisión estatal. La inflación favorece al gobierno ya que es el primero en tener billetes extras; el primero en comprar con moneda devaluada sin que el que le vende lo sepa; el primero que se beneficia licuando sus deudas en pesos viejos con pesos depreciados de valor. Las personas reciben un dinero falso que cuando circula, confundido con el real, determina que quien le vende tenga en cuenta que le están pasando dinero falsificado y exija más por la transacción. Tienen en su poder dinero al que se le quita parte de su valor sin que puedan advertirlo, a través de la introducción de mayor cantidad de dinero en el mercado; puede comprar menos con la misma cantidad de billetes. Por ello, la conducta del funcionario que la pone a circular con conocimiento de su origen espurio, configura consecuencias de mucha mayor gravedad que el delito individual de falsificación de cierta cantidad de billetes.
Esta circunstancia justifica la introducción de este delito, entre los tipos penales que castigan a la falsificación y alteración de moneda; una figura que expresamente contemple la responsabilidad penal de las autoridades. Ello requerirá, además, una modificación en la ley orgánica del Banco Central que establezca límites objetivos a la posibilidad de emitir moneda. En un sistema de moneda fiat que no está atada a la existencia de ningún bien en especial, la emisión sólo debería ser justificada para reemplazar aquella en mal estado que se destruye, en idéntica cantidad, y también de manera excepcional, en cantidades limitadas, cuando un sostenido y acreditado crecimiento en el tiempo de la cantidad de bienes y servicios en el mercado haga necesario adecuar la cantidad de dinero circulante. Ello debería ser dispuesto por ley, con un límite que, además de la necesaria acreditación del crecimiento, se fije un tope del 2% anual. Cualquier emisión y puesta en circulación de dinero fuera de estos motivos y limitaciones, debidamente justificados, debería ser considerado cercenamiento punible para todos los incursos en el delito. Estas modificaciones permitirían desmitificar que el responsable por la depreciación monetaria, que el gobierno trata de explicar como un aumento de precios imputable a los comerciantes, es la autoridad estatal que dispone la emisión y puesta en circulación de moneda sin respaldo. Y a desalentar esta perversa práctica gubernamental que esconde el déficit crónico en el presupuesto debido a un mal manejo financiero. Y múltiples consecuencias perversas más dañinas para la gente.
Llegando al Uruguay, que ha sufrido en el gobierno del FA inflación creciente, paradójicamente, durante los 14 años de mejor ingreso público por exportaciones. Que fueron el fruto del esfuerzo productivo de emprendedores privados, a los que además cercenó recursos, como a los demás uruguayos de a pie, con una presión tributaria “para ricos”, que recayó sobre trabajadores y pasivos, perjudicando 20 veces más a los más vulnerables.
Desde el cambio de gobierno, la Coalición Republicana viene proponiendo cambios económicos que pongan límite al gasto, ajusten el precio de la energía y los servicios públicos y reduzca la desproporción de que el 20% de la población ocupada sean empleados públicos. Costo que carga, castigando al sector privado formal. Además, promueve la reforme del sistema previsional a larguísimo plazo, una pesada carga sobre el bolsillo de cada uruguayo. Otro legado insoportable del frentismo que nada aporta para solucionarlo
La inflación aumenta el desempleo, la informalidad y condena a vivir de la limosna pública a cientos de miles de uruguayos. Un público objetivo de las promesas políticas. El investigador senior del IECON (Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR) Matías Brum, analizó el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo. Uno de los tantos indicadores analizados es la informalidad, que en Uruguay llega casi al 50% de quienes trabajan para vivir. Un efecto directo de la carga fiscal exorbitante, la inflación que recorta capacidad de consumo, y por consiguiente, pérdida de empleo formal. Durante la pandemia bajó la informalidad, debido a que buena parte de los trabajadores informales salió del mercado de trabajo. “Lo esperable era que esos informales luego volvieran al mercado de trabajo, y la informalidad volviera a subir, ubicándose en los niveles previos a la pandemia (50%). Sin embargo, Uruguay mantuvo sus niveles de informalidad tres puntos debajo de los niveles prepandemia, comparando 2019 con el segundo trimestre de 2021. La pandemia implicó la pérdida de microempresas y cuentapropistas sin local, una parte de esas personas permaneció en la inactividad, y otra pequeña parte consiguió trabajo en empresas más grandes o sectores más formales». Por su parte, el ministro Mieres señaló como uno de los aspectos pendientes, la necesidad de «estudiar por qué tenemos una informalidad tan desigual por departamento, y que sobre todo está concentrada en la frontera con Brasil«.
Los recortes presupuestales no han alcanzado siquiera para eliminar ese inconstitucional, injusto y penalmente reprochable “impuesto inflacionario”. Mucho menos para dejar de alimentar a prestamistas que el frentismo nos impuso, pese a su consigna “…fuera especuladores financieros”. Todos estos factores, hacen que la rebaja tributaria del IRPF y del IASS, anunciada por el Gobierno, dependa exclusivamente del eventual crecimiento económico. Y no aliente esperanzas de que no repercuta en la inflación, ya que el gasto público no se ha adecuado a los ingresos presupuestales, impuestos que soportamos como pesada carga los uruguayos. Será apenas un reconocimiento político de que la carga tributaria y la inflación que dejó el FA lastra la producción, la inversión, el empleo, y al más pobre. Y de paso, que ambas distorsiones nos condenan a sostener impuestos directos al salario y a las pasividades, que multiplican la pobreza. Esas injusticias sociales deberían estar condenados como acciones delictivas.
Pensemos seriamente, en crear nuevos delitos que impidan el saqueo que estamos soportando, a manos de quienes elegimos para “protegernos”.
