Se atribuye a Thomas Jefferson la frase: “El precio de la libertad es su eterna vigilancia”.
Y ser libre tiene un costo. Lo han demostrado a lo largo de la historia los múltiples intentos de sojuzgar, y los que aún perviven como islas de esclavitud.
El Uruguay ha comulgado con el respeto irrestricto a la libertad individual desde sus orígenes como nación independiente.
Artigas le dio el sello indeleble de republicanismo democrático, que se recoge en nuestra Constitución, en su Art. 8º: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
Wilson Ferreira solía contar la anécdota de un extranjero que, en tránsito hacia Buenos Aires, recaló en el puerto de Montevideo. Allí se puso a conversar con un humilde paisanito que le dijo: “Ud. debería quedarse acá”. El extranjero preguntó por qué, y el criollo le respondió: “Porque aquí nadie es más que naides”.
Por eso, porque todos valemos lo mismo, en nuestra Patria hay pocas acciones de quebranto institucional, siempre son inadmisibles.
En marzo de 1933, el presidente avisó en el Parlamento que la crisis económica iba a aumentar. La desocupación había llegado a niveles muy altos, el Estado estaba atrasado en el pago de las jubilaciones y la Intendencia de Montevideo debía los sueldos. La falta de moneda extranjera y la escasez de petróleo paralizaban las importaciones, la industria, el transporte y gran parte del sistema productivo del país. Días después del anuncio, el presidente Terra se instaló en el cuartel de Bomberos de Montevideo con el apoyo de la policía y disolvió las Cámaras.
Nunca antes las Fuerzas Armadas intervinieron en decisiones políticas, hasta que el 15 de abril de 1972, después de varios enfrentamientos armados entre la guerrilla y la policía, y una fuga del penal de Punta Carretas de subversivos conmovieron a la sociedad oriental. Fue declarado por la Asamblea General el estado de Guerra interno, convocando a las FFAA a enfrentar el desborde anti institucional.
La situación no fue exclusiva, desde el año 1959, la revolución cubana contra la dictadura de Batista, se asumió como una rebeldía contra el poder por muchísimos jóvenes.
La llamada Guerra Fría post segunda guerra mundial, había dividido en bandos a comunistas y liberales. Ambos habían financiado y formado milicias para la acción violenta y defensiva. Unos en pos de imponer una dictadura similar a la de Cuba, en contra de las instituciones democráticas, que se consideraban dictaduras burguesas.
Otros defendiendo el sistema institucional democrático que permitía la alternancia en el gobierno.
Desde Cuba se formaron cuadros, se financió y dio armamento a organizaciones políticas que representaban al partido Comunista en países que estaban integrados al sistema democrático. Así lo reconoció Esteban Valenti que estaba a cargo del arsenal comunista en Uruguay para la “revolución” e imponer una dictadura.
Esperaban el desarrollo de una cantidad de focos de levantamiento social, hechos violentos que ameritaran enfrentar el aparato armado del Estado. Mientras tanto, realizaban acciones de infiltración en centros educativos para reclutar militantes, dominan la dirigencia sindical y varios medios de prensa.
Un grupo joven de militantes formados en Cuba, se apresuró a iniciar acciones copiando otros que iniciaron acciones en varios países sudamericanos. Sus acciones delictivas urbanas buscaban impresionar por el terror a la población, burlando a la policía y realizando escapatorias cinematográficas, convencidos de que no se convocaría a las Fuerzas Armadas hasta tanto la institucionalidad estuviera aterrorizada y hubieran ganado adeptos suficientes para enfrentarlas.
El ataque más importante fue la serie de asesinatos por el MLN-Tupamaros el 14 de abril de 1972. En la mañana, el grupo ejecutó a tres soldados. Al capitán de corbeta Ernesto Motto, asesinado mientras salía de su hogar, así también, un francotirador asesinó al profesor Armando Acosta y Lara.
Se llevaron adelante un total de 13 asesinatos en menos de 24 horas. Ese mismo día, las fuerzas policiales invadieron las sedes del partido Comunista y del movimiento 26 de marzo.
El presidente Bordaberry solicitó al Parlamento declarar el país en estado de guerra interno, superada la Justicia y la policía en el enfrentamiento.
El evento recordado como el «día de sangre», no solo marcó el inicio de las acciones de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, sino que también redujo drásticamente la popularidad de los movimientos guerrilleros. Fernández Huidobro luego admitiría que la ofensiva del 14 de abril se había tratado de un «grave error de apreciación».
Entraron en acción las FFAA en el marco institucional de una GUERRA.
Actuaron sus integrantes bajo el mando militar, cumpliendo órdenes de la Justicia penal civil. Fueron movilizados todos los oficiales, suboficiales, y personal de tropa.
El personal militar que no cumpliera las órdenes estaba desertando, con las consecuencias correspondientes en estado de guerra.
Los mandos militares fueron asumiendo que los arsenales demostraban que había mucho más que un grupo sedicioso en lucha contra las instituciones. Ampliaron el radio de su responsabilidad hasta el extremo de integrar casi todo al concepto de Seguridad Nacional, como parte de su responsabilidad natural.
Así lo plantearon al presidente Bordaberry y se fue extendiendo el campo de intervención militar, hasta que en febrero de 1973 los mandos militares colocaron al presidente en confrontación con el Parlamento por la supresión de inmunidad parlamentarias a varios de sus integrantes. La demora parlamentaria en resolverlas, incentivó a los mandos militares a considerar que se estaba en complicidad con cabecillas de la subversión, y exigieron al presidente la disolución del Parlamento, que se produjo recién el 27 de junio.
Es meridianamente claro, que ningún joven oficial militar pudo tomar decisiones sobre las acciones con los detenidos por su cuenta. Menos que éstos hubieran decidido avanzar sobre el Parlamento.
La decisión fue exclusivamente de los mandos. Las posiciones personales eran intrascendentes. La posibilidad de manifestarse en cualquier sentido era nula en el marco de un golpe de Estado en ciernes.
