La gravísima crisis de seguridad pública, que en diverso grado, azota a Iberoamérica, en especial por causa del narcotráfico, ha hecho que diversos sectores políticos vuelvan su mirada hacia la experiencia que viene llevando a cabo el Presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien recientemente ha sido reelecto con el 85% de los sufragios.
El Salvador hasta hace pocos años estaba dominado por terribles organizaciones criminales llamadas “maras”, que tenían aterrorizada a la población, las tasas de homicidios eran las más elevadas del mundo en relación a la población. Bukele logra restablecer un aceptable nivel de seguridad en todo el país, bajando drásticamente los delitos y en particular los homicidios.
Para lograr dichos objetivos, implantó un estado de excepción constitucional, que implica la suspensión de las garantías individuales, que viene siendo prorrogado desde marzo de 2022; obtuvo una legislación penal, que entre muchas cosas, elevó las penas máximas a 40 y 45 años y redujo la edad de imputabilidad penal a los 12 años y erigió una cárcel de máxima seguridad, denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde se alojan más de 40.000 reclusos, bajo un estricto régimen de confinamiento e incomunicación, formalizados en procesos sumarísimos.
Las estremecedoras imágenes televisivas nos muestran un gigantesco depósito de seres humanos sin otro horizonte que esperar el arribo de la muerte. La abrumadora mayoría de los reclusos son crueles criminales, pero en tanto seres humanos merecen tener la oportunidad de recuperarse y algún día reinsertarse en la Sociedad.
El derecho penal y penitenciario liberal está basado en darle al delincuente, aún aquellos que han cometido los crímenes más horrendos, la esperanza de volver a ser una persona útil a la Sociedad. Obviamente no hay certeza de ello, pero un Estado de Derecho debe intentarlo, como sabiamente lo consagra, desde 1934, la Constitución uruguaya.
A un delincuente que se lo mantiene con vida pero sin esperanza se lo está castigando con mayor rigor que si se le aplicase la pena de muerte, dado que esta extingue todos los padecimientos de una vez y para siempre. Bukele sabe que la comunidad internacional no soportaría miles de ejecuciones, su estrategia es más inteligente y digerible por la opinión pública nacional e internacional y genera un éxito publicitario notorio.
La disciplina carcelaria es necesaria, de lo contrario sucede el caos que enfrentan las prisiones ecuatorianas o colombianas, controladas por los criminales, pero ello no es impedimento para intentar la recuperación aunque sea de una reducida minoría. A su vez los juicios sumarísimos tienen el grave riesgo de injusticias por errores judiciales.
Bukele surgió de las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), otrora implacable guerrilla marxista, luego de los acuerdos de paz el FMLN se transforma en partido político y accede al gobierno por medios democráticos, el joven empresario fue electo Alcalde de las ciudades de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, donde demostró liderazgo y eficiencia en la gestión., fue expulsado del FMLN en 2017 y al año siguiente se postula a la Presidencia de la República por una coalición denominada Gran Alianza por la Unidad Nacional triunfando por el 53% de los votos, pero sin tener aún mayoría parlamentaria.
A poco de instalado en el gobierno el 1 de junio de 2019, solicita anuencia a la Asamblea Legislativa para contraer un millonario préstamo internacional con el propósito de modernizar y equipar a la Policía, pero como no contaba con los votos, irrumpió en el recinto parlamentario acompañado por un fuerte contingente de fuerzas policiales, para intimidar a los legisladores, lo cual palmariamente revela sus extremos dotes de autoritarismo.
En las elecciones parlamentarias de 2021 logra la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, lo cual le permite no sólo contraer el préstamo, sino remover al Fiscal General y a los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la designación en dichos cargos de abogados de su estricta confianza. A partir de ese momento comienza a contar con el Poder total y absoluto del Estado para llevar a cabo sus proyectos en todas las materias.
Pese a la prohibición constitucional de reelección sucesiva, obtiene una insólita sentencia judicial que lo habilita a volver a postularse, tan sólo con renunciar seis meses antes de reasumir, dejando en el cargo a su Vicepresidenta. De todo lo expuesto y de todo lo otro que ha llevado a cabo en el resto de las áreas de gobierno que hemos omitido por no corresponder al tema abordado en esta columna, surge un Presidente autoritario, populista, demagogo y mesiánico.
La democracia liberal, tan denostada por él, reconoce el derecho de las mayorías populares a gobernar pero dentro de estrictos límites infranqueables de respeto a los derechos individuales de todos aún de aquellos que constituyen una ínfima minoría. Es comprensible que en situaciones de guerra externa o inseguridad interna extrema la inmensa mayoría de la población se incline por medidas represivas y punitivas radicales dirigidas hacia el enemigo.
No obstante, como lo indica la evidencia empírica recogida por la historia, dichas situaciones de emergencia no son sostenibles en el tiempo, dado el grado de limitación de los derechos individuales que inevitablemente es padecido aún por los que nada tienen que ver con la criminalidad. Se atacan las consecuencias de la narco delincuencia pero no las causas que están en el prohibicionismo de un mercado legal y regulado de las drogas duras. El delito es esencialmente mutable y con el tiempo la criminalidad organizada reaparece, por ello lo óptimo es combatir simultáneamente al delito y a las causas del mismo.
Como liberal me refugio en la esclarecida frase de Blas Pascal: “La justicia sin la fuerza es impotente, la fuerza sin la justicia es tiránica. Es necesario hacer coincidir la justicia y la fuerza de forma tal que la justicia sea fuerte y la fuerza sea justa”. No creo que esta sabia máxima sea hoy una realidad en El Salvador.
