En los últimos días, la Comisión Permanente de nuestro país ha discutido la redacción de una declaración conjunta sobre la grave situación política y social que atraviesa Venezuela. No cabe duda de que la tragedia humanitaria que enfrenta Venezuela sigue siendo una de las crisis más alarmantes en nuestra región, y la solidaridad internacional es crucial para enfrentar las violaciones de derechos humanos que allí se producen.
Sin embargo, ¿es el momento adecuado para centrarse en una crisis ajena cuando los problemas internos del país parecen estar desbordándose?
Todos somos parte de una comunidad que ha acogido a miles de venezolanos que huyen de la crisis, es lógico compartir la angustia por su situación y reconocemos la importancia de que Uruguay siga manifestando su apoyo. La situación en Venezuela es trágica y, como latinoamericanos, sentimos la responsabilidad de manifestarnos ante tales injusticias. Sin embargo, la política exterior de un país debe ser un reflejo de su capacidad para resolver sus propios problemas.
Aunque la declaración conjunta sobre Venezuela es importante, su impacto disminuye si no abordamos con la misma urgencia nuestros problemas internos.
Desde hace años, y sin importar la ideología del gobierno, somos testigos impotentes de una creciente ola de violencia en distintas partes de Uruguay. Casos como el asesinato de una mujer en Durazno y el ataque a balazos a un hombre, cuyo desenlace dejó a una niña de dos años con 15 disparos, sin contar los casos que son el “pan nuestro de cada día”, demuestran que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Estos hechos, que parecen cada vez más comunes, son sólo la punta del iceberg de un problema mucho mayor, relacionado con el narcotráfico, la inseguridad y la falta de políticas públicas claras.
Ante esta creciente violencia, las soluciones no pueden esperar más. Es por ello que es crucial que se tomen medidas concretas, tales como la reforma del sistema penitenciario, priorizando la rehabilitación y reintegración de los privados de libertad, en lugar de enfocarnos exclusivamente en la condena. Esto implicaría no solo mejorar las condiciones dentro de las cárceles, sino también invertir en programas educativos, de capacitación laboral y atención a la salud mental de los internos, como sucede en países que han logrado reducir la reincidencia.
Otra medida clave es la prevención situacional del delito, que incluye la expansión de la vigilancia electrónica en áreas conflictivas, mediante el uso de cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo en tiempo real. Además, los programas de prevención dirigidos a jóvenes en riesgo, especialmente en barrios con altos índices de violencia, deben ser una prioridad. Esto podría implicar el fortalecimiento de centros de atención comunitaria, el establecimiento de programas de mentoría y la implementación de estrategias educativas en escuelas, enfocadas en la resolución pacífica de conflictos y en la integración social.
La violencia creciente en Uruguay no solo es una amenaza para la seguridad, sino también para la cohesión social. Si no tomamos medidas inmediatas, las repercusiones serán aún más graves. El sistema político debe enfocar sus esfuerzos en soluciones internas, que no solo frenen la violencia, sino que también fortalezcan el bienestar de la sociedad uruguaya.
La sociedad uruguaya se enfrenta a una amenaza latente que no se puede ignorar. Mientras nos ocupamos de condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en nuestro propio territorio seguimos perdiendo vidas de manera injustificable. La magnitud de los homicidios, ataques con armas de fuego y violencia interna no deja de aumentar. ¿De qué sirve una condena internacional si no somos capaces de garantizar la seguridad de nuestros propios ciudadanos?
En un momento donde la inseguridad, el narcotráfico y la violencia son las principales preocupaciones de los ciudadanos uruguayos, la prioridad debe ser garantizar la seguridad y el bienestar de quienes viven aquí. La solidaridad con otros países es necesaria, pero no puede ser una excusa para desatender los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad. Es hora de exigirle al sistema político que se ponga a mirar más de cerca lo que sucede en casa.
