En el pasado lejano la Iglesia Católica contaba con tribunales eclesiásticos encargados de inquirir y castigar los delitos contra la fe, a ello se le denominó “La inquisición”. Ahora se pretende crear una moderna inquisición para inquirir y castigar a quienes públicamente controviertan la versión predominante sobre el pasado reciente, que se ha convertido en una fe que se pretende sea observada escrupulosamente.
Cuando el derecho a la libre expresión del pensamiento parecía definitivamente consagrado en toda su extensión imaginable, surgen propuestas para limitarlo por motivos ideológicos. La Diputada Lic Micaela Melgar (Frente Amplio- Partido Comunista) ha presentado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para punir penalmente las expresiones negacionistas sobre el pasado reciente, (13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985), predominantes en el ámbito académico, al que la iniciativa califica de versión científica.
Quien públicamente vierta una versión diferente o emplee calificaciones diferentes sobre determinados hechos o protagonistas, sino se retracta, deberá cumplir una pena de trabajos comunitarios en sitios de memoria histórica reciente. Constituye una aberración impedir la libre expresión y el contraste de pareceres sobre acontecimientos tan complejos como los que vivió el país durante aquellos aciagos años, es una fragrante violación de derechos consagrados en la Constitución de la República desde 1830.
No existe en historia una verdad revelada de una vez y para siempre, la historia es un proceso de revisión inacabado e inacabable, precisamente el contraste de opiniones y puntos de vista es lo que fomenta el progreso de las ciencias sociales. Es absurdo investir de definitivo a un relato por más consenso que concite, ni aún en las ciencias exactas hay unanimidad de opiniones entre los académicos. Calificar, y con ello estigmatizar, a quienes tienen criterios, interpretaciones o emplean calificaciones diferentes a las prevalentes, es totalmente descaminado.
Uniformizar el pensamiento es una metodología totalitaria. El Partido Comunista del Uruguay, colectividad a la que pertenece la legisladora proponente de la iniciativa, se define como marxista leninista. Fue precisamente Lenin el que instauró en el siglo XX el terrorismo de Estado en Rusia como instrumento político, en ello trabajaron de consuno con Trotsky. Stalin, Mussolini, Hitler, Mao, Kim II Sung, Castro, entre otros, siguieron en mayor o menor grado dicha abominable metodología.
En el Uruguay el Partido Comunista a partir de 1964 creó en la clandestinidad un poderoso aparato armado con un imponente poder de fuego, que para 1970 llega a su cota más alta con el arribo al país de los temibles fusiles AR 15. El mismo fue desbaratado por las “terroristas” Fuerzas Conjuntas entre fines de 1975 y comienzos de 1976. La existencia del clandestino aparato armado fue admitida, entre otros, por el histórico dirigente comunista Jaime Pérez en el libro El ocaso y la esperanza- Editorial Fin de Siglo-1996, en la página 60 de dicha obra vierte una anécdota reveladora: “Hablando con Fidel en 1971, en un viaje que hicimos con Leopoldo Buera, surgió la interrogante sobre el tipo de armas que teníamos y se las mencioné. Fidel me dijo que eso no lo tenían ni ellos. Le contesté que eso es lo que se decía, que teníamos eso. Nos preguntó cómo habían llegado, a lo que le contesté que no se lo iba a decir. Al final me dice: pero soy yo el que te lo pregunto. Sí le dije, pero nosotros dijimos que nadie sabe cómo llegaron” y en la página 61 afirma: “Pese a todo, creo que es cierto lo que dijo Medina en el sentido de que las directivas en Uruguay no eran de matar a los presos. Se torturaba salvajemente, pero también es cierto que los que murieron fue por exceso en las torturas, porque se les fue la mano a los torturadores. Salvo los casos de asesinatos específicos como los del Toba y Zelmar, Liberoff o Julio Castro y otros casos que no se pueden excluir…” Luego, en esa misma página afirma que el tema quedó zanjado por un plebiscito sin perjuicio del deber de esclarecer el destino de los desaparecidos.
De estar hoy vivo Jaime Pérez sería acusado de negacionista. La autora de la iniciativa debería saber que en el pasado en el seno de su propio Partido hubo destacados camaradas que negaron que los militares hubiesen sido terroristas de Estado, en el sentido técnico de la calificación, y vaya si sufrió Jaime Pérez terribles torturas.
La moderna inquisición tiene vocación trasnacional y llega a extremos inauditos. En Venezuela el Presidente Nicolás Maduro ha elevado al Parlamento un proyecto de ley para punir penalmente la apología del fascismo, el neofascismo y expresiones similares como el neoliberalismo o el conservadurismo moral, que allí se definen. En Argentina grupos de defensa de los derechos humanos han reiteradamente planteado la necesidad de sancionar actitudes negacionistas como por ejemplo el hecho de controvertir que hubo 30.000 desaparecidos, cuando el informe de la CONADEP revisada y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, reducen a menos de un tercio dicha cifra de desaparecidos.
No se trata de minimizar el horror sino de buscar la verdad, como lo hace, entre otros, el investigador y periodista Ceferino Reato, que por cierto ha condenado de manera enfática las aberraciones de la dictadura militar argentina, a la vez que ha desmontado la cifra de los 30.000, en dos libros ineludibles, en esta temática, Los 70 y Disposición Final.
No puedo con mi condición de liberal, por lo que voy a terminar con las esclarecedoras palabras de John Stuart Mill publicadas en 1859 en su obra Sobre la Libertad: “…aunque la opinión reducida a silencio sea un error, pude contener, y con frecuencia contiene, una porción de verdad; y como la opinión general o prevalente sobre cualquier asunto rara vez o nunca es toda la verdad, sólo la colisión de opiniones adversas tiene alguna probabilidad de ser reconocida la verdad entera”.
