La reforma de la seguridad social y la necesidad de un debate basado en datos, no en relatos. Por Marcelo Martín Olivera

Uruguay enfrenta un desafío crucial en su sistema de seguridad social, marcado por un creciente desequilibrio financiero y un envejecimiento poblacional acelerado. La reciente controversia generada por el violento discurso del presidente del PIT-CNT, que calificó de «ratas» a los uruguayos que no apoyan el plebiscito promovido por la central sindical, ha puesto de manifiesto la falta de respeto al debate democrático y la falta de propuestas concretas para abordar un problema que afecta a todos los ciudadanos. La pregunta que surge es si este es el nivel de discusión que necesitamos para enfrentar una crisis que amenaza con convertirse en un profundo conflicto generacional.

El debate sobre la reforma de la seguridad social en Uruguay no es único. En 2023 el presidente francés Emmanuel Macron implementó por decreto una reforma jubilatoria que elevó la edad mínima de retiro y aumentó los requisitos de cotización, provocando protestas masivas y oposición en las calles de Francia. La situación en Uruguay, aunque diferente en matices, comparte la misma necesidad urgente de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional. Sin embargo, en lugar de un debate serio y constructivo, parece que estamos atrapados en un ciclo de retórica agresiva y soluciones improvisadas.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay ya advertía en su informe de 2017 sobre los inevitables escenarios de envejecimiento poblacional que enfrenta el país. El descenso continuo en las tasas de fecundidad, combinado con una mayor esperanza de vida, exige una adaptación del sistema de pensiones que trascienda las meras soluciones temporales o «parches».

La cuestión ahora no es si se debe reformar el sistema, sino cómo y con qué nivel de consenso político y social se hará, para evitar males mayores en un futuro no tan lejano.

Es una realidad, a medida que más personas viven más tiempo, el número de jubilados aumenta mientras que la cantidad de personas en edad de trabajar, que son las que sostienen el sistema a través de sus aportes, disminuye. Además entre los jóvenes se ve cada día más trabajo precario en cuanto a salarios, lo que impacta en sus aportes para mantener vivo el sistema actual. Este desajuste genera una presión creciente y constante sobre las finanzas públicas, ya que cada vez son menos los trabajadores activos que pueden sostener a una población jubilada en expansión y con más años de vida. Sin un ajuste en la estructura del sistema previsional, este desequilibrio podría llevar a un agotamiento de los fondos disponibles y con el paso del tiempo, a la incapacidad de mantener las pensiones actuales, es decir, el desplome de todo el sistema.

El informe «Escenarios Demográficos 2050» publicado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en 2017 proyecta que el envejecimiento de la población uruguaya es inevitable bajo cualquier hipótesis analizada. Las proyecciones indican que, para 2050, el país enfrentará un incremento considerable en el porcentaje de personas mayores de 65 años en comparación con la población en edad de trabajar. Esta tendencia demográfica, impulsada por una baja tasa de fecundidad que no asegura el reemplazo generacional y una creciente longevidad, plantea un desafío estructural. De no realizarse los cambios necesarios en el sistema de pensiones, el país corre el riesgo de enfrentarse a una crisis fiscal y social de gran envergadura.

El descenso de la tasa bruta de natalidad en Uruguay es un factor central que agrava la crisis del sistema de pensiones. Según el mismo documento citado más arriba, la reducción continua en el número de nacimientos por cada mil habitantes ha generado una pirámide poblacional invertida, donde la base (los jóvenes y futuros trabajadores) se estrecha mientras que la cima (los adultos mayores) se ensancha. Esta transformación demográfica implica que habrá menos personas jóvenes en el futuro para ingresar al mercado laboral y contribuir al sistema previsional, intensificando así la presión sobre los recursos públicos destinados a las pensiones.

La gráfica superior ilustra claramente esta disminución de la tasa bruta de natalidad a lo largo de las décadas. La proyección de esta tendencia hacia 2050 marca un punto crítico: sin un incremento significativo en la tasa de natalidad, la capacidad del sistema para financiarse se verá severamente comprometida. Esto confirma que el envejecimiento poblacional y la baja tasa de natalidad no son solo desafíos futuros, sino problemas que requieren atención inmediata para asegurar la sostenibilidad económica y social del país.

Una alternativa válida a considerar es seguir el modelo chileno de capitalización individual obligatoria. Este sistema requiere que los trabajadores depositen mensualmente un porcentaje de su salario en una cuenta personal administrada por una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Estos fondos están destinados a financiar la pensión futura del trabajador y, en caso de fallecimiento, proporcionan una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios.

En el contexto uruguayo, una reforma que impulse la capitalización individual, manteniendo un sistema mínimo para casos de incapacidad y pensiones a la vejez, podría ofrecer una solución más sostenible y flexible. Durante la transición, las pasividades existentes podrían financiarse mediante un impuesto específico diseñado para este propósito o mediante aportes al BPS hasta su eventual cierre. Este enfoque permitiría una transición ordenada y una adaptación gradual al nuevo sistema, ofreciendo al mismo tiempo una mayor autonomía y responsabilidad individual a la hora de planificar nuestras jubilaciones.

Durante décadas, la política nacional ha tratado este tema con soluciones parciales y medidas temporales, en lugar de abordar las raíces del problema mediante reformas estructurales. Mientras que en muchos países del mundo se opta por aumentar la edad de jubilación para adaptarse a las nuevas realidades demográficas, en Uruguay la oposición a este tipo de reformas, promovida en gran medida por actores como el PIT-CNT, impide e intenta sacar tajada electoral de cualquier avance en esa dirección.

En lugar de adaptarse a los datos demográficos que muestran una esperanza de vida cada vez mayor y una tasa de natalidad en descenso, el PIT-CNT propone eliminar las AFAP y transferir esos fondos al BPS. Esto constituye, en la práctica, una confiscación del ahorro individual para financiar un sistema que, tal como está estructurado actualmente, carece de viabilidad a largo plazo.

La resolución de esta crisis requiere un enfoque pragmático, que deje de lado las ideologías y se base en análisis técnicos sólidos y propuestas de personas calificadas. No se trata de ignorar los aportes ciudadanos, que son esenciales para un debate democrático, sino de reconocer que la planificación y gestión de un sistema tan complejo como el de pensiones debe estar en manos de expertos y no de idearios populistas. Uruguay enfrenta un punto de inflexión donde es fundamental que el liderazgo político actúe con seriedad y visión de futuro, priorizando el bienestar general y la estabilidad económica sobre los discursos fáciles y las soluciones superficiales.

Fuente de datos y gráficas: https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-05/2257_Escenarios_demograficos_Uruguay_2050-_web.pdf