En febrero de 1973, el Ejército y la Fuerza Aérea se alzaron contra el gobierno constitucional. La Armada, resistiendo en la Ciudad Vieja, no pudo evitar que el gobierno cediera ante los insurrectos, pactando en un acto anticonstitucional. Este pacto no fue más que un reflejo del temor de las Fuerzas Armadas a un levantamiento popular que nunca se materializó. Así, este momento crucial desembocó en la disolución del Poder Legislativo.
Es importante recordar que en aquel entonces, sectores como los sindicatos de la CNT, el Frente Amplio, los comunistas y los tupamaros, lejos de condenar el golpe, lo consideraron un movimiento «progresista», inspirado en experiencias como la peruana. No solo apoyaron este golpe, sino que exigieron la renuncia del presidente e impulsaron la narrativa de que «la lucha era entre el pueblo y la oligarquía». Pero la verdadera disyuntiva no era esa; el dilema era mucho más claro: dictadura o democracia.
Durante esa etapa inicial no existían los desaparecidos ni los torturadores que posteriormente marcarían nuestra historia. Sin embargo, la izquierda utilizó el régimen dictatorial como una plataforma para intentar imponer un gobierno totalitario. Hoy, esa misma lógica justifica y aplaude la dictadura de Maduro, que ejerce el terrorismo de Estado, mientras el mundo observa cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos.
En Uruguay, hemos permitido que falsas declaraciones condenen a ciudadanos, hemos otorgado perdones a quienes atentaron contra la democracia, y sostenemos jubilaciones especiales para los terroristas, mientras miles de jubilados que trabajaron honestamente toda su vida viven en la miseria. Al mismo tiempo, sectores de la izquierda apoyan, promueven y celebran regímenes dictatoriales que oprimen al pueblo en nombre de una retórica vacía de derechos y justicia.
Es hora de poner las cosas por su nombre. Por eso, intimo a Yamandú Orsi, Carolina Cosse, a su gabinete ministerial, sus senadores y diputados, a condenar públicamente y sin ambigüedades la dictadura en Venezuela y a reconocer a las nuevas autoridades legítimamente electas. De no hacerlo, no podrán reclamar autoridad moral ni honor en un futuro gobierno que perpetúe una doctrina totalitaria.
El tiempo de la cobardía y las medias tintas ha terminado. Nuestro país merece claridad, firmeza y un compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos humanos de todos.
Roberto Alfonso Azcona
