Desde que el derecho es derecho, individuos malintencionados han hecho un uso perverso y malintencionado del mismo con el objetivo de aprovecharse de él ilegítimamente. El punto no es tanto que alguna gente se aproveche del derecho en beneficio propio, hecho que puede ser legítimo, sino más bien que hay gente que lo utiliza para finalidades que no son las previstas por el propio sistema jurídico, y que pueden ser incluso contrarias al mismo, pervirtiendo instituciones existentes, o creando nuevas que pueden entrar en conflicto con los principios generales del sistema. En otras palabras, el empleo del derecho como arma de guerra no convencional, la persecución judicial, judicialización de la política, guerra jurídica o lawfare en inglés, es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el desprestigio y repudio popular contra un oponente.
La Justicia imputó por varios delitos y dispuso el arresto domiciliario por 180 días del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, quien también se postula a ser electo nuevamente intendente en las próximas elecciones de mayo. Lo anterior ha sido el detonante de numerosas declaraciones de dirigentes y legisladores nacionalistas atribuyendo fines políticos a dicha actuación judicial. Entre otros, quien más duramente ha calificado el proceder jurídico ha sido el senador Javier García diciendo: “que se trata de una investigación que inició la intendencia hace cuatro años y que ahora, como por arte de magia, a menos de dos meses de la elección departamental, sin haber nunca citado a Besozzi y poco después de una declaración de la mesa política del Frente Amplio (FA) de Soriano, la fiscal actuante ordenó una detención de tintes cinematográficos”. A falta de definición de preso o prisionero político en nuestra legislación, si nos atenemos a lo establecido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político debe considerarse como tal únicamente si: Luego de enumerar otras tres causales más, 4- Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas; 5-La detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades. Por lo anterior y de acuerdo a lo insinuado por García, Guillermo Besozzi sería un preso político.
El 24 de febrero de 2022, siendo ministro de Defensa Nacional. García, negó enfáticamente la existencia de detenidos políticos en Uruguay, en referencia a detenidos en Domingo Arenas y Coraceros, y agregó: «Puedo comprender desde dónde se hace la afirmación. Pero Uruguay es una democracia plena y en democracia no hay presos políticos. Es incompatible».
Si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, al 27 de octubre de 2011, y vemos que durante el tratamiento de la ley Nº 18831 Restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado, también conocida como ley interpretativa de Ley de la Caducidad, tanto los partidos Nacional, Colorado e Independiente argumentaron en contra de su aprobación en el entendido que se estaba desconociendo dos pronunciamientos populares. Aún se recuerda al Dr. Francisco Gallinal diciendo que desde aquel momento en adelante el FA debería de abstenerse de hacer llamados a referendos o plebiscitos, y la imagen de Javier García revoleando la Constitución que decía ser defendida por el Partido Nacional. En base a lo anterior, lógica era la esperanza de que una vez llegados al gobierno una de las primeras medidas fuera derogar aquella ley que desconocía dos pronunciamientos populares y ponía en entredicho la validez y fuerza del voto en las urnas del pueblo soberano, pero no solo eso no pasó sino que la consecuencia de aquella ley que hacía que civiles, militares y policías estuviesen injustamente detenidos fue hipócritamente ignorada. Y aquellos vientos trajeron estas tempestades, el actual gobierno del FA se apresta a desconocer nuevamente el pronunciamiento popular en el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración que se celebró el 27 de marzo de 2022.
Entonces uno se pregunta, que ha variado en el Uruguay para que, entre octubre del 2011 y el 14 de marzo de 2025, aquellos que se rasgaban sus vestiduras por el atentado a la Constitución cometido por el FA aprobando aquella inconstitucional ley y luego adoptando una actitud de prescindencia hayan pasado a una campaña de denuncia pública contra el sistema judicial y su empleo como arma política de desprestigio con fines electorales. Creo que la interrogante se contesta a si sola, la imputación y detención de Guillermo Besozzi, político, blanco candidato a intendente. Más allá de los supuestos delitos cometidos o no, se ha tocado a uno de los nuestros y lo que antes era pecado mortal, dudar de la imparcialidad de nuestra justicia, hoy ya no lo es, se denuncia un centro de operaciones políticas en Fiscalía, se insinúa un hilo conductor ¿?.
Cabe ahora preguntarse, ¿los civiles, militares y policías presos en Domingo Arenas y Coraceros, son prisioneros políticos?; ¿Besozzi es un preso político o un político preso?; tanto unos como el otro son víctimas del lawfare con inicios en 2011 con la ley Nº 18831.
La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Platón
