RECONCILIACIÓN NACIONAL: UN DEBER IMPOSTERGABLE. Por Roque García

Hace seis meses, en la emblemática Plaza de la Bandera, hicimos un llamado a la reconciliación nacional. En ese discurso, denunciamos el atropello al mandato del pueblo soberano, aportamos pruebas claras sobre la maquinaria divisionista que se promueve desde sectores de la universidad, y convocamos a los actores políticos a unir esfuerzos en busca de ese anhelo compartido: la reconciliación.

En los días previos a ese acto, mantuvimos conversaciones con líderes de todo el espectro político, tratando de concientizar sobre la gravedad ideológica que implica desconocer la voluntad popular. Abordamos también las graves denuncias jurídicas que se estaban —y aún están— tramitando en el exterior, a las que se ha sumado un recurso reciente ante la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, pusimos sobre la mesa la situación humanitaria de algunos casos que son, francamente, difíciles de describir.

La comprensión y entendimiento fue la respuesta común entre todos los actores con los que hablamos. Es importante subrayar que dentro de los partidos que integran la coalición de gobierno, existen dirigentes que han mostrado una mirada comprensiva sobre el tema. En repetidas ocasiones, han expresado públicamente su preocupación, y no dudamos de que siguen debatiendo dentro de sus filas sobre esta problemática.

Después del acto, mantuvimos el diálogo de la mejor manera posible, con el objetivo de sensibilizar a más sectores. Los meses transcurrieron y llegaron las elecciones internas, los congresos partidarios y, finalmente, la publicación de los programas de gobierno.

Es crucial recordar que en Uruguay no se votan personas, sino partidos o lemas, como lo establece nuestra Constitución. Esto implica que, aunque un candidato pueda tener una visión clara sobre un tema específico, está obligado a aplicar el programa de su partido, que resulta de los consensos alcanzados en el congreso respectivo.

Conscientes de la importancia de estos programas, los revisamos con atención. Y la conclusión fue contundente: el único partido que menciona el tema en su programa es Cabildo Abierto. Si bien no ignoramos las críticas que ha recibido este partido, incluso sobre esta misma cuestión, es el único que ha propuesto una solución clara y concreta. La cito aquí para que se aprecie su simplicidad y contundencia:

«2.4. Ley de caducidad: Establecer las modificaciones necesarias al marco jurídico para terminar con la situación de las personas injustamente detenidas y enjuiciadas por haber defendido las instituciones. Retomar la vigencia plena de la ley de caducidad refrendada en dos consultas populares.»

Así, quienes consideramos que el atropello a la voluntad popular y la situación de los prisioneros políticos son temas sensibles, incluso cardinales, en la actual encrucijada política, encontramos en Cabildo Abierto una luz de esperanza.

Después del 27 de octubre, seguiremos aguardando encontrar señales que nos permitan creer en la coalición de gobierno como una herramienta válida para cumplir con este anhelo tan urgente: poner fin a una venganza que es ajena al verdadero espíritu del pueblo uruguayo.

Confiamos en que los acuerdos son posibles y necesarios. Pero más aún, tenemos la convicción de que estos acuerdos son imprescindibles si los partidos quieren encontrarnos a todos en las urnas el último domingo de noviembre. La reconciliación nacional no es solo posible, es necesaria, y es un deber moral de los estadistas de hoy.

Apostamos por ella.