Por: Roque Gallego.
Entre las tantas definiciones de convivencia una sería: “vivir en compañía de otros” o “coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que deben compartir un espacio”. El hombre está hecho para convivir y la convivencia es un medio imprescindible para la perfección y la felicidad del ser humano.
Los prejuicios y la intransigencia dificultan una convivencia armoniosa, pacífica y civilizada. Los prejuicios implican una mala predisposición de antemano a la convivencia, lo que nos hará tener una actitud negativa ante los demás dificultando enormemente la relación. Convivir con los demás supone un esfuerzo en conseguir puntos de acuerdo. Para ello, todas las partes deben ceder a menudo en sus posturas. Cuando alguien nunca está dispuesto a ceder (intransigencia), la convivencia no es posible.
Lo expresado anteriormente viene a cuenta de la declaración emitida por la Mesa Política del Frente Amplio (FA), el 12 de noviembre próximo pasado, a raíz del proyecto de ley presentado en el Senado de la República por parte de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a privados de libertad mayores de 65 años. En su primer punto indica: “Su rechazo al nuevo intento de generar marcos legales con la intención de reinstaurar la impunidad (…)”, sigue luego una serie de puntos que en nada tienen relación con el proyecto en cuestión, que parecerían destinados a arengar a la militancia para el remate del comunicado que en su último punto dice: “Hace el más amplio llamado a la movilización popular para lo cual compromete toda su fuerza militante (…)”.
Aviesamente el comunicado atribuye la intención de reinstaurar la impunidad a un proyecto que lo que hace es modificar las condiciones de detención, establece un régimen alternativo al cumplimiento de la pena de privación de libertad, o sea, no se trata de suspender o dejar sin efecto la privación de libertad dispuesta, no hay condonación, indulto o remisión de penas. A su vez el ámbito natural para tratar este tipo de asuntos es el parlamento a través de los representantes del pueblo sin que estén amenazados por la presión de un”amplio llamado a la movilización popular”. Esto último no es nuevo y nos recuerda a Topolansky, cuando en velada amenaza, vaticinaba una “movilización social gigantesca” de alcanzar Luis Lacalle Pou la presidencia y que eso iba a generar mucha inestabilidad en Uruguay trazando un paralelismo con sucesos en Chile.
Si bien este comunicado es ejemplo de prejuicios e intransigencia que impiden una convivencia armoniosa, pacífica y civilizada, no es el único indicio que el Frente Amplio ha dejado de ser lo que románticamente Seregni llamaba una fuerza pacífica y pacificadora, y que ante la pérdida del poder en el 2019 se parece más a un elefante en un bazar de porcelanas. Y si no recuérdese la obstinación en imponer una cuarentena obligatoria durante la pandemia, culpar al gobierno de las muertes ocurridas en aquella, y ahora impulsando un plebiscito contra la LUC de artículos que muchos de ellos votaron cuando su tratamiento.
Pero volviendo al tema que motiva la presente, el comunicado se inscribe en el uso demagógico del tema derechos humanos y desaparecidos, que más allá del dolor que para las víctimas y sus familiares significa, el FA luego del largo tiempo transcurrido lo utiliza como estrategia de distracción para ocultar los errores y fracasos de sus quince años de gobierno.
A la Mesa Política del FA le recuerdo que odiar, por sí solo, es el camino hacia el desastre. Al gobierno de coalición, que la tarea más dura que debe afrontar es seguir tratando y respetando a sus semejantes a pesar de todas las razones por las que no debería. El verdadero signo de cordura y grandeza es seguir haciéndolo para lograr una convivencia democrática plena.