Aunque el mandatario uruguayo no hizo declaraciones sobre el encuentro, el grupo agradeció su “receptividad” al reclamo
El presidente Luis Lacalle Pou recibió al grupo autodenominado Familiares de Prisioneros Políticos, que está formada por familiares y personas vinculadas a los cuarenta hombres que se encuentran presos por violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar en Uruguay, entre 1973 y 1985.
La organización plantea que los reclusos que cumplen la condena en la cárcel llamada Domingo Arena es ilegítima y se solicita su liberación. Fueron recibidos en la residencia presidencial en Montevideo. Según el comunicado difundido por el colectivo, el objetivo de la reunión fue “denunciar la gravísima situación que están padeciendo ciudadanos uruguayos en Uruguay, privados de libertad en forma ilegítima y arbitraria, a consecuencia de denuncias por hechos acaecidos durante los años 70 y 80″.
“Nuestro reclamo es en defensa de la vida y la dignidad de nuestros prisioneros políticos –cuyo promedio de edad es 77 años–; en velar por los derechos y garantías que deberían asistirles en un Estado de Derecho y en procura que cesen las consecuencias negativas que sufren en clara violación de la normativa nacional e internacional suscrita por Uruguay (incluyendo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores)”, explica el grupo.
Solicitaron, entonces, que se encuentre “solución que ponga punto final al avasallamiento de sus derechos” de forma “grave y urgente”.
Diego Flores, yerno de Ariel Ubillos (procesado por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos en setiembre de 1973), dijo que durante la reunión el presidente no dio su opinión personal sobre lo que reclamó el grupo y tampoco se comprometió a dar respuestas. Sin embargo, sí coincidió “en la necesidad de contar la historia completa” y en que “no se puede mirar parcialmente el pasado reciente”, informó La Diaria.
En la reunión, el mandatario se presentó solo y la situación se enmarcó en una cantidad de audiencias que la organización comenzó en noviembre de 2021, con el fiscal de Corte, el ministro de Defensa Nacional, la Suprema Corte de Justicia, que aún no los recibió, y con la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
“Lo que le presentamos al presidente es que la LUC (ley de urgente consideración) que tenemos pasa por la atención de este tema, que para nosotros no se limita a lo que propone la Ley Manini”, comentó Flores. Hizo referencia a la ley que apoya la agrupación, impulsada por el líder del partido político Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
La ley otorga prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años. Aunque esto, en su opinión, “no resuelve (su reclamo) pero sería un primer paso. La domiciliaria es una alternativa, lo que nosotros sostenemos es que es necesario derogar la ley interpretativa, la 18.831, que es la madre de todos estos problemas”.
En noviembre, el grupo explicó que su intención es derogar la ley de Caducidad, durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. Se trata de la ley dedicada al restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985.
Flores comentó la receptividad que sintió el grupo por parte del presidente en la reunión. Ayer nos atendió el Estado, nos atendió la República, la democracia que encarna el presidente de la República. Nos escuchó atentamente, se mostró comprensivo, entendió”, pero aclaró que no se comprometería a nada.
El grupo, por su parte, no le pidió “compromisos puntuales”, pero sí “la necesidad de una intervención política, que el sistema político tiene que resolver este tema, que es eminentemente político”. Pidieron, también, “sensibilidad para animar un debate político que provoque la solución al tema”.
Agregó que el propio Lacalle Pou les “recordó que es un hombre de derecho, apegado a la institucionalidad, con lo cual, más allá de pareceres personales que no nos transmitió, hizo énfasis en que él estaba apegado a la norma y al profundo respeto por las instituciones”.
Durante el encuentro, el grupo Familiares de Prisioneros Políticos le informó al presidente que estarán haciendo una denuncia al Estado uruguayo ante las Naciones Unidas y que están “preparando una batería de denuncias contra el Estado a nivel local (…) nos preguntó cómo veníamos manejando el tema y tomó nota”, dijo Flores.
Fuente: Infobae.com