Casa de Galicia fue la mutualista de asistencia médica uruguaya fundada en 1917 por inmigrantes gallegos, que después de 104 años la justicia decretó su quiebra y dispuso su cierre: “…el flujo de fondos a la finalización del mes en curso arroja un saldo negativo de 100 millones de pesos, los trabajadores resolvieron un paro por tiempo indeterminado, reclamando como acreedores del concurso, lo que hace inviable la continuidad de la actividad. Nadie ha imputado, todavía, responsabilidad civil y penal a los que por 50 años han administrado mal, o saqueado recursos a los afiliados. Lo mismo sucede con la Caja Profesional al borde de la quiebra, cuyos representantes del Poder Ejecutivo por 15 años frentistas y de los afiliados y funcionarios, se sumaron a la farra de gastar incumpliendo sus obligaciones de administrar bien.
Los países también quiebran. Sufren sus pueblos las decisiones de sus gobernantes. Cuando el líder etíope le dijo al secretario general del PCUS que quiere fondos para celebrar como se debe un nuevo aniversario de la revolución soviética, Brézhnev le comunica que agradece el homenaje, pero no puede mandar recursos económicos porque la URSS ha quebrado. Colapsó, no porque los bombardearon para imponer el capitalismo o la democracia, sino porque era insostenible. La gente en los países socialistas terminó con el experimento a patadas contra un muro. La segunda potencia del mundo se desmoronó, conservando su arsenal de armas de destrucción masiva. Fracasó el modelo económico planificador estatista. Luego, todos los países gobernados desde la URSS, menos Cuba y Corea del Norte, adoptaron la economía capitalista, y en algunos pocos, también la democracia. Más allá de los relatos ideológicos, existe una realidad: algunos modelos son inviables. Los esquemas clientelares pobristas, manejados por dirigentes ineptos, pusilánimes, o inmorales, conducen a holocaustos de hambre. Todavía hay dirigentes políticos comunistas que enmascaran propuestas populistas, estatistas y empobrecedoras, para auto promocionarse y mejorar su negocio político. Se les agotan cuando ya nadie más les presta plata y se hunden en represión violenta. La austeridad ha sido un término ampliamente antitético a socialistas, comunistas y populistas. El debate sesgado por la ideología, no asume las consecuencias destructivas del empleo, la insostenibilidad económica de elevados déficit, la insoportable carga impositiva, y el endémico endeudamiento público, que no se ajustan a la capacidad productiva que cercenan. Lo inevitable, es más evasión, inflación, endeudamiento, y pobreza.
Alesina, Favero y Giavazzi estudian los efectos de la austeridad económica. El análisis explica que los recortes de gasto son menos perjudiciales sobre la economía que las subidas de impuestos, porque en el largo plazo ayudan a asegurar la estabilidad fiscal. Además, las expectativas de que la presión fiscal va a bajar, provocan que el mercado laboral y el consumo (que aumenta su poder adquisitivo por la reducción de la carga tributaria) compensen los efectos de la caída de la recaudación aumentando el PBI. Este estudio toma datos de 16 países de la OCDE entre 1981 y 2014. Clasifica los planes de ajuste si son anunciados para producir efectos futuros, o si se ejecutan en la actualidad. Categorizan los ajustes si se basan en reducciones de gasto o en aumentos impositivos, y se quedan con los que producen reducción del déficit, no para enfriar la economía, o aplicar un plan de austeridad para mejorar las cuentas públicas. El modelo muestra que un plan de ajuste del 1% del PIB a través de subidas de impuestos produce una reducción de la producción per cápita entre el 1% y el 2% en los dos años siguientes de aplicarse. Ese efecto se mantiene hasta por cuatro años, oscilando la caída de la actividad económica entre el 1,5% y el 2,5%. Si el mismo ajuste presupuestario se produce a través de una reducción del gasto público, a los dos años la caída de la renta per cápita es mínima, varía entre el 0 y el 0,5%, y al tercer año el producto por habitante puede estar por encima de los niveles previos al plan de reducción del déficit aprobado. La respuesta del consumo y de la inversión por habitante, tiende a crecer a partir del segundo año, si el Gobierno opta por reducir el presupuesto. La divergencia de resultados podría ampliarse, si conjuntamente con la reducción del gasto, se implementan reformas liberalizadoras del mercado laboral y de la importación de productos. En España en 1994 se además se fomentaron contratos a tiempo parcial y agencias de empleo, además de descentralizar tímidamente la negociación colectiva.
Como dijo Jean-Claude Juncker, “Los políticos sabemos las políticas que debemos seguir, pero no sabemos cómo introducirlas y luego ser reelegidos”. La evidencia muestra que implementar ajustes fiscales no implica una menor probabilidad de ser reelegido. Los políticos están presionados por grupos de poder que rechazan perder parte de sus subvenciones y transferencias por parte del sector público. “Que paguen los ricos”. Subir los impuestos o no bajear el gasto público, es la solución fácil y rápida aunque la evidencia señala que con más eficiencia el gasto público podría situarse en torno al 30-35% del PIB. El Estado no produce nada, todo lo que tiene, consume para sí o entrega a terceros, procede de la apropiación (presente o futura) de bienes a sus legítimos dueños. El Estado “redistribuidor” o “igualador”, no puede defender la propiedad privada porque vive de violarla. Si los impuestos fueran voluntarios, su existencia sería efímera porque los consumidores que no valoraran positivamente sus servicios no los pagarían. Se agrede fiscalmente a los individuos para usar el dinero para protegerles de (otros) ladrones, o “invertirlo mejor”. A mayor poder político absoluto, menor protección de la propiedad ganada con esfuerzo propio, tal como se observa en Cuba, Corea del Norte o Venezuela. El interés de todo gobierno es optimizar su ingreso fiscal, como pretende —vanamente— la Curva de Laffer. La única forma de combatir la esclavitud fiscal es reducir el esfuerzo laboral o pasarse a la economía informal. Cuando las instituciones no respetan los derechos de propiedad, esta se deprecia, el capital huye, la inversión se reduce, la informalidad, la desocupación y la marginalidad aumentan. El peligro de inventar “derechos sociales”, es que cuestan dinero, que colocan al gasto público fuera de la capacidad contributiva real, los reclamantes terminan creyéndoselos y exigiéndolos. Los políticos de izquierda, enemigos de la propiedad privada, ven con buenos ojos que vagos y maleantes usurpen las propiedades de otros que con esfuerzo consiguieron; nunca la suya, escamotean impuestos desde el poder. La única forma de recuperación salarial y del empleo es mejorar el poder adquisitivo real, bajar el peso tributario reduciendo gasto público sobre salarios, y erradicar las regulaciones que aventan nuevas contrataciones laborales. Aumentar el salario nominal para recuperar inflación pasada, como reclama los dirigentes del Pit-Cnt, que están lejos del salario mínimo y el desempleo, aumenta la pérdida de poder adquisitivo, incrementando la espiral inflacionaria, que licúa el valor que recibe el trabajador. El sistema político puede dar el ejemplo recortando permanentemente sus retribuciones al valor de un salario medio, para tener justificación ética y frenar al sindicalismo militante privilegiado.
Las Intendencias aplican 80% de sus ingresos en salarios, 10% en gastos de funcionamiento y 10% obras. La morosidad y el endeudamiento afectan y recortan, únicamente, a ese mínimo de obras. Se endeudan asumiendo más préstamos. Los contribuyentes siempre insatisfechos casi nada reciben por sus impuestos. En 2019 la contadora Mariana Lacaño de la Intendencia de Canelones informó un déficit de $3.030.965.394. En la comuna Canaria de Orsi, nadie piensa en el pobre contribuyente. Con un voto opositor cooptado va a endeudarla por 40 millones de dólares más. Como buen discípulo de Mujica juega a que la deuda la pague otro. La de Montevideo comunicó que 2020 cerró con un déficit de 1.300 millones de pesos, que aumentaría en 2021. Cosse contrata más municipales para limpieza ABC y movilidad. Exige a la oposición votar 70 millones de dólares de aumento de deuda, para limpieza y saneamiento. Los 17.000 municipales de estos dos departamentos frentistas, que consumen el 80% de la recaudación, no alcanzan para hacer obras y recoger aceptablemente basura; contratan además a empresas. Un estudio comparativo indicó que mientras quien posee una vivienda de US$100.000 paga US$200 por impuestos inmobiliarios en París, US$440 en Milán y US$551 en Madrid, en Montevideo paga US$1.200. Lo mismo resulta en gravámenes a vehículos. Desde que el Frente Amplio creó el impuesto nacional al salario pasamos a vivir en el país más caro del mundo. Tenemos que pagar entre 20% y 25% de impuesto sobre el sueldo, los jubilados el IASS; además del FONASA, el Impuesto de Primaria y los departamentales. Tomaron lo peor de todos los sistemas: impuestos indirectos (como el IVA) y los impuestos municipales más altos del mundo. Ya no quedan “ricos” que paguen sus despilfarros; los pagan los que apenas pueden sostenerse sin ser pobre. El incremento registrado en la recaudación tributaria de Montevideo creció alrededor de 140% en los últimos 20 años, sin contar la inflación. Impuestos de país desarrollado en un país con la producción agotada. Los ciudadanos son tratados por el gobierno de turno como clientes cautivos que deben asumir resignadamente su condición servil. El gasto público atenta contra quienes lo sustentan. La Administración reduce el nivel de vida de la sociedad. Los ciudadanos no se enfrentan a ella porque consideran que la elusión, la sumisión, o el recurrir a “contactos” son vías menos costosas que pleitear. En 1920 Ludwig von Mises, en “El cálculo económico en el sistema socialista”, prueba que si los medios de producción no son privados no se puede generar un sistema de precios y, por tanto, no es posible saber si una actividad pública es o no económica. El Gobierno, no tiene forma de saber si el salario de un funcionario —legislador, ministro, juez, municipal, policía— obedece a intereses políticos, corporativos, o sindicales; menos si es realmente necesario. En febrero del 2021 la Población Económicamente Activa ocupada en Uruguay era de un millón trescientas noventa y cuatro mil personas, que descontados los informales, sostienen a más de 300.000 funcionarios públicos (incluidos políticos y sindicalistas) a 700.000 pasivos y 198.000 desocupados. Quienes gastan el dinero público ajustan concertadamente sus propios salarios, pero pronuncian engolados discursos sobre redistribución de la riqueza ajena, igualdad y solidaridad social. Conspiran contra sí mismos. Están liquidando la capacidad adquisitiva y la capacidad productiva que los sostiene. Bajar el IVA a algunos productos por unos meses es una solución efectista contra la inflación. Baja recaudación sin bajar el gasto público. Del mismo cuero salen las lonjas; aumentará inflación por otro lado y el consumo de productos rebajados.
En un discurso de Ronald Reagan ante el Club de Prensa del Condado de Orange en 1961, titulado «Control invasor», argumentó: «Tres meses antes de su última visita a este país, Nikita Jruschov dijo: ‘No podemos esperar que el pueblo estadounidense salte del capitalismo al comunismo, pero podemos ayudar a sus líderes electos a darles pequeñas dosis de socialismo, hasta que despierten un día y descubran que tienen el comunismo'».
Se impone un verdadero austericidio; se probó que los países también quiebran; o caen en eternos dictadores mafiosos.