LA DEMOCRACIA EN RIESGO. Por Diego Flores

La indefensión es un sentimiento triste que se instala en el alma como una etapa previa a otro más hondo y difícil de sobrellevar, la impotencia. Cuando estos sentimientos son generados por situaciones de carácter político que logran permear ese sistema de garantías que consagra el sistema democrático, la cosa es más profunda. ¿cómo reaccionar ante la arbitrariedad que supone que los medios de prensa en vez de informar impongan realidades salvajemente, por ejemplo, al convertir una formalización en una condena, o al calificar actos y actitudes con la ligereza que también se comenta el clima?

Ciertamente nuestra condición es particular, somos familiares de militares, policías y civiles que están arbitrariamente detenidos, acusados con pruebas endebles o sencillamente sin ellas, por delitos comunes presuntamente cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo, en los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. Eso nos expone a la necesidad de respirar profundo y explicar, cada vez, que no son genocidas, ni torturadores y mucho menos violadores. Que simplemente fueron funcionarios públicos que desempeñaron su papel al servicio de un Estado democrático que los reclamó y mandató, lucharon contra el terrorismo en las calles de pueblos y ciudades, exponiendo sus vidas y las vidas de sus compañeros. Luego continuaron desempeñando la misma tarea bajo un régimen distinto, que a partir del año 1973 impuso una dictadura. Debemos repetir, sin cansarnos que ninguno de ellos participó del golpe de Estado y que, así como no fueron consultados ante cada cambio de gobierno luego de cada proceso eleccionario, tampoco lo fueron cuando ese régimen se alteró. Repetir hasta el cansancio que las situaciones tan lamentables como excepcionales que se tradujeron en muertes e incluso desapariciones, consecuencia de situaciones excepcionales, ya fueron saldadas al momento de atender la situación de los terroristas y subversivos detenidos, con ese espíritu de clemencia soberana que a partir del año 1984 determinó el destino de nuestra nación con las leyes de amnistía general e irrestricta y con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que asumiendo el hecho de las injusticias que amparaba, optó por construir república y reestablecer democracia.

Así las cosas, es mucho el dolor que permanece y ante el cual aquella clemencia inspira para respetar y atender con todo el compromiso que la vida en común impone la Nación y con la vocación humana que propone la democracia, pero que en modo alguno puede resolverse en el odio y la venganza, como parece ser han optado quienes no pueden sobrellevar la carga y quienes han encontrado en ella una herramienta política con la que trabajar, lenta y sostenidamente. Estos últimos son los mismos que ayer entendieron necesaria la revolución y fracasaron. Los mismos que al participar políticamente desde el espacio propuesto por el Frente Amplio no pudieron imponerse. Son los que ahora parece que encontraron las condiciones y la oportunidad para poder desplegar su proyecto político que no terminan de presentar, seguramente por miedo a que una vez más el pueblo al que tanto invocan, los rechace.

Más allá de nuestra situación particular, con nuestros familiares arbitrariamente procesados, formalizados y detenidos, al momento de asumir la defensa de sus casos nos encontramos con una situación que jurídicamente es muy sencilla pero que políticamente se ha complejizado, nos encontramos ante un claro y evidente caso en el que la justicia se ha politizado. Cuando estas cosas suceden, ya lo hemos visto en otros países de la región, como la Argentina, México, Venezuela, Nicaragua y la inefable Cuba, por citar algunos ejemplos, la espiral que como un tornado desciende sobre las Repúblicas se lleva todo puesto.

La reciente consulta popular ratificó lo que ya todos asumíamos como cierto, nuestra nación está quebrada en dos mitades y la diferencia en votos que las separa es mínima, lo suficientemente breve como para prever que vivimos, cada día que amanece, bajo el estigma de un cambio radical en nuestras condiciones de vida. La lectura de esta realidad nos conduce hacia diagnósticos simples y claros, una de esas mitades no cesa en sus esfuerzos por imponerse, como sea, ante la existencia de la otra. Esa es la denominada izquierda que ha evolucionado en sus modelos ideales y hoy enseña referencias que alarman, con los ejemplos ya mencionados en los que la democracia se convierte en un valor formal para luego sencillamente transformarse en otra cosa.

No perderé nuestro tiempo con referencias a la teoría de los dos demonios, o a los vínculos del Frente Amplio con el Foro de San Pablo o Puebla. Simplemente me limitaré a consideraciones domésticas que esas vinculaciones surgen solas. El cuestionamiento al trabajo de nuestros legisladores que se percibe en el abuso de la herramienta constitucional de la consulta popular, por ejemplo. Tal vez, solo tal vez, ha llegado el momento de pensar si no se trata de la antesala para luego declarar perimido el sistema representativo de gobierno. Primero se insiste en ellos, para luego, cuando los resultados no son los deseados, cuestionarlos y revisarlos con leyes interpretativas que los ignoran. Lo mismo podríamos afirmar acerca de la justicia, donde se han generado condiciones que mucho tienen que ver con el viejo Soviet, donde el Estado lo domina y condiciona todo, al servicio de una idea y un concepto, donde no existe la representación como sistema. La administración y gestión de la Educación, que está en manos de la izquierda desde hace al menos treinta años y más allá de la disciplina partidaria y la cuestión corporativa, sus resultados no tienen defensa, pero si debemos señalar han logrado imponer un relato histórico caprichoso y perverso que solo atiende propósitos ideológicos que desde hace ya un tiempo se hace notar, esencialmente en el manejo de la opinión pública que a fuerza de recibir diariamente el mismo mensaje, sesgado y tendencioso, termina por asimilarlo.

Así las cosas, el pasado jueves 29 de abril compadecimos a una audiencia de conciliación coordinada por la Dra. Marcela Vargas a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36 turno, originada en el reclamo que presentáramos junto a Daniel García Pintos reclamando a Canal 4 y al Programa Santo y Seña el derecho a réplica que no fuera atendido en las distintas oportunidades en que este fuera reclamado al programa en cuestión. Esa tarde todos los participantes perdimos una espléndida oportunidad para ponernos de acuerdo, a propósito de un tema que tanto malestar genera y mucho contribuye a CONSTRUIR distancias entre los uruguayos, la libertad de expresión, su correlato en el mundo del periodismo y la responsabilidad que tamaña libertad conlleva.

Perdió su oportunidad la Dra. Vargas, a la que cumpliendo con su tarea solo le importaba evitar un juicio engorroso. Perdió su oportunidad Leonardo Pereyra quien luego de tres horas no llegó a enterarse de que se trataba la audiencia y bien pudo contribuir, más allá de las disculpas que presentó, a resaltar la importancia de un trabajo que nosotros, en este caso los que demandábamos, valoramos y mucho, la libertad para informar. Y nosotros, tal vez por inexperiencia en las lides judiciales también perdimos una maravillosa oportunidad para generar las condiciones para habilitar un debate que entendemos la sociedad se debe, situación que a partir de estas líneas pretendemos revisar y corregir.

LOS HECHOS

En el programa dominical SANTO Y SEÑA correspondiente al domingo 17 de abril, al informarse acerca del acto en homenaje a los caídos en la lucha contra el terrorismo desarrollado el jueves 14 de ese mes en la Plaza de la Bandera, Leonardo Pereyra en su condición de integrante del panel de periodistas que acompañan a Ignacio Álvarez manifestó con desdén que en ese acto sólo reconocía a un solo demócrata, refiriéndose a la presencia del presidente Julio María Sanguinetti. Importa recordar que las imágenes que se emitían al aire mientras Pereyra informaban enseñaban una plaza desbordada de público, nosotros agregamos que se superaba las mil personas. El acto organizado por la Comisión Permanente de Homenaje que preside el ex diputado Daniel García Pintos contaba con el apoyo y promoción de un sinnúmero de instituciones, como TODA LA VERDAD que nuclea a los familiares de las víctimas del terrorismo que orientan y dirigen Diego Burgueño y Sergio Molaguero, FAMILIARES DE PRISIONEROS POLITICOS, que nuclea a los familiares de los policías, civiles y militares detenidos arbitrariamente por delitos comunes cometidos en la lucha contra el terrorismo en el proceso anterior y posterior al año 1973, el Centro de Estudios de Derechos Humanos, el Foro Libertad y Concordia, la asociación de Veteranos Soldados por la Paz, la Reserva Militar de las FFAA, los círculos, clubes y centros de las FFAA, el Círculo Policial del Uruguay, entre otros. 

La convocatoria ciertamente convocaba a militares y policías retirados y sus familias y también a un importante número de civiles, que por las más diversas razones, adherimos al homenaje y todo lo que representa para la democracia en nuestro país. La afirmación de Leonardo Pereyra no informó, optó por calificar a la concurrencia estableciendo así una interpretación muy personal de la cosa, según Pereyra se trató de un acto animado por ciudadanos que no somos democráticos. Y eso, más allá del desdén que definió la intervención de Pereyra, es una afrenta para quienes estamos reclamando justicia, verdad y reconocimiento, al amparo de convicciones democráticas, tanto como para nuestros familiares que expusieron sus vidas para defender los valores y conceptos que la República y la Democracia establecen.

Cuando Daniel García Pintos nos pidió que acompañáramos la demanda no dudamos ya que entendimos que el hecho constituía una espléndida oportunidad para despejar dudas y establecer un debate que entendemos nuestra sociedad se debe, el papel de los medios de comunicación al momento de informar y el respeto ante la diversidad.

PEREYRA NO DEBE RETRACTARSE

Pereyra no se retractó. Pero peor que eso, nunca entendió que nuestra demanda no buscaba ese fin. Solo procuramos, apelando en última instancia a la justicia, el derecho a replicar sus afirmaciones o que en su defecto el programa leyera una declaración firmada por nosotros. La representación jurídica que acompañó a Pereyra, una abogada en representación del Canal 4 y otra en representación del periodista, cuestionaron primero la Ley invocada por nosotros y luego hizo hincapié en aspectos formales que establecían debilidades técnicas en nuestra demanda. Leonardo Pereyra ratificó sus dichos, los repitió y luego se disculpó, aclarando que no había tomado nota de la presencia de García Pintos, a quien declaró conocer de sus tiempos de cronista parlamentario y al General Mermot, presente como oyente en la sala. A nosotros que en los últimos meses hemos actuado como voceros del grupo de FAMILIARES DE PRISIONEROS POLITICOS, con amplia exposición en todos los medios, confesó no conocernos.

Así las cosas, en una audiencia que demando casi tres horas, el tiempo se nos fue a todos discutiendo tecnicismos y evitando sistemáticamente ingresar al tema que realmente importaba y convocaba, la responsabilidad a la hora de informar, la responsabilidad a la hora de calificar y el respeto por las dignidades y honores de aquellos que son involucrados en relatos que caracterizan, definen y atribuyen intenciones y responsabilidades. Se trataba de una gran oportunidad para reconocer que el límite para la libertad de prensa lo establece el periodista y está en lo que podemos denominar la actitud de manifiesta malicia que al presentar un hecho y calificarlo, lo condiciona ideológicamente.

El acto que Leonardo Pereyra señalara como antidemocrático fue promovido por instituciones militares, policiales y civiles que entienden que la Democracia no puede vivirse desde la negación del otro. De hecho, el motivo del acto pasaba por recordar el sacrificio de cuatro uruguayos que el 14 de abril de laño 1972 fueron asesinados por  los terroristas que los señalaron como responsables de la defensa de las instituciones republicanas nacionales y de manera especial de la lucha contra el terrorismo. Se trataba entonces de rendir homenaje a quienes ofrendaron sus vidas, entre otras cosas, para que hoy, periodistas como Pereyra y ciudadanos como García Pintos y quien escribe, puedan manifestarse con la libertad con la que lo estamos haciendo. Paradojas del destino que, así las cosas, se nos trate, a las víctimas del terrorismo y a quienes los recordamos, como antidemocráticos.

La idea de que en nuestra sociedad existen dos bandos, uno democrático y otro militar supone al menos dos o tres errores gruesos, tan gruesos que esgrimidos por jóvenes periodistas, como viene sucediendo en nuestro medio, nos hace pensar que en el fondo se trata de algo más complejo que un error de apreciación.

En nuestra sociedad lo que se dirime, desde hace al menos cincuenta años, son dos modelos sociales y políticos que por momentos enseñan diferencias insalvables que se sustentan en un relato de la historia de los últimos cincuenta años en nuestro país, relato que parcializa los hechos, exaltando virtudes donde no existen y negándolas donde si están. En todo caso interviene con premeditación y alevosía al agravar situaciones de por sí graves con el solo fin de procurar mantener en movimiento esa máquina que socaba a nuestras instituciones para construir una nueva realidad que no se animan a promover abiertamente al amparo de las garantías que propone el sistema democrático de gobierno del que gozamos, al menos en el plano formal.

En momentos que el sistema político vive con particular sensibilidad el tema del pasado reciente, calificar como antidemocrático un acto público simplemente debido a que del mismo participan militares y policías retirados supone una simplificación que solo es posible entender en una actitud de mala fe. Allí aplica la manifiesta malicia a la que nos referíamos anteriormente. Allí está nuestra necesidad de replicar públicamente los dichos de Pereyra, quien no debe rectificarse, ya es sabida su militancia y su condicionamiento ideológico, a los que tiene derecho y respetamos.

Cuando luego de cincuenta años de abandono, el sistema se ve forzado a tomar posición con referencia a la historia reciente, librando al público una de las siete cárceles del pueblo para así completar el circuito que también incluye algunos batallones del ejército, que se apresta a votar compensaciones económicas y de servicio para las víctimas de los terroristas, estableciendo así un plano de igualdad con lo ya votado y asignado a quienes se vinculan con los terroristas, y que comienza, tímidamente, a revisar lo hecho en materia de interpretación de leyes sancionadas por el cuerpo electoral y algunas de las modificaciones que alteraron la dinámica de funcionamiento de la justicia en relación a la lucha contra el terrorismo, calificar de antidemocrático un acto como el celebrado el pasado 14 de abril encierra, supone una estrategia en la que en el mejor de los casos, los periodistas caen luego de ser influenciados por el relato distorsivo y hemipléjico concebido por el terrorismo que ahora sin armas, socaba y desmorona, peldaño por peldaño, al edificio de la República. Lo mismo sucede cuando a nuestros prisioneros políticos, formalizados por delitos comunes y detenidos en cumplimiento de medidas cautelares que se relacionan con delitos de Lesa Humanidad que no aplican, se los presenta, entre otros por el propio Pereyra, como genocidas, torturadores y violadores, cuando no han sido condenados y apenas están vinculados con los hechos por un relato inconsistente que no puede sostenerse con pruebas.

Los uruguayos debemos comenzar a revertir el estado de las cosas. Para ello es necesario que el sistema político reaccione y en vez de ocuparse de los votos para la próxima elección, se ocupe de los temas que condicionan la vida de la próxima generación. Para empezar, el tema de la libertad de expresión y de prensa, es un buen comienzo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, consagralo que debería ser entendido como libertad de expresión desde el punto de vista de derechos humanos:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La República vive momentos cruciales en los que dirime como seguir adelante. La oposición al gobierno viene actuando dentro del marco que impone el sistema democrático y en su accionar revela una clara intención de transformarlo desvirtuándolo al extremo de generar otro formato administrativo y político. Tal vez estemos frente al embrión del mismo modelo que se pretendió imponer por las armas a partir de los años sesenta. Nuestra reacción debe desplegarse dentro del sistema democrático que entendemos es el único viable y posible, con ese ánimo resistimos estos embates que entendemos es necesario enfrentar señalando, cada vez, cuando quienes no comparten nuestras ideas cruzan esa delicada línea que nos instala en la barbarie.

No se trata de que Leonardo Pereyra se retracte. Ni de que lo califiquemos a él como comunista y en consecuencia antidemocrático.  Se trata de establecer que todo tiene un límite y que, en el caso de los Derechos Humanos, que nos comprenden a todos, el límite está en la dignidad y en el respeto que cuando atiende a quien piensa diferente debe ser especialmente subrayado. Pereyra tiene todo el derecho a estar, como está, equivocado, lo que no puede, es ejercer la autoridad moral, que no tiene, para determinar condiciones democráticas o antidemocráticas.

Nosotros, tampoco nos retractamos.

Diego Flores