LA REFORMA.., ¿Y ES CAJA O SERVICIO?

Luego de meses de trabajo y elaboración, fue presentado por el conjunto de expertos el nuevo proyecto para modificar la Seguridad Social.

La expectativa de vida en general de los seres humanos viene en aumento, por lo menos en la mayoría de los países desarrollados o en franco desarrollo.

Una de las consecuencias de esta realidad, es que afecta directamente a los sistemas de seguridad social, por la comprensible razón que se deben servir prestaciones por más años.

Eso no sería nada malo en sí, cuando tenemos posibilidades de vivir más años.

El problema radica en la generación de recursos para poder satisfacer esa demanda que se prolonga en el tiempo. La relación activo-pasivo es lo que produce el desbalance, un sistema sano debe tener tres activos por cada pasivo.

Las tasas de nacimiento, por lo menos en los países que mencionábamos antes, están disminuyendo, nuestro país se encuentra en estado de alarma prácticamente, cuando actualmente, tenemos más personas que fallecen que las que nacen. El 2021 fue el primer año en que los uruguayos fuimos menos que el año anterior y esa tendencia seguirá acentuándose según los expertos.

Esto incide en el futuro cercano, ya que la población joven que irá ingresando al mercado laboral cada día será menor, afectando los recursos a tener en cuenta para seguir manteniendo el sistema sin que colapse. Las formas de trabajo cambian y ya no es tan sencillo descontar un montepío mensual a los activos, cuando cada vez hay más monotributistas y unipersonales y menos empleados a sueldo.

Sabemos, además, que todas las cajas que sirven pasividades, en mayor o menor medida, sufren falta de recursos y generan déficit en su funcionamiento, por lo que requieren asistencia financiera complementaria de parte del erario, es decir de los impuestos.

No hay dudas entonces, que se debe hacer una reforma y modernización de nuestro sistema de seguridad social para anticiparnos a situaciones más complejas y comprometedoras.

La presentación del anteproyecto ya generó reacciones, unas esperadas, como el caso del pitcnt, que ya se despachó con paros, su novedosa y caprichosa forma de proceder, más los grupos radicales del Frente.

Los sindicalistas ya se expidieron sobre la reforma catalogándola de regresiva, anti-trabajadores, que hace perder derechos y como no podía faltar un gran culpable al que les gusta invitar siempre, que es la llamada “Caja Militar”, su déficit y “privilegios”. Todos los argumentos reseñados demuestran una gran desinformación para decirlo con elegancia.

La fuerza política conocida como Frente Amplio, a través del Partido Comunista y el Socialista, indicaron sus posturas “a favor del movimiento popular, en defensa de una seguridad social pública, universal, solidaria, sin fines de lucro y sin Afap”. Otra vez se trata de eslóganes llenos de efecto ideológico pero carentes de sentido técnico.

Aplicar esto, es regresar a escalones más debajo de donde llegamos hoy, promoviendo que solo el Estado administre los fondos de pensiones y jubilaciones. Vamos rumbo al estatismo tipo Foro de San Pablo, con el único fin de generar pobreza y retener el poder de manera cada vez más autoritaria y por fuera del Estado de Derecho.

Quitar las AFAPS, que es un sistema donde cada uno genera el genuino aporte de su trabajo, el que no se diluye en un perverso sistema llamado intergeneracional y solidario, que, como toda propuesta con una visión de izquierda, empareja hacia abajo. Por otro lado, las cuentas individuales son más difíciles de confiscar por el tirano de turno, que los aportes intergeneracionales, sobre todo si confluyen al gran agujero negro que es el BPS.

El dinero de las AFAPS es puesto a trabajar y se invierte para que genere rentabilidad a sus beneficiarios. Los aportes generacionales se diluyen en oprobiosas concesiones hereditarias

En la Argentina destruyeron las AFIPS, en otra acción de corte delictivo, generando un desfinanciamiento gigantesco y la vuelta a miserables jubilaciones en un panorama dantesco.

Los bolsillos de los ciudadanos ya no soportan ninguna clase de impuestos más de los que existen, más bien el reclamo generalizado es de bajar la carga tributaria que asfixia a todo el país.

La izquierda predica, que hay que gravar más a grandes fortunas o a los que ganan más, sin entender jamás, que eso lo único que provoca, es que aquel que quiera invertir, no lo haga, tome su capital y vaya a un lugar más amigable, quien gana más, seguramente ya aporta bastante y no soportará que le sigan quitando.

Subir los impuestos frena el desarrollo, evita la generación de puestos de trabajo y retrasa el avance en todos los campos del quehacer nacional, pero la lente de la ideología que todo lo quiere, no puede verlo.

Todo termina en una simple transferencia de recursos, el conocido “desvestir un santo para vestir otro”, cuando lo que debemos hacer es generar riqueza y puestos de trabajo genuinos. Lejos de agrandar la torta para que cada uno se lleve un trozo mayor, la achicamos, les quitamos la cobertura y el relleno y no le ponemos huevo al bizcochuelo.

Pero los Pereira y los Abdala de esto ni lo sueñan, ni lo sienten en sus bolsillos, donde ningún impuesto llega.

En el IVA del 22% que pagamos, hay un 7% que va para solventar el déficit de la Seguridad Social, más otras millonarias transferencias que el estado realiza mes a mes para mantener el sistema respirando.

En promedio las personas hoy se están jubilando en el entorno de los 63 años, se propone llevar esta edad a los 65 años debido al ya analizado aumento de la expectativa de vida y todo lo asociado a esto.

Esto que se quiere hacer en Uruguay no es una innovación, ya que la mayoría de los países ya lo han establecido así en el transcurso del tiempo, sin tanta polémica como por estos lados generan los cambios.

La izquierda tomará este asunto, como ya estamos viendo, para agitar las aguas con sus conocidos eslóganes, terminando tal vez, como desgraciadamente ya experimentamos hace unos meses, en un nuevo plebiscito y la consecuente pérdida de tiempo y recursos. 

Otro asunto desvela siempre a nuestros “progresistas” y es el referido a la mal llamada Caja Militar.

Se trata en realidad de un servicio, ya que no es posible guardar excedentes en esa unidad ejecutora por disposición gubernamental desde la década de los noventa del siglo pasado, cuando era superavitaria y se vertieron los excedentes al erario.  Por este motivo su presupuesto está dentro de lo que corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, que no maneja recursos propios. Los retirados militares no son técnicamente jubilados ya que integran la reserva activa y territorial y son por tanto parte de la estrategia de Defensa Nacional.

La mayoría de sus beneficiarios pertenecen a retirados y pensionistas del personal subalterno de las FFAA, cuyos integrantes se encuentran en la escala más baja de remuneraciones estatales y hoy un agente de policía gana lo mismo que un capitán o teniente de navío.

El Servicio no recibe ningún tipo de aporte patronal, como sucede con el resto de las Cajas que sirven pasividades.

El IASS, ese impuesto ilegal, se vuelca por entero al BPS, no va al Servicio de Retiros, siguiendo la misma lógica de que es un servicio y no una Caja autónoma.

Cuando el sistema político determinó la reducción de efectivos militares e incentivó al pase a retiro de estos, se debe asumir que eso engrosó el número de beneficiarios a cubrir, sin contrapartida de aportantes, cosa que no se menciona como una causa importante cuando se quiere analizar el supuesto déficit.

Tampoco se tiene en cuanta la política de reducción de efectivos que se ha llevado adelante por diversas vías, desde la transformación de cargos a la eliminación de unidades, por ejemplo.

La vida militar, que está sometida a leyes especiales por las características y particularidades de la propia actividad, requiere que sus efectivos tengan y mantengan un cierto nivel de actividad física, lo que determina que las edades de sus efectivos se sometan a consideraciones especiales, de ahí la obligatoriedad del retiro en algunas circunstancias.

Luego de completar 20 años de servicio, el militar puede pasar a retiro voluntario, por las características mismas de la vida militar que requiere dedicación total, siendo una opción individual de la persona.  Esto garantiza contar con personal para cubrir los escalafones iniciales, pues es temporal y permite a muchas personas una opción de sustento en sus primeros años de trabajo mientras se especializan. 

Se dice permanentemente, que los Oficiales al retirarse, se jubilan con el grado inmediato superior, lo que es una verdad a medias.

Para que ello suceda, los Oficiales deben completar 36 años de servicio ininterrumpidos y muy bien calificados, correspondiendo así a una reducida minoría de los que dedicaron su vida a la profesión, hacerlo con el grado inmediato, cobrando los haberes básicos de ese grado sin otro tipo de compensaciones.

Tampoco se dice, que los militares, aunque se retiren antes de que sea obligatorio, deben seguir aportando hasta completar 36 años, el monto correspondiente a Montepío o aporte jubilatorio.

Deberíamos agregar y tener en cuenta, todos los trabajos y aportes que realiza el personal militar, que no representa gastos al estado, sino más bien ahorros si esas actividades las tuviera que abonar.

El militar no tiene derecho a horario de trabajo ni a tener licencia, sino que debe estar disponible siempre, sale con licencia cuando así se autoriza. Tampoco cobra salario vacacional, ni licencia no gozada, ni horas extras. Instrumentar estos beneficios le quitaría la esencia de sacrificio de la función. 

Por otro lado, las misiones de paz que se realizan en el exterior dejan montos importantes de dinero, reposición de equipos, vehículos, etc, que también son de las arcas estatales y que solo se pueden usar por resolución fundada del poder ejecutivo.

No podemos dejar de mencionar un punto importante, que tiene que ver con la recomposición de carreras y compensaciones que se ejecutaron con aquellos militares destituidos, por haberse comprobado sus vinculaciones con la subversión.

No solo se le pagaron millones de dólares, sino que se les otorgó, además, el grado más alto de la jerarquía y su correspondiente sueldo, dineros que pagamos todos los contribuyentes.

Pero hay más en este generoso sistema de Seguridad Social, que se torna incomprensible en algunos casos.

Aquellas personas que estuvieron detenidas por pertenecer a los grupos que pretendieron tomar el poder a través de la lucha armada, se les abona una jubilación de un monto significativo, si lo comparamos con quienes aportaron y cumplieron con los años de trabajo obligatorio.

Esto es vergonzoso para el estado uruguayo, ya que, es como reconocer que cuando éste determinó combatir a estos terroristas, se equivocó y hoy debe indemnizarlos de alguna forma.

Este asunto urge considerarlo en la reforma en curso, ya que además el expresidente Vázquez poco antes de dejar el cargo, decretó que estas ilegítimas prestaciones, se convirtieran en hereditarias, algo que no existe en el resto del sistema de pasividades, que requiere y debe ser eliminado, sería estricta justicia.

No se ve al sistema político y menos a nuestros “progresistas”, estar preocupados por pagar estas prestaciones que no han tenido financiación ni aportes de los beneficiarios.

Los escandalizados eligen con que cosa se sienten indignados y entonces denuncian, protestan y quieren mostrar que la culpa de un sistema que no funciona es responsabilidad de los privilegios de una parte de la sociedad.

Privilegios que podrían explicarse en función de una alta demanda de jóvenes que anhelan seguir la carrera militar. Todos sabemos, que esto no es así, más bien lo contrario, cuando es una carrera en la cual la vocación debe ser muy fuerte para superar y convivir con los sacrificios que implica.

La verdad es que el sistema de remuneraciones militares ha permitido al país tener buenas fuerzas armadas con muy poco gasto, esa es la realidad. Es un sistema inteligente y eficiente que balancea premios y castigos y termina siendo barato en términos de costo beneficio. Por ejemplo, evitó que Uruguay fuera en su momento la segunda Cuba, como quería Fidel Castro.

La Seguridad Social está encima de la mesa para analizar, discutir y sobre todo mejorar, sin dejar de considerar las particularidades de algunas actividades.

No vemos objeción en general, con el aumento de la edad obligatoria para jubilarse, creemos que el sistema para sobrevivir lo requiere.

La izquierda, que nos acostumbra a que escuchemos sus protestas y críticas, pero que pocas veces aporta soluciones genuinas y sustentables, debería dejar de lado la soberbia, así como su sesgada visión, en un tema serio que comprende tarde o temprano a todos los ciudadanos.

Que sea social y segura debe ser el objetivo de este proyecto, que es Servicio y no Caja, también debe quedar claro.