El 11 de setiembre se cumple el cincuentenario del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, que derrocó al gobierno de Salvador Allende y dio inicio a una dictadura que se prolongó durante dieciséis años y medio.
Las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron por parte del régimen, las cuales condeno con el mayor de los énfasis, no me llevan a defender la gestión de gobierno de Allende, que tuvo legitimidad de origen, pero no de ejercicio.
Triunfó en las elecciones de 4 de setiembre de 1970 por una mayoría relativa (36,62%) sobre Jorge Alessandri que cosechó el 35,27%, la diferencia fue de apenas 39.175 votos. Conforme a la Constitución vigente, que no preveía una segunda vuelta, fue electo el candidato más votado por el Congreso Pleno, previo acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano que había obtenido con su candidato presidencial Radomiro Tomic el 28,11%. La democracia cristiana vota a Allende el 26 de octubre de 1970 a cambio de la suscripción de un Estatuto de Garantías Constitucionales, en consecuencia, el candidato de la Unidad Popular asume el 4 de noviembre de 1970.
Allende era un médico socialista de dilatada trayectoria política: Diputado, Ministro de Salud, Senador y candidato presidencial en los comicios de 1952, 1958, 1964 y 1970. Era un convencido marxista y admirador de la Revolución Cubana, su Partido Socialista había tomado una orientación revolucionaria ajustada a los postulados de la OLAS. Los otros miembros de la Unidad Popular eran el Partido Comunista; el MAPU, organización de izquierda radical escindida de la democracia cristiana y el Partido Radical.
Proponían un programa de nacionalizaciones y estatizaciones: de la minería, la banca, el comercio exterior, los servicios, las industrias básicas, la creación de un área de propiedad social, la reforma agraria integral y una educación nacional unificada. Sin mayoría parlamentaria, salvo en la nacionalización del cobre, pretendió llevar a cabo dichas reformas y se encontró con innumerables obstáculos jurídicos que trató de eludir mediante resquicios legales, pero obviamente con ello no podía avanzar al ritmo que aspiraban sus partidarios.
La presión sindical de la CUT y de los partidos y movimientos de la Unidad Popular, que incluso contaban con brigadas armadas, y el accionar subversivo del MIR de extrema izquierda y su contraparte Patria y Libertad de extrema derecha crearon un clima de extrema violencia e inseguridad jurídica sin parangón. Proliferaban los atentados, las huelgas, las tomas de fundos e industrias y la ocupación de centros de enseñanza. La coacción de que era víctima el empresariado llegaba a límites intolerables, la economía, demagógicamente conducida, lleva al descontrol inflacionario, la recesión acelerada, la desinversión y el desabastecimiento. Era evidente que una transformación colectivista de esta envergadura era imposible que tuviese éxito.
Ante el caos y la ausencia de un acuerdo con la oposición, no tuvo mejor idea el Presidente Allende que involucrar en su gobierno a las Fuerzas Armadas dándoles primero tres Ministerios, entre ellos el del Interior al Comandante en Jefe del Ejército y luego cuatro Ministerios a los Comandantes en Jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros. Ello rompió la tradicional prescindencia política de las FF.AA y de Orden, creó divisiones al interior de cada Fuerza y las preparó para incursionar en labores ajenas a sus cometidos profesionales.
El gobierno había incurrido en inconstitucionalidades e ilegalidades, según oportunamente lo denunció la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y el Colegio de Abogados de Chile. El 23 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados, por 81 votos contra 47, adopta una muy exhaustiva y fundada resolución declarando la ilegitimidad de la gestión del Poder Ejecutivo y un llamado a las Fuerzas Armadas y de Orden, que integraban el gabinete ministerial, que asumieran su responsabilidad ante el grave quebrantamiento institucional que padecía el país.
Allende queda en un callejón sin salida y se le ocurre convocar a un plebiscito consultivo sobre el área de propiedad social, que por cierto no resolvía la cuestión institucional. El demócrata cristiano Radomiro Tomic, en el mes de agosto de 1973, le envía una carta al Comandante en Jefe del Ejército Gral Carlos Prats: “Sería injusto negar que la responsabilidad de algunos es mayor que la de otros, pero entre todos estamos empujando la democracia al matadero. Como en las tragedias griegas todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda…”.
El 11 de setiembre de 1973 se produce el golpe de Estado, con todas las consecuencias de público conocimiento. Expresamente lo apoyan los ex Presidentes de la República Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei, que presidía el Senado, la mayoría del Partido Demócrata Cristiano liderado por Patricio Alywin y el Partido Nacional.
Es respetable que se rinda homenaje al Presidente Allende que se inmoló por sus ideales y a todas las víctimas, pero es censurable la actitud de quienes se rajan las vestiduras por los dieciséis años y medio de dictadura autoritaria de Augusto Pinochet y siguen admirando los cuarenta y nueve años de dictadura totalitaria de Fidel Castro, la cual aún perdura a sesenta y cuatro años de instaurada.
