En los últimos días el Poder Legislativo ha adoptado algunas decisiones que nos han sumido en una honda preocupación institucional. Vamos a hacer la reseña de las mismas con un comentario, para culminar con una reflexión.
La unanimidad del Senado aprobó un proyecto de ley que beneficia a los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay, que sorprende por la liberalidad de su contenido, desoyendo la sólida argumentación jurídica y financiera que ha expuesto la Presidente del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay Dra Casilda Echevarría, quien ha demostrado un celo ejemplar en la defensa del citado Ente Autónomo.
Lo aprobado no es una solución justa, crea un peligroso precedente y obligará a rentas generales a efectuar una compensación al B.H.U, para que pueda seguir cumpliendo los cometidos que le asigna su Carta Orgánica.
El proyecto de reforma del sistema de aportaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, presentado por el Poder Ejecutivo, fue rechazado en la Cámara de Representantes, con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, pese a que dicho organismo paraestatal en un año y medio agotará sus reservas. El fracaso se debió, luego de arduas negociaciones, a que se pretendía que el Estado aportará más para reducir los aportes adicionales de activos y pasivos, que preveía la iniciativa del Poder Ejecutivo, incluso se manejó el aumento del valor de los timbres profesionales, que es un tributo que en puridad no debería existir.
En el Senado, el Frente Amplio, Cabildo Abierto y dos Senadores nacionalistas, aprobaron un proyecto de ley por el cual el Estado se hace cargo de parte de los despidos y otros créditos laborales de los funcionarios de la otrora mutualista Casa de Galicia.
Todas estas decisiones, que son sólo una muestra de un universo más vasto, demuestran palmariamente que nuestros legisladores, animados de las mejores intenciones, están haciendo recaer sobre el conjunto de la población presente y futura el costo de tales medidas, que benefician a sectores sociales específicos, con independencia del interés general.
El Estado no genera recursos, los obtiene por vía tributaria, monetaria y crediticia, el aumento de cualquiera de dichos factores, más allá de ciertos límites técnicos, incide negativamente en el funcionamiento de la economía y por ende en el empleo y el salario, máxime cuando las cifras del déficit fiscal están llegando, por las erogaciones con motivo de la pandemia, la sequía y la diferencia cambiaria con Argentina, a un nivel preocupante.
No olvidemos que estamos con una muy baja tasa de inflación, pero con un atraso cambiario que afecta a vastos sectores de la economía nacional. Es inaudito que a los deudores hipotecarios en unidades reajustables se les condone o se les reduzcan sus adeudos con cargo a las arcas públicas. Es incomprensible que los afiliados activos y pasivos de la Caja Profesional se resistan a un aporte adicional para sanear su sistema previsional, cuando en el pasado gozaron de aguinaldos y otra gama de beneficios, que nunca percibieron los pasivos del B.P.S. Ni que hablar de la forma en que fue administrado el servicio y de los sueldos que percibían sus funcionarios jerárquicos.
No es que el Estado se abstenga de ayudar, pero todo tiene un límite como lo advirtió oportunamente el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, demostrando una vez más sensibilidad y eficiencia, que han sido características de su gestión. Es ilógico que la comunidad se haga cargo de parte de los despidos y otros créditos laborales de los ex funcionarios de Casa de Galicia que se encuentra en concurso judicial e acreedores, no nos estamos refiriéndonos al seguro de desempleo que eso sí es obligación del Estado proveer.
Ya el Estado ha desembolsado cifras millonarias y ahora se quería aumentarlas. Con estos criterios de prodigalidad legislativa, qué señal le damos a los buenos cumplidores de sus obligaciones contractuales y a los eficientes y austeros administradores de empresas privadas o paraestatales. Las situaciones particulares de incumplimiento, por razones justificadas, siempre han tenido cabida en vía administrativa y/o jurisdiccional.
Las leyes deben ser generales y abstractas y sin efecto retroactivo. Los legisladores, y me refiero a aquellos que tienen una plausible sensibilidad social, se dejan influir emocionalmente por lo que les trasmiten los grupos de presión, sin generalizar pero sin caer en ingenuidades, a otros los mueven lo que les reditúan, en votos, los colectivos beneficiarios de las medidas.
Hace un par de semanas escribimos sobre la desnaturalización de la democracia, con motivo de los proyectos de reforma constitucional en materia crediticia y previsional, y hoy nos debemos ocupar de la desnaturalización de la labor legislativa. El Poder Legislativo ha dejado de ser como fue concebido por los juristas clásicos, un celoso guardián de los dineros públicos, y se ha transformado en una formidable estructura de amparo de situaciones específicas de sectores cuyas demandas coliden con elementales principios de justicia, en la acepción romana del vocablo.
La solidaridad social ha dejado de estar basada en el bien común o interés general, para atender intereses sectoriales que implican arbitrariedad e injusticia. Conceder regularmente privilegios a grupos particulares ha extraviado el ideal democrático. Sólo las normas generales, abstractas y no retroactivas, son la garantía de la libertad, la justicia y la prosperidad de una sociedad. La reputación de los gobernantes democráticos está siendo mancillada por este tipo de medidas y ello me preocupa por ser un convencido demócrata, que advierte síntomas peligrosos en el funcionamiento del sistema.
