Por: Semanario Contexto.
Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia.
Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60% de su población.
Las reformas aplicadas tras la crisis de 2002, que mejoraron las prácticas de política macroeconómica, la reducción de la exposición económica y financiera a los países vecinos, y la implementación de nuevas políticas sociales, contribuyeron a obtener sólidos resultados, ayudando a aumentar la resiliencia de Uruguay.
El modelo de crecimiento inclusivo, sin embargo, mostraba signos de agotamiento desde antes de la llegada de la pandemia de COVID-19. El crecimiento del PBI ya se había desacelerado, pasando del 4,6% en 2013 al 0,5% en 2018 y al 0,4% en 2019, el nivel más bajo desde 2002. El proceso de reducción de la pobreza (que disminuyó del 32,5% al 7,9% entre 2006 y 2017) se había estancado e incluso mostraba un incipiente crecimiento (8,8% en 2019).
Con la llegada de la pandemia, el PBI de Uruguay se contrajo 5,9%, la primera caída anual desde la crisis de 2002 (-7,7%), con tasas de crecimiento negativas en casi todos los sectores de actividad. Aunque amortiguada por el sistema de protección social del país y las medidas de contención introducidas en respuesta a la pandemia, la tasa de pobreza nacional aumentó del 8,8% en 2019 al 11,6% en 2020. Simulaciones del Banco Mundial muestran que, en ausencia de las redes de seguridad existentes y de las transferencias extraordinarias desplegadas en respuesta a la COVID-19, la tasa de pobreza nacional habría alcanzado el 14,9 por ciento.
La pandemia también dejó en evidencia claras fortalezas del país. Uruguay fue uno de los países mejor preparados en la región para realizar el tránsito hacia la educación a distancia, sustentándose en una plataforma integral de aprendizaje en línea con alcance nacional. En este caso, la disponibilidad de contenido adaptado para docentes, estudiantes y familias, junto con amplio acceso a internet y dispositivos, permitió que más del 75 por ciento de los estudiantes y 84 por ciento de los docentes se mantuviesen conectados a la plataforma durante el cierre de las escuelas. Uruguay fue el primer país de la región en reabrir gradualmente las escuelas.
De modo similar, la existencia de una amplia red de protección social, un sistema de salud fuerte con cobertura universal, así como niveles de formalidad laboral y de bienestar social comparativamente favorables, dejaron a Uruguay en una posición relativamente ventajosa para responder de forma oportuna, efectiva y sostenible a la pandemia y a un costo menor que en otros países. Además, la efectiva contención de la pandemia en sus etapas iniciales permitió una reapertura relativamente rápida y amplia de la economía, que ayudó a reducir los efectos negativos iniciales del shock sanitario, pese a que el país sufrió una fuerte ola de contagios en el primer semestre de 2021. Más recientemente, la ágil y eficaz campaña de vacunación fue también crucial para sostener la reactivación económica en curso, particularmente en las actividades más afectadas por las medidas de distanciamiento social.
Los fuertes avances económicos que ha realizado Uruguay, particularmente a partir de la crisis de 2002, sumados al sólido pacto social que lo caracteriza, sustentan el camino hacia la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida que el país ha transitado. El país tiene una fuerte vocación en materia de protección social. Históricamente, las políticas sociales inclusivas se han enfocado en ampliar la cobertura de los programas, por ejemplo, alrededor del 90% de la población de más de 65 años está cubierta por el sistema de pensiones: este es uno de los coeficientes más altos en América Latina y el Caribe, junto con Argentina y Brasil.
Hoy, existe una serie de limitaciones estructurales que pueden obstaculizar el avance hacia objetivos de desarrollo sostenido. Por un lado, el país está en una fase avanzada de la transición demográfica y está en proceso de reformar su sistema de seguridad social, que en la actualidad genera grandes costos fiscales. A su vez, Uruguay enfrenta retos para incorporar a las mujeres a la actividad económica y transformar la educación y las instituciones laborales para aprovechar productivamente el cambio tecnológico, además de para impulsar la inversión en infraestructura e integración en cadenas globales de valor. Finalmente, a pesar de que la incidencia de la pobreza en Uruguay se mantiene relativamente baja en la comparación regional, aún persisten importantes disparidades en términos de edad, sexo, región y ascendencia, que podrían haberse profundizado con la pandemia.
El fuerte desempeño institucional en otras áreas, tales como la confianza en el gobierno, la escasa corrupción y un enfoque político basado en consensos, así como un gran compromiso para fortalecer los arreglos institucionales, le da al país una base firme sobre la cual continuar renovando su contrato social y establecer políticas para atacar las limitaciones actuales.
Para más datos de Uruguay, ingresa al sitio de Open Data del Banco Mundial.
Fuente: https://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview
