CARTA AL PRESIDENTE

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Montevideo, 16 de agosto de 2022

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay

Dr. Luis A. Lacalle Pou

Presente

De nuestra más alta consideración:

Un 19 de agosto de 1970, hace 52 años, caía muerto mientras cumplía sus funciones el Agente Nelson Machado Carreño.

Un 19 de agosto de 1972, hace 50 años, caía muerto mientras cumplía sus funciones el Teniente 2do. Ricardo L. Braida Matalonga.

Lo que tienen en común estos fallecimientos además del día, es que los homicidas eran terroristas revolucionarios del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que en las décadas de los 60 y 70, junto a otros grupos de la “Izquierda Revolucionaria” se levantaron en armas contra las Instituciones y aterrorizaron a la población para hacerse del poder, lo que no lograron gracias a la dedicación y sacrificio de las Fuerzas de Seguridad.

El Agente Machado de 34 años, padre de 4 menores, fue asesinado en un asalto terrorista contra la Sucursal del Banco Comercial en el Mercado Modelo. El atraco resultó fallido gracias a la intervención que pagó con su vida tras recibir 5 impactos de bala. Los responsables nunca fueron hallados, su crimen permanece impune.

El Tte. 2do. Braida de 25 años, dejó una hija de un año y a su esposa embarazada de 5 meses. Fue asesinado en un procedimiento mientras custodiaba a José Ramón Serrano, integrante de la columna 7 del MLN-T e ideólogo de la ejecución del C/C Ernesto Motto el 14 de abril de ese año.

Su homicida, Washington Wilkins Mendez, alias “el mono”, de C.I. 1.175.520-2, le disparó en la cabeza y en la espalda, nunca fue juzgado, no estuvo preso ni un solo día, estuvo en Chile, Cuba y participó en la guerrilla de Nicaragua.

De regreso a Uruguay en 1993, su situación quedó amparada por la Ley de Amnistía Nº 15.737, cuyo espejo fue la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848, ley que el Estado uruguayo no respeta a pesar de haber sido ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades.

Hoy el Estado uruguayo concede amnistía a terroristas y no a aquellos que convocó en su defensa.

Wilkins, no solo no fue juzgado por sus actos terroristas, sino que hoy todos los uruguayos le pagamos una pensión reparatoria por haber sembrado terror y muerte en el país y por continuar su raid delictivo en otros países americanos.

El Agente Machado y el Tte. 2do. Braida murieron en cumplimiento de su deber y en defensa de las Instituciones. Sus familias aún esperan justicia, una justicia que no llega para estos mártires de la patria.

Una justicia sesgada por el falso relato de una minoría autoritaria e inescrupulosa que cooptó al Poder Judicial, que hoy juzga y aprisiona en forma ilegítima e ilegal a nuestros padres y familiares por supuestos hechos denunciados por los terroristas de los 60 y 70, que generaron la guerra.

Cincuenta años más tarde, nuestra familia es prisionera y rehén de otra guerra que también pagamos con nuestras vidas. Sólo desde marzo del 2020 se han realizado 40 procesamientos y formalizaciones, contabilizando de este modo un total de 88 Prisioneros Políticos y han fallecido en injusta detención 14.

Los homicidas del Agente Machado y del Tte. 2do. Braida no pagaron un día de cárcel. Sin embargo, tenemos servidores públicos que llevan más de 16 años de injusta detención.

Por lo expuesto, una vez más convocamos a la reflexión en defensa de la vida y la dignidad de estos prisioneros, en velar por los derechos y garantías que deberían asistirles en un Estado democrático y en procura de que cesen las consecuencias negativas que sufren, en clara violación de la normativa nacional e internacional suscripta por Uruguay.

A la espera de lograr una solución que preserve las garantías de todos y no se favorezcan posturas que avasallan los derechos esenciales de nuestros familiares, saludan a usted atentamente,

Familiares de Prisioneros Políticos Uruguay

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