EL “DERECHO” A AVASALLAR DERECHOS… Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

La definición de liberalismo más completa y acertada, es la del filósofo australiano Chandran Kukathas: “El término liberalismo se identifica con un paradigma político que responde a la diversidad humana mediante la defensa de instituciones que permitan la coexistencia de distintas creencias y modos de vida; el liberalismo acepta la pluralidad de esas creencias y modos de vida (la multiplicidad de valores religiosos y morales en el mundo moderno) y promueve la tolerancia.

El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea de un orden social orgánico y espiritualmente unificado, dentro del cual los intereses de los individuos se alinean en perfecta armonía con los intereses de la comunidad.

Los individuos poseen fines distintos y no existe un único objetivo común que todos deben compartir; y necesariamente estos fines suelen entrar en conflicto.

La cuestión a resolver desde un punto de vista liberal es la de cómo regular, y no la de cómo erradicar, tales conflictos”.

El liberalismo, por tanto, lo que protege es el derecho de las personas a llevar a cabo su plan vital.

Las personas, en el liberalismo, son acreedoras de ese derecho porque a priori se les puede exigir que respeten el derecho de las demás personas a hacer lo propio.

Es verdad que la política es el arte de lo posible; que las circunstancias cambian, a veces radicalmente; que los ciudadanos, incluidos los políticos, son y deben ser libres de elegir o cambiar de opinión; que ninguna de las actuaciones mencionadas está prohibida por la ley y que, con las elecciones, el pueblo soberano parece convalidar -una y otra vez- los errores, la falta de palabra y las traiciones de unos y de otros.

Pero también es evidente que los electores nos hacemos respetar más bien poco.

Es contradictorio con el sistema democrático, que se creó para repeler todo lo que sea totalitario, impuesto, irracional, y disolvente de la institucionalidad social libre y respetuosa del individuo, que se les permita a quienes explícitamente promueven su destrucción ingresar al espacio electoral, promover ideas descalificadoras de la democracia, promover erradicar el sistema económico, la libertad e inmolar al individuo a la dirección omnímoda de la sociedad.

Embanderados con el régimen que condenó a muerte a 150 millones de personas, y a otros tantos antes y ahora, sojuzgados por reclamar sus derechos originarios: la propiedad de sus bienes y su derecho a rebelarse a la opresión.

Estos liberticidas se llenan la boca con los «derechos», pero jamás titubearán en pisotear los de todos los demás.

Asociamos tener Constituciones a tener libertad.

Hay constituciones en las dictaduras más oprobiosas, como China, Cuba y Corea del Norte.

Los países que se dicen democráticos, todos con Constituciones impecables, han registrado en las últimas décadas considerables subidas de impuestos y una multitud de controles, prohibiciones y regulaciones.

Apelar a la Constitución, por lo tanto, no sólo no garantiza la protección de las libertades y derechos individuales, sino que puede promover su transgresión con impunidad.

Lo político contrapuesto a lo jurídico; y lo jurídico avasallado en el altar del superior interés de una entelequia: la sociedad.

Los más desatados enemigos de la libertad, sistemáticamente distorsionan el concepto de derecho, lo transforman en confiscación de recursos, quebrantan otros derechos y destruyen la convivencia y la economía.

Se incorpora como cuña para avasallar derechos el «derecho al gasto público».

La izquierda comunista que llega al poder camuflada por la vía democrática, en su “infinita bondad”, quiere «una nueva Constitución de marcado carácter social», que garantice que el trabajo, los derechos sociales y la renta mínima sean «exigibles en los tribunales», porque hay un “derecho constitucional al gasto público”.

En esta línea de destrucción social se da también el absurdo razonamiento de los planificadores intervencionistas del Estado, que, cuando agotan el empleo privado devastando la economía, exigen que «el Estado sea empleador subsidiario».

Y la mayor barbaridad jurídica, sostener que los nuevos “derechos sociales” deberían estar «en el mayor nivel de protección jurídica, igualándose con los derechos clásicos liberales».

No se puede exponer el odio a la libertad de modo más diáfano, porque la característica fundamental de los derechos clásicos liberales es que su ejercicio por cualquier persona no comporta la usurpación de los derechos de otras personas.

Mi propiedad, no conspira contra la suya; es mi derecho a tener lo propio y pensar diferente.

El mundo de esos derechos es el mundo de la libertad.

Es el mundo por el que optan los expatriados por el totalitarismo.

Los “nuevos derechos sociales” son radicalmente diferentes, porque todos ellos exigen la violación de los derechos individuales, empezando por la propiedad privada, necesariamente arrasada por el «derecho al gasto público», que abre la puerta a cualquier confiscación impositiva, abuso del endeudamiento, o afectación inflacionaria al consumo de supervivencia.

Todo, para bancar el desenfreno político.

Esos “derechos sociales”, se colocan por encima de cualquier división de poderes, por encima de la Justicia, de la responsabilidad penal y política.

Estos liberticidas se llenan la boca con los «derechos», pero jamás titubearán en pisotear los tuyos.

Reclaman derechos sindicales como promotores de las reivindicaciones sociales.

Pretenden exigir que se cumpla igualitariamente el derecho; pero de ese derecho no se desprende, el derecho a la extorsión, a la amenaza, a conseguir privilegios, a evadir la obligación de trabajar.

Esta forma de actuar mafiosa conduce a mayor incertidumbre laboral, acumulación de pobreza, y al desigual costo por la paz social: unos pocos a expensas del resto de la sociedad.

Esta presión anómala, va permeando como algo “justo y necesario” hasta agotar los recursos y el sistema productivo.

Termina, necesariamente, en el enfrentamiento violento entre los que tratan de subsistir trabajando y los que exigen asistencia en la miseria.

Algunos ejemplos de derechos que avasallan derechos:

Reivindicación de los derechos adquiridos.

Los derechos adquiridos son privilegios de un grupo de trabajadores arrancados a los productores gracias a la imposición arbitraria de la ley y el Estado.

Si por razones ajenas a la producción individual se eleva el sueldo nominal del resto de trabajadores, eso significa que la empresa va a tener menos capacidad de competir, tendrá precios más caros y generará menos empleos.

Enmascara que todos los “derechos” que recibe el trabajador, incluso los que aseguran su futura jubilación o pensión, están incluidos en el precio del producto, los paga el consumidor y los aporta como impuesto el empleador.

Reivindicación de los derechos de la mujer.

A cada persona se le retribuye por el esfuerzo y logros que consigue para la empresa por la cual trabaja; todo lo demás es un subsidio que carga sobre el consumidor, y pone en jaque la viabilidad del emprendimiento.

Da igual que sea un hombre, una mujer, un extranjero, o cualquiera que se sienta discriminado negativamente.

Si por ley aumentamos el sueldo a todas las mujeres independientemente de su nivel de producción sólo haremos que las empresas contraten a menos mujeres para poder competir mejor, y estaremos incentivando el desempleo femenino.

Salario mínimo.

Si establecemos una retribución mínima por el trabajo por encima de la que estima el mercado, desincentivaremos la contratación de más trabajadores, de los menos capacitados, la sustitución de mano de obra por máquinas, se perjudica a los jóvenes, a los becarios; se optará por los que no reclamen por necesidad: los inmigrantes que escapan de su país.

Convenios colectivos.

Los convenios sólo generan un perdedor real: el trabajador.

Si un convenio establece en un sector unos “beneficios sociales” muy altos lo único que conseguiremos es que automáticamente el sector se inunde de personas para vivir a expensas de los beneficios del sector.

Discrimina en contra de la pequeña empresa y el pequeño emprendedor, al incorporarle obligatoriamente una carga insoportable; concentra el mercado en los poderosos.

Esa presión agotadora de la inversión y el ahorro, multiplica el desempleo, la informalidad y la pobreza.

Condiciones de trabajo.

Obligar a una empresa a gastar más allá de sus posibilidades en regulaciones, incorporación de costos y tareas extra productivas, afecta recursos productivos propios en resolver temas que condicionan el crecimiento de la empresa.

Puede determinar su cierre definitivo, o impone evadir las exigencias a riesgo de multas, manejarse en la informalidad, tercerizar, o ser coimeada para poder trabajar.

Generará menos capacidad de producción, y otra barrera para los que quieren conseguir trabajo.

Insistir en exigencias que no cumple el competidor informal, no nos proporciona más comodidad y seguridad, sino más precariedad laboral.

Indemnizaciones por despido.

Se transforman en una barrera para ajustar los desfasajes comerciales, aumentar la productividad, y mantener una nómina viable de acuerdo a las circunstancias.

En lugar de asegurar la estabilidad, posterga el ajuste, y arriesga el empleo global por liquidación de la empresa.

Restringe el empleo de personas con mayor capacitación, o voluntad de esforzarse para defender su empleo.

Atenta contra la sostenibilidad del emprendimiento productivo.

Incentiva la ociosidad laboral, la baja producción, encarece los productos nacionales y promueve la entrada de productos extranjeros más baratos.

La aplicación de las reivindicaciones sociales impagables o impracticables para sostener y crear empresas y empleos, no son un logro, sino un retroceso.

Alto desempleo y escasas oportunidades de encontrar nuevos trabajos han demostrado ser en todas partes, un experimento fallido del sindicalismo radical y del estado omnipotente.

El día que aprendamos que sólo cada uno de nosotros es el auténtico motor de nuestro bienestar sin depender de las reivindicaciones de los demás, conseguiremos un mercado laboral sano y próspero donde el desempleo, literalmente, desaparecerá.

Una vez que incorporamos a los que están decididos ideológicamente a tirar abajo el sistema democrático liberal, se les otorga en igualdad el derecho a gobernar.

Como sus propuestas obscenas prostituyen el debate político, sus posibilidades se incrementan.

Asumen que el poder se les concedió porque la mayoría aceptó sus propuestas disgregantes, habilitando pisotear los derechos constitucionalmente establecidos.

La soberbia natural que rechaza sus limitaciones y responsabilidades, falsea otros derechos, abortando los constitucionales.

Ocultan su incapacidad en pseudo derechos sociales impuestos a prepo, generando más anomia productiva, anemia económica y corrupción en cada rincón de la administración pública.

El Estado copado multiplica “derechos” injustos a favor de quienes intentaron destruir sus instituciones, avasallaron derechos a la vida, matando; a la libertad, encarcelando a inocentes; y la propiedad, robando.

Asumen el derecho a la justicia del enemigo.

Abusan del derecho a la libertad de quienes repelieron el ataque en la guerra contra la institucionalidad.

Adhieren a consignas y gobiernos totalitarios de igual signo, que impunemente avasallan instituciones y conculcan derechos de sus pueblos.

Convierten el ejercicio de gobernar en un internado para deficientes mentales; los demás.

Es frecuente encontrar individuos que excusan la tiranía de determinados déspotas en base a los supuestos logros sociales que se han obtenido.

Quienes justifican esta superioridad de la tiranía, suelen olvidar que la labor del Gobierno es garantizar los derechos fundamentales del individuo, es decir, la vida, la libertad y la propiedad de lo conseguido con esfuerzo propio.

Ningún Gobierno puede conseguir ningún fin superior a éstos, eliminándolos.

El fallo de todos los tiranos radica en la consideración del individuo como mero mecanismo que sirve para lograr otro fin; cuando es al revés, es el Gobierno el que debe estar al servicio del individuo, para que éste tenga garantizado que no avasallen SUS DERECHOS ESENCIALES.