Ya hace mucho tiempo que la Fiscalía General de la Nación (FGN), ha recibido varios cuestionamientos, pero particularmente en este año se ha posicionado en el “Ojo de la Tormenta”.
Particularmente el 2022 se inicia con un episodio, recordado por todos, que no dejó para nada bien parada a la FGN en general, ni al Fiscal General Subrogante Juan Gómez.
El episodio al que nos referimos es al allanamiento de la emisora Azul FM y del domicilio del periodista Ignacio Álvarez solicitado por la Fiscal Alfaro en el caso de la denuncia de violación colectiva de “El Cordón”. El objeto del allanamiento era el secuestro del teléfono móvil del periodista, así como computadoras y soportes magnéticos que tuvieran relación con el programa “La Pecera”.
La diligencia de allanamiento fue llevada a cabo en la emisora pero, la relativa al domicilio de Alvarez, no pudo efectivizarse en virtud de que éste no se encontraba en su domicilio.
Respecto del caso la Asociación de Abogados Penales del Uruguay en un extenso y enjundioso comunicado expresó entre otros conceptos: “Las medidas dispuestas, independientemente del grado o estado de cumplimiento, constituyen una amenaza inadmisible para la actividad periodística…” “Los operadores del sistema penal están para aplicar la ley…No paramilitar en favor de distintas posturas o tendencias que pretenden que pretende desbalancear el proceso consagrando presunciones en favor de una parte o avasallando derechos esenciales…”
El escándalo que generó la violación de elementales normas de nuestro Ordenamiento Jurídico, por parte de la medida solicitada por la fiscal y decretada por la juez del caso, fue de tal magnitud que ameritó que el Fiscal Gómez se viera obligado a convocar a una conferencia de prensa para explicar lo inexplicable.
Gómez, en dicha conferencia trató de justificar lo injustificable y la argumentación que dio respecto de la conducta de la fiscal Alfaro, para cualquier instructor sumarial, podían ser perfectamente la fundamentación para un procedimiento disciplinario.
Pero lejos de eso, de la alocución de Gómez solo surgieron elogios para el celo que había demostrado en su trabajo. Verdaderamente: una Conferencia de Prensa para el olvido.
Otro caso sonado, la famosa “Operación Océano”, caso en el que actuó la fiscal Darviña Viera, ha tenido resultados de los que surgieron grandes críticas relacionadas al proceder de esta fiscal.
En los últimos tiempos, otro episodio que ha puesto en el candelero a la FGN, ha sido el diferendo que se dio entre el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias y el fiscal General Gómez. Todo comenzó con el archivo de unos 300 casos, por parte de Iglesias, a los días de haberse hecho cargo de dicha fiscalía. Iglesias justificó el archivo expresando que la amplia mayoría de los casos tenían más de dos años sin ser consultados, sin ser abiertos para ver en qué estaban . Que las investigaciones no se podía continuar porque no se pudo
encontrar a los testigos o a las víctimas, o se perdió la evidencia.
El archivo de estos expedientes, generó malestar en la Intersocial Femenina. Representantes de esta organización se reunió con el Fiscal General Gómez, expresándole su desacuerdo y preocupación respecto de lo hecho por el fiscal Iglesias.
La reacción de Gómez no se hizo esperar y a diferencia de la postura conciliadora y de espíritu de cuerpo, demostrada por él en los casos anteriores, dispone se investigue lo actuado por Iglesias, encargando dicha investigación al Departamento de Políticas Públicas. A cargo del Politólogo Sebastián Pereyra, persona que ocupara altos cargos de responsabilidad en el MIDES, en los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio como surge de la web de la propia FGN.
Enterado Iglesias de la investigación acusa a Gómez de violar su independencia técnica y solicita públicamente la intervención del sistema político.
En la esfera política, este hecho ya ha generado reacciones. El diputado Gustavo Zubía en su cuenta de Twitter, refiriéndose al fiscal Iglesias expresaba: “…nunca fue un bien mandado”, haciendo referencia a su independencia técnica, dando a entender por donde viene el problema con Gómez. Asimismo Zubía ha expresado inequívocamente la necesidad de modificar la legislación relativa a la FGN.
La Senadora Bianchi en su cuenta de Twitter, también comentó sobre el asunto expresando que “Debemos defender la independencia de los magistrados y esto se hace hablando claro…..Porque el que calla otorga” y adjunta una misiva enviada por la Asociación de Abogados Penales del Uruguay respecto del tema, en la que expresan su preocupación que la presión ejercida por distintas organizaciones, grupos de presión y operadores, habrían determinado la investigación a un fiscal, lesionando su independencia técnica.
En otro tweet, la senadora Bianchi expresa que: “Aceptemos que así no se puede continuar. No se soluciona con acuerdos políticos sobre nombres. Se necesita un cambio institucional en forma urgente”, haciendo referencia a la necesidad de una modificación legislativa respecto de la FGN.
Por su parte el tema del fiscal Raúl Iglesias también fue comentado por la Vicepresidente Beatriz Argimón, que conteste con su postura sobre el feminismo, no hizo ninguna referencia institucional sobre el tema, y de alguna forma le hizo un guiño a la Intersocial Feminsta alineándose con la postura de esta organización, al decir que sobre el archivo de los 300 expedientes, que la cifra llama la atención, debiéndose dar explicaciones claras sobre a qué se debe e archivo de las denuncias, evidenciando con esta manifestación que las explicaciones dadas por el fiscal Raúl Iglesias, no le parecen suficiente Sobre el tema también opinó el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, indicando que el fiscal Raúl Iglesias es una persona que aplica el derecho y la justicia, negándose a “cobrar al grito”, como pretenden los partidarios de la Ideología de Género.
Finalmente, sobre el tema el Presidente Lacalle Pou se ha manifestado, indicando el inconveniente que un tema tan sensible se mediatice, indicando que lo más conveniente es que el Fiscal de Corte Juan Gómez y el fiscal Iglesias “salden el asunto desde el punto de vista de sus competencias”.
Más allá de este último episodio que, en el caso tiene como protagonistas al fiscal Raúl Iglesias y al Fiscal de Corte Subrogante Juan Gómez, la conclusión de todo lo dicho en esta columna, es que el la FGN las cosas no andan bien y que urge que, sin lesionar la independencia técnica del Servicio y de sus Fiscales, el poder político tome cartas en el asunto.
Graziano Pascale, con un gran poder de síntesis se refirió a la situación de la siguiente forma: “El sistema político creó el nuevo status de la Fiscalía, aprobó el nuevo CPP, y después se lavó las manos. Ahora la realidad golpea la puerta”
La pregunta es: ¿el gobierno tendrá la templanza y firmeza como para “hacerse cargo” del problema y efectuar los cambios necesarios para corregir las desviaciones del sistema?
Por el bien de la República, esperemos que sí.