LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO ¿SOLUCIONA EL PROBLEMA?

La ley 19580 tiene algo más de 4 años de vida y supone un avance legislativo en el combate de la tan mentada y cobarde violencia machista. No podemos dudar que existe y de alguna forma u otra todos hemos sido responsables a través de nuestras micro conductas de aceptar un alto grado de machismo que discrimina a la mujer y la desprotege. También es parte del sedimento cultural que vamos heredando generación tras generación y está bien reparar en ello e ir corrigiendo patologías sociales en nuestros comportamientos.
Para los que creemos en la evolución más que en las revoluciones encontramos que es más eficaz el avance en lo cultural –o sea en las propias pautas que cada uno vamos cambiando- que en lo estrictamente jurídico. Pero no nos oponemos a ir acompasando el cambio en la sociedad con nuevas normas que reconozcan derechos y que fomenten la igualdad. Y a veces la igualdad se construye a través del reconocimiento que hay que tratar de manera desigual a los que por una causa u otra están ya en condiciones de desigualdad. Por tanto, tampoco me opongo a la tan mentada “discriminación positiva”. No obstante ello, debo decir que desde tengo uso de razón vengo abogando para que si se viola el espíritu y la letra del art 8 de la Constitución (el que establece que solo nos debe diferenciar los talentos y las virtudes), ese tipo de norma reparadoras deberían tener plazo o duración limitada. No me importa que sean 50 años o que estén sujetas a una condición resolutoria pero sí creo que no puedo petrificar una desigualdad en una norma. Pasa a ser un cheque en blanco hacia un género o una etnia o una orientación del tipo que sea. Si legislo en favor de la mujer puede llegar un punto en que me dé cuenta algún que debo corregir y legislar en sentido inverso porque me “pasé de rosca”. Y las normas luego que están en el ordenamiento jurídico no son tan fáciles de remover.
Por otro lado, si legislo (y así lo hizo el Uruguay con el voto de todos los partidos) en favor de la mujer y protegiéndola de la violencia machista debo analizar todo el contexto de ese ordenamiento jurídico y ver si no puedo estar cayendo en el error de corregir una desigualdad avalando en el camino un montón de injusticias. Por ahora solo puedo decir que el mayor avance que ha tenido es la generación de una montaña de cargos públicos y -algo no menor eso sí- ha generado mayor conciencia de la necesidad de cambiar muchas conductas.
En lo personal creo que no puede coexistir esta ley 19580 de violencia de género con el cambio de estos últimos años en el Código de Proceso Penal. Este último supone un cambio de paradigma en la concepción de cómo se administra la justicia en Uruguay. Le dimos a los fiscales todo el poder y control del proceso. Y cuando el caso llega a la consideración del juez ya puede llegar hasta con un acuerdo entre fiscal y defensa del imputado y el magistrado poco puede hacer más que ponerle la rúbrica. Y es lo que pasa en la práctica. Generalmente los jueces terminan avalando en su sentencia lo que ya viene procesado desde Fiscalía. En el anterior sistema inquisitivo el poder se concentraba en la esfera del magistrado y por tanto el control del proceso quedaba en manos de un poder judicial autónomo e independiente y con “cabeza neutral”. Hoy no. Hoy el proceso se concentra a partir de un perfil y función netamente acusatorio. No puede ser de otra manera. El fiscal es parte y tiene que cumplir ese rol y por más que haya fiscales de garantía y por más que no dudamos del profesionalismo de los fiscales…no podemos ser ingenuos y todos sabemos que están imbuidos además del espíritu de las nuevas normas. Y la ley de violencia de género es una norma nueva y con un perfil teleológico determinado. Apunta a erradicar la violencia machista, da un valor muy contundente a las denuncias y supone cambios en los principios de carga de la prueba. Los varones acusados pasan a ser culpables hasta que demuestren lo contrario. Es más, en el caso de menores la norma hasta ordena a que las pruebas “técnicas” de apreciación de los testimonios no pueden ir contra las declaraciones de ese tipo de testigos.
Por tanto, somos conscientes que entre muchas situaciones que vamos a perseguir machistas indeseables también van a caer un montón de denuncias falsas de personas que aprovechan “el viento a favor legal” para sacar provecho en situaciones de ruptura, de conflicto entre parejas etc etc. La ventana o mejor dicho la puerta por donde se escapa la tortuga es bastante ancha y esta ley la deja abierta. Y con el agravante que cada situación va a desembocar en juicios en los que el propio sistema (así como está diseñado) no da garantías para nadie.
No nos sorprende pues que haya derivado en el disparate de una fiscal con acuerdo de un juez termine planteando el allanamiento de una radio olvidando que ella está dentro de un ordenamiento jurídico más global en donde por cuidar la violencia de género no puede olvidar que existen otros sagrados derechos consagrados en la constitución como la libertad de expresión del pensamiento.
Hay gente que culpa exclusivamente a la fiscal o al Fiscal de Corte por estos extremos. Tal vez los pueda acompañar en parte porque me pareció además muy pobre la explicación del fiscal Gomez. Pero sigo creyendo que el problema es más delicado y más profundo que eso.
En lo personal creo que este periodo de gobierno tiene la enorme responsabilidad de corregir desviaciones como las que acabamos de vivir. Y pienso que lo correcto es entender que el nuevo CPP y la ley de violencia de género tal cual está redactada no pueden coexistir más. O cambiamos el proceso o cambiamos la ley. De lo contrario seguiremos viviendo una lógica de persecución y de corregir una injusticia con otra injusticia. La sociedad así pierde confianza en el sistema. Y todos ya sabemos cómo termina esta historia cuando la sociedad ve que sus más preciadas instituciones se desvalorizan y quedan expuestas a todo tipo de sospechas.
Entonces Presidente…Legisladores….¡a las cosas!.
jrrpuppo