Nos angustia profundamente el grado de deterioro económico, social e institucional que padece Argentina. En esta columna nos abocaremos, exclusivamente, a analizar la crisis de las instituciones y en especial del Poder Judicial.
Al frente del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el Dr Alberto Fernández, que accedió al cargo por obra y gracia de la actual Vicepresidenta Dra Cristina Fernández de Kirchner, quien antes había sido por dos períodos Presidenta de la Nación. Las desavenencias entre ambos son públicas y notorias lo cual contribuye a la inestabilidad al interior del Ejecutivo.
En el Poder Legislativo los duros enfrentamientos, en ambas Cámaras, entre los bloques oficialista (Frente de Todos) y opositor (Juntos por el Cambio), han determinado una parálisis de la labor legislativa y en especial en lo relativo al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, institución creada por la reforma constitucional de 1994.
Los integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público han sido denostados y agraviados constantemente por el oficialismo, y en especial por la Vicepresidenta de la Nación, antes y después que un Tribunal Federal Oral en lo Penal la haya condenado, el pasado 6 de diciembre, a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, por la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
Dicho fallo está sujeto a la revisión de una Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema. La Corte Suprema de la Nación cuenta actualmente con cuatro de sus cinco miembros y un porcentaje elevado de magistrados federales revisten la calidad de interinos, dado que no ha habido acuerdo en el Consejo de la Magistratura o en el Senado. Varios jueces y fiscales están bajo sospecha, dado los vínculos sociales que mantienen con políticos y empresarios de medios de comunicación.
Tradicionalmente en Argentina, los gobiernos, de jure o de facto, han conseguido tener una Justicia adicta a su proyecto político, lo cual es una aberración para el Estado de Derecho. El peronismo de 1947 a 1955 contó con un Poder Judicial obsecuente al extremo; derrocado Perón en 1955 la llamada Revolución Libertadora “depuró políticamente” al Poder Judicial, luego el Presidente Frondizi aumentó el número de miembros de la Corte de 5 a 7, hasta que la denominada Revolución Argentina de 1966 a 1973 removió a la Corte para designar una adicta a ella. Con el retorno del peronismo el 25 de mayo de 1973 y aprovechando la renuncia en pleno de la Corte Suprema, designó magistrados afines. Con el advenimiento del Proceso de Reorganización Nacional de 1976 a 1983 el Poder Judicial sufrió la última gran “depuración política”.
Restablecida la democracia el 10 de diciembre de 1983 se procuró un “saneamiento judicial democrático”. Durante el gobierno del Presidente Menem la Corte aumentó sus integrantes de 5 a 9 para lograr una Justicia que respondiera a sus políticas, el Presidente Kirchner redujo el número de 9 a 5 con la finalidad de contar con una Corte con criterios diferentes a la del menemismo, y por último el Presidente Macri, llegó al extremo de designar a dos miembros de la Corte, sin previo acuerdo del Senado, situación que fue regularizada a posteriori.
Este caos institucional tuvo un origen que poco se conoce. Instalado el primer gobierno peronista, las miras fueron puestas en la Corte Suprema de la Nación donde cuatro de sus cinco miembros habían dado muestras de no estar dispuestos a perder su independencia. Ellos eran los Dres Sagarna; Nazar Anchorena; Ramos Mejía y Repetto. El Dr Repetto renunciaría y el quinto miembro el Dr Casares no lo cuestionaban, dado que había sido designado por el gobierno militar del Gral Farrell, del que el por entonces Cnel Perón fue Ministro y Vicepresidente. Los tres Jueces Supremos y el Procurador General de la Nación Dr Álvarez eran intachables, no obstante el diputado peronista Decker el 8 de julio de 1946 formuló un pedido de juicio político sobre la base del hecho de que la Corte había dictado una Acordada, que reconocía al gobierno militar surgido del golpe de estado de 4 de junio de 1943. El motivo no sólo fue insólito, sino de una profunda deshonestidad intelectual y política, dado que se culpaba a la Corte de haber reconocido, imponiéndole límites, a un gobierno militar donde Perón tuvo un rol relevante, que propició su ascenso político y posterior triunfo electoral.
El gran jurista Dr Carlos Sánchez Viamonte expresó: “Opino que siempre es una inmoralidad castigar a quienes se consideran encubridores, dejando en la impunidad a los delincuentes y prefiero no calificar a quienes abominan del delito y son al mismo tiempo sus usufructuarios”. El 19 de setiembre de 1946 la Cámara de Representantes acusa ante el Senado y éste el 30 de abril de 1947 procede a dictar sentencia de destitución para todos los imputados. Ahora el Gral Perón podía designar a los magistrados supremos que le fuesen afines a sus políticas y para reaseguro uno de ellos sería el Dr Justo Álvarez Rodríguez cuñado de Eva Perón.
A partir de este olvidado episodio, la Corte Suprema dejo de tener la continuidad e independencia de que gozaba desde su integración plena en 1865 con el ingreso del eminente constituyente y jurista Dr José Benjamín Gorostiaga, quien fuere su Ministro desde 1865, con una interrupción de tres años y luego su Presidente de 1877 a 1887.
Qué tiempos aquéllos, donde el citado magistrado en un fallo estampó la célebre frase: “el asentimiento popular no debe confundirse con el consentimiento popular, dado que éste requiere siempre un acto de voluntad expresa y manifiesta”.
