La memoria colectiva de un país no debe ser objeto de ambigüedades ni de comentarios que siembren dudas sobre las heridas más profundas de nuestra historia. Las recientes declaraciones de Lucía Topolansky y José Mujica, planteando la posibilidad de la dudosa veracidad de testimonios en los juicios que condenaron a militares por delitos de lesa humanidad, no solo son irresponsables, sino profundamente hirientes. Estas afirmaciones, emitidas con medias tintas para no ser “botones” y por figuras emblemáticas, guste o no, de la política uruguaya, reabren heridas y sumen a muchas familias en una incertidumbre innecesaria y cruel.
Las personas encarceladas por estos crímenes han sido condenadas tras largos procesos judiciales basados en investigaciones, testimonios y evidencias. Sugerir ahora que esas condenas podrían haberse apoyado en mentiras desacredita el esfuerzo de los abogados defensores, pone en entredicho a los testigos y socava la credibilidad de la justicia. Más aún, estas declaraciones afectan directamente a las familias de los militares, quienes, además de enfrentar la estigmatización social, ahora deben lidiar con una angustia mayor: ¿Puede mi familiar estar cumpliendo una condena injusta basada en testimonios falsos?
Esta pregunta no solo es legítima, sino que puede catalogarse como una forma de tortura psicológica. Los familiares de los militares no solo han cargado con el peso de procesos judiciales largos y desgastantes, sino que ahora se enfrentan a la posibilidad de que dichos procesos hayan sido manipulados. Esta duda afecta también a los propios militares, quienes ven cuestionada su integridad y enfrentan un juicio social permanente que excede las salas de tribunales.
Topolansky y Mujica no son políticos cualquiera; su trayectoria los convierte en referentes cuya voz tiene un peso importante. Por eso, sus palabras no pueden ser tomadas a la ligera. Como líderes, tienen la responsabilidad de hablar con fundamentos sólidos, sin abrir grietas innecesarias en un proceso que no solo atañe a la justicia, sino también a la reconciliación de nuestra sociedad.
Por respeto a los militares encarcelados, a sus familias y a todos aquellos que trabajaron arduamente por defender nuestra democracia, es indispensable que quienes emiten este tipo de declaraciones comprendan la gravedad de sus palabras. Este no es un juego político ni una estrategia de distracción: es la vida y la dignidad de muchas personas lo que está en juego.
La democracia no debe ser utilizada como un campo donde se negocien principios fundamentales como la verdad y la justicia. Las declaraciones con pruebas de medias tintas no solo deslegitiman un sistema judicial que debería protegernos a todos. Es hora de que los responsables de estos comentarios asuman las consecuencias de sus palabras y respeten el esfuerzo que tantas familias han hecho por superar años de división y dolor.
No lo merecen los militares condenados, no lo merecen sus familias, no los mererecen los familiares de los Uruguayos fallecidos en la dictadura, no lo merecemos los que tenemos la responsabilidad de construir el futuro, por último y no menos importante, no lo merece nuestra democracia.
Los uruguayos, TODOS, no nos merecemos esto.
