Desde que se conformó la tribu para que el individuo tuviera un respaldo colectivo frente a la agresión, nuestra civilización buscó denodadamente un sistema humano que garantizara justicia e igualdad frente al abuso para terminar con la barbarie. La romántica leyenda de Robin Hood, el hombre que robaba al recaudador de impuestos representante de los poderosos gobernantes, para dárselo a los pobres, sigue vigente contra personajes que convierten a todos en pobres.
Reviviendo la leyenda del “forajido inglés”, cabe recordar que eran sus enemigos el Príncipe Juan Sin Tierra; su brazo ejecutor, el Sheriff de Nottingham, no era un emprendedor, sino el recaudador de impuestos. Los enemigos eran quienes rapiñaban desde el poder a todos los demás. Robin Hood no robaba a los ricos, sino que se dedicaba a devolver a sus legítimos dueños el dinero usurpado por los impuestos, utilizados por la oligarquía para vivir opulentamente. El tango “Cambalache” nos alerta que la barbarie sigue imperando con maldad insolente, también en este siglo XXI. Los mismos que antaño guillotinaron cuellos con puntillas por abusar del poder, hoy vuelven a construir el poder absoluto, impregnado con un elixir que promete el bienestar de la existencia subsidiada. Convencen a los pobres para dejarse robar, pesudos benefactores que se enriquecen disfrazados de “solidarios” redistribuidores.
Todo en nombre de un proyecto “nacional y popular”, que, paradójicamente, es global y oligárquico. La generosidad y altruismo de ellos, inducidos por tiempos papales argentinizados, los llevan a apropiarse de dólares imperialistas estadounidenses declamando simultáneamente ser antiimperialistas. Religiosamente elevan bolsos sobre muros de conventos consagrados a San Judas Tadeo, que encubren el pecaminoso delictivo del “servidor público”. La figura de Robin Hood es una de las banderas políticas favoritas del socialismo, usada como símbolo de la redistribución de la riqueza y de los impuestos progresivos.
Con el respaldo putativo de tan heroico personaje, basta con decretar el correspondiente impuesto redistributivo, para luego hacer desaparecer los recursos confiscados afanosamente. Esto es transversal y universal, hay políticos corruptos por abuso de poder de norte a sur y de este a oeste. Es difícil pensar en algo más placentero y desestresante que un buen golpe a los culpables de todos los males imaginables mientras se soluciona la pobreza en el mundo. Pero, como cuenta la historia, quienes principalmente pagarían por esto serían las familias y las empresas, destino final detrás de los intermediarios financieros. Además, la gran discusión es si lo recaudado va a ir destinado a las arcas de la burocracia políticamente impuesta, o a pagar los irresponsables déficits de sus gobiernos; para terminar expoliando a los ciudadanos en beneficio de los políticos. Robin Hood no habría sido partidario del socialismo, que concentra los recursos en el poder, sino todo lo contrario. Pero, peor aún, con absoluta impudicia el poder ha incorporado en otro viejo cuento: Alí Babá y los 40 ladrones. La idea de que el lucro ilícito es malo cuando es privado pero excusable cuando es para comprar votos e inflar la administración, o enriquecerse, pero repartir, solo esconde otra visión totalitaria del Estado.
Como si crear una red de transferencia de fondos a entes clientelares para comprar votos no fuese lucro, como si los fondos en paraísos fiscales y los gastos de dinero público en favorecerse no fueran lucro. En una sociedad donde se demoniza constantemente el afán de lucro es curiosa la facilidad con la que se ignora el afán de despilfarro, la apropiación indebida y la impunidad de gobernantes delincuentes. La corrupción no es de partidos, de sistemas, ni de países, sino de personas. El problema está en la misma existencia de estos mecanismos que se suponen que van a dar ayudas sin atender primero a lo que causa desempleo y dificultades financieras. ¿No sería mejor tener una administración facilitadora y una fiscalidad atractiva a invertir, emprender y generar recursos? El procedimiento de ayudas a los desempleados y empresas en crisis muta a un resultado todavía peor: designar ganadores y perdedores por afinidad política o cercanía al poder. No solo no se ayuda a los desfavorecidos, sino que se “ayuda” a los que no lo necesitaban o a los que robaban al Estado y ni siquiera cumplen sus obligaciones. Triplemente caro. Estos gastos no son un juego de suma cero. En el otro lado de la apropiación del dinero público y del pago de la coima, hay contribuyentes esforzándose y soportando la creciente presión tributaria. No existe el dinero público. Existe el dinero del contribuyente. Ese contribuyente que sufrió el aumento de la cuña fiscal mientras soporta estos casos de abuso de poder y corrupción. La falta del dinero ilícitamente apropiado o despilfarrado clientelar, ha privado de su derecho a acceder a empleo genuino y a ayudas sociales imprescindibles. Ha generado un costo inflacionario que impacta en los precios de los productos esenciales. ¿Cuántas empresas cayeron por la crisis de falta de recursos, fiscalidad depredadora y escollos burocráticos? Si algo nos muestran los casos de corrupción es que «el que parte y reparte y se lleva la mejor parte», y además, pretende la impunidad, destruyendo la institucionalidad.
Son muchas las lecciones del desastre social que han dejado gobiernos corruptos en América Latina. Entre los que llegaron a dirimir su responsabilidad penal en la Justicia están los de ex presidentes de México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, y Brasil. Un juez de Curitiba decidió que todos los juicios promovidos al expresidente Ignacio Lula da Silva, por su relación con los sobornos de la principal constructora brasileña, Odebrecht, son nulos, porque debían sustanciarse en Brasilia. Ese es el trasfondo de una decisión festejada por quienes creen que el socialismo del siglo XXI ha regresado a la región con Nicolás Maduro como su gran financista y el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, dirigidos por la dictadura cubana. Los casos anulados son los relacionados con la entrega de un apartamento triple ubicado en Guarujá, una finca en Atibaia, en el litoral del estado de Sao Paulo; una casa de campo en la misma localidad; una investigación sobre el Instituto Lula, y otra sobre supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht, involucrada en casos de sobornos a gobernantes en 12 países de América Latina. Por estos casos, el expresidente brasileño, uno de los padres del socialismo del siglo XXI junto a Hugo Chávez, fue condenado y llevado a la cárcel por corrupción y blanqueo de dinero. Según el juez brasileño que exculpó a Lula por supuestas formalidades, los casos en su contra, donde hay constructoras implicadas en Lava Jato, no tenían relación con los desvíos de dinero en la estatal Petrobras. La decisión judicial, y un país democrático, le permitió a Lula recuperar sus derechos políticos y una candidatura en las elecciones presidenciales de 2022. Su responsabilidad penal quedó probada, y se dirimirá la condena definitiva en tribunales federales.
El presidente argentino, dáctilo seleccionado por la vicepresidente, repitió contradicciones consigo mismo, haciendo gala de su profesión de fe “marxista”: “Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”. Obscenamente violó la Constitución en reiteración real con una injustificable intromisión directa sobre el Poder Judicial, arrastrando por el fango su investidura. En una acción propia de “El Padrino” profirió una amenaza mafiosa pública, refiriéndose al caso de otro Fiscal Nisman, “suicidado” por sicarios del poder, para “advertir” al Señor Fiscal Luciani, que casualmente también pide condenar a Cristina Elizabeth Fernández. El Fiscal pudo concretó su imputación y pedido de condena a 12 años de prisión de la multiprocesada Vice, por su condición de jefa de una asociación para delinquir, que perjudicó a los argentinos más de 1.000 millones de dólares. El robó desde la cúspide del poder, era una estructura de organización delictiva, integrado por funcionarios de rango ministerial, con la cobertura de quienes eran electos para defender a los argentinos de los que los robaran. Más de 2.000 millones de dólares circularon en bolsos a la Casa presidencial, y fueron retornos de coimas que compraron estancias, hoteles, y enriquecieron desde choferes y jardineros hasta secretarios, amantes y familiares. Resulta paradójico que todo el oficialismo y hasta ex magistrados respalden a la imputada después de kilómetros de pruebas que nunca refutó. La única defensa esgrimida, además de escudarse en fueros parlamentarios para no ir presa, es flagrante ineptitud para controlar a la banda delictiva, o supina ignorancia de los beneficios del retorno de las coimas a su patrimonio. La imputada se negó a declarar ante los Jueces. Realizó su argumentación política desde el recinto parlamentario, en el que debió controlar desviaciones de poder. En su diatriba unificó en la acción delictiva a toda la clase política, victimizándose de ser la única indagada por la Justicia. Con suma hipocresía fue designado su abogado defensor para presidir una Comisión revisora del Poder Judicial. No mencionar nunca su inocencia, denuncia a gritos que la corrupción es un cáncer que está matando a la República. Suamanuense presidencial preanuncia el final condenatorio de la imputada: ya estaría dispuesto a indultarla extemporáneamente. Es trágica la posición hegemónica que pretende ser juzgada por la historia, mientras promueve la histeria de los fanáticos de la corrupción de Estado. Para esta runfla delictiva los políticos que ejercen el poder debieran ser siempre impunes.
En Uruguay también, las imputaciones penales a los políticos se toman como una intromisión política de la Justicia. Muchísimos casos denunciados terminaron archivados. Otros claudicaron antes de empezar, como el del ex vicepresidente Sendic impelido a renunciar para aventar consecuencias políticas. Carolina Cosse pretende que es perseguida por haber gastado el triple en el ANTEL ARENA. “Lawfare” que la eximiría de responder dónde está el dinero público sin documentar. Si se corrompió o benefició a corruptos. Charles Carrera dispuso por años una utilización ilícita del Hospital Policial que habría encubierto una acción delictiva de personal bajo sus órdenes. Él y todo su partido político faltaron a la cita para esclarecer su responsabilidad a los uruguayos. Los partidos políticos se han convertido en cuevas de encubrimiento de los abusos del poder público, antes que en ejemplo de corrección cívica, moral o ética. Usan la política para conseguir recursos robados para conservar el poder. Rapiña de la plata que otros tienen que ganarse trabajando. Consiguen impunidad en fueros que no cubren el delito. Se eternizan en sus cargos usando el dinero esquivando responder por sus desvíos. “Si es de izquierda no es corrupto”, dijo un condenado, aunque se probó lo contrario. Se cobijan en la cueva ideológica la distribución del botín continental que rapiñan a pobres y a ricos. Despreciables personajes usan la alevosía de ser electos para servir a su país. Roban con los impuestos. Su voracidad los incita a otro delito, emitir de billetes falsos de respaldo productivo. Toman préstamos robando a las generaciones futuras. De estos delitos pasan directamente a la corrupción: el cohecho, la coima. Para conseguir impunidad, se escudan bastardamente en los fueros. Y cuando la Justicia reclama su responsabilidad, la amenazan, la agreden, la vapulean. Con ello nos dejan sin Instituciones y sin Democracia.
Peor, mucho peor que los 40 ladrones.