No debería ser necesario insistir sobre nuestros argumentos y nuestra opinión contraria a esta inadecuada receta para enfrentar cualquier tipo delictivo y mucho menos contra el microtráfico, con esta pretendida “bala de plata” que no es una panacea, sino fuego fatuo. Una maniobra dilatoria ante el profundo avance del Crimen Organizado; una mera táctica diversiva que parece ir contra el narcomenudeo, el cual no es otra cosa que el síntoma de una enfermedad mayor y más grave.
Las sucesivas intentonas de diversos actores políticos, no son más que la fáctica demostración de una supina ignorancia en la materia, evidenciada en que existen opiniones contrarias y fundamentadas, desde la Academia (constitucionalistas, destacados catedráticos, jueces y fiscales), como desde los profesionales de Policía, que pueden expresarse.
Los portavoces de esta convenienzuda e inútil propuesta se apoyan en visiones sesgadas y cubiertas de un manto de idoneidad y seriedad, al menos discutible. Además de no constituir un aserto jurídico, debe adicionarse la clara ligereza de tratamiento y el desconocimiento de la realidad operacional, que deberán asumir los efectivos intervinientes.
Es más, para nuestra gran sorpresa y perplejidad, se hace una enumeración taxativa de una relación de delitos. La cual nos hace cuestionarnos porque esos y no otros? Es un error que confirma nuestra afirmación de ignorancia y desconocimiento? O por el contrario es tan sintomático y adrede que deja fuera justamente todo lo relacionado con el crimen organizado y las mafias: el lavado de activos, la trata de personas, el gran contrabando, etcétera? Queremos creer que solo es fruto de la incompetencia y la falta de asesoramiento adecuado por parte de los legisladores que presentan la iniciativa (Sic) a pesar de no ser posible establecerlo con precisión. Pero tal vez la cohonestación y la cooptación haya llegado a salpicar en los entornos de la función legislativa, tanto como en la faz jurisdiccional y administrativa, lo cual sería realmente terrible. Seguramente alguien comenzara a rasgarse las vestiduras con actitud farisaica, ante esta afirmación, pero nadie con dos dedos de frente podrá decirnos que no existen elementos que llaman mucho la atención.
En efecto, tal parece que fuera necesario acotar las potestades de los efectivos actuantes – por alguna razón que desconocemos – para que no puedan direccionarse más que a una relación de figuras delictivas, lo cual al dejar fuera de manera “conveniente” – impresionando ser una maniobra clásica de “gattopardismo” o cambiar algo para que todo siga como está – lo relacionado al delito organizado y el lavado de activos.
Por cierto se le resta importancia también a los costos de variada índole que implicará: en presupuesto para la Fiscalía, con la designación de más fiscales, probablemente Adjuntos o designados exprofeso para la Nocturnidad; además a la Suprema Corte de Justicia en similares términos, dotando de Magistrados o Actuarios para atender a la eventual catarata de solicitudes de Órdenes de ese tipo. Ni hablar, en todo lo referido a mejorar el Ciclo de Personal de la Policía, en lo atinente a una notoria mejora del reclutamiento y una profunda especialización en la capacitación y formación del personal de ambas Escalas Básica y Superior. Sumando a ellos una fuerte inversión en vehículos blindados, drones artillados, visores nocturnos individuales, miras laser o calóricas, armas de puño de calibres adecuados – con “stopping power”(40 S/W o 41) – para dejar fuera de combate a los delincuentes en los enfrentamientos, además de cámaras Go-Pro individuales, etcétera.
Claro está que sobraran las sonrisas sarcásticas y los comentarios de “opinadores vespertinos” y técnicos de “talk show” acerca de estos requerimientos para garantizar la triple seguridad; de los actuantes, tanto como de los indiciados, y de todas las personas del entorno o circunstantes. Eso sí, la responsabilidades seguirán siendo de los uniformados.
En consecuencia se concluye que o bien se elimina de plano la relación de delitos o de lo contrario se redacta de otra forma que no resulte claramente taxativa y sino malintencionada, al menos errónea. Eventualmente y si se persiste empecinadamente en la iniciativa – tal como parece sucederá – y en esta lista que integran los delitos sexuales, los violentos – todos contra la persona – así como los de Genocidio y Lesa Humanidad; Explotación Sexual de Menores e Incapaces; referidos al monopolio estatal del comercio de sustancias sicotrópicas; de la Tenencia y Porte de Armas; deberán incorporarse las figuras relacionadas al crimen organizado y mafias, a saber: Lavado de Activos, Tráfico de Personas, etcétera.
De todas formas nos cuestionamos si esta medida provocará un cambio real en la Seguridad Pública? Es una herramienta de tanta utilidad para eliminar el sentimiento creciente de Inseguridad? O apenas será otra medida paliativa y un tirar la pelota para adelante.Consideramos que no ataca directamente a la realidad que es el ingreso ilegal y tangible, de las drogas por la hidrovia Paraná-Paraguay; puesto que no aporta a evitar que lleguen al territorio, antes de ser enviadas a su destino final y dejen su huella por el camino, como parte del pago por los servicios logísticos y de custodia de aeronaves, camiones, contenedores, etc.), además de la enorme infraestructura de bandas delictivas dedicadas al traslado, acopio, distribución, embarque y comercialización.
Justamente el narcomenudeo es el último síntoma, a pesar de que las “bocas” de expendio golpean notoriamente a los vecinos en las ciudades del interior y en los barrios metropolitanos. La mentada Sorpresa de las operaciones nocturnas, es una trampa que se da vuelta con solo poner pie debajo de los vehículos, puesto que las “familias” que controlan el territorio tienen montado un sistema de “campanas” con vigías u observadores apostados en el entorno del lugar, mantienen varios perros bravos y muy comúnmente instalan cámaras para observar el perímetro exterior. Luego a partir de la detección de las fuerzas intervinientes no solo cortan la energía que de manera algo ingenua y rayana en lo pueril utilizan algunos defensores de este instrumento, omitiendo que el otro también juega y no nos está esperando con buenas intenciones.
Está claro que ni el artículo 11 Constitución esta desfasado, ni la luz esperara encendida al ingreso de los efectivos, por lo cual en cambio hay que esperar la reacción violenta o al menos entorpecedora y sus concomitantes riesgos, dado que deben tenerse presentes los inevitables daños colaterales y los costos políticos, civiles, económicos y el probable muy dudoso resultado sobre los derechos fundamentales de las personas.
No debería obviarse que esta iniciativa, por más que se intente maquillar, con el pobre argumento de que se presentó en conjunto con otras (“Vivir sin miedo”), no obtuvo los votos suficientes, lo cual según las doctrinas más recibidas debería esperar el paso del tiempo – 20 años – para que haya otra generación.
Lo que tampoco es garantía de que algún empecinado y fanático en pos de su objetivo vuelva una y otra vez a plantear lo que la Soberanía Popular ha desestimado. Basta recordar lo atinente a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, acerca de la cual no bastaron un referéndum y un plebiscito, con diferencia de 20 años entre ambos, puesto que después, la mayoría absoluta del legislativo progresista aprobó forzadamente una Ley Interpretativa. No parece adecuado aceptar una ley interpretativa, cuando es una argucia para imponer lo no aceptado y convalidar tácita y tangencialmente otra, que ha provocado la muerte en prisión de una veintena y la permanencia privados de libertad de varias decenas, de quienes debieron enfrentar a la guerrilla que asaltó a las instituciones republicanas.
A esta altura cabe incluso preguntarse si dentro de unos años no volverán a surgir – en otro contexto histórico – otros iluminados que quieran juzgar a los que lleven adelante este tipo de Allanamientos Nocturnos?
Insistimos en la inconveniencia de cercenar la posibilidad de incautación u ocupación de un sinfín de elementos que se relacionan no solamente a los delitos contra la propiedad, la persona y el tráfico de drogas, sino incluso con el lavado de activos, la trata de personas, la venta de órganos y un sinnúmero de figuras delictivas, cuya lista es no solo extensa, sino que se “aggiorna” a medida que el crimen organizado se enquista en el territorio, ingresando o saliendo a través de las porosas fronteras: seca o húmeda, carentes de una red de radares y escáneres, necesarios y suficientes para controlar no unas pocas decenas de camiones y vehículos, de contenedores y avionetas; sino por el contrario todos y cada uno. Además patrullando con lanchas rápidas, helicópteros, camionetas 4 x 4, motos todo terreno o bien a caballo; para galvanizar – electrificar y metalizar – el “queso gruyere” en que ha convertido tanto el litoral del Río Uruguay, como el norte y la zona este del territorio. Los límites son casi incontrolables por el ojo humano, si no se provee de los medios tecnológicos modernos con los cuales indudablemente cuentan las grandes organizaciones criminales, de las que las bocas son apenas el síntoma último del cáncer que debe preocuparnos y afecta a toda la sub-región , desde Perú y Bolivia hasta el Plata y desde el Pacífico, hasta el Atlántico.
Hay gato encerrado, para legislar de manera defectuosa algo en principio peligroso que algunos asesores letrados y defensores de mafiosos y narcos intentarán utilizar para que zafen por un tecnicismo como este.
A pesar de incorporar la participación de integrantes de la Fiscalía – lo cual era sugerencia nuestra – no está remarcado enfáticamente el carácter preceptivo de la presencia de un Fiscal sea cual fuere y que debería ser reglamentado detalladamente. Esto sin duda es una garantía, aun cuando no se menciona la factibilidad de la presencia del Magistrado que otorga la Orden de Allanamiento, siempre que lo considere conveniente.
Tampoco debe dejarse de analizar si la presencia del Juez que expide la Orden debería ser de carácter preceptivo o facultativo y cuáles serían los recursos humanos y materiales necesarios a esos efectos, siendo innegable que coadyuvaría como garantía para todos.
Es innegable que nada de esto elimina los riesgos inherentes a este tipo de procedimientos, pese a que se posea buena información, detallada planificación y una ejecución profesional, pero se plantea una diáfana disyuntiva: la del costo, los riesgos y la aplicabilidad versus los beneficios en la realidad fáctica investigativa y procesal. El horizonte de expectativa de los allanamientos nocturnos es muy pequeño, mucho más pobre y acotado de lo que lo presentan. Tan es así que ninguno de los señores oficiales generales o superiores en situación de retiro, lo plantea, ni lo defienden, por el contrario, todos le asignan serios inconvenientes y riesgos para con los derechos de los ciudadanos sean los administrados como los actuantes.
Una posible alternativa en vistas a su mejora es que previo a su eventual aprobación, se pueda contar con la visión y aporte de los operadores intervinientes en el sistema jurídico penal, entendiéndose por tales: jueces, fiscales, defensores y mandos policiales.
Sugerimos pues, se trate en el seno de las Comisiones de Constitución, Legislación y Códigos; y de Seguridad Pública (Parlamento) e incluso en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia (M.I.), y en esos ámbitos sean convocadas la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Defensores Públicos y Mandos operativos de la Institución policial por intermedio de las Instituciones más representativas (C.P.U., ANPRU, etc.) para recabar las opiniones técnicas de todos.
Una vez más, no estamos de acuerdo con legislar a favor de los allanamientos nocturnos, que puede constituirse en una poderosa y peligrosa “trampa de oso” que tanto atrapa al objeto de persecución como al cazador.
Esta reiterada iniciativa No es más que onanismo intelectual por parte de ciertos actores, que buscan la autocomplacencia; de sus propios oídos primero y en segunda instancia tener demagógicamente, algo que decir, para pescar votos en virtud del simplismo de su razonamiento y ante la pésima gestión que en Seguridad Pública ha realizado y hace hasta el día de hoy el Ministerio del Interior, en manos de connotados cuadros del Partido Nacional y en parte con la connivencia y asesoramiento de Ciudadanos del P. Colorado, que los han embarcado en otra nave que también encallará el mar de sargazos en el que tozuda e inexplicablemente una vez más se han empecinado, en adoptar otro rumbo dudoso y no porque Cabildo Abierto no haya hecho repetidos y sucesivos aportes, de manera altruista y con el único interés de la mejora de la Seguridad Pública de la población.
