Una frase recurrente que utilizamos tantas veces, en un bar, en una tienda, ante cualquier compra que hagamos, preguntamos a quien nos atiende, ¿qué estoy debiendo?, significando cuanto debo pagar.
Pero también esta frase se ha vuelto frecuente en la actualidad, cuando el tema, ya en escala gigante, nos referimos al endeudamiento de personas.
Cabildo Abierto y su líder en particular, comenzaron desde hace un par de años a ocuparse de un asunto que involucra a miles de uruguayos, relacionados con deudas contraídas por préstamos al consumo o diferentes créditos, que, al no haber sido cumplidos o saldados en tiempo y forma, han generado esta situación.
Como bien apunta el senador Manini, esto se ha convertido en algo escandaloso por la dimensión y la cantidad de personas afectadas.
Para dimensionarlo, hay cerca de un millón de uruguayos en el clearing de informes y casi setecientos mil ya catalogados como deudores incobrables.
Esto es personas que deben y no tienen bienes ni forma de que el acreedor se pueda resarcir de lo debido. En mayo pasado según el INE, hubo un millón ochocientos mil personas económicamente activas, o sea en edad de trabajar.
Cada 3 personas que trabajan o podrían trabajar, una es insolvente. Como va a poner un negocio o comprar una casa o atender una enfermedad si es insolvente, si no puede tomar un crédito.
Uruguay sufre su falta de población y tenemos a un tercio de su capacidad de trabajo atrapada, atada al pie de su cama, sin poder moverse.
Acontece esto debido a que, quienes se han ido atrasando en el pago de sus obligaciones, se ven sometidos a recargos, moras y la aplicación de intereses que recaen sobre las mismas, convirtiéndose en sumas imposibles de abonar.
Esto ocurre particularmente con las tarjetas de crédito que alientan a pagar el mínimo y acorralan al deudor incauto.
En segundo término, las financieras que cobran como mínimo un 80 % de interés por préstamos de consumo, en un país con 7% de inflación, prevista para este 2023 y bajando, ganan un 1000 % las financieras, otro escándalo.
Las cooperativas cobran mucho menos y así los están atacando por todos lados.
La voracidad del sistema financiero no tiene límites y se ensañan con el que tiene una necesidad insoslayable de comer o de curarse, el BROU es el que viene salvando a la gente pobre y a los jubilados.
Hay que ver la cantidad de familias que dependen de un “viejito” que les saca crédito a todos y van tirando, algo realmente insostenible.
Se hace referencia al artículo 52 de la Constitución, el que determina claramente que se prohíbe la usura, siendo ésta, el interés excesivo que se cobra sobre un préstamo.
Como bien se menciona, para poder entender cuál es la raíz del problema, si en nuestro país la inflación no supera el 10% anual, como se puede admitir que se cobren intereses que superan más del 100% sobre un crédito.
No parece un criterio justo, no parece un trato lógico o racional que esos porcentajes sean de tal desproporción, lo cual impacta sobre la buena voluntad que puedan tener muchas personas en cuanto a cumplir sus obligaciones.
Innumerables razones pueden llevar a que no podamos cumplir en tiempo y forma con una deuda y cuando queremos ponernos al día con la misma, es cuando aparecen las sorpresas de los montos a los que debemos asumir, es una trampa mortal en letra chica.
Sabemos también, que estamos en un mundo donde existen muchos “avivados”, que no tienen intención de cumplir con la deuda contraída, aunque esa no es la regla.
Una ley elaborada en el gobierno del Frente Amplio en el año 2007 permitió la aplicación de esos intereses, alcanzando actualmente esas cifras ilógicas de personas con ese estigma sobre si, o sea, estar en el clearing o ser deudor incobrable.
Nadie en el sistema político, que debe en primera instancia atender a los problemas verdaderos e importantes de los ciudadanos, había prestado atención a esto, convertido en un desborde de proporciones gigantescas.
De ahí la iniciativa de Cabildo Abierto, cuyo líder ha dado varias veces la vuelta al país escuchando al gaucho y al obrero del pequeño pueblo de Artigas a Colonia y de Fray Bentos a Treinta y tres, o del barrio perdido de Montevideo de buscar solución a este problema, habiendo presentado un proyecto en la comisión del parlamento que trata estos asuntos, habiendo obtenido la unanimidad en el apoyo de los otros partidos a la propuesta.
Al ser presentado en el plenario de la Cámara, el mismo en forma sorpresiva, ya no contó con aquel apoyo inicial, naufragando así la iniciativa.
Interesante saber para los investigadores, que aparecen a veces, que cosa aconteció para que hubiera ese cambio tan radical en aquel apoyo, convertido luego en la negatividad a acompañarlo y votarlo.
En esa circunstancia, Cabildo anunció, que esperarían un plazo prudente, autoimpuesto, a la espera de aportes desde otras tiendas políticas, o de lo contrario tomarían el camino de recolección de firmas para un plebiscito y porque con la necesidad de la gente no se puede jugar.
Llegado a este punto, podemos hacer algunas reflexiones que nos permitan refrescar el pensamiento, las ideas y entender un poco el panorama general.
¿Cómo es que nadie del sistema político advirtió de semejante problema con anterioridad a la existencia de Cabildo Abierto?
¿Cómo pudo haber unanimidad para votar una ley a favor contraria a los intereses de la gente, a quien el sistema político nos machaca diciendo que defiende, en aquel parlamento dominado por la izquierda en 2007?
¿Qué puede haber acontecido para un cambio repentino, para pasar del apoyo a una solución del problema, a la negativa en esta legislatura actual?
¿Será simplemente una oposición al voto, porque es una iniciativa de Cabildo Abierto, al que se le coloca bajo la lupa y cuestionan sus iniciativas, o habrá habido un golpe de timón de los que gobiernan tras bambalinas?
¿Será que se accionaron algunos mecanismos de los poderosos intereses de quienes otorgan créditos, que vieron que podían afectarse sus ganancias?
¿O tal vez, ya casi en sospecha, debamos pensar, que el financiamiento de campañas o partidos, podían ser afectados si esto se apoyaba?
Seguramente es un negocio muy interesante y por demás rentable, para que veamos el despliegue de publicidad ofreciendo préstamos a través de tantas ofertas.
Son algunas reflexiones que hacemos, aunque seguramente el lector podrá agregar algunas más.
Al no haber otros proyectos, Cabildo optó por ir a la recolección de firmas para impulsar un plebiscito, que permita establecer intereses racionales, así como reestructurar las deudas convirtiéndolas en “deudas justas”.
Por tanto, propone, establecer un tope máximo como tasa efectiva anual, un 30% sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas.
Las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023, en distintas monedas, pesos, dólares o unidades reajustables, se propone que puedan ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido en Unidades Indexadas.
El monto resultante se le aplica una tasa efectiva anual del 4% por todo concepto, intereses, multas, recargo, moras, etc., a lo que se descontará los montos que efectivamente ya se hubieran saldado.
Además, establece un tope, a que deudas comprende esta iniciativa, siendo de 200.000 Unidades Indexadas a las que abarca.
En una segunda ola de reflexiones podemos comentar, que parece una interesante opción esta iniciativa para poder dar solución a esta problemática.
Coloca en condiciones de negociar a acreedores y deudores en forma favorable a ambas partes, ya que al establecer el criterio de “deuda justa”, habilita a que los acreedores puedan cobrar algo que estaba perdido, como a quienes son deudores, puedan retomar su capacidad operativa comercial.
Creemos que es positivo, que miles de personas puedan reiniciar su capacidad de consumo en condiciones normales, sin tener que someterse a la búsqueda de préstamos que han maniatado tantos bolsillos, como sumido en esta especie de apartheid comercial a miles de personas.
A tantos comerciantes, que puedan sumar a miles de nuevos consumidores que serían rescatados de este ostracismo económico.
Algunas repercusiones ya hubo, cuando el activo y numeroso mercado de créditos al consumo, ya ha reducido sus usureras tasas de interés, por lo menos en algunos puntos.
Por estos días han surgido algunas amagues de nuevos proyectos alternativos, según anuncia el partido nacional, aunque no sabemos de su contenido o sus intenciones.
Seguramente esta movida de Cabildo Abierto a provocado inquietud en filas de los demás partidos, que adoptarán una actitud vigilante para saber cómo evoluciona la recolección de firmas.
También han aparecido varios mensajeros, que argumentan que se están cambiando las reglas de juego, que se entrometen en acuerdos entre privados, que de esta forma se afecta la seguridad de los contratos.
Las supuestas reglas, en definitiva, siempre se están cambiando, porque varían circunstancias, se deben ajustar normas, adecuar procedimientos, etc.
De lo contrario ondearía la bandera española y reinaría Don Carlos, para eso están los gobiernos, para detectar problemas y darles soluciones sustentables que movilicen la economía y la hagan crecer.
No cumplir con la Constitución y permitir la usura de hecho, aunque no legalmente, es el primer incumplimiento que hay, no tomar medidas es admitir una irregularidad, porque, además, es obligación del Estado la salvaguarda de los intereses de las personas cuando en un contrato, aunque sea entre privados, se cometen abusos y no se regulan.
Lo que han hecho en 2007 los señores frentistas liderados por el Cr. Astori es autorizar la usura por ley y ya llevan 16 años, es hora de para tamaño atropello a los que menos tienen y poco saben de asuntos contables.
¿Acaso, la llamada “ley de género”, no cambio las reglas de juego, alterando la igualdad entre hombres y mujeres?
Que un hombre por ser hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
La nueva jurisprudencia frentista de la que se agarran con uñas y dientes algunos fiscales.
¿Desconocer dos pronunciamientos del soberano sobre la Ley de Caducidad no cambió también las reglas de juego?
Con estos dos ejemplos, no hemos visto a los preocupados, por supuestos cambios en las reglas de juego, emitir opinión, a pesar de que en ambos casos se desconoce la Constitución, como tantas otras reglas de juego.
Coherencia nos hace falta, otra señora que como la de la justicia se ha ido de vacaciones.
Imaginamos a miles de personas que les comprende la situación de deudores, ansiosos por firmar para encontrar una solución a su angustia de tanto tiempo.
Pero también a quienes no lo son, o nunca lo fueron, en el entendido que no tenemos asegurado en esta vida situaciones no imaginables que nos puedan alcanzar.
Hay que asegurar que, en el futuro, ante el requerimiento de un préstamo, las tasas de interés que se aplicarán serán adecuadas, no usureras, para permitir saldar mi deuda en forma razonable, con el criterio de “deuda justa”.
Pienso en todos aquellos “idealistas” que se han quejado, con razón, sobre el accionar de bancos y casas de crédito, sobre los intereses que cobraban, en ese discurso principista contra el “gran capital”. ¡Donde están los Pereira y los Abdala!
En los que argumentaban que se llevaban ganancias al extranjero o al famoso “imperio Yanqui”, esperamos que ya habrán estampado su firma ahora que pueden hacerlo y tienen oportunidad para cambiar las reglas.
O sea, no debería haber uruguayos ajenos o prescindentes de sumarse en esta apuesta, que busca aportar justicia a un tema olvidado y que afecta a tantos.
Nos preguntamos si finalmente habrá terminado la hora de la plutocracia vernácula y habrá llegado el momento de que “los más humildes, sean los más privilegiados”, como profesaba nuestro prócer en su época de gloria.
Veremos si desde el discurso al hecho, hay un gran trecho, o verdaderamente los uruguayos están dispuestos a dar un paso a su favor, sacudimos la inercia que en tantas ocasiones nos inmoviliza, ahora que existe esta alternativa.
Gran noticia sería, que en el futuro cuando nos hiciéramos la pregunta de ¿qué estoy debiendo?, podamos decir, lo justo y puedo pagarlo.
Daniel García
