¿QUIEN FISCALIZA AL FISCAL? Por Daniel García

En el año 2017 comenzó a convivir a diario con nosotros la famosa fiscalía general de la Nación en consonancia de la creación de un Nuevo Código General del Proceso, el que vino a modificar sustancialmente los procesos relacionados con la justicia.

Sin entrar en estos detalles, complejos o engorrosos para la mayoría ajena al área judicial, la intervención de abogados, fiscales y jueces, nos queremos referir a algún aspecto como es el caso de la llamada fiscalía de delitos de lesa humanidad.

Como resultado del conocido Estatuto de Roma, un acuerdo internacional que pretende regular aquellos delitos denominados de lesa humanidad, genocidio o de guerra, que Uruguay suscribe a partir del año 2006, dicha fiscalía toma injerencia y protagonismo con el fiscal Ricardo Perciballe a la cabeza.

Lo primero que llama la atención, es que se cree la misma, para tratar delitos que eventualmente ocurran a partir del año 2006 en que toma vigencia, pero, sin embargo, el fiscal corre y atiende, en forma por demás mediática, los supuestos delitos ocurridos en los años setenta productos de la guerra interna contra el terrorismo. Dice el Estatuto:

Como marco para la actuación judicial, siempre hemos sabido que las leyes nunca pueden ser retroactivas, aplican desde su promulgación hacia el futuro.

Por lo tanto, aparece una primera irregularidad, en el nombre y en los delitos que pretende juzgar.

Los hechos por los que hoy hay militares y policías detenidos, fueron acciones propias de la intervención dada por las autoridades legítimas de la época para combatir a los terroristas, o por la determinación parlamentaria de la existencia de un estado de guerra interno que habilitaba a las FFAA a intervenir.

Podrán haber ocurrido hechos muy horrendos, excesos, apremios, muertes, como lamentablemente ocurre en todas las guerras y cada cual podrá hacer su condena más enérgica o repudiable, pero el delito de lesa humanidad no existía como tal.

Pero peor aún, hoy asistimos al encarcelamiento de militares que actuaron en el marco que describíamos anteriormente, por supuestos delitos de tortura y privación de libertad, ¡cincuenta años después y con condenas de doce años!!

Hoy vemos controversias públicas para determinar si un homicida recibe dos o seis años de prisión, en momentos en que el crimen organizado, bandas de narcotraficantes, asesinan en forma salvaje a sus víctimas, algo parece que escapa a la lógica.

Acusaciones por mera convicción, autopsias históricas, testigos dudosos o más bien inventados, declaraciones en grupo acordadas previamente, intuición propia del fiscal, forman parte de un abanico de irregularidades de las que el fiscal Perciballe se ha valido, según lo repite una y otra vez con desparpajo en cada programa al que se lo invita.

Para llevar a cabo procesamientos de militares y policías que solo obedecían órdenes de sus autoridades legítimas y legitimadas ya sea por el voto o por acuerdos de otra esfera muy superior a la que ellos actuaban.

La cabeza le dice al pie que camine y el pie es condenado cincuenta años después por haber avanzado cincuenta metros.

Pero el fiscal, que además se caracteriza por un gran manejo mediático, se ha despachado en algún medio con declaraciones que nos muestran un sesgo o una notoria predisposición en sus juicios sobre las FFAA.

¿Qué diferencias hay?», dijo el fiscal comparando la dictadura con el holocausto. «Es un tema de escala, porque acá hubo muertes, desapariciones, violaciones. Lo que pasó en el nazismo, acá pasó. Esto es un crimen de lesa humanidad»

Esta comparación, que pretende igualar las acciones de las FFAA en el marco de una guerra interna, por orden de las autoridades nacionales, no puede dejarse pasar sin emitir la más firme condena o crítica ante esta irresponsabilidad.

No nos cansaremos de repetir, que Uruguay recibió una agresión internacional, a través de la ex URSS y Cuba, con su apoyo logístico, de entrenamiento y financiación a los grupos armados terroristas que pretendían tomar el poder.

El estado utilizó sus leyes e instituciones para dar combate a esta agresión, con sus FFAA, que tienen como misión la salvaguarda de la soberanía ante agresiones externas o internas.

Un accionar legítimo, el respaldo institucional, el apoyo de la mayoría de la ciudadanía al combate antisubversivo, dieron el marco necesario para que se cumpliera la misión encomendada a las FFAA.

Misión, que no debemos olvidar, porque siempre se omite, hay muchos de corta memoria, que el sistema político de la época no sabía cómo resolver el caos, acosado por un reclamo popular de poner orden y fin a la orgía de sangre y fuego desatada por el movimiento terrorista.

Por tanto, el Sr. Fiscal Perciballe, no puede, tan suelto de cuerpo, lanzar una acusación tan agraviante del buen nombre y la historia dos veces centenaria de nuestras FFAA, comparando una guerra justa y necesaria con el nazismo.

Porque el fiscal además olvida, así como tantos otros, las barbaridades perpetradas por los terroristas, que asesinaron, hicieron desaparecer personas, hasta propios militantes como el caso de Roxana Leal Rovira quien era integrante del comando tupamaro del atentado del 18 de mayo de 1972.

La misma cae de una moto en forma accidental, es trasladada a un hospital clandestino para su atención, pero fallece por las heridas.

El MLN determina su enterramiento en forma clandestina en una finca que usaba la organización, la cual, al ser allanada por las FFAA, se incauta un arsenal, y allí también se encuentra el cadáver enterrado de esa sediciosa.

Carlos Alberto Varela, otro sedicioso que fallece por un disparo propio en los montes del Queguay, cuando los “iluminados” soñaban con la lucha rural. Varela termina enterrado por sus propios compañeros.

Y Sr. Fiscal, por favor, no se olvide de Pascasio Báez, quien fue el primer desaparecido, a manos de los terroristas sediciosos en un brutal crimen imposible de olvidar.

Recientemente se publicó en las redes, un documento que indica que el citado fiscal, realizaba visitas al el Penal de Libertad, cuando en el mismo estaban detenidos los integrantes de los movimientos terroristas luego de ser juzgados por sus delitos.

Concretamente visitaba a su primo Dardo Maidana Perciballe según vemos a continuación:

Pero como el Estatuto de Roma tiene previsiones veamos lo que dice en su artículo 42:

Entonces, la primera conclusión a la que podemos arribar es que, el fiscal en cuestión no estaría habilitado para seguir al frente de esta fiscalía, debido a su implicancia familiar, directamente ligada a las causas que el fiscal dedica tiempo y esfuerzo, cosa que queda bastante obvia a la luz del documento anterior.

Aunque también debemos considerar la gran picardía, por decirlo coloquialmente, que anima al fiscal Perciballe, cuando ante la última aparición de restos humanos en el Batallón de Infantería N° 14, los cotejos realizados a nivel de antropología no arrojaron resultados positivos.

Ahora propone el fiscal, apelar a personal subalterno que haya participado de procesos de enterramientos, no como responsables, sino en forma “tangencial” y que puedan aportar información.

Para ello, el fiscal asegura que se renuncia a la persecución penal, en virtud que esos delitos estarían caducados.

Quiero entender, ¿cómo es posible que delitos cometidos en el mismo tiempo, unos caduquen y otros se sigan juzgando como si fueran de ayer?

Porque hay una clara intención del fiscal que es, juzgar a los oficiales, ya convertidos por esta fiscalía, en una especie de “botín de guerra”.

Perdonando a personal de menor jerarquía, lo que apunta directamente a demoler uno de los principios fundamentales de cualquier estructura militar, colocando subalternos contra superiores, al pretender establecer un claro sistema de delaciones. La vieja receta del odio de clases.

Recientemente ante una inverosímil “reconstrucción del llamado caso de las “muchachas de abril”, el fiscal ha instalado la teoría de que la muerte del Cap. Gutiérrez en dicho enfrentamiento fue a consecuencia del fuego de la propia patrulla, lo que es una nueva tergiversación de la historia real y los culpables.

Pensamos que alguien debe poner freno a esta suma de irregularidades, arbitrariedades y juicios interminables que tienen de rehenes a viejos soldados, que hace cincuenta años solo cumplieron las órdenes que su país y las legítimas autoridades les dieron.

Hay que devolver a sus familias a estos soldados que cumplen condenas con carácter de perpetuas, cuando hablamos de hombres de más de setenta, ochenta y noventa años, muchos con graves enfermedades.

¿Hasta cuándo se va a permitir que siga operando esta venganza que arrastra y embarra a la verdadera justicia, hasta cuando las autoridades seguirán ignorando esto, hasta cuando se seguirá violando la ley de caducidad refrendada dos veces por la ciudadanía? Sistema político todo:

¿Quién fiscaliza al fiscal?

Daniel García