El martes tres de mayo y bajo el título “Carta pública: un llamado a la reflexión y al desagravio en torno al caso del profesor Sambarino” se dio a conocer a través de distintos medios de difusión una nota firmada por destacados docentes de la Universidad de la República dirigida al Rector Licenciado Rodrigo Arim. En ella referían al caso del docente universitario acusado por una colega de acoso. Del relato de los hechos surge que en una primera instancia y en el marco de una investigación administrativa, presumo que luego devino en sumario, la Dirección General de Jurídica de Udelar (DGJ) dictaminó ‘la existencia de acoso sexual’ y concluyó que ‘hay credibilidad objetiva y verosimilitud en la denuncia’. Sin embargo y en una instancia posterior, la Comisión Nacional de Servicio Civil manifiesta que “no se ha acreditado la configuración de los presupuestos para proceder a la destitución propuesta”. A ello se agrega el dictamen de dos calificados juristas. Expresa textualmente la nota referida “se suman los informes elaborados por los abogados Dr. Martín Risso, constitucionalista, y Dra. Marina Morelli, integrante de la organización ‘Mujer Ahora’, con amplia experiencia en la temática de género.” Y culmina la nota en su último párrafo diciendo “Consideramos que no se puede, aún en nombre de una causa justa, atropellar el derecho de las personas; esto termina volviéndose en contra de la lucha por la igualdad de género y desacreditando las denuncias.
Entendemos que los distintos colectivos de Udelar se deben una amplia y profunda reflexión sobre su accionar”
Pues bien, reflexionemos. No he tenido acceso a este expediente ni a muchos otros que han sido tapa de diarios y titular de los noticieros. Pero veo sí que una acusación agraviante, infamante como sin duda lo es la de acoso sexual culmina con falta de pruebas. Esta historia lamentablemente se repite. No es la primera vez que un acusado es lisa y llanamente “escrachado” en los medios y luego termina siendo declarado inocente. Sin ir más lejos, en este momento hay un legislador en la mira y un docente del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga. Y yo no tengo ni idea de las circunstancias de hecho que rodean a cada caso. Y no son los únicos, pero tienen algo que merece la pena analizar de estos tres casos elegidos. Los tres han tenido más o menos prensa. El primer caso, el del docente universitario, contó con el apoyo explícito de sus colegas, cosa que me parece muy bien y tuvo mucha prensa al momento de la acusación. Cosa distinta la del legislador, los medios se manejaron con mucha cautela y recién después de un pronunciamiento judicial se hizo pública la situación. El caso del docente del liceo, hoy es noticia porque sus colegas rechazan su reintegro. En ninguno de los tres casos la prensa en general se ha tomado el trabajo de ser cauteloso y con sus titulares termina asumiendo como cierta la acusación. Pero lo que es peor, en el primer caso ha tenido el acusado el apoyo de una parte relevante de los docentes universitarios. En el caso del legislador ha tenido el apoyo de su Partido Político que lo ayudó a llevar con muy bajo perfil la infamante acusación. ¿Y el tercer caso? Pues parece que no tiene ni el apoyo de su comunidad ni un partido político que lo cobije y por tanto, parece que hubiera “piedra libre” para ponerlo en la picota y escracharlo.
Si vamos a reflexionar, pues hagámoslo sensatamente. Tengamos cuidado cuando se acusa a cualquier persona de por lo menos esperar un pronunciamiento de la autoridad competente. Y algo más, rompe los ojos la desigualdad manifiesta cuando vemos por un lado que se allana un medio de comunicación con el claro objeto de “calmar a las fieras” (las fieras son algunas legisladoras desbocadas) y por otro lado, se corre un manto piadoso de silencio cómplice cuando se trata de un “compañero”.
Reflexionemos por favor.