Estamos sumergidos en una atmósfera cultural donde predomina un relato histórico hegemónico. Por ello no se valora, en su justa medida, el proceso de transición hacia la democracia, que implicó una compleja y trabajosa negociación entre militares y políticos, que no dejó plenamente satisfechas a ninguna de las partes, pero que analizado en perspectiva histórica fue exitoso dado que permitió que el país recuperara su democracia en paz. Luego del rechazo por parte de la ciudadanía, en el plebiscito de 30/11/1980, de un malhadado proyecto de reforma constitucional, las FF.AA no sólo acataron el resultado, sino que admitieron el gravísimo error de no haber habilitado previamente el funcionamiento de los partidos políticos y negociado con ellos, un texto que recogiera la experiencia vivida por el país y a su vez no se apartara de los principios democráticos y liberales que surgieron con la Patria misma. Para ello convocaron a elecciones internas abiertas en los Partidos Colorado; Nacional y Unión Cívica el 28/11/1982. Con los resultados a la vista surgieron los interlocutores válidos para la negociación constitucional, que se llevó a cabo en el Parque Hotel entre el 13/5 y el 5/7/1983, la misma fracasó por razones de forma y de fondo. Luego de un largo paréntesis, los militares arribaron a la conclusión de que la salida era impostergable, en ese período ocurre un hecho que no siempre se resalta en su debida dimensión. El 7/6/1984 asume como Comandante en Jefe del Ejército el Tte Gral Hugo Medina, un Oficial General de línea dura, pero de una gran inteligencia. Desde el comienzo fue consciente que el proceso militar estaba agotado y que la prioridad era preservar a las Fuerzas Armadas. Con el apoyo unánime de la Junta de Oficiales Generales del Ejército y en coordinación con los Comandante en Jefe de la Armada y la Fuerza Aérea, impulsa a que el Gobierno levante las proscripciones de dirigentes, partidos y movimientos que integraron el Frente Amplio, con excepción de los comunistas y los sectores de Erro y Collazo. Si bien tanto Seregni como Arismendi estaban inhabilitados para ser candidatos, se les permitió hacer campaña electoral. Del 31/7 al 3/8/1984 se llega a un acuerdo en el Club Naval entre los Comandantes en Jefe de las FF.AA y los representantes del Partido Colorado, del Frente Amplio y de la Unión Cívica. No participa el Partido Nacional, por el procesamiento y prisión de su líder Wilson Ferreira Aldunate. El Presidente de facto y su Ministro del Interior no comparten el acuerdo, por entender que los militares habían logrado muy poco y cedido todo, no obstante el 15/8/1984 firman el acto institucional Nº:19 que sienta las bases del retorno a la Constitución de 1967, con el aditamento de algunas disposiciones transitorias, que no fueron aplicadas y caducaron al año, dado que la prevista Constituyente no fue convocada, por lo cual la Carta de 1967 recobró plena vigencia a partir del 1/3/1986. Desde el 1/3/1985 al 22/12/1986 en que se aprobó la ley de caducidad, los Comandantes en Jefe de las FF.AA, con el respaldo de la Junta de Oficiales Generales de cada Fuerza, fueron contestes en que no permitirían que ningún militar, en actividad o retiro, comparecieran ante la justicia penal ordinaria, por hechos relacionados con la lucha antisubversiva, como modo de preservar el principio rector de la vida militar, de que jamás el superior puede hacer recaer las consecuencias de las órdenes en sus subalternos. Esto era muy difícil de entender para los civiles, pero está en la esencia de la profesión militar. El Presidente Sanguinetti planteó una amnistía que no fue compartida por el Partido Nacional ni por el Frente Amplio. El riesgo de insubordinación era inminente y de imprevisibles consecuencias, como poco después ocurriría en Argentina. Luego de largas deliberaciones, el 20/11/1986 los Comandantes en Jefe de las FF.AA le entregan un documento al Presidente Sanguinetti que en su parte medular expresaba: “Los Mandos, son conscientes y reconocen que cuando se producen desencuentros entre los sectores que componen una sociedad, de magnitud tal que no se logra conciliar un punto de entendimiento y la crisis trae como consecuencia el quebrantamiento de la legalidad vigente, como la que culminara en junio de 1973, con ella también se pierden los puntos de referencia a que se deben ajustar la conducta y la conducción misma, y que los hechos derivados de tal situación, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, son de su responsabilidad, por acción o por omisión, por lo que no puede recaer en sus subalternos sin crear una situación de grave lesión al ascendiente moral que sustenta el principio de autoridad, rector de la subordinación, disciplina e integridad de la Institución Militar”. El 1/12/1986 el Presidente Sanguinetti acompañado por los Ministros de Defensa e Interior, el Secretario de la Presidencia y los Comandantes en Jefe de las FF.AA le entrega el documento a los máximos dirigentes de los Partidos Colorado, Nacional, Frente Amplio y Unión Cívica, todos los cuales valoraron la declaración de las FF.AA. De esa reunión surge la idea wilsonista de la ley de caducidad, que fue una norma imperfecta, pero que trajo paz al país y luego fue ratificada, en referéndum, por el Cuerpo Electoral el 16/04/1989. Por todo lo expuesto, me pareció pertinente refrescar la memoria de los lectores.
