(Versión taquigráfica 6/Dic/2022)
(Los señores senadores podrán, si lo entienden necesario, introducir las correcciones que estimen del caso en sus respectivas intervenciones, las que deberán estar indicadas en letra destacada del resto de la versión taquigráfica, que solicitamos sea devuelta al Cuerpo de Taquígrafos dentro de las 24 horas de recibida. Gracias).
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN
(Sesión celebrada el día 6 de diciembre de 2022).
SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. (Son las 15:12).
–Vamos a alterar un poco el orden del día. Quiero hacer un planteo en el sentido de que estamos interesados en promover una minuta de comunicación y le entregué al señor senador Rubio un ejemplar que no sé si pudo hacerlo circular.
SEÑOR RUBIO.- Se lo entregué a la coordinadora, la señora senadora Kechichian.
SEÑOR PRESIDENTE.- No sé si lo han estudiado.
SEÑORA KECHICHIAN.- Ha sido imposible; no hemos tenido tiempo. Es un tema complejo y tendríamos muchas preguntas para hacer, pero la verdad es que no hemos podido verlo.
SEÑORA BIANCHI.- Estuve hablando con el señor senador Rubio y le recordé, no desinteresadamente, que la coalición había votado más de una vez minutas de comunicación en las que no estábamos de acuerdo con el contenido, pero lo hicimos para facilitar su salida de acá y que fueran al Poder Ejecutivo. Creo que lo hicimos en dos o tres oportunidades y, por eso, queríamos saber si podíamos tener reciprocidad en ese sentido. De todos modos, esto se discute en sala. Es más; recibimos algunas críticas –la verdad es que ya no recuerdo de quién y no me preocupa– acerca de por qué nosotros facilitábamos planteamientos que, en definitiva, podían ser contradictorios ‒por decirlo de una manera elegante‒ con la postura del Poder Ejecutivo. En lo personal, siempre defendí la posición de que hay que facilitar las minutas de comunicación, por lo menos, la discusión en sala y que vayan al Poder Ejecutivo, que luego resolverá.
SEÑOR MAHÍA.- Quiero dejar dos constancias. La primera es que no conozco la minuta de comunicación. No la leí y no hemos tenido tiempo de intercambiar opiniones sobre el tema. Por lo tanto, no sé de qué trata. Por otra parte, como ustedes saben, en unos momentos comienza la sesión de la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común y por eso debo retirarme, ya que soy titular. Dejo esto como constancia.
SEÑORA BIANCHI.- En sala estuvimos evaluando el tema con el señor senador Rubio –no recuerdo si había algún otro señor senador– y coincidimos en invertir el orden del día si se trataba el asunto –si no se hace, es lo mismo– porque sabemos que los señores senadores que integran la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se Crea el Sistema Previsional Común deben retirarse y los que no podemos recibir a la delegación, dado que no se requiere quorum para ello. Reitero que habíamos previsto que los señores senadores se retiraran a tiempo para integrar la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se Crea el Sistema Previsional Común, porque los restantes señores senadores podemos seguir sesionando. Mantenemos, «de acuerdo a la situación» –entre comillas–, hasta el 15; esta vez no es hasta el 30. La próxima sesión pondríamos la minuta de comunicación en el primer punto del orden del día.
SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto.
(Ingresan a sala los representantes del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, CEDDHHU).
‒Tenemos el agrado de recibir a la delegación del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay –CEDDHHU–, integrada por el señor Sergio Molaguero, presidente; el señor Carlos Flores, vocal; el señor Gustavo Formento, tesorero; la señora Mercedes de Camilli, protesorera y prosecretaria y el señor Diego Flores, vocal.
SEÑOR RUBIO.- Deseo disculparme con la delegación, ya que al igual que el señor senador Mahía hemos sido convocados a la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se Crea el Sistema Previsional Común.
SEÑOR MOLAGUERO.- Estamos informados.
SEÑOR RUBIO.- De todos modos, esta comisión queda integrada para escuchar el planteo y registrarlo.
SEÑORA ASIAÍN.- Me encuentro en la misma situación que los señores senadores y me disculpo de antemano.
SEÑOR MOLAGUERO.- Soy Sergio Molaguero, presidente del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay. Señor presidente: en su nombre saludo a todos los integrantes de esta comisión. Hace un tiempo que estábamos con ganas de concurrir a tratar un tema en particular que ingresaron en el orden del día, pero, si se me permite, antes de que la señora senadora Asiaín se retire, quisiera formularle una pregunta. Si puede, me indica cuando se retira, así no nos apartamos del orden del día.
SEÑORA ASIAÍN.- La otra comisión es a las 15:30.
SEÑOR PRESIDENTE.- Faltan diez minutos.
SEÑOR MOLAGUERO.- En primera instancia, voy a solicitarle al señor Diego Flores que realice una introducción para ponerlos en contexto acerca de lo que es el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, lo que hemos hecho y adónde queremos llegar con nuestro centro de estudios.
SEÑOR FLORES (Diego).- El Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay es una asociación civil sin fines de lucro, compuesta en su totalidad por miembros honorarios. Tiene por objeto la defensa, promoción y protección de los derechos humanos centrados en la dignidad y responsabilidad personal, teniendo a la familia y sus valores como base de la sociedad. Se promoverá, a partir de sus acciones, la discusión respetuosa de ideas que fortalezcan los principios democráticos que sustentan a la república. Se realizarán encuentros, seminarios, cursos, eventos y foros de acuerdo con el objeto de la institución, teniendo en cuenta distintas opiniones, pero, sobre todo, bregando para que la justicia y el derecho lleguen a todos los ciudadanos, sin distinción. El Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay ha sido constituido como asociación civil y actualmente está en trámite para obtener la personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura. Según lo establecido en el estatuto en lo referido a su constitución, tiene como finalidad defender, promover y proteger los derechos humanos con un enfoque humanista centrado en la dignidad y responsabilidad personal, base de la sociedad. Tiene por finalidad, entonces, promover y fomentar la discusión respetuosa de ideas que fortalezcan los principios democráticos que sostienen a la república de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 de nuestra Constitución nacional. Para ello, y sin que esta enumeración sea taxativa, podrá: realizar encuentros, seminarios, cursos, eventos y foros; crear y administrar centros de estudio e investigación; fomentar la creación de bibliotecas, bases de datos y otros centros relacionados con el objeto de la asociación; promover el intercambio y generar acuerdos y colaboraciones con otras instituciones nacionales e internacionales; colaborar con instituciones públicas y privadas y proponer a las autoridades competentes el dictado de las normas jurídicas que se entiendan necesarias para propender a la mejor protección y al desarrollo de los derechos humanos. Nuestro centro ya ha sido registrado en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y también ha sido presentado ante la OEA. Llevamos pocos meses de creación, pero tenemos un plan de trabajo bastante intenso de cara al año próximo, con el desarrollo de actividades que tiendan a generar una visión más amplia a propósito de la problemática de los derechos humanos, su tratamiento y consideración. Muchas gracias.
SEÑORA KECHICHIAN.- ¿Cuándo se fundó y cuántos miembros tiene el centro?
SEÑOR FORMENTO.- El centro se inició en 2010, pero se formalizó en agosto del año en curso, cuando fueron presentados ante el Ministerio de Educación y Cultura los estatutos y se hicieron todos los trámites correspondientes para ser asociación civil. Después hubo diferentes eventos que formalizaron ese inicio, como lanzamientos y visitas a diferentes instituciones y autoridades. Tenemos una comisión directiva integrada por diez miembros: presidente, vicepresidente, vocales, tesorero, secretario, prosecretario y algunos más que están encargados de diferentes áreas temáticas o de administración.
SEÑORA BIANCHI.- No me quedó claro si ya iniciaron el proceso de personería jurídica. (Se responde afirmativamente). ‒O sea que son una persona jurídica en formación.
SEÑOR FORMENTO.- Exactamente. Además, ya fuimos presentados y autorizados por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y estamos en trámite ante la OEA. En cuanto a los miembros, además tenemos adherentes, socios activos y suscriptores, como cualquier asociación civil. En este momento, tenemos 64 socios activos ‒en forma dinámica se van plegando‒ que, en su mayoría, son personas interesadas, con experiencia o conocimiento en el área que nos compete. Eso hace a la parte que me compete como tesorero, que es la de los recursos. Tenemos recursos financieros que surgen a partir de una cuota anual de $ 1200, lo que forma nuestro capital de giro anual, que es de unos $ 60.000. Eso lo complementamos con actividades sociales en las que podamos brindar charlas, conferencias y demás, lo que de alguna manera nos genera la posibilidad de tener ciertos fondos para las tareas administrativas, y nada más. No tenemos personal contratado, rentado; todas las tareas las hacen los miembros de la comisión directiva en forma voluntaria y personal. No tenemos ningún aporte del Estado ni de institución de ningún tipo, ni privada, ni de beneficencia, nada. Tampoco los hemos requerido. No tenemos un local físico, si bien tenemos facilidades porque nos prestan diferentes lugares que son instituciones, generalmente culturales, que nos autorizan, por ejemplo, a tener la reunión de directiva, con la masa social, etcétera. Tenemos página web, Facebook, Instagram y correo electrónico; esos son los medios de comunicación con nuestros socios y con todos aquellos que quieran participar, adherirse o conocernos mejor. Hemos visitado la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, así como también al comisionado parlamentario y a la Secretaría de Derechos Humanos. Y como somos un centro de estudios, lógicamente precisamos, más que recursos, oportunidades de hacer estudios relativos a los derechos humanos en los temas que nosotros creemos prioritarios. Estamos haciendo el trámite en la Secretaría de Derechos Humanos para postular dos temas, pues está la oportunidad de hacerlo. No sé si hay alguna otra pregunta en relación con los recursos pero, en definitiva, los recursos que tenemos son esos: los humanos, los financieros, los económicos, equipamiento y los trámites legales. Les agradezco mucho la atención.
SEÑOR CAMY.- Quiero saludar la presencia de los integrantes del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay. Pido disculpas por los minutos de atraso porque, en mi rol de coordinador de la bancada del Partido Nacional, estaba en una reunión importante, ya que esta es una época del año en la que el Senado tiene una actividad bastante dinámica. Como dije, quería saludar la presencia de los integrantes del centro de estudios. Tenemos conocimiento de los objetivos que lo rigen, precisamente, a través de las redes sociales. Creo que es la razón fundamental para presentarse ante esta comisión asesora del Cuerpo y agradecemos que lo hagan. Es un tema muy importante. También saludo de manera especial la presencia del señor Sergio Molaguero, a quien conocemos desde hace un buen tiempo. Así pues, simplemente quería saludar la presencia de los integrantes de la delegación y agradecer la presentación que realizaron ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Nos ponemos a disposición, como senadores de la república, para todo aquello en lo que podamos ser útiles a fin de ayudar al cumplimiento de los objetivos loables que definen su conformación. Muchas gracias.
SEÑOR MOLAGUERO.- Señor presidente: si le parece, ingresamos en el tema que figura en el orden del día. No voy a extenderme. Hay un proyecto de ley que fue presentado, precisamente, el 17 de diciembre de 2020 y que reza: «REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACTOS COMETIDOS POR GRUPOS ARMADOS DE CARÁCTER IDEOLÓGICO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO DE 1962 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1976. El Estado asume responsabilidad». Más allá del título –con el que podemos estar de acuerdo o no–, en definitiva, es la cuestión de fondo lo que nos ocupa. Sabemos, más que nada por la edad, que somos pocos los que vivimos una época donde lamentablemente en el Estado hubo una participación activa de miembros de la sociedad civil, y hubo un estado de guerra interna decretado por la Asamblea General, en abril de 1972. El eco que promovió el estado de guerra interno fue fratricida, hubo muertos en ambos bandos. En ese período, luego de restaurada la democracia en 1985, algunos grupos que fueron víctimas de ese lapso que abarcó 11 años de proceso dictatorial, empezaron a recomponer su vida y, a través del Estado, retomaron sus carreras y sus ingresos por las pérdidas sufridas. Este fue el resumen de lo sucedido desde 1985 hasta la fecha. En hechos, hay más de 80 familias, fundamentalmente de policías, militares y civiles que, de una u otra forma, fueron víctimas en ese período y en su inmensa mayoría –diría que en un 99, 9 %– quedaron desamparadas, Y no se trataba de cualquier familia, sino de familias muy modestas, de la misma forma que hoy –aunque quizás haya sido peor en aquella época– no podemos decir que las familias de los policías sean familias de gente acomodada, ni siquiera las familias de los soldados. Generalmente, es gente humilde, que elige una profesión dedicada al servicio del Estado, que de alguna forma y por las razones concebidas, viven humildemente, así como vivían humildemente en aquella época. Eran familias generalmente numerosas, que pasaron momentos muy angustiosos no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también social y económico, ante la desaparición física del soporte de la familia. De hecho, conozco familias con 6 o 7 hijos que quedaron en manos de una madre, quien tuvo que hacerse cargo de su crianza, de sus estudios –si fuera del caso–, de su empleo, sin reparación de ninguna naturaleza. Por eso nosotros, al comienzo de la legislatura, nos reunimos para conversar con la Asociación Toda la Verdad que, precisamente, nuclea a todos los familiares y víctimas, y sacamos una conclusión que nos pareció la más justa de todas: «No vamos a discutir las compensaciones y las reparaciones económicas que se han dado a una parte de quienes participaron en los enfrentamientos de esa época, pero sí vamos a exigir que exista una ley espejo». Me refiero a una ley que repare de la misma manera a las dos partes, porque no hubo una parte mejor que la otra; solo hubo muertos y familias que quedaron desamparadas. Para esta historia que, lamentablemente, aconteció durante los últimos 50 años, no hubo ningún tipo de reparación ni de memoria. Cuando digo memoria me refiero a que nunca hubo un reconocimiento público a las víctimas de ese entonces, un lugar al que puedan ir los hijos o las pocas viudas que van quedando –que ya están muy viejitas– a depositar una flor en memoria de esas personas fallecidas. Por esa razón, señor presidente, y sabiendo que este asunto está a estudio desde diciembre de 2020, quisimos venir a conversar con ustedes para ver qué oportunidades existen –más allá de una aprobación tácita– de tener una discusión como merece el tema, a fin de abrir un debate cuando llegue a la Asamblea General o, en este caso, al Senado de la república. No nos creemos los dueños de la verdad. Sí consideramos necesario que estas familias sean, de alguna manera, reparadas, aun cuando sea parcialmente porque después de cincuenta años es difícil cerrar heridas; sería, al menos, un intento y vale si desde la sociedad y comenzando por arriba, en este caso por los legisladores del país, damos un mensaje de conciliación que nos permita que en algún momento –no sé cuándo será, pero algún día va a ser– los que vengan vean que hubo actos de reconocimiento y que estuvimos a la altura de las circunstancias para respetar a quienes fallecieron poniendo su granito de arena para el futuro de la nación. Señor presidente: quedo a la orden. Hice la exposición tratando de contribuir con esto desde nuestro punto de vista. La lectura es una cuestión de ustedes. El razonamiento y el cuestionamiento también es asunto de ustedes. Por eso, nosotros quedamos a la orden. Eso sí, venimos –con la mejor disposición– a pedirles que esto sea tratado lo antes posible para que, al menos, podamos darles algo de esperanza a más de ochenta familias que, en realidad, hoy se puede suponer que son muchísimos más personas, porque ahora no solamente son las viudas, sino los hijos y los hijos de los hijos los que están esperando que alguien recuerde a sus familiares fallecidos. Gracias, señor presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Yo podría contestarle al señor Molaguero que comparto su inquietud, por eso presentamos el proyecto al que ha aludido. Es sabido que hubo otros proyectos anteriores. Creemos que el Uruguay tiene que superar ese enfrentamiento de la década del 60 y del 70. Nosotros éramos niños y jóvenes cuando los hechos comenzaron a suceder. En lo personal, creo que es una herida abierta que tiene el Uruguay y, además, una deuda que se tiene con quienes fueron las primeras víctimas de un enfrentamiento ideológico que debió haber quedado en el campo de las ideas y nunca debió haber transitado por el camino de la violencia física. Son muchas las imágenes que tengo de aquella época. Me acuerdo de la explosión del Club de Bowling, donde resultó gravemente herida la señora Hilaria Quirino.
SEÑOR MOLAGUERO.- También murió un joven.
SEÑOR PRESIDENTE.- Es cierto. También me acuerdo de la muerte del doctor Morató Manaro. Asimismo, me acuerdo del fallecimiento de Jaime Oroza García. En fin, hay un sinnúmero de personas que hasta el día de hoy, como bien se ha dicho, no han tenido recordación ni indemnizaciones. Pienso que muchos de ellos, más que indemnizaciones, esperan que se los recuerde. A mí me impresionó mucho algo; creo que fue Oroza quien me dijo que hay una placa que honra la memoria de quien asesinó a su padre y no hay ninguna placa que recuerde a su padre. Creo que se trata de una cuestión de conciencia. No se trata de evaluar una muerte como más significativa o importante con relación a otras. Considero que toda muerte que tenga su origen en razones de orden político es un error y quizás todos tengamos alguna responsabilidad en esos hechos, si no por acción, por omisión. Y me parece bueno que se conozca la historia en su plenitud, cómo se originaron los hechos, porque eso va a ayudar a que los sectores ideológicos enfrentados en la década del 60 y del 70 no vuelvan a cometer los errores que cometieron en aquel momento. Así que en este momento quiero informar al señor Molaguero, en su calidad de presidente de esta institución, que como todos esos proyectos incluyen algún tipo de reparación económica y eso hace que haya una cierta cuota de exclusividad del Poder Ejecutivo en cuanto a la iniciativa, estamos promoviendo una minuta de comunicación a dicho Poder para que tome en consideración esos proyectos y nos envíe una propuesta que permita no solo las reparaciones morales, históricas y sociales sino también las reparaciones económicas. Como en el día de hoy la comisión ha estado desintegrada y hay otro tema que ha generado la preocupación y la necesidad de presencia de algunos de sus miembros, vamos a diferir el tratamiento y la eventual aprobación de esta minuta para la próxima sesión de la comisión. Además, vamos a ser francos: el Frente Amplio conoció el texto de la minuta muy sobre la hora y nos parece que es de cortesía parlamentaria que pueda no solo leerla sino también estudiarla y conocerla en profundidad. Esos son los pasos que ha dado esta comisión en la materia que a ustedes les interesa y que hoy han planteado.
SEÑORA BIANCHI.- Cuando era diputada se aprobó la ley de los memoriales y nosotros, en aquel momento, ya hacíamos esta reivindicación. Yo invoqué el nombre de Diego Burgueño y el de Sergio Molaguero porque son, tal vez, los ejemplos –sin despreciar a nadie más, por favor; por ejemplo, también está Oroza– de personas que no tuvieron nada que ver con nada. No digo esto porque el haber tenido que ver inhiba de recibir recompensa –porque hay gente que tuvo que ver y la está recibiendo– sino porque nosotros entendemos, también, que hay que modificar la ley de los memoriales dado que los excluye en forma expresa y somos de los que queremos que el Uruguay, de una buena vez, supere esto en función de su pasado histórico; yo en aquel momento decía que somos hijos de «Clemencia para los vencidos» y de «Ni vencedores ni vencidos». En consecuencia, personalmente me siento en falta; lo digo a título personal aunque integro el Partido Nacional. Estos son temas muy delicados para los que vivimos esos procesos por edad o porque se estudia historia –también hay varios testimonios y obras bastante ecuánimes; no todas lo son pero sí algunas– y realmente considero que son merecedores del reconocimiento y de la reparación. Yo entiendo que hemos demorado demasiado. Esta forma de pedirle al Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa en la medida en que se disponen recursos, implica también –y vuelvo a hablar a título personal, pero formo parte del Gobierno y me gusta que se sepa– una demora ante situaciones que ya debieran haberse resuelto. Así que con la misma tranquilidad y ecuanimidad de haber vivido esos episodios, creo que ya es hora. Si después eso trae o no la paz definitiva entre los orientales, lo veremos –sin ninguna duda, hay cosas pendientes, sobre todo, la aparición de los restos de los desaparecidos; eso es, por supuesto, algo que siempre queda pendiente–, pero esto sería un paso muy grande. Entonces, en la medida en que ocupamos un determinado lugar que nos ha dado la ciudadanía en este Senado, procuraremos que el Poder Ejecutivo sea diligente y tome una decisión y, en uso de sus facultades –las que son privativas–, se haga lo más rápido posible. Esto no es una excusa porque creo que podríamos haberlo hecho antes, y me refiero a la coalición. Estos días son complicados. Vamos a tratar de que la minuta de comunicación, que claramente les expuso el presidente, sea aprobada el próximo martes. Los votos están, aunque sean solamente los de la coalición –no sé qué actitud adoptará la oposición, pero con los de la coalición alcanza–, para que llegue al Poder Ejecutivo. Entonces, allí, en el Poder Ejecutivo, se definirá cuándo se toman las decisiones. Quiero expresarles que, al menos en mi opinión, ya es demasiado tiempo. Como no me gusta mirar para atrás, excepto para resolver el futuro, tratemos de que esto se compense, aunque cuando ocurre este tipo de episodios, nunca hay compensaciones. Uno siempre recuerda La tierra purpúrea; en el Uruguay del siglo XIX la tierra tenía color de sangre y, sin embargo, pudimos armar un Estado. No puede ser que sigamos en estas cosas, sobre todo ustedes que, en general, son víctimas civiles de un enfrentamiento en el que muchos nos vimos en el medio sin tener nada que ver pero también sufrimos las consecuencias, aunque mucho menos graves que las que ustedes sufrieron. Recién estaba hablando con el señor senador Camy y le pedí que mirara en Google la foto de cuando liberaron a Sergio Molaguero. Eso tiene que ser una responsabilidad para todos los uruguayos en el sentido actual. Lo que se vivió, se vivió, pero de una buena vez. Y yo voy a hacer todo lo posible para influir en el Poder Ejecutivo para que, por lo menos a través de la mano de la minuta de comunicación, se llegue a buen puerto. Gracias, señor presidente.
SEÑORA KECHICHIAN.- Queremos agradecerles la presencia. Como no puede ser de otra manera, nosotros escuchamos a todas las personas que se acercan. Esta es la casa de la democracia, y tenemos que escuchar todas las voces. En lo personal, no quiero dar opinión; no la damos cuando recibimos visitas sino que lo hacemos después, cuando la comisión discute los asuntos internamente. Creo que soy la única que ha podido mirar muy por arriba el proyecto de ley que nos entregaron hoy al mediodía. Tenemos un conjunto de preguntas sobre cosas que todavía no entendemos, pero lo haremos en la comisión después que ustedes se retiren, porque es así como trabajamos. Por supuesto, huelga decir que las muertes inocentes son todas muertes inocentes; no hacemos diferencias. Y es por eso mismo que tendríamos un conjunto de preguntas para realizar, que son muy primarias porque acabamos de mirarlo. Seguramente la próxima semana podremos venir con una postura más completa. Esperemos –luego que ustedes se retiren–, por lo menos, poder dejar algunas preguntas para ver si podemos llevarnos algunas respuestas que nos permitan analizarlo con toda la objetividad del caso.
SEÑOR MOLAGERO.- (No se escucha)… No queremos ocuparles más tiempo.
SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, le agradecemos al instituto su presencia en el día de hoy. Creo que le hemos dado satisfacción a la inquietud que ustedes plantearon. Obviamente, serán bien recibidos cada vez que vengan.
SEÑOR MOLAGERO.- Era fundamental para nosotros comparecer, conversar, plantear nuestros argumentos y tratar de que el Cuerpo analice de alguna forma este proyecto de ley para que saque sus propias conclusiones y haga las preguntas que necesite. Si se tienen que hacer modificaciones, se harán; lo importante es el objetivo final. Podemos y debemos darles una reparación a todos los familiares de las víctimas. No tenemos que excluir a nadie. Es muy importante; yo sé por qué lo digo. Nadie me va a contar lo qué es vivir momentos difíciles. Sé lo que deben haber vivido todos esos familiares; estoy completamente seguro de eso. Muchas gracias. (Se retiran los representantes del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay).
SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados. (Se da de los siguientes). «1) Reestructuración de deudas de personas físicas. Procedimiento. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores Domenech, Lozano y Manini Ríos. Carpeta n.º 319/2020. La Cámara de Senadores, en sesión del día 8 de noviembre del corriente, resuelve que el citado proyecto de ley vuelva a estudio de la Comisión. 2) Solicitud de audiencia de la ONG Trato Ético Animal en representación de la Coordinadora Nacional de Protección Animal a fin de fundamentar un anteproyecto de ley para la tipificación penal del Delito de Violencia contra los animales».
SEÑOR CAMY.- Señor presidente: como cuando llegué a la comisión ya estaba iniciada la sesión, se me informó que con respecto al asunto que figura en tercer lugar del orden del día de hoy, relativo a la minuta de comunicación «Reparación a las víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico en el período comprendido entre el 1.º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976», se había solicitado por parte del Frente Amplio no tratarlo hoy porque no estaban en conocimiento de él. Me parece que es atendible esta razón y, teniendo en cuenta que estamos en la etapa final del año, quiero dejar claro que sería el primer punto del orden del día de la sesión del próximo martes. Quería dejar claro esto para tener la referencia de la hoja de ruta de la próxima sesión del martes.
SEÑORA KECHICHIAN.- Entonces, no sé si no deberíamos hacer un intercambio, porque para mí el proyecto es muy abarcativo.
SEÑOR PRESIDENTE.- La minuta de comunicación, señora senadora, no es el proyecto.
SEÑORA KECHICHIAN.- Pero en la minuta de comunicación se define el período y sobre quién se está actuando, es decir, los grupos que ejercieron violencia, ideológicos y armados. Entonces, para nosotros es importante saber de qué estamos hablando, porque no hay duda de que tenemos diversas opiniones. En el caso nuestro, sabemos que hay algunas deudas, sin ninguna duda, nosotros las tenemos también, pero en Uruguay actuaron también grupos ideológicos armados que ejercieron la violencia física y la muerte, como el Escuadrón de la Muerte, la JUP, el Movimiento Nueva Generación, el COAC, Tradición, Familia y Propiedad, la Asociación Estudiantil «Siempre Bauzá», en fín, tenemos un listado enorme de grupos y también de personas asesinadas por el Escuadrón de la Muerte producto de las declaraciones de los propios integrantes, que nunca fueron reparados. Entonces, para nuestra discusión sería importante saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a personas a reparar o a los grupos que ejercieron la violencia ideológica y armada. Nos gustaría tener un poco más claro eso para poder discutirlo desde nuestro punto de vista, en un marco que es más amplio del que me parece intuir que tiene esta minuta de comunicación. Aclaro que no adjudico ninguna intención, sino que me parece, por la descripción, que achica un poco la cancha y que no tiene en cuenta a un conjunto de grupos de extrema derecha –debo decirlo claramente– que sí ejercieron la violencia, que sí fueron armados, que sí tenían una orientación ideológica y que sí mataron gente que tampoco fue reparada.
SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando hicimos el proyecto, no la minuta de comunicación, no pretendimos individualizar grupos. Entonces, cualquiera que pueda considerarse comprendido dentro del proyecto de ley que elaboramos –independientemente de su orientación ideológica– podría presentarse. Obviamente, habrá que conformar una comisión que estudie los casos y que verifique la veracidad de lo que se está denunciando; considero que debe tener un cierto rigor, porque no se trata de que cualquiera se cuelgue de los beneficios de una ley. En realidad, esto está pensado para personas que muy objetivamente –porque hay recortes de prensa, etcétera– puedan acreditar la violación de sus derechos; cuando no, habrá partes policiales, expedientes judiciales, etcétera.
SEÑORA KECHICHIAN.- Molaguero hablaba de 80 personas, más bien policías y militares. Sin dudas, esas personas se identifican como víctimas, o sin dudas, fueron víctimas; no lo estoy poniendo en duda. Mi planteo es sobre a quién se refiere la minuta o el proyecto de ley, de qué grupos terroristas armados que ejercieron la violencia estamos hablando, porque no puede ser que cada uno se identifique. ¿Quién los individualiza? Es muy difícil legislar de esa manera.
SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe que la interrumpa, pero no me parece bueno identificar. Por ese motivo, cuando redacté el proyecto de ley, eludí mencionar, por ejemplo, al Movimiento de Liberación Nacional o al OPR-33. Me parece malo porque, en el fondo, lo que quiero es avanzar sobre la reconciliación y sobre el rechazo a la violencia. Entonces, no considero que esté bien aludir directamente a determinado grupo y meterle el dedo en el ojo, como se dice vulgarmente. El ánimo es indemnizar y reconocer perjuicios, sin pretender regenerar la polémica. Por eso, reitero, evité mencionar a cualquier grupo, en tanto no creo que contribuya a mi propósito ulterior que es tratar de cerrar una herida.
SEÑORA KECHICHIAN.- Es difícil.
SEÑOR CAMY.- Quiero referirme al aspecto de la consideración de una minuta de comunicación, que es distinto al análisis de un proyecto de ley. ¿Por qué razón? Porque de asumirse positivamente el remitir la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo y que este –lo cual no depende de nosotros– envíe el proyecto de ley al Parlamento, recién ahí se abrirá la instancia pertinente para este tipo de consideraciones, tales como las que planteaba la senadora u otras más que pueda haber. Obviamente, ahí se precisará el alcance del proyecto. Más allá de la opinión que podamos tener en este ámbito –igual, distinta o con matices–, me interesa destacar que, por tratarse de un proyecto de ley que va a cumplir dos años sin haber sido tratado, aun con la condición para poder serlo y teniendo en cuenta que debe ser remitido desde el Poder Ejecutivo, creo ineludible dar lugar al envío de la minuta de comunicación. Esto no quiere decir más que eso; de alguna manera, se habilita a que si el Poder Ejecutivo lo remite, la comisión trate el proyecto de ley. Después deberá analizarse lo que se ha señalado con buen criterio; me refiero no solo a las dudas que refleja la iniciativa para la señora senadora, sino también a otras consideraciones que puedan hacerse. Seguramente, será de interés para la comisión –e inclusive como es la práctica– solicitar algún asesoramiento mediante la comparecencia, por ejemplo, de alguna organización vinculada con estos temas que pueda aportar a la aprobación del proyecto de ley o para realizar las modificaciones necesarias. Entonces, me parece que trancar la minuta de comunicación por estas dudas sería un despropósito con respecto a otras iniciativas que tiene la comisión –algunas también de larga data– pero a diferencia de esta, si no las tratamos es porque se han resuelto otras prioridades. En este caso, el asunto está trancado porque le falta la condición para poder ser considerado. En definitiva, entiendo que habría que atender la solicitud de la bancada del Frente Amplio y, por tanto, no creo que debamos considerarlo en el día de hoy, pero sí el martes próximo. Propongo que ese día se considere la minuta de comunicación, no porque no quiera discutir ahora, pero me parece que sería hablar sobre algo que no tiene sentido, porque no sabemos si algún día efectivamente el proyecto de ley estará en consideración. Estaríamos adelantando algo que no tendría sentido. Gracias, señor presidente.
SEÑORA BIANCHI.- Precisamente, quería señalar lo último que dijo el señor senador Camy. Fue un criterio que todos utilizamos, aunque creo que no estuve de acuerdo con las últimas dos o tres –no sé cuántas– minutas de comunicación. Incluso en algún caso lo aclaré en sala, aunque ahora ya no lo hago más; levanto la mano y se terminó. ¡Que llegue al Poder Ejecutivo! Y lo que venga del Poder Ejecutivo es lo que después nosotros vamos a discutir; por esa barrera constitucional de la iniciativa privativa en lo que refiere a los recursos. No me gusta la palabra «señal» y siempre trato de evitarla, pero sí creo que daríamos un paso –voy a pedir que se saque de la versión taquigráfica el término «señal» porque estaba buscando un sinónimo–, daríamos un paso para poder salir del empantanamiento que tenemos con este tema. No podemos justificar que no nos hayamos puesto a discutir desde marzo o abril de 2020 –como dijo el señor Molaguero–, ya no lo recuerdo. En definitiva, esto va al Poder Ejecutivo donde, además, hay cosas que se pueden resolver por decreto sobre las mismas situaciones, aunque tampoco se ha hecho. Entonces, es una oportunidad, incluso, para poder mantener un intercambio con el Poder Ejecutivo, que siempre es necesario y conveniente; cuando venga, traerá lo que considere pertinente y nosotros, como Poder Legislativo, discutiremos. Insisto en que hay que darle salida a este asunto porque, además –y voy a dar mi opinión–, no creo que sea bueno para ninguno de nosotros discutir sobre el fondo del asunto cuando votemos la minuta de comunicación. Con esto no quiero coartar la libertad de nadie, pero hay que votar la minuta de comunicación –que es un mensaje– y que después el Ejecutivo se haga responsable de lo que deba hacerse; cuando vengan, traerán un proyecto de ley. Gracias, señor presidente.
SEÑORA KECHICHIAN.- Obviamente, no podemos discutir sobre el contenido de lo que puede ser un futuro proyecto de ley, pero una minuta tendría que ser, entonces, mucho más general. He mirado el proyecto de ley de diciembre de 2020 y hoy vi muy por arriba el proyecto de minuta que, precisamente, pide que se repare a las «víctimas de», pero no se identifica de qué estamos hablando. Si el proyecto de ley no tiene una generalidad más grande, deberá tener un contenido más amplio; de lo contrario, desde el punto de vista primario –por lo menos, de lo que he podido mirar–, será difícil. En definitiva, creo que podemos ver eso la semana que viene y discutir, por lo menos, entre nosotros en el seno de la comisión. Aclaro que no se trata de que no tengamos una postura de defender a las víctimas; de hecho, en algunos casos lo intentamos y no se pudo. Pero la minuta me parece que tiene un perfil parecido al del proyecto de diciembre y que deja fuera a otras víctimas que tampoco han sido reparadas.
SEÑORA BIANCHI.- Creo que se podría incluir algún giro en una oración de modo que la haga más abarcativa y con eso podemos resolver la cuestión; en ese sentido, no tengo objeciones. Posteriormente, el tema lo resolverá el Poder Ejecutivo que es al que le corresponde.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por mi parte considero que la necedad no conduce a nada, por lo que tampoco tengo problemas en proceder de la forma propuesta. Honestamente, evité mencionar organizaciones por las razones que ya señalé y creo que, si alguien prueba que fue víctima de un grupo armado de carácter ideológico, llámese Nueva Generación, TFP o MLN, tendrá que ser indemnizado.
SEÑORA KECHICHIAN.- Hay víctimas que probaron claramente quiénes fueron los asesinos.
SEÑORA BIANCHI.- Me parece que se nos tendría que caer la cara de vergüenza –y pido que esto conste en la versión taquigráfica—porque el único delito que cometió Sergio Molaguero fue el de ser hijo de un empresario. Muchos años después lo vi, cuando tuve oportunidad de tener una chacra en Santa Lucía y no podía creer en qué estado había quedado, ya que nunca se repuso emocionalmente de lo que pasó. Por lo tanto, me parece que debemos tener un criterio amplio y, en lo personal, no tengo problema alguno en poner en la minuta de comunicación algún giro que sea abarcativo. Vuelvo a repetir que, tal como me dijeron el otro día, soy la tercera al mando en el Gobierno y estoy proponiendo que esto se pase al Poder Ejecutivo. En ese sentido, me parece que más amplitud no podemos tener porque votos para otra cosa, además, tenemos, pero no queremos usarlos porque nuestra intención es que esto se resuelva con la mayor amplitud posible. En definitiva, tenemos una semana para buscar una redacción con un giro más amplio. Ahora bien, si vamos a poner punto y coma, honestamente debo decir que yo viví también esa situación y hay grupos que no conocía. Por ejemplo, ese grupo no sé cuánto Bauzá yo no lo conocía e iba al Liceo n.º 18. Sí recuerdo y conocía bien a las juventudes comunistas de las que yo participaba y con las que íbamos a los cadenazos al Liceo Francisco Bauzá. Entonces, si nos ponemos a hacer ese tipo de disquisiciones yo hago mi mea culpa y por eso quiero que se indemnice a todo el mundo. En realidad, para la izquierda de la que yo vengo la indemnización no era para nadie, pero, después que se empezó a dar, me parece que habría que dársela a la mayor cantidad de gente posible.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión. (Son las 16:08)
