Origen: Equipo de Asesores de Seguridad de Cabildo Abierto
Destinatarios: Mesa Política del Partido Cabildo Abierto Ministerio del Interior
Montevideo, 12 de abril de 2023
SEÑOR COORDINADOR DE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS DE PREVENCIÓN POLICIAL DEL DELITO DR. DIEGO SANJURJO
En el marco del trabajo del grupo multipartidario sobre estrategia de prevención integral de seguridad que integramos junto a delegados de los demás partidos, le informamos que, al recibir el Documento Preliminar Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva elaborado por el Ministerio del Interior, se procedió al estudio del mismo por parte del Equipo de Seguridad, recabando las opiniones de técnicos en la materia, así como de los referentes de nuestro Partido Cabildo Abierto. Como resultado del análisis, estamos realizando la presente devolución que consta de un Resúmen Ejecutivo, Consideraciones Generales y finalmente el Análisis que refieren a los aspectos propuestos en el documento.
RESUMEN EJECUTIVO
En función del análisis realizado por el Equipo de Seguridad de Cabildo Abierto al Documento Preliminar denominado Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, se concluye que se pueden acompañar CINCO DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS ya que aportan mejoras a la capacidad administrativa y operativa del Ministerio del Interior. Existen otras propuestas que no pueden suscribirse en la forma en que fueron planteadas y requiere de un mayor trabajo de coordinación y fundamentación dentro del grupo convocado.
Como común denominador, puede describirse como una serie de enunciados con fundamento en publicaciones académicas, que guardan distancia con la realidad de medios humanos, materiales y el nivel de capacitación de los Efectivos encargados de la seguridad. Su ejecución estaría colocando en apremios a gran parte de la Fuerza Desplegada, ya disminuida por varios factores.
También se verifica una tendencia a la contratación de Consultorías Internacionales, alguna de ellas ya en ejecución y de costos no menores, que están obviando las capacidades nacionales de Universidades, Consultoras y otras Organizaciones de Investigación Científica del país. Nos merece reparos la ONG mencionada por el Ministerio, ya que se trataría de una prueba sin contraste regional en áreas de similares características sociológicas a nuestra realidad.
También nos merece reparos la ausencia de mención al Ministerio de Defensa Nacional, particularmente la Prefectura Nacional Naval de gran eficacia contra el narcotráfico, así como los apoyos terrestres del Ejército y el aéreo de la Fuerza Aérea Uruguaya.
También preocupan algunas ausencias que guardan relación con la prevención:
• Falta propuesta sobre el crimen organizado
• No hay planteo de estrategias de combate al narcotráfico en nuestro espacio terrestre, marítimo, fluvial y aéreo combinado con coordinación regional
• No hay propuesta sobre el control de la circulación de drogas no reguladas en el territorio nacional
• Falta propuesta en referencia al tráfico de armas, autos robados y posible tráfico de personas.
Estas ausencias preocupan ya que constituyen las amenazas responsables, en gran medida, de la violencia y aumento de delitos que la Administración intenta reducir.
Observamos que en el documento se procura ASOCIAR la PREVENCIÓN del delito con algunos asuntos, en nuestra opinión, de dudosa relación. Plantea la creación de un nuevo Ministerio; aumento de la burocracia en cárceles, sin la necesaria construcción de nuevas; aplicación de técnicas de Policiamiento sin incrementar efectivos en el territorio; creación de un nuevo sitio WEB. Creación de Centros de Atención Integral y Consejos Barriales que no tendrán la contraparte policial por falta de efectivos y de difícil coordinación y un programa de prevención de violencia basado en género, sin una evaluación consistente que muestre buenos resultados en los índices delictivos de las zonas en donde se aplicó. Si bien estos asuntos pueden ser positivos, necesitarían de validaciones que demuestren su efectividad para la Prevención del Delito, particularmente los Homicidios y Femicidios.
En resúmen, entendemos que podemos compartir y apoyar parcialmente cinco de los temas propuestos, para continuar con la discusión y una coordinación que permita mejorar la propuesta para que, en nuestra opinión, pueda ser seria, operable y de continuidad.
También se incorpora en este Resumen Ejecutivo, una Matriz que refiere a los numerales del documento y fue elaborada con la finalidad de sintetizar los aspectos relevantes, expresados como guia simplificada de las observaciones que Cabildo Abierto tiene sobre las propuestas del Ministerio del Interior planteadas en el Documento Preliminar denominado Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva.
CONSIDERACIONES GENERALES
• Cabildo Abierto apoya firmemente la formulación de una Política Nacional dentro de un compromiso que trascienda administraciones mediante una trayectoria estratégica que permita mejorar y dar soluciones a los problemas de seguridad y protección que padece nuestra población.
• Desde marzo de 2020, Cabildo Abierto ha mantenido una observación de la evolución del ambiente de seguridad del país con sus amenazas y contramedidas abordadas por las actuales Autoridades, para la salvaguarda de la buena convivencia, el desarrollo de la libertad de los habitantes, sus activos tangibles e intangibles y sus derechos individuales.
• Hemos acompañado las acciones del Poder Ejecutivo brindando informes y reportes directos a los señores Ministros, al poco tiempo de asumir sus carteras, con propuestas emanadas de la experiencia y conocimiento nacional e internacional de nuestros técnicos, así como aportes a la discusión parlamentaria de varias normas que refieren e inciden en la Seguridad Pública.
• Compartimos que la acción del actual Ministerio del Interior combinado con Fiscalía y el Poder Judicial, ha permitido lograr disminuir algunos delitos que afectan la propiedad y la libertad de los habitantes, como lo son el hurto, la rapiña y el abigeato con altibajos. Compartimos también que “hay delitos que se mantienen esquivos”, en los que a pesar de las expresiones del Sr. Ministro en la Introducción del documento, lo percibimos como un importante fracaso, sobre el que se deberá seguir trabajando para mejorar.
• Discrepamos con el modelo estratégico para abordar la inseguridad. Lo hemos informado por escrito y oportunamente a ambos Ministros de esta Administración con antelación suficiente para realizar rectificaciones y nuevamente se expresan en el presente reporte.
• Sobre el Documento Preliminar denominado Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, elaborado en el tercer año de esta Administración, se piensa que debió considerarse con mayor antelación. Debería ser parte de la Estrategia de Seguridad Pública y de un Plan Director de Seguridad Pública, actualizables anualmente en función de la evolución del ambiente de seguridad y sus amenazas. Así fue como lo propuso Cabildo Abierto hace casi 3 años para el abordaje de una situación deteriorada herencia de la anterior Administración, con índices de criminalidad inaceptables propios de otras latitudes y padecidos por la población, que anhela mejoras.
• Cabildo Abierto entiende que es necesario contar con una Política de Seguridad perdurable. Es valioso el esfuerzo para intentar consensos y desde ahí, derivar en una Estrategia de Seguridad Pública, con controles del cumplimiento de las metas con parámetros de Calidad y Transparencia.
• Llama la atención la ausencia del Ministerio de Defensa Nacional, particularmente de la Prefectura Nacional Naval, en la formulación de este planteo, dado lo relevante de su accionar en las amplias jurisdicciones donde opera.
• Se considera que las propuestas presentadas son una serie de políticas solamente respaldadas en consideraciones académicas y de ONGs, como Cure Violence Global, ONG estadounidense sin experiencia contrastable en países comparables con el nuestro.
• Sin desmerecer el actual trabajo y las referencias académicas seleccionadas, las que citan ejemplos de países con mayor criminalidad en comunidades con contextos muy diferentes, se considera que nuestro país merece contar con propuestas de probada efectividad desarrolladas por agentes o instituciones de nivel estatal u oficial de países con realidades comparables con Uruguay. A modo de ejemplo reciente, el Gobierno de la República de Chile ha planteado una Política Nacional contra el Crimen Organizado que presenta una Estrategia de diez Ejes de Acción en forma profesional, pragmática y adaptada a su propia realidad.
• Teniendo en cuenta la relevancia del tema y su especificidad, consideramos que la planificación, implementación y desarrollo de las acciones necesarias, merecen ser llevadas adelante por Profesionales con experiencia y conocimiento en el terreno de la Seguridad, la Justicia, la Criminología, el manejo de Privación de Libertad, la gestión de Minoridad Infractora, Control de Fronteras, Migraciones y Seguridad Estratégica.
• Cabildo Abierto se ha comprometido con la Coalición Republicana de Gobierno y más importante aún, con quienes la votaron. Recordamos nuestro compromiso, aún no alcanzado por el Ministerio del Interior en cuanto a Seguridad y que lo explicitamos en el numeral 3.1 de nuestra respuesta del 19 de enero de 2023 al grupo de trabajo interpartidario. Mencionamos específicamente el apartado 6: “Una Policía Respetada, una Sociedad Pacífica”, en donde se destacan por su pertinencia relacionada a la Prevención las siguientes formulaciones:
✓ Recuperar las Comisarías barriales, Sub-Comisarías, Destacamentos y Quioscos Policiales en ciudades y el medio rural, como Unidades Operativas Básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las Comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias.
✓ Desarrollar una verdadera Policía de Cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también a solucionar problemas de convivencia en sentido amplio.
• Como socios de la Coalición nos resulta difícil apoyar políticas que no producen resultados tangibles de mejora de la seguridad para nuestra población.
• También nos resulta difícil comprender que luego de 36 meses de gestión, se pretenda reemplazar las acciones de reforzar Comisarías e Implementar una Policía de Cercanía por un Documento de Estrategia Integral librada a la suerte del consenso de actores políticos que en definitiva cambia una acción comprometida por una posibilidad elaborada.
• Tampoco nos resulta de recibo el dictamen interno del Ministerio del Interior sobre la no pertinencia de modificar el Art. 25 de la LOP, cuya necesidad resulta evidente para dotar de capacidades de prevención, investigación, protección, información y represión a las Unidades Básicas Operativas de la Policía, cuya ausencia ha generado la pérdida de territorialidad. Este dictamen puede llevar a pensar en una intencionalidad de ignorar las sugerencias realizadas por Cabildo Abierto, cuyas propuestas casi no se reflejan en el documento analizado, lo que resulta poco comprensible ya que pensamos que mejorarían la actual gestión. • Enumerando algunos otros aspectos, en primer lugar, llama la atención que en un documento del Ministerio deI Interior, presentado formalmente en conferencia de prensa, no haya sido revisado lo suficiente antes de ser impreso. Hay un error en la cita de la ley de narcóticos. Se entiende que lo que se quiere modificar es el art. 36 de la referida ley y no de Desalojos.
• En segundo lugar, el propio Señor Presidente cuando asumió, expresó su compromiso de no aumentar la carga del funcionariado público. Sin embargo, ahora se propone la creación de un Ministerio de Justicia que, si bien puede ser necesario, implicaría un importante estrés económico para un país como el nuestro. En igual sentido, las diferentes oficinas que se sugieren, siguen dando la pauta de una burocratización de la gestión, más que un interés que apunte a la eficacia.
• En tercer lugar, consideramos que sobran diagnósticos y lo que ha faltado es implementar las soluciones para los mismos. Es en este marco, que el dinero que se aplique a las consultorías puede ser directamente aplicado al plan. Aunque fuera una donación de un organismo internacional, eso no justificaría el derroche.
• En cuarto lugar, entendemos que el compromiso político es la base de cualquier plan que exceda los 5 años, pero subordinar lo técnico a lo político, sería replicar experiencias de debate que se dan en el Parlamento y Órganos Colegiados, lo que, en este caso particular, iría en detrimento de la gestión.
• En quinto lugar, se celebra la propuesta de construir 3700 plazas, aunque ésto no solucione el hacinamiento y la vulneración sistemática de derechos humanos durante años, ya que el ritmo de ingresos superaría la velocidad en la construcción de las mismas.
Habiendo realizado las anteriores consideraciones, a continuación se presenta el análisis que refiere a los aspectos propuestos en el documento.
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO
El presente análisis se expresa en el orden numeral planteado en el documento.
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Encuestas Nacionales de Victimización
• En términos generales se comparte la propuesta, particularmente para afinar con mayor precisión la Cifra Negra de los delitos y que se plasme mediante Ley.
• Consideramos que previamente sería necesario un Estudio de Prefactibilidad en conjunto con el INE para determinar se capacidad en cuanto a la frecuencia de su realización, la inversión necesaria a ser prevista, así como también estudiar la ratio costo/beneficio de realizarlas en relación al uso de dicha información para la PREVENCIÓN DEL DELITO.
• También sería importante incluir Encuestas sobre Confianza en la Policía y otras Instituciones relacionadas con el Sistema Penal (Justicia, Fiscalía, INR), para completar, entre otros aspectos, la información sobre la confianza de las personas en el Sistema.
Datos Abiertos y Representación visual de Estadísticas criminales
• No se comparte la propuesta hasta no contar con mejor información explicativa sobre los aspectos en los que Mejoraría la Prevención de los Delitos
4.2 PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
Gabinete de Seguridad Integral
• No se comparte el Objetivo “tener un panorama más preciso …” Entendemos que no se adecua a la redacción o formulación de un objetivo, el cual deber ser alcanzable, medible y concreto. No hay forma de establecer un Indicador de Desempeño o una Métrica para este objetivo. Tal vez debe redactarse de forma tal que guarde relación con la Estructura y Proyectos que se proponen.
• No se comparte la Integración del Gabinete propuesto sin la presencia del Ministerio de Defensa Nacional, que no está expresamente mencionado. Nos merece reparos la ausencia de éste Ministerio, pensando particularmente en la Prefectura Nacional Naval de gran eficacia contra el narcotráfico, así como los apoyos terrestres y de vigilancia del Ejército y del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya.
• En donde dice “organismos involucrados”, no se comprende a cuáles se refiere.
• En el Organigrama presentado, no se comprende la Relación de Mando y a quién reportan los Consejos Barriales.
• Hacemos notar que no se consideran en el documento aspectos del CPTED, (Crime Prevention Trough Environmental Design, Prevención del Delito Por el Diseño Ambiental), que es una de las disciplinas profesionales de la seguridad relacionada con la arquitectura. Un ejemplo es la Publicación(1) “Una mirada urbana sobre la Prevención del Delito, el caso Marconi” del 2017.
Consejos Barriales y Centros de Atención Integral
• Serán abordados en el numeral correspondiente a consideraciones de carácter Técnico Profesional Policial Programa de prevención de la violencia basada en género
• Se reconoce que existe un problema de violencia familiar, sin soluciones claras por parte del Estado, particularmente la violencia hacia las mujeres. No se apoya esta propuesta de la forma en la que se plantea, la cual solamente se basa en experiencias de una ONG sin resultados claros en cuanto a la disminución del delito.
(1) Casanova Henríquez, Alejandra,” Una Mirada urbana sobre la prevención del delito. El caso Marconi”. MI.- BID, Montevideo, 2019
• Se considera necesario recomendar que previamente a una toma de decisiones al respecto, se analicen los resultados de las evaluaciones de los Programas HM implementados en los barrios Marconi y Casavalle. Particularmente sobre la disminución o no de la VBG en esos barrios. En ese sentido, los datos estadísticos sobre los resultados en estas zonas y sobre las personas evaluadas, son fundamentales. Reiteramos que no compartimos que se repliquen programas, sin una previa validación de resultados, asi como de una evaluación de la calidad de las ONGs que los desarrollan.
• En el mismo sentido, nos cuestionamos en que forma incide en la prevención de delitos, el enfoque transformador de género que se propone (A modo de ejemplo se menciona masculinidades y diversidades, cuestionamiento y desconstrucción de la masculinidad violenta, orientación sexual, identidad de género, etc…)
• Se sugiere adoptar otras formas y abordajes de mejor calidad, que cuenten con apoyo gubernamental y de Entidades Académicas nacionales y también alguna extranjera con mayor especialización en el tema. Valoramos la participación de las Universidades del país en este tipo de planificaciones e implementaciones. En resúmen, no se comprende cuales serían los efectos de estos programas en la disminuciónón de los delitos de violencia familiar, en la criminalidad en general y en la Estrategia de Prevención, objeto de este documento Programa focalizado de Prevención de Homicidios
• Cabildo Abierto ha expresado su escepticismo con este tipo de soluciones
• Entendemos que el problema se ha expandido por la falta de territorialidad, capacitación profunda de la Policía y la falta de potestades de las Unidades Básicas Operativas que ejercían un control efectivo sobre las zonas, generando conocimiento y aproximación a cada rincón de los barrios.
• No compartimos la propuesta de emplear y contratar a la ONG Cure Violence Global a través del financiamiento del BID, lo que resultaría en una inversión onerosa de resultado incierto. Esta organización ha trabajado en algunas comunidades con altos índices de violencia y criminalidad que no son comparables al Uruguay. En la región, no ha materializado estrategias de prevención, solamente ha ejecutado evaluaciones iniciales en barrios de Recife y Río de Janeiro. Las mediciones realizadas en otros lugares son anteriores a 2016, lo que llevaría a tomar la información aportada con cautela.
Considerando estos aspectos, surgen preguntas:
✓ ¿Cuántos recursos económicos debemos desviar para hacer el piloto propuesto?
✓ ¿Alguien del Ministerio del Interior concurrió a las áreas intervenidas por esta ONG y evaluó “in situ” los resultados?
✓ ¿Estamos convencidos de que es posible emplear personas que accionen como “interruptores” entre la Policía y los Grupos de Narcodelincuentes para disuadirlos de generar homicidios en Uruguay?
• No compartimos la propuesta de contratar una Consultoría Internacional a cargo de estudiar la prefactibilidad, definir el funcionamiento y contratar o crear una ONG para ejecutar. No comprendemos por qué razón no se recurre a Profesionales de Seguridad y Consultores nacionales y Universidades, desconociéndoles su experiencia profesional y conocimiento territorial. Consideramos que nuestro país merece contar con propuestas de probada efectividad desarrolladas por agentes o instituciones de nivel estatal u oficial de países con realidades comparables con Uruguay y no solamente priorizar experiencias de la ONG antes mencionada. A modo de ejemplo, en otros países de la región con problemáticas de seguridad como Chile, ha planteado una Política Nacional contra el Crimen Organizado que presenta una Estrategia de diez Ejes de Acción en forma profesional, pragmática y adaptada a su propia realidad.
4.3 PREVENCIÓN POLICIAL
Sistema de Salud Ocupacional Policial
• Se comparte mejorar el estado de bienestar físico, mental y ocupacional del Personal Policial y sus familias
• No se comprenden las razones por las que no se ha abordado este tema y no se ha reforzado la Dirección Nacional de Sanidad Policial para lograr este objetivo durante los 3 años que lleva la actual Administración. Tampoco se comprende si en realidad se necesita de una instancia multipartidaria o se alcanzaría con incluir este objetivo, estructuras y presupuestos en la Rendición de Cuentas.
Capacitación en trabajo con poblaciones vulnerables
• Se comparten los Objetivos Específicos, los que ya debieran ser parte de la capacitación y entrenamiento de la Dirección Nacional de Enseñanza Policial.
• No se conocen las causas por las cuales aún no se ha realizado.
Prevención del Ciberdelito
• Cabildo Abierto comparte toda medida para mejorar la postura del país frente al ciberdelito y los ciberataques a nuestro sector público y privado.
• No se entiende por qué el sistema político aún no ha considerado el Proyecto de Ley Contra el Ciberdelito presentado por Cabildo Abierto, en donde se tipifican varias figuras delictivas cibernéticas y que son de gran actualidad y relevancia.
• Se considera necesario contar con organismos superiores a la AGESIC y las Unidades de Delitos Informáticos y Ciberdelito del Ministerio del Interior. Se trata de una amenaza de magnitud y debe encararse con una Estrategia Nacional y un Plan Anual de Ciberdefensa coordinado con todas las Agencias involucradas, Entes, Organismos del Estado e Instituciones Privadas.
• El tema ameritaría un acuerdo interpartidario y que se organice una Agencia Nacional de Ciberdefensa integrada por varios organismos, que tenga estatura para la cooperación internacional, con capacidades fortalecidas, una estructura importante y recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros de relevancia que estamos dispuestos a apoyar.
4.4 PREVENCIÓN TERCIARIA
4.4.1 Ministerio de Justicia (Legislatura L 2025-2030)
Si bien la propuesta contiene antecedentes y justificación, emergen las siguientes consideraciones:
• Aumenta el costo del Estado. Resulta llamativa la propuesta ya que tanto la cita del artículo de la Carta Magna como la lógica de trabajo del Ministerio del Interior, no son razón necesaria y suficiente para la creación de un Ministerio. El que las cárceles no sirvan para mortificar no es un problema de que las mismas estén en el sistema del Ministerio del Interior, sino que hay años de una ausencia total de políticas coordinadas de trabajo intracarcelario. La rehabilitación y reinserción no es patrimonio exclusivo de ningún ministerio y ésto no solucionaría “per se” el problema. Necesita una articulación entre diferentes entes: Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Ministerio del Interior. ¿Que cambiaría la creación de un nuevo Ministerio? Se piensa que nada cambiaría si se sigue trabajando en forma independiente.
• Solución propuesta: Que el INR sea una Dirección es parte de la solución. Pero para que el funcionamiento sea el correcto, se necesita: unificar el estatuto de los funcionarios. NO pueden coexistir dos estatutos diferentes con lógicas diferentes, por ejemplo, no pueden seguir remitiendo a cárceles, a policías sancionados de otras reparticiones. La cabeza que coordina dicha Dirección debe necesariamente tener un soporte técnico y policial. Uno no excluye al otro.
• Igualmente sucede con las Medidas alternativas. No conviene que estén subordinadas a la privación de libertad. Debe ser una Dirección propia y autónoma, con presupuesto propio, en directa coordinación con Fiscalía a la hora de ver si es adecuada o no una medida alternativa. Debe tener coordinación con la DINALI con miras a la reinserción a posteriori, con el MSP por temas de salud y adicciones y hacer un verdadero trabajo coordinado. No es con más ministerios que se soluciona el problema, es con un trabajo organizado y articulado con las instituciones que ya existen.
4.4.2. Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario.
Nuevamente se entiende que se siguen generando estructuras que implican una distracción de un presupuesto que a todas luces siempre va a ser insuficiente.
• Se discrepa in totum con que la Secretaría Técnica esté integrada por representantes asociados a los partidos políticos. Se entiende que el consenso político debe estar para que cualquier plan que se implemente, perdure más allá de los 5 años de gobierno.
• Subordinar lo técnico a lo político implica que se reproduzcan las discrepancias que ya suceden en los órganos colegiados.
• Se entiende imprescindible hacer un análisis del perfil de las personas que están recluidas, más que contratar Consultorías. Los diagnósticos abundan.
• Si la mayoría cuenta con problemas de consumo problemático, la solución viene de la mano de gestionar tratamientos para estas personas aprovechando que están privadas de libertad.
• Si el problema es de salud mental, consignar en coordinación con MSP fuentes de financiación para contratar los técnicos necesarios para dar una verdadera atención y evitar el bochorno de lo que sucede hasta el presente.
• Si el problema es carencia de docentes, gestionar por ejemplo con el IPA, que los estudiantes avanzados hagan allí sus pasantías.
Se visualiza una excesiva burocratización en el planteamiento de consultorías o informes.
• También nuestro partido entiende que se deberían realizar todos los esfuerzos posibles y exhaustivos, para transitar caminos creativos que permitan la implementación de lo que llamamos “Trabajo Obligatorio” para los PPL. Cabildo Abierto está convencido que ayudaría a generar en ellos la aptitud para el trabajo, apoyando su rehabilitación y reeducación, evitando las posibles reincidencias, o como se expresa en parte del Art 26 de la Constitución, asegurar la profilaxis del delito.
El trabajo sin duda evita el ocio carcelario y colabora con la rehabilitación. Creemos que el trabajo dignifica, además de ser una redención de pena como lo establece la ley 17.897. Como argumento en esa dirección, nos planteamos que actualmente existe el trabajo comunitario como posibilidad de pena, el que tampoco es voluntario y en suma, obliga a trabajar al penado, que si no lo cumple, pasa a prisión efectiva. En esa lógica, se puede pensar que los individuos penados con prisión efectiva que acepten obligarse a trabajar bajo caución juratoria, podrían obligarse a trabajar para redimir el tiempo de pena a la vez que se promueva su rehabilitación y obtengan recursos económicos para si mismo y su núcleo familiar.
Vemos recomendable una coordinación entre el Sistema Judicial, Penitenciario, los Proyectados Centros Barriales y los núcleos familiares relacionados, para establecer, entre otras cosas, un mecanismo de apoyo vinculante con el trabajo remunerado del PPL.
4.4.3 Programa de atención a penados con uso problemático de drogas
• Nuevamente el diagnóstico resulta redundante. Si los números que emergieron de ASSE en cuanto a que el 85% de los internos era consumidor, aquí está el tema.
• Lo que debería gestionarse son acuerdos específicos para el tratamiento de consumo problemático, tanto con profesionales contratados a tal efecto considerando el apoyo farmacológico para superar adicciones.
• Los talleres existentes son un buen primer paso, pero resulta insuficiente a la luz de la cantidad de reclusos que tienen consumo problemático.
• Surge además como urgente que se controle de forma eficiente el ingreso de las drogas, donde los familiares femeninos distan mucho de ser la única fuente.
• Hay que fortalecer los controles de forma real. Resulta imprescindible coordinar con la Junta Nacional de Drogas, que no fue mencionada, ya que ellos tienen ingresos económicos importantes que reciben de la incautación.
4.4.4 Dirección Nacional de Libertad Asistida
• Cuando se modificó la OSLA se le dio estatuto de Subdirección dependiente del INR.
• Hay que modificar este formato ya que la gestión de la libertad no puede quedar subordinada a la privación de libertad. Resulta un sin sentido donde la concentración de poder bloquea las iniciativas propias de la gestión de libertad.
• Se entiende necesario que la relación de personas con medidas sustitutivas tenga una correlación que excede por lejos las 30 contrataciones que se proponen. En principio si se parte de la base que hay 18.000 personas con medidas sustitutivas, se necesitaría un mínimo de 300 funcionarios para su contralor y supervisión. NO resulta viable que 30 personas, más los que ya están, puedan hacer una efectiva supervisión.
• El fracaso en una supervisión adecuada lleva al descreimiento de dichas medidas y en el panorama actual hay que ser realistas. No se puede seguir improvisando. Las medidas alternativas NO SON EXCLUSIVAS DEL AREA, sino que necesitan coordinación con otros ministerios. Seguir trabajando en áreas estancas NO PRODUCE RESULTADO.
Conclusiones sobre la Prevención Terciaria
• Seguir creando organismos estatales no solo complejiza el presupuesto, sino que además sigue burocratizando el enfoque y demorando las respuestas que urgen.
• El consenso político es que la política de seguridad exceda el plazo de 5 años de gobierno, pero politizar la gestión va en detrimento de la eficiencia y eficacia que se entiende debe ser necesariamente técnica.
• La clave no pasa por multiplicar oficinas sino por trabajar en coordinación.
• La integración de la sociedad civil debe ser fomentada, pero supervisada para que sea un insumo y no genere conflictos.
• La gestión de la libertad no puede ser subordinada a la gestión de la privación de libertad ni tampoco se soluciona con la integración de 30 personas. Uruguay es más que el área metropolitana y debe ser coordinada a nivel país. La relación de 18,000 personas con medidas alternativas requiere al menos el ingreso de 300 personas para una gestión acorde a los parámetros que se entienden mínimos para una gestión coherente y eficaz.
5. ANEXO: PROPUESTAS EN EJECUCIÓN
5.1 Apertura y Reforma de Seccionales Policiales
• Este tema está desarrollado en el numeral siguiente “Consideraciones de Carácter Técnico Profesional Policial”
5.2 Apertura y reforma de infraestructura penitenciaria
• El proyecto de construir esas plazas viene desde el 2022 y como toda obra llevará un tiempo de construcción. Pero en estas plazas, que, por supuesto son más que necesarias y bienvenidas, no se han tenido en cuenta los nuevos ingresos que rondan entre 20 y 30 internos por semana, por ende la aparente solución de baja de hacinamiento no parecería ser tal.
• Por otra parte, en visitas recientes al COMCAR se visualizó que hay módulos con bajo nivel de ocupación y otros altamente saturados. Esta lógica se presume que se debe a que, o no se cuenta con un perfil de interno que se adapte a esas áreas o que no se han evaluado a ver si son aptos para tal redistribución.
• La lógica de la construcción tendría que apuntar a hacer cárceles pequeñas (no más de 500 presos), en formato de participación público-privada a donde los presos previamente a su ingreso sean evaluados para ponderar si esa unidad dada es la adecuada o no.
• Seguir acomodando gente en módulos “solo porque hay lugar” lleva a problemas como los que han estado en la esfera pública (extorsiones, abusos, etc.).
• Cabildo Abierto ya realizó propuestas concretas en los reportes directos a los Señores Ministros en 2020 y 2021.
5.3 Aumento de Salarios Policiales
• Se comparte, aunque no se comprende, la razón por la que el Ministerio del Interior no tomó la iniciativa previamente.
• Tampoco se comprende la relación con la Estrategia de Prevención de una medida que ya estaba en funcionamiento.
• Tampoco se comprende la necesidad de un acuerdo interpartidario para una medida que ya fue tomada y está en ejecución
5.4 Implementación de Postgrados en DNEP
• Se comparte las Maestrías en Criminología y Gestión Policial
5.5 La Modificación del Art. 36 del Decreto Ley 14.492
En primer lugar, de acuerdo a la información que emerge de la página del Parlamento el referido Decreto 14.492 se refiere a Desalojos y no tiene artículo 36.
Estimamos que se refiere al Decreto Ley 14.294 cuyo artículo 36 reza: “Se aplicará pena de cuatro a quince años de penitenciaría, en los casos siguientes:
1. Cuando la entrega, la venta, la facilitación o el suministro de las sustancias a que se refiere el artículo 1° de la presente ley se efectuaren a una persona menor de veintiún años o privada de discernimiento o voluntad.
2. Si a consecuencia del delito, el menor de edad o la persona privada de discernimiento o voluntad sufrieren una grave enfermedad. Si sobreviniere la muerte, se aplicará pena de cinco a veinte años de penitenciaría.
3. Cuando la sustancia fuese suministrada o aplicada sin consentimiento de la víctima.
4. Cuando el delito se cometiere mediante ejercicio abusivo o fraudulento de una profesión sanitaria, o de cualquier otra profesión sujeta a autorización o vigilancia debido a salud pública.
5. Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público, cualquiera sea su finalidad.
6. Cuando se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución de las sustancias referidas en el artículo 1° de esta ley. (*)
Esta modificación repercute directamente contra la previsión de la LUC con lo que sucede con las familiares que pretenden ingresar sustancias a los presos. Sin perjuicio que esta situación deberá modificarse, además de este decreto ley, también deberá serlo en el artículo de la LUC por un tema de armonización de leyes y evitar así tener que hacer complejos razonamientos para evitar seguir remitiendo mujeres a la cárcel por el intento de ingreso de cantidades de estupefacientes que son legales en la calle.
En conclusión: Al momento de la redacción de la modificación, hay que tener en cuenta que se modifican dos normas.
CONSIDERACIONES DE CARACTER TÉCNICO-PROFESIONAL POLICIAL
• Cabildo Abierto asume, que estaba meridianamente claro en nuestra propuesta que la piedra angular de toda estrategia no solo preventiva y de cercanía, sino también prevención activa y represiva del delito, debe y debería pasar por una Unidad Básica de Operaciones en los territorios jurisdiccionales como lo son las Comisarias Seccionales.
• Se ha argumentado en el documento solicitado la importancia del concepto del dualismo funcional preventivo y represivo que si bien es inherente por principio general de la Institución no obstante, es importantísimo que una norma legal lo especifique claramente y nada mejor que modificar el artículo 25 de la ley 19.315 Orgánica Policial.
• En el mismo sentido resulta obvio, pero igualmente recalcamos, que aunque se pueda deducir la funcion policial, no tiene la misma certeza jurídica que una ley lo establezca claramente. Esto dotaría de garantías al Policía, Operadores Judiciales y la ciudadanía toda. Por otro lado, no ofrece la misma sustentabilidad jurídica que las funciones sean otorgadas por un decreto, resolución o cualquier otra norma de menor jerarquía que una ley, debido fundamentalmente por el respaldo que la democracia indirecta otorga al Poder Legislativo.
• Se expresa esto como antesala de comenzar a reseñar que una vez recibido el documento preliminar diseñado (donde obviamente referenciamos en general al Ministerio del Interior, al Señor Ministro y usted en particular), hecho este que usted ha manifestado insistentemente, enfatizamos que nuestra propuesta de modificación del Artículo 25 inciso C de la Ley 19.315, para potenciar las seccionales con las funciones de Información, Cercanía Comunitaria, Relaciones Publicas, Prevención, Disuasión y Represión del delito, se excluyó de las 15 medidas propuestas, y pasado a un anexo con argumentaciones que no se consideran válidas para justificar su enfoque de apertura y reforma de las Seccionales, que en las memorias anuales 2021 y 2022 se refieren a los aspectos edilicios de puesta en funcionamiento pero no a nuestro enfoque que va a las potestades y funciones que debe cumplir.
• Al final de la reunión del día 13 próximo pasado, se nos entrega la fotocopia de un dictamen de la Asesoría Letrada del Ministerio del Interior en donde no se cree pertinente la modificación del referido articulo con argumentos que obviamente no compartimos pero, además, tampoco incluye una definición específica del jerarca por tanto se trata solo de una asesoría que no se tiene porque acompañar y otros argumentos son de más peso.
A continuación, expresaremos los argumentos que creemos invalidan dicho dictamen y exponemos cuales son los que fortalecen la tesis de si modificar dicho artículo.
a) No tuvimos acceso a la totalidad del expediente ni comunicaciones o consultas que allí se mencionan para expedir sobre los modelos de organización de las Áreas o Dirección de Seguridad, que según se mencionan, fueron en respuesta a las comunicado número 393/ del 24 de agosto de 2020 y reiterado por oficio Nro 338/21 de fecha 5 de mayo de 2021, No obstante nos resulta llamativo que se argumente como valedero una resolución proyectada que no llego a convertirse en un acto jurídico firme por no estar firmada por ningún jerarca, de otra forma ya estaría plenamente publicitada y en vigencia.
En esa resolución proyectada hace referencia a determinados artículos muy similares al antiguo decreto 256/76 Reglamento de la Dirección de Seguridad en cuanto si menciona funciones como las que hicimos referencia.
b) Resulta poco serio jurídicamente, asentar un argumento sobre un acto jurídico no promulgado. Pero, además como ha sucedido en administraciones anteriores, las resoluciones y decretos, basta la determinación del Poder Ejecutivo para derogarlas y se seguiría padeciendo antojadizas decisiones de organización y funcionamiento de las que ha sido víctima la Policía en varias administraciones. Por esto reiteramos nuestra voluntad que daría mucha más certeza, seguridad y sustentabilidad a las estrategias, técnicas, tácticas operativas y administrativas de la Policía que se establezcan por ley como se ha hecho con las misma ley 19.315, 18.315 y otras.
c) No obstante, lo débil del argumento de no creer pertinente modificar el artículo 25. Igualmente vemos que, al incorporar las funciones de prevención, disuasión y represión del delito en una resolución proyectada, implica que los autores del proyecto también vieron necesario incluir estos elementos en una norma, aunque de menor jerarquía. Por tanto, la diferencia fundamental es que Cabildo Abierto lo requiere para incorporarlo en una ley.
Por otro lado, resulta contradictorio que siendo esta una propuesta del Ministerio del Interior y que varias tareas deberían cumplirse por Oficiales y Policías de las Seccionales no se potencie el funcionamiento de las mismas y por ende no se incremente el personal y medios.
• Con respecto al punto 4.2.2. Consejos Barriales y Centros de Atención Integral
Este punto cae en el mismo ámbito de influencia del que se ha argumentado en cuanto a que si no se potencia funcionalmente las potestades operativas y administrativas de las Seccionales, acompañado de un aumento significativo de medios humanos y logísticos, no se podrá ejecutar cabalmente y no pasaría de una expresión de deseo. Las Seccionales y sus Comandos en el territorio no podrán responder a las demandas de la gente, ni de las demas instituciones como se pretende.
Las Seccionales actualmente se encuentran desbordadas de trabajo administrativo y con menguadas posibilidades de respuesta, salvo la conocida 10/10 para proteger víctimas de violencia doméstica, que por su importancia y eventuales derivaciones, tienen un compromiso penal y administrativo importante para los Policías. No existe una capacidad de respuesta adecuada para cumplir el punto referido, por lo menos esto es así en las Seccionales de Montevideo y algunas de Canelones e interior del País.
Reiteramos una vez más que el cambio de paradigma operativo de la Policía pasa por la movilidad en combinación con una buena respuesta en el ámbito de responsabilidad de las Seccionales como locales de atención, de prevención, disuasión y represión e investigación de los delitos o hechos que podrían derivar en ellos.
No es solo movilidad en detrimento de los locales operativos de atención de los hechos denunciados, se deben complementar, y ninguno de los dos aspectos debe adolecer de carencia de ningún tipo, ni normativo, ni de recursos humanos, logísticos, organizacionales ni administrativos, sino se resiente el combate al delito en los territorios incrementando las percepciones objetivas y subjetivas de seguridad.
• Con respecto al punto 4.3.2. Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP)
1. Entendemos y reiteramos los fundamentos ya señalados, la PCOP, tiene actualmente un desarrollo escaso, basta decir que en el Departamento de Montevideo, para casi 1.500.000 de habitantes, distribuidos en 200 kilómetros cuadrados poblados, la Jefatura de Montevideo entre las 4 zonas que incluyen 25 jurisdicciones de Comisarias Seccionales, solo posee un poco menos de 50 policías abocados a la tarea, por ende, actualmente sin potenciar las Seccionales en todos los aspectos; normativos, funcionales, organizacionales, humanos y logísticos, la pretención señalada en los objetivos específicos y el impacto esperado de prevenir el delito es inalcanzable.
2. Según consta en el documento Preliminar, en el referido numeral dentro de los Objetivos específicos se menciona Fortalecer y dar alcance nacional a las PCOP, Opinamos que, pretender impulsar y obtener dichos objetivos con el estado actual de desarrollo o con un apoyo insuficiente no es más que una fachada de proactividad que no se concretará, con el agravante que recargará las actuales posibilidades de las Seccionales, exponiendo a los comandos y policías de dichas unidades a reclamaciones, demandas y eventualmente sanciones por incumplimiento de metas y no pagos de compromisos de gestión por objetivos no cumplidos.
3. En la parte final de este capítulo se menciona un cuadro de fortalezas y debilidades, por ende el Ministerio del Interior concuerda con nuestra opinión en el actual estado de situación, pero agregamos que ese balance por el peso de las responsabilidades, aumentará el desequilibrio en grado nacional y de implementarse esta estrategia sin los soportes que requerimos aumentará las ineficiencias.
Montevideo, 12 de abril de 2023
EQUIPO DE ASESORES DE SEGURIDAD DE CABILDO ABIERTO
