Por: Fitzgerald Cantero Piali.
El teletrabajo era una realidad en muchas actividades antes de marzo de 2020. En algunos lugares donde todavía no había ingresado, se empezaba a explorar su potencial, y en otros, directamente no se consideraba. A partir de la proliferación de la pandemia, el proceso se aceleró. Como va a ocurrir en varios planos, la pandemia, lejos de ser una excusa, es una inmejorable oportunidad para introducir reformas que nos vuelvan más productivos, más eficientes y más felices.
Quienes tenemos responsabilidades de gobierno, necesitamos velar, constantemente, por la pública felicidad. Y un aspecto importante de ella, en los tiempos que corren -y seguramente siempre-, es ser eficientes en el uso de los recursos, tanto materiales como el más importante el humano, las personas y su tiempo, lo único que no se puede recuperar.
La obligación de mantener las burbujas familiares y restringir nuestra movilidad, nos ha traído como consecuencia positiva, el aprovechamiento del tiempo en ratos muertos: traslados de un lugar a otro, congestiones de tránsito, imprevistos, esperas para iniciar una reunión. La virtualidad nos ha vuelto más puntuales. Otro punto a favor.
Cuando volvamos a la normalidad, ojalá sea pronto, deberíamos considerar lo positivo de esta coyuntura, para no volver a esos vicios pre-pandemia que nos condicionaban.
La propia experiencia y la compartida por otros, me lleva a la conclusión que las organizaciones no se volverán a gestionar como antes. Los ahorros económicos (metros cuadrados, costos operativos, transporte, etc.), temporales y la compatibilización entre la vida familiar y laboral, son ventajas a preservar.
Como todo, los extremos no son nunca algo a recomendar y buscar el punto medio debe ser nuestra guía. Por lo tanto, la combinación entre presencialidad y teletrabajo, debe ser la formula que se acerque a ese equilibrio.
Y esto también en el Estado. No soy ajeno a lo polémico del planteo. Los funcionarios públicos tienen mala fama, pero, como todo, pagan justos por pecadores, que siempre son los menos.
Que hay funciones que no admiten el teletrabajo, es obvio, pero en la gran mayoría de las competencias públicas, sí se puede realizar. Es más, esta oportunidad es propicia para revisar la cantidad de funcionarios públicos y si son necesarios más o no.
Introducir esta combinación en el aparato estatal, nos permitirá ahorrar dinero y pasarnos de una buena vez a una gestión por resultados, donde cuente el producto de la política pública sin importar las horas que el funcionario estuvo sentado en la silla.
El factor más crítico es la supervisión, sobre todo, los supervisores que no se adapten a este tipo de trabajo. Pero una gestión por resultados, que mida, que de libertad y pida cuentas, es un buen camino para el ganar-ganar, que todos necesitamos.
Tenemos la posibilidad de terminar con la escalera del burro y valorizar a quienes trabajan y rinden sin necesidad de su presencia física y permanente.
Empecemos, evaluemos y sigamos decidiendo.
