Uruguay. La gran derrota de Lacalle

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Por: Edil Fabricio Rodríguez

Así se titula una publicación de marzo de 1993 del periodista uruguayo Guillermo Waksman donde realiza un análisis de los aspectos políticos de los resultados del Referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas N° 16.211.

Allí dice a modo de resumen, que “El 13 de diciembre [de 1992] los uruguayos sorprendieron a todo el mundo: mediante un referéndum, anularon los artículos fundamentales de una ley de privatizaciones aprobada un año atrás por el Parlamento. Dentro de nuestras fronteras, lo que más llamó la atención, fue el «score»: 72 por ciento de los votos fue contra la ley (y contra el gobierno) y apenas el 27 por ciento a favor. Más allá de las consecuencias estrictamente jurídicas, el resultado abre perspectivas de cambios en las reglas de juego de un sistema político que casi todos consideran agotado”.

Dos años antes, la victoria del Partido Nacional, significó la rotación de los partidos tradicionales en el poder y demostró la existencia de una nueva sociedad pragmática que rompía con las formas tradicionales de adhesión y manifestaba su insatisfacción con quienes gobernaban. No tenían el patológico “miedo al cambio”, sino que el cambio se veía como el más saludable recurso para la búsqueda de mejoras y bienestar social.

Sin querer hacer una crónica del tiempo pasado, es pertinente afirmar que la Ley del Presidente Lacalle Herrera, por un lado tocaba la “fibra batllista”, evidentemente estatista que cunde en la mentalidad del uruguayo promedio. En segundo lugar, ponía de manifiesto la posibilidad, a través de una referéndum, de que la ciudadanía no juzgara solo el contenido del texto legal, sino que a modo de unas “elecciones de medio término” pusiera en juego la legitimidad del propio gobierno.

Los resultados electorales, ese “score” 72%-27% dio una prematura derrota electoral a un Ejecutivo, que había hecho de la ley un mantra necesario para el ejercicio del gobierno. De aquí en más, el Partido Nacional quedó en franca minoría en el Parlamento ante el retiro de sus socios. Poniendo sobre la balanza los costes políticos de sostener un gobierno golpeado o asumir un rol de oposición en miras a la próxima elección, la segunda fórmula tomó cuerpo.

Ahora bien, no se deje engañar con mi título sensacionalista, volviendo al 2021, unas 3678 leyes después de la Ley de Empresas Públicas, llegamos a la Ley de Urgente Consideración Ley N° 19889 y su campaña de recolección de firmas para imponer un recurso de referéndum.

El anterior referéndum a un Lacalle tenía premisas concretas sobre la pérdida de históricos monopolios, lo que implicaba poner en duda el viejo imaginario estatista, resumidos en 5 artículos de la ley que distintas fuerzas políticas y sociales acordaron en impugnar. El titular que presentaba los resultados electorales por “La República”, sintetiza la idea general impuesta, “El patrimonio nacional sigue siendo nuestro”.

Hoy, las premisas de la Comisión Pro Referéndum, no han podido generar un relato claro y creíble sobre los supuestos perjuicios para la ciudadanía que significa la L.U.C., llevando prácticamente a que el eslogan de campaña sea “Reafirmá tus derechos. Reafirmá la democracia” donde pareciera que lo que está en juego es la democracia liberal que conocemos.

La dificultad en un mensaje claro para el ciudadano, está generada por la falta de liderazgo en el Frente Amplio y su incapacidad de gobernarse a sí mismo, dejándose imponer lógicas de barricada de los sectores radicales y del propio PIT-CNT, tanto así que los obligan a querer derogar artículos que aprobaron en el Parlamento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Pro Referéndum llegará a las firmas válidas suficientes para lograr la instancia electoral, de eso hay pocas dudas ante el importante “colchón” logrado. Pero debemos analizar que los movimientos de oposición, no lograron convencer de firmar a la totalidad de votantes que les dieron su confianza en las elecciones de primera vuelta de 2019, habiendo una diferencia de 152115 voluntades que no se manifestaron poniendo su rúbrica en la interposición del recurso de Referéndum LUC.

El Presidente Lacalle Pou, a diferencia de su padre, mantiene altos índices de aprobación ciudadana, sus principales ministros son garantes de gestión (el Dr. Larrañaga era uno de los más notorios ejemplos), y su discurso es aceptado por un amplio espectro de público.

Cuando se proclame la Corte Electoral, dando como hecho la existencia del Referéndum, el gobierno y todos los integrantes de la Coalición deberán afrontar con valentía y asumir los costes políticos del debate de la campaña hacia el referéndum como ya lo vienen realizando.

En la futura instancia electoral, la campaña de la oposición no será la discusión de la LUC en su forma ni contenido, su estrategia se abocará a continuar con su relato de un Uruguay en crisis por las “nefastas” políticas de gobierno llevadas a cabo por Lacalle Pou.

Como 5 artículos no son 135, Lacalle Herrera, no es Lacalle Pou. Pero al final del día, el referéndum será una nueva “elección de medio término”, donde no está en juego sólo la Ley de Urgente Consideración, sino la gobernabilidad.

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