Por: Anonimous
En los últimos meses del año 2005, si no recuerdo mal, tuve el placer y el honor de asistir a una conferencia dictada por un connotado ex canciller de la república sobre la situación internacional del momento. Una vez terminada la misma se dio un espacio para un intercambio cara a cara con el conferencista. La pregunta que recuerdo muy bien fue directa y breve: ¿Quién gobierna hoy en nuestro país? La respuesta no pareció diplomática como era su estilo, fue directo: El PITCNT. La sorpresa me asaltó en el momento y a medida que pasa el tiempo ha dado lugar a una certeza, el poder de la central intersindical está fuera de su ámbito y es dañino para todos, inclusive los trabajadores.
Hace unos días apareció en varios medios de prensa la noticia de la reapertura del caso Friopan y aquel impacto revivió al instante en mi mente, se removieron las cenizas del recuerdo de hace 16 años y avivaron las brasas de la indignación patriótica por el desgobierno en el que por años navegamos.
Aquella aseveración del ilustre conferencista fue tomada por mí casi como la sentencia de un juez en aquella hora. Hoy la percibo en cambio como una advertencia, una luz roja que se prende sobre el futuro del Uruguay: ¿Quién manda? ¿Hay institucionalidad?
En la madrugada del 24 de Mayo de 2019 la planta elaboradora de Friopan fue ocupada por el turno de la noche. La decisión fue tomada por varios delegados sindicales presentes y algunos obreros. Poco después se hizo presente más personal y otras personas no pertenecientes a la plantilla de la empresa, que se sumaron a la ¨ocupación¨ de la planta. Así lo consignó la denuncia penal presentada por la empresa. En esa ocasión los costos de la ocupación fueron estimados por los propietarios en unos 9 millones de dólares, entre mercadería y maquinaria. Esa cifra no cubre otros daños intangibles y difíciles de valuar como por ejemplo el de impedir a los propietarios el libre acceso a sus instalaciones. Es una limitación al derecho de propiedad que no está consagrada en nuestro ordenamiento legal, es un secuestro, una invasión con hurto, una usurpación violenta.
La misma se vio agravada en los cuatro días posteriores por un comportamiento doloso que descuidó los medios puestos bajo su dominio absoluto. Dejaron pudrir la mercadería en proceso y robaron la mercadería elaborada, con excepción de algunas bandejas que fueron puestas en los congeladores luego de apagar la corriente eléctrica.
En el acta que hizo labrar el propietario por una escribana pública quedó registrado el daño causado por putrefacción de la masa dentro de las amasadoras y otras máquinas de la planta. El estado de la planta fue filmado y tuvo amplia difusión en la redes en aquel momento.
El caso fue derivado a la fiscalía de flagrancia que tiempo después dispuso el archivo del expediente por falta de mérito para continuar las actuaciones. El 10 de Febrero de este año, un juez a pedido de los abogados de la empresa, dispuso la reapertura del caso. Un nuevo fiscal está actuando ahora y genera la noticia y mi reacción. En las indagatorias del nuevo fiscal quedó registrada la frase de un ocupante al responder que resulta paradigmática y es muestra cabal de la situación planteada:
¨Yo tuve la orden que se pudriera todo¨
El indagado se refería a las indicaciones de los líderes sindicales sobre el destino de la mercadería en proceso. Se supo además que mucha producción pronta para la venta fue repartida entre el personal ocupante. Por otra parte el acatamiento fue total y constituye la causa del procesamiento actual. Se dejó pudrir y deteriorar la maquinaria de manera culpable, con conciencia de lo que se hacía y con la intención de provocar el daño que finalmente se produjo. El 23 de abril pasado el fiscal actuante pidió el procesamiento de los nueve ocupantes que pudieron ser identificados. No sabemos si son todos y si los líderes sindicales fuera de plantilla fueron procesados. Del pedido de procesamiento del fiscal la prensa da a conocer un párrafo esclarecedor sobre sus motivos:
¨La ocupación en ningún caso puede significar la destrucción, el deterioro o el abandono de los bienes de la empresa, sea por acción u omisión¨
El artículo 392 de la ley 19889 establece:
¨ (Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa).- El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.¨
Rescato dos reflexiones finales a propósito de los dichos del ex canciller y en relación a esta panificadora y sus propietarios y obreros, con la mira puesta en mañana, ya que el pasado solo merece ser olvidado y el presente aunque venturoso requiere concreciones.
La primera es poner de relieve que hubo mala comunicación entre las partes en conflicto lo cual resulta inaceptable para ellas. La gerencia, los capataces, los empleados, son todos colaboradores a un fin último que es entregar un producto comestible de la mejor calidad que fortalezca la marca y respalde los intereses de todo el equipo de trabajo. Con qué seguridad un cliente puede consumir productos cuando sale a luz una escasa coordinación productiva. Cómo se guardan las normas de higiene, como se evita la contaminación al cambiar la línea de producción. Al ir al fondo del asunto surge que todo se originó en un rumor sobre la adquisición de nueva maquinaria que reduciría hipotéticamente los puestos de trabajo. En tiempos de cambios impuestos por la tecnología a velocidades cada vez mayores, cuando el tiempo de cambio de maquinarias y líneas de producción así como otras herramientas se hace cada vez menor, ello requiere capacitación constante y reentrenamiento permanente para subir los índices de calidad y aumentar la producción. Quien no lo haga quedará fuera de mercado. Se perderá la fuente de empleo. Se destruirá valor. El costo de no capacitar en técnicas de negociación es demasiado alto. La responsabilidad es de todos sin excepciones, propietarios, gerentes, capataces, líderes sindicales y otros colaboradores.
Segunda reflexión: Es inadmisible continuar con ocupaciones que limitan el derecho de propiedad, destruyen patrimonio y legitiman comportamientos impropios, inmorales e ilegales, entre ellos el hurto. Todo ello agravado porque al ser una medida gremial se tiende a pensar la misma por parte de los obreros como algo legítimo, que aunque lo sienten malo en esencia y no desean hacerlo, es aceptable por la lucha contra el patrón. Se ven así impelidos por la presión social que ejerce el sindicato y la amenaza real o sentida, al que actúe en sentido contrario.
El sindicalismo debe actuar en el marco de sus competencias y las personas que desean ingresar a trabajar deben poder hacerlo sin sentirse amenazadas. Los propietarios deben poder completar las líneas de producción con los colaboradores que así lo deseen, preservando para todos la fuente laboral y permitiendo guardar las normas de higiene de la elaboración de productos destinados al consumo. Todo debe ser hecho dentro del marco de la ley y los contratos de trabajo y los que así no lo hagan estarán sujetos a acción administrativa, civil o penal como corresponde a un país donde rige el orden jurídico.
En este caso los obreros fueron mal guiados por un liderazgo sindical irresponsable y poco profesional. Se trató de un sindicalismo beligerante y prepotente, excedido de su ámbito que actuó en contra de los intereses de todas las partes, destruyendo capacidad de trabajo y con ella de generación de empleo. ¿Quién paga los 9 millones perdidos?, la empresa pagará su parte ¿y el resto? ¿Quién restituye al ocupante el costo intangible de ser procesado?
Esos trabajadores participantes que fueron procesados, afectaron también su imagen como compañeros de trabajo y como colaboradores de la industria de la panadería para siempre. Queda asimismo afectada la capacidad de los mismos ser ejemplo y fuente de inspiración para sus pares y para sus familias. La empresa pierde personas preparadas que habían elegido pertenecer a su plantilla y con las cuales había una relación de intercambio que ha quedado deteriorada y es difícil de reconstruir.
La pregunta que cabe es: ¿A quién le sirve esta situación?
La respuesta amarga e irrefutable es: a un sindicalismo que ha excedido sus funciones y cuyos dirigentes se proponen gobernar el país con mano de hierro como verdaderos adláteres de Maduro, que así lo hace en la golpeada y triste Venezuela.
