En primer lugar, y obviamente, lo que se decide es si se derogan o si se mantienen 135 artículos de la Ley 19.989 del 9 de Julio de 2020 conocida como Ley de Urgente Consideración o simplemente como LUC.
Con respecto a la Ley en si se trata de un conjunto de normas que reflejan y resumen las principales políticas y cambios que plantea llevar a cabo el Gobierno. Políticas y cambios que fueron detalladamente anunciados y explicados durante el año y pico largo que duró la campaña electoral que culminó en las elecciones de Octubre 2019 y el ballotage de Noviembre de ese año.
Políticas y propuestas de cambio que constituyeron la base, la espina dorsal, de la propuesta que llevó a que la mayoría de los uruguayos decidieran con su voto darle el Gobierno a la Coalición para que las llevara adelante y las implementara.
Una Ley cuyo primer borrador se conoció allá por Febrero de 2020, antes incluso de que el Gobierno electo asumiera. Una Ley que fue largamente discutida tanto con todos los sectores políticos como con todos los sectores y organizaciones sociales antes de presentar el proyecto definitivo al Parlamento. Proyecto que fue largamente discutido en el Parlamento, que tuvo modificaciones y que, finalmente fue aprobado, incluso en gran parte con el voto de la oposición.
Hoy, a 2 años de instalado el Gobierno, la votación del Domingo significará renovar o no la voluntad de que esas políticas y propuestas de cambio – que se votaron en 2019 – se sigan implementando.
A ya más de 1 año y medio de vigencia plena de la Ley: ¿qué razones podrían existir para no creer hoy que es conveniente lo que se creyó en 2019 que era lo que había que hacer? ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? ¿Ha habido beneficios o perjuicios, cual es el balance?
A la fecha la Seguridad ha mejorado. La Enseñanza está empezando a mostrar cambios. La economía ha mejorado con una baja sustancial del déficit fiscal, aumento récord de exportaciones, baja del desempleo y del índice de pobreza. Y todo esto en medio de una circunstancia excepcional, absolutamente imprevisible, como la pandemia que afectó al mundo entero y por supuesto a Uruguay, obligando a destinar una enorme cantidad de recursos (miles de millones de dólares) para atender los aspectos sanitarios y las repercusiones económicas y sociales de la pandemia.
Con respecto a perjuicios: ninguno. Lo único que se escucha de los opositores a la Ley son ominosas predicciones de las desastrosas consecuencias que – según ellos – causaría en el futuro. Pero hechos concretos, a pesar de que se les ha reclamado una y mil veces que muestren algún caso concreto de perjudicados por la LUC, ninguno. Es decir, siempre relato, no datos.
No vemos entonces ninguna razón para no volver a ratificar el Domingo el rumbo, las propuestas, las políticas por las cuales se votó en 2019.
Pero, además, intencionadamente o no, está en juego mucho más que eso; la votación del Domingo es una puja de poder, no entre la Coalición de gobierno – PN, PC, PI, CA y PdG – Y la oposición – el FA – sino entre el Gobierno electo en las urnas y la cúpula de dirigentes sindicales.
¿Por qué afirmamos esto? Sencillamente porque la oposición a la Ley nace de los dirigentes sindicales ya que la misma pone límites a su poder casi extorsivo. Son los dirigentes sindicales los que salen furiosamente a oponerse a la Ley y terminan arrastrando al Frente Amplio en esa misma línea. Un Frente Amplio que en principio era muy renuente a embarcarse en una campaña en contra de la Ley – cosa lógica por otra parte ya que sus legisladores votaron afirmativamente la mayoría de los artículos, incluso varios de los que ahora pretenden derogar – pero que termina sumándose obligado porque está dominado por los sectores más radicales y porque se lo terminó comiendo la bestia que alimentó e hizo crecer: el Pit-Cnt. Basta ver quién es el Presidente del Frente Amplio hoy para corroborar esto.
El Domingo entonces la disyuntiva es clara: votar NO para que el Gobierno electo democráticamente sea quien gobierne o quitarle poder para dárselo a la cúpula de dirigentes sindicales que pretenden imponer sus intereses.
Votando NO se está respaldando el republicanismo y la democracia. Y justamente esa democracia es la que nos permitirá juzgar en 2024 si este gobierno llevó a cabo las propuestas de cambio que hizo para llegar al poder y si fueron exitosas. Ese será el momento en todo caso de juzgar, no ahora. Y primero, para juzgar, dejemos que pongan en práctica sus propuestas. Que gobiernen. Sin palos en la rueda. Sin una cúpula empoderada defendiendo sus propios intereses sectoriales. Por eso este Domingo deberíamos votar NO.
Excelente el artículo!!!