¿QUIEN MANDA EN EL URUGUAY…?

Por el Dr.  Nelson Jorge Mosco Castellano

La simple lectura atenta de los diarios está demostrando que hay una serie de fuerzas muy superiores al gobierno que dirigen los destinos de los uruguayos. Veamos algunos ejemplos recientes:

El senador Jorge Gandini, produjo una conmoción política cuando señaló: “La Fiscalía si quiere mejorar la imagen que tiene en la ciudadanía, que lo haga con hechos demostrando su ecuanimidad y no mediante comunicados de prensa, que ni quitan ni agregan nada a lo que ya medio Uruguay piensa”. Agregó: “Uno debería suponer que en ASSE tendría que haber varias cabezas colgadas por ahí; sin embargo, no ha pasado nada. En el MIDES hubo auditorías y denuncias y después no pasó más nada. Ahí hubo de todo, esa era la cueva comunista donde la joda era imponente. Pero no vimos los resultados”.

Respecto de las famosas “auditorías” el senador indicó que algunas se hicieron, otras no y otras quizás no se hicieron como debió haberse hecho. También expresó que para la realización de muchas de las auditorías se tuvo la dificultad de que durante 15 años el Frente Amplio dejó instituido un sistema de funcionarios copado ideológicamente. “Me da la impresión de que ganamos el gobierno, PERO NO GANAMOS EL PODER, EL PROCESO PARA CONQUISTAR EL PODER ES MUCHO MÁS LARGO QUE EL DE CONQUISTAR EL GOBIERNO Y RECIÉN ESTAMOS ACERCÁNDONOS A CONOCERLO COMO SE MANEJA”. 

Gandini entiende que, dentro de la Coalición Republicana, deberían existir más dirigentes que se enfrentaran con vigor y dureza a la “izquierda”. La Coalición Republicana tiene que tener un frente de batalla duro para enfrentar a comunistas y tupamaros para demostrar “lo que han sido y lo que son”. En el acierto o en el error, yo personalmente pienso que, en el acierto, la gran mayoría de los uruguayos piensan que la fiscalía no tiene una sola “vara”. Afirmó Gandini.

Luego de estas afirmaciones el 18 de octubre se revió el archivo promovido por la Fiscalía sobre la investigación penal de responsabilidades en el Ministerio de Turismo de los frentistas Kechichián y Liberoff, señalando que habría elementos suficientes para formalizarlos.

No ha sido solo Gandini el que ha venido marcando irregularidades en una conflictiva interna de los fiscales, en las que resalta demasiado un conflicto ideológico, absolutamente reñido con su función, especialmente, luego de que en flagrante violación de la Constitución se sustituyera la obligación del Juez de ser el director del proceso penal por un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, designando una Fiscalía de Corte con superpoderes.

Todo muy raro, particularmente, cuando el nuevo Código del Proceso Penal, cuya modificación se había postergado por años, en definitiva, se aprobó en una actuación parlamentaria acelerada, que no pudo ocultar presiones extranjeras para su urgente concreción. Un código procesal que establece un proceso propio de un país con recursos que Uruguay no tiene, por lo que es evidente, ahora, que el destino casi unánime de las condenas penales serían fruto de una componenda entre fiscal y defensor, para sacarse rápidamente la multitud de expedientes que tortura a los fiscales.

Es más sano, para el fiscal a cargo, hacerle precio al delincuente, con riesgo del peligro de liberarlo sin cumplir la condena legal, reintegrando al ruedo a quien la reclusión seguramente perfeccionó en el accionar delictivo.

Podemos agregar a estas denuncias de por sí muy graves, todo lo que refiere a la presión de unos pocos sindicalistas para trancar las reformas educativas y de la previsión social, los acuerdos de participación en la producción de portland de ANCAP para evitar la pérdida histórica de recursos, y la presión para la incorporación de más funcionarios en la banca pública y de COFE, que frena la adecuación de las actividades públicas al mundo tecnológico y a las posibilidades de adecuar el gasto público.

La defensa de Charles Carrera, senador frentista, de su extraña cobertura a costo del Hospital Policial de un particular derivado por una bala policial en una fiestita particular, parecería que hizo aparecer, para empatar y opacar la noticia, al sorprendente Jefe de Seguridad de la familia presidencial Astesiano, destapando toda una trama de corrupción en varias oficinas públicas que se arrastraría desde el 2009, entregando pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

La delictiva entrega de un pasaporte al narcotraficante Marset por actuales autoridades de Relaciones Exteriores, cuya información parece reservarse por el ministerio al público, en razón de estar realizando una lentísima investigación administrativa.

Ni hablar de los turbios negocios en el Puerto que el frentismo realizó por años prolongando autorizaciones “especiales” para operar a una empresa con mucho nexo político, en contravención a la Ley de Puertos, que llevó al conglomerado pit-cnt-fa a realizar denuncia penal por la prórroga del plazo de la otra concesión a otra multinacional por parte del gobierno, complicando una inversión millonaria, intentando detener el futuro regional exitoso de la terminal marítima.

Ni hablemos de la advertencia del presidente de los sindicalistas sobre la ingenuidad del gobierno de esperar una racionalidad en los paros y huelgas preanunciadas en cascada de conflictos, exigiendo cogobernar. Y hasta la protesta ideológica por un decreto modificando la publicidad en las cajillas de cigarrillos, que el gobierno intenta llevar adelante, a pedido de las empresas tabacaleras, ante la proliferación del contrabando, que opera sin ninguna restricción publicitaria, mientras está en riesgo el trabajo en esas empresas.  

Por otra parte, y quizás sea mucho más importante, que según la Ministra de Economía el país está gastando 9000 millones de dólares en infraestructura, que suponen tomar préstamos que comprometen hasta a nuestra descendencia por varias generaciones. Si miramos atentamente, la mayoría de esa enorme suma para el Uruguay, por la que todos pagamos intereses a organismos internacionales para sustentar a una importante burocracia internacional, están dirigidos al proyecto de tren y puerto para UPM 2, otra etapa de una empresa que ahora trajo el gobierno frentista, que además de endeudarnos en 5 puntos del producto, nos regaló adicionalmente obligaciones a cargo del erario público, por un dudoso acuerdo firmado por testaferros inhibidos a hacerlo: Toma y García.

Entonces, cuando el ciudadano de a pie se pregunta: ¿por qué tenemos la inflación sostenida en el tiempo de casi dos dígitos? ¿por qué pagamos esta enorme cantidad de impuestos al trabajo y a las pasividades? ¿por qué no se modifican todas las arbitrariedades que el frente amplio dejó, violando plebiscitos y referéndums? ¿por qué las empresas públicas siguen cobrando precios que hacen que seamos el país más caro del continente? ¿por qué no se pueden adoptar medidas de adecuación tributaria en la frontera para que los uruguayos puedan comprar aquí con el “arancel 0” que el MERCOSUR debería producir?

La respuesta ineludible es porque hay un pequeño grupo oligárquico (de izquierda y derecha) que tiene el poder como señala Gandini, que no fueron votados para gobernar, pero, mandan. Será por eso que la llamada “ley cristal” sobre el enriquecimiento de políticos y funcionarios públicos, y la ley de financiamiento de los partidos políticos, duermen desde hace años el sueño de los justos.

 José Ortega y Gasset que había denunciado la “democracia morbosa” en los años veinte, previno en 1949 en su famosa conferencia “De Europa meditatio quaedam”, que esa palabra “se ha vuelto ramera”, porque cohabita con múltiples significaciones. Hace más de veinticinco años, un escritor norteamericano encontró unas seiscientas cincuenta definiciones de la democracia. La crisis actual que producen los políticos y otros actores que ocupan las oligarquías dirigentes, está lapidando a las clases medias y con ellas a las naciones en nombre de la democracia, ha puesto sobre el tapete el tema de la oligarquía. O sea, que el sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una casta social privilegiada.

Pareto era muy duro con la socialdemocracia, que, como indica su nombre, pretende monopolizar la democracia. Según él, los líderes socialistas italianos eran “una aristocracia de bandidos”, lo que puede haber influido en el relativo olvido y desconocimiento de su pensamiento. La división formal y material de los poderes es liberal; pero la “democracia” igualitarista promovida por el socialismo ha absorbido al liberalismo conservando aspectos puramente formales. Decía Norberto Bobbio, que «el Estado liberal y el Estado democrático, cuando caen, caen juntos» y la mayoría de los regímenes actuales son inequívocamente oligárquicos, tendiendo a identificar el régimen con el gobierno.

Robert Michels en su obra de 1991 “Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna” formula la «ley de hierro de la oligarquía«. Afirmaba que «tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría»; la idea básica es que toda organización se vuelve oligárquica.

Los líderes, aunque en principio se guíen por la voluntad de la masa y propongan cambios, reciben múltiples presiones legal o ilegalmente. Pronto se emancipan de esta y buscarán incrementar o mantener su poder a cualquier precio, olvidando sus viejos ideales o sus promesas electorales. Por eso, las organizaciones políticas pronto dejan de ser un medio para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos y se transforman en un fin en sí mismas. La casta de los líderes de distintos centros de poder, conforman el poder político gubernamental (oligarquía). Se ayudan mutuamente para evitar la competencia de nuevos líderes. Los viejos líderes apelan a la disciplina, cosa que reduce la libertad de expresión de la masa de electores. En 1911 Michels aún habla de democracia como mal menor. No obstante, reconocía que, la clase dominante generó un nuevo y poderoso Estado “nana” que les proporciona a muchos de quienes los votan los recursos públicos, los subvenciona y los protege. Ello no fue fruto de la voluntad popular, sino, básicamente, de una corporativización del poder a través de la unción fraudulenta o inducida de sucesivos presidentes, que han venido actuando como gerentes o administradores de los intereses del gran capital nacional o internacional, con apoyo de una partidocracia corrupta, cuya única ideología es apropiarse del dinero público y afianzarse en el poder, que abdicó del interés público por la necesidad de financiar su elección, o simplemente por corrupción; lo que dio como resultado una forma de tiranía de lo público, depredadora (como sostiene Chomsky) que se ha dedicado a asaltar y saquear los presupuestos públicos. La sacralización de la democracia —la transformación de la democracia en una religión— tiene seguramente bastante que ver con la omisión del carácter universal de esa ley que señala Michels.

Montesquieu, bajo la influencia de la tradición de la Polis griega y del pensamiento político tradicional, no concebía que fuera posible un gobierno democrático salvo en pequeñas ciudades o grupos de hombres, donde es posible la democracia directa o participativa. Por eso los partidos son indispensables en los gobiernos democráticos en espacios de mayores dimensiones, aunque Simone Weil pidiera su supresión esgrimiendo buenas razones, entre ellas la de la corrupción. Sin embargo, el problema principal es su particular organización oligárquica, que responde al hecho de que en toda agrupación humana existe una jerarquización, por muy informal que sea. «Quien habla de organización habla de oligarquía», decía Michels.

El meollo de la cuestión radica en como impedir o mitigar que los que mandan, no sólo los partidos que gobiernan (aunque sean de notables, como los liberales del siglo XIX), se comporten oligárquicamente respecto al resto de la sociedad o sean meras correas de transmisión de los intereses, deseos y sentimientos de las oligarquías sociales.

Don José Batlle y Ordóñez sostenía que, en una democracia de verdad, el pueblo no debe conformarse con elegir a sus gobernantes, debe gobernar a sus elegidos.

En definitiva, parece ineludible, una vez más, que los uruguayos elegimos gobierno, el gobierno forma una coalición para tener mayoría parlamentaria, esa coalición asume determinado programa que la ciudadanía respalda en la elección presidencial, pero en el Uruguay, mandan y siguen mandando intereses subalternos que corrompen al sistema democrático.

El poder real lo tienen en lo internacional la Agenda 2030 que nos exigen entre otras limitaciones a la soberanía nacional, que emitamos bonos “verdes” por 1.500 millones de dólares, o quedamos fuera de la exportación de ganado contaminante por defecar, de la huella de carbono. El sindicalismo que moviliza con violencia pequeños grupúsculos de ancianos “estudiantes”, restayling de aquellos tiempos en que instalaron la violencia para producir un cambio a la cubana, que después produjo el relato de defender nuestras instituciones. Sectores sindicales privilegiados que paralizan la economía desde la banca y la construcción, que se autoperciben representantes de la gran masa de asalariados mal pagos; mientras los desempleados, los pasivos, y los militares que carecen de poder ven esfumarse sus derechos a reclamar que dejen crecer la torta antes de repartirla a piacere. Los fiscales, que desde la cúpula eligen las acciones que llevan adelante penalmente o las archivan pudorosamente; en muchos casos atemorizados, saturados o ideologizados desde aquel poder cupular se resisten a que los asuntos se distribuyan por sorteo, o a que al que sustituya al Fiscal Gómez sea el fiscal más antiguo.

Algunos empresarios que pasaron por el “quincho de Varela” ahora rascan las costillas del actual gobierno. Otros, quieren conservar privilegios de protección arancelaria en contra de los intereses del consumidor. Y los “inversores” digitados desde el exterior, disfrutan de exenciones tributarias, exigen inversión pública en infraestructura, y cláusulas de paz sindical que la cúpula dócilmente concede, a las que no acceden los emprendedores nacionales.

Y al final, pero no menos importante, el poder en la sombra del narcotráfico y las mafias extranjeras, llegan hasta la morada presidencial, custodiando a los últimos tres presidentes, sin que el ministro del Interior, de Defensa o los servicios de “inteligencia” del Estado, detecten nada anómalo antes de que salga en la prensa.

Como dijo Gandini, haciéndolo extensivo a su propio gobierno, “…algo huele mal en el que detenta el poder, que no lo tienen aquéllos a los que elegimos al votar…”.