El primer día de este año dejaba de existir la Sra. Carmen Rebufelo, viuda de Carlos Burgueño – caído durante la invasión tupamara a la ciudad de Pando, el 8 de octubre de 1969 -, y madre de Diego, actual secretario de la asociación “Toda la Verdad”.
Enterado de la mala nueva, instintivamente cavilé sobre las incongruencias de la vida; sobre los gobiernos y los políticos que nos gobiernan; sobre las injusticias que los malos imparten y los pusilánimes toleran; sobre nosotros los gobernados, y en ese eje fue discurriendo mi pensamiento.
Los terroristas, que provocaron la muerte de aquel hombre, seguramente por sus “actos”, desde hace muchos años, perciben sendas pensiones “reparatorias”.
Doña Carmen pasó su vida con la pena de haber perdido a su marido, horas después de dar a luz a su primer hijo. Y partió con esa pena, sin haber sentido la dicha de un resarcimiento, aunque más no fuera moral, de parte del Estado.
Enseguida, me vinieron a la mente las declaraciones de dos personajes políticos, respecto al proyecto de ley enviado por el P.E, para “reparar a las víctimas de las organizaciones armadas por motivos políticos”, a iniciativa de Cabildo Abierto.
Hace unos días, el ministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García, en tono muy circunspecto expresaba que en nuestro país no podían haber “víctimas de primera y víctimas de segunda»; enunciado con el que tácitamente admitía la estricta justicia y equidad de la reparación a quienes realmente fueron “víctimas de las acciones de movimientos terroristas marxistas” a los que el Estado, pasado casi cuarenta años, había omitido reconocerlo.
Es desconcertante y por demás sugestivo, que a alguien que fue dos veces diputado, una vez senador, e integrante de la “comisión de Defensa” del senado, en todos esos años de deambular parlamentario y ministerial no le haya llamado la atención tamaña injusticia, por tratarse de un tema que atañe directamente a su cartera. Continúa sorprendiendo el ministro García cuando, en ocasión de que el comando del Ejército inauguraba un memorial a sus caídos en acto de servicio, prohibió la colocación -por parte de la asociación “Reconciliación Nacional”-, de una placa recordatoria con los nombres de sus servidores que cayeron en combate o fueron ejecutados por el terrorismo marxista, en las décadas de los 60 y 70, defendiendo a la República y a sus instituciones.
¿Cuál fue el motivo de esa innoble y antipática actitud? Seguramente, lo explica su estilo autócrata de liderazgo con que ejerce la dirección superior de las FF.AA, caracterizado por un proceder contra natura, que exprofeso anula a sus comandantes, en una organización donde el mando es su esencia, y todo gira en torno a él.
Quizás, la búsqueda – muy poco inteligente – de un acercamiento a la izquierda. Esa izquierda que golpea a su gobierno un día sí y otro también. La izquierda que, consciente de que las FF.AA son sus únicos obstáculos para alcanzar la toma del poder, históricamente ha buscado anularlas.
Por su parte, el circunstancial senador frenteamplista Eduardo Brenta lo único que le dio para manifestar ante un micrófono, fue su sorpresa por la velocidad con que se aprobó la minuta de comunicación presentada por el senador Domenech, y la posterior devolución del Poder Ejecutivo, enviando el proyecto de ley para “reparar a las víctimas de las organizaciones armadas por motivos políticos».
Asimismo, haciendo gala de una perspicacia y capacidad de análisis notables, especuló sobre la posibilidad de la existencia de un acuerdo entre los senadores cabildantes y los de los demás partidos de la coalición republicana de gobierno, para así asegurar los votos que aprueben la reforma a la seguridad social.
¡Qué oportunidad se perdieron los periodistas!, para pedirle explicaciones al senador Brenta, así como a otros legisladores frenteamplistas, sobre el motivo por el cual la bancada de su partido no acompañó el proyecto enviado por el presidente Tabaré Vázquez -en acuerdo con las entonces ministros del Interior y Defensa (Daysi Tourné y Azucena Berrutti – presentado en el año 2007 para reparar a los: civiles, policías y militares que perdieron su vida “en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición, entre 1962 y 1976”. Proyecto que, si se quiere, está mejor fundamentado que el enviado por el P.E el 21 de diciembre pasado, por entendérselo pobre en su contenido, así como vago en su redacción, y que a las claras deja ver que fue hecho para salir del paso, cuanto antes.
Concluyendo, de no ser por la iniciativa y la perseverancia de los legisladores de Cabildo Abierto, hubiéramos terminado el año 2022 sin siquiera haber tratado el tema.
Se trata de un proyecto humanista, ecuánime y solidario que se sale de lo políticamente correcto, no repara en los costos políticos que pudiera llegar a significar, y no le teme a la izquierda reaccionaria.
¡Ya se hará justicia, doña Carmen…!
Descanse en paz…
Excelente artículo que comparto in totum!!! Y al Sr Brenta también le preguntaria si no le causo extrañeza cuando el ex Presidente Vazquez firmó el Decreto con su urgencia, extendiendo el beneficio mal consagrado, a los familiares de guerrilleros. Parece que el fanatismo y fundamentalismo que caracteriza a estos elementos, también pretenden enterrar la realidad, pero jamás lo conseguirán.
Muy buen articulo.