El otro yo del Dr. Merengue es uno de los personajes de Divito que irrumpió en la escena rioplatense en el año 1945. Observar al Dr. Pablo Chargonia en televisión, afirmando temerariamente mentiras gruesas, medias verdades y obviando verdades imposibles de ocultar, me hizo recordar al entrañable personaje de Divito que, como un Mr. Hyde criollo, serio y formal y con apariencia inocente, calla lo que realmente desea decir, y es su otro yo, como un fantasma, el que se ocupa de contar lo que realmente piensa y siente. Desentrañar todo lo afirmado por el Dr. Chargonia en el programa ARRIBA GENTE, días pasados, supone tomar nota de lo que afirmó y también de lo que calló. O lo que estoy seguro tenía ganas de contar.
Víctimas de nuestra historia reciente los uruguayos nos debatimos en nuestra propia existencia y el gran drama esta en que no podemos coincidir en la manera en que lo vivimos. Claro esta que para llegar a ese estado de las cosas fue necesaria la indiferencia de muchos y la mala fe de otros, con lo cual a poco que revisamos como estamos, resulta fácil entender el estado de la nación y de nosotros, quienes la habitamos y conformamos. El doble discurso, que ha sido necesario desplegar para poder funcionar políticamente se hace cada vez más evidente. Y en la persona del Dr. Chargonia, queda expuesto. Y lo mismo podríamos afirmar del Dr. Perciballe, que de tanto en tanto se equivoca y cuenta lo que realmente piensa, por ejemplo, acerca de cómo logra testigos que no conocen a sus imputados, la construcción de los relatos para sus denuncias y demás.
UN RELATO
Aún cuando parezca de perogrullo, es necesario recordar que la historia es una y está signada por hechos cuya génesis y consecuencias son sensibles de ser analizados, pero los hechos no simplemente son hechos y contra ellos no se puede. Y allí surge el primer gran tema que ha logrado dividirnos, el relato de la historia reciente, aquella que se ocupa de los últimos cincuenta años, relato que ha quedado en manos de una izquierda fisurada, con crisis identitaria e involucrada en un proyecto mayor, el Foro de San Pablo, espacio desde el cual replican en todo el continente las mismas acciones que se apoyan, en todos los casos, en el respaldo de una historia parcial y capciosa, que apela a la desinformación para generar tendencias y ocuparse de formar a la opinión pública. Y así vamos.En nuestro país el relato se ha construido a partir de la necesidad de negar todo lo vivido en los años sesenta y entonces para ellos el horror comienza en el año 1973, con el golpe de Estado. De allí surgen los procesamientos arbitrarios y vejatorios, las torturas y así progresivamente se llega hasta el imperio del terrorismo de Estado. Todo de manera injustificada, capricho voluntario de un grupo de militares que luego del desayuno, una mañana de junio, decidió dar un golpe de Estado. En el rostro del Dr. Chargonia percibo las ganas de afirmar que en realidad se trata de eliminar a la República y desmontar a la democracia para generar un sistema distinto. Lo frena el plan y la incertidumbre, ya que también estoy seguro de que si pudiera expresarse libremente tampoco podría describir como sería, ya que han perdido las referencias y entonces ya no será a la argentina, a la venezolana o a la cubana. Y de Rusia, mejor ni hablar.
UN PLAN
La construcción del relato ha sido la base que sostuvo hasta ahora un plan de trabajo muy serio que tiene por finalidad desestabilizar la estructura social, socavar al sistema político y generar las condiciones para la irrupción de un nuevo sistema de gobierno, el mismo que en los años sesenta se pretendió tomar por las armas. Así las cosas, se trata de una evolución conceptual, del reperfilamiento de la subversión que se adapta a las nuevas condiciones sociales en las que ya no hay lugar para revoluciones armadas. El plan de trabajo asignó especial importancia a la cultura, allí es donde concentró todo su poder con la consecuencia natural de la penetración en la administración de la educación y la justicia. Luego el brazo político, el Frente Amplio y el PIT CNT se han ocupado del resto. Allí aparecen organizaciones como el Observatorio Luz Ibarburu y las reformas políticas y administrativas que han abonado el terreno para generar el actual estado de las cosas. El accionar sindical que ha ido ganando espacios hasta reemplazar la iniciativa política, la justicia que opera con independencia técnica y dependencia ideológica, el manejo de la prensa que ha resultado esencial para la promoción del relato y la negación de la información cruda y dura que surge de los hechos, son algunos de los aspectos en los que ahora podemos sintetizar una dinámica caprichosa de funcionamiento.
DAÑOS COLATERALES
Este plan, que ya ha logrado hacer estragos en nuestro país, replica en la región. Entre nosotros ha logrado la tugurización cultural que nos asola tanto a nivel de la clase dirigente, el nivel cultural y educativo de un gran porcentaje que, asombra por sus limitaciones. Y luego entre quienes han logrado sortear el influjo de la mala educación impartida nos encontramos con un drama más serio, la necedad intelectual consecuencia de la infección ideológica con la que han sido contagiados. Y aún estas circunstancias, dramáticas para cualquier sociedad con pretensiones, están contemplados y se asumen, en la filosofía del perverso relato de la izquierda, como daños colaterales previstos que abonan el terreno preparando al electorado para su captación. Es un dato que la existencia de quienes no pensamos igual tampoco importa mucho, de una manera u otra, con votos o mayorías circunstanciales, desde el gobierno o la oposición, activando el mecanismo de la democracia directa, el plan avanza.
EL CAMBIO QUE NO FUE
Así las cosas, la creación de una Coalición Republicana resultó en una solución política que importaba necesariamente un gran acuerdo nacional cuya finalidad esencial era generar un cambio en el mundo instalado por aquel plan basado en el relato hemipléjico que se ha llevado puesto, todo lo que se interpuso en su camino. La crisis sanitaria demoró la cosa y cuando un integrante de la Coalición Republicana, Cabildo Abierto, propuso la presentación de medidas arrojadas para poner un freno a la locura del relato, la respuesta que recibió de sus socios fue negativa, el temor al relato que en términos electorales se traduce en opinión pública y votos, los ha frenado. Y si bien es importante discutir acerca del régimen de aumento de los combustibles, o de la reforma jubilatoria o discutir los presupuestos, los grandes cambios que quienes votaron a la Coalición de gobierno esperan, no se producen. La educación, la justicia y situaciones puntuales, como las relacionadas con la suerte de los funcionarios públicos que defendieron a las Instituciones en los años setenta, permanecen en manos de los creadores del relato. Y de personajes como el Dr. Chargonia que junto a su otro yo, se debate entre el ser y el deber ser. Ahora les propongo repasar las más recientes mentiras, verdades a medias y datos que deliberadamente ignora el buen Doctor.
LA LESA HUMANIDAD Y LA CORTE INTERAMERICANA
Según Pablo Chargonia, las causas que se siguen por hechos acaecidos durante la dictadura militar refieren a crímenes de Lesa Humanidad. El Dr. Pablo Chargonia miente, no hay procesados o condenados por crímenes de Lesa Humanidad. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, en varios dictámenes ha sostenido que es consciente que en el momento que sucedieron los hechos denunciados no existía la figura penal así y debido a ello basa la acusación en las normas del código penal ordinario existente al momento de los hechos. Sucede que afirmar que son responsables por delitos de Lesa Humanidad agrega gravedad a temas ya delicados sin necesidad de ayuda. El tema es sostener una batalla ideológica, no jurídica.Luego afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDDHH- obliga al Estado Uruguayo a juzgar las violaciones de derechos humanos sucedidos antes del año 1985. Sostiene que el Estado Uruguayo fue condenado en el sentido de que debe juzgar estos crímenes. Pablo Chargonia miente, descaradamente. La CIDDHH no tiene competencia en materia penal. Su competencia se limita a amparar y disponer reparaciones para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Así lo reconoce la misma Corte, por ejemplo, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, del año 1988. Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica – los Estados parte se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana; la supuesta obligatoriedad de las autoridades nacionales de perseguir delitos por hechos anteriores a 1985 no surge de ningún fallo de la Corte sino de uno de los Considerando de la sentencia. Los Estados parte no están obligados por lo que dice la Corte en los Considerando de una sentencia. Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia en todas las sentencias que refieren al tema, en las que rechaza la supuesta obligación de juzgar derivada de una sentencia de la CIDDHH.
El PAPEL DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA
Según Pablo Chargonia una de las causas que permitió que en los últimos años haya más procesamientos fue la creación de la Fiscalía especializada en crímenes de Lesa Humanidad. Omite decir el buen doctor que en realidad los procesamientos se producen porque, como lo sostuvo el propio fiscal en declaraciones al semanario Brecha en agosto del año pasado, los casos son construidos a partir de un relato colectivo, con denunciantes que ni siquiera conocen a los denunciados. El fiscal sostiene en el referido reportaje, respecto a la obtención de la prueba de hechos ocurridos hace cuarenta años que “es contrario a la lógica de un trabajo de investigación”. El mismo Chargonia al referirse al caso de un procesado afirma que fue identificado “trabajosamente” porque los denunciantes estaban permanentemente encapuchados y las identificaciones se realizan por lo que vieron por debajo de la capucha, hace más de cuarenta años. Tal cual lo sostiene el Dr. Perciballe es algo totalmente contrario a la lógica, se trata de un relato colectivo que de ninguna manera puede servir de prueba para un proceso penal.
EL SOLDADO VIDAL Y LAS FFAA
Según el Dr. Pablo Chargonia las declaraciones del ministro de Defensa Nacional cuando el procesamiento del soldado Vidal constituyó un acto de presión. Lo mismo manifestó a propósito de la existencia del grupo de Familiares de los Prisioneros Políticos. Sostiene que en el caso del soldado Vidal la orden de matar por la espalda es una orden manifiestamente ilegítima que se debe desobedecer. Pues bien, el Dr. Chargonia omite, una vez más, referirse al contexto en que sucedieron los hechos. La acción del soldado Vidal se produjo en el contexto de guerra decretado por el poder Legislativo, julio del año 1972. El 15 de abril el parlamento había dispuesto el estado de guerra interno y en julio el parlamento aprobó la ley 14068, de Seguridad del Estado. Es ese marco de guerra, el soldado recibe la orden de disparar contra el enemigo que huía. ¿antes de hacerlo debió detenerse a pensar si se trataba de una orden lícita? Como sostuvo Santiago Torres en el Correo de los Viernes de agosto del año 2021, “la acción del soldado Vidal se dio en un contexto beligerante, de guerra, decretado por el Poder Legislativo, no en una soleada tarde dominical en que nada sucedía, si cada soldado en acción que recibe una orden en el teatro de operaciones entra en un estado de deliberación mental, sería imposible que las Fuerzas Armadas llevaran a cabo las misiones que se le asignan” Esa fue la preocupación totalmente razonable y entendible propuesta por el ministro García, especialmente cuando las FFAA están desarrollando acciones de vigilancia en la franja de la frontera.
EL CASO LAWRIE RODRIGUEZ
El Dr. Chargonia hace referencia al caso de Lawrie Rodríguez, quien se desempeñaba como juez sumariante y que recientemente fue condenado, en primera instancia, como coautor de homicidio, por encubrimiento. Es un claro caso de responsabilidad objetiva por el cargo que desempeñaba el acusado. La condena por coautoría se fundamenta en una supuesta promesa, no demostrada, de impunidad que el denunciado habría realizado para decidir a los autores materiales a cometer el delito. No se pudo probar fehacientemente la determinación sobre los autores materiales, el único indicio de esa promesa es el cargo que desempañaba el denunciado. Eso es responsabilidad objetiva que no es admisible en materia penal donde la responsabilidad es siempre subjetiva, por la actuación personal en los hechos.
TERRORISMO DE ESTADO
El Dr. Chargonia relaciona las actuales denuncias de abuso policial con el terrorismo de Estado. Y esto es algo así como el colmo de la locura, seguramente cómodo por el papel que desempeña, animado por una periodista amiga que lo fogonea, sin darse cuenta sigue de largo para, como dicen los españoles, pasarse dos o tres pueblos. Según estas afirmaciones del buen doctor, dentro de unos años el Estado uruguayo podría ser denunciado ante organismos internacionales por terrorismo de Estado y de esa manera cuestionarse todos los procedimientos judiciales que sobre esos casos se llevan a cabo en la actualidad. Cuando se hable de terrorismo de Estado se está cuestionando no solamente al gobierno de turno, al Poder Ejecutivo, sino principalmente al poder judicial ante quien se presentan las denuncias de abuso de autoridad o quien eventualmente debería actuar de oficio en estos casos. Al respecto y en lo que refiere al periodo anterior a 1985 es importante recordar algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, anteriores al año 2005. Existen sentencias del año 1990 y 1991 que establecen, textualmente, que” es jurisprudencia constante de la corte, tanto en esta como en anteriores integraciones que el régimen de facto no constituyó imposibilidad por temor o por falta de garantías de accionar a tiempo”. También se conocen otras sentencias que establecen que es reconocido que los magistrados que administraron justicia antes del régimen de facto continuaron haciéndolo durante ese período y muchos continuaron luego de restaurada la democracia, razón por la cual no es admisible, dice la Suprema Corte de Justicia, una crítica que englobe a todos los magistrados. Llegados a este punto es importante recordar que los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la militar eran y son resueltos por la Suprema Corte de Justicia y que todas las sentencias de la justicia militar siempre admitieron el recurso de casación y revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Entre los antecedentes posibles en julio del año 1991 encontramos una en la que se sostiene que la parte actora en el período de gobierno de facto estuvo debidamente defendida y asesorada al punto de haber obtenido la revocación del decreto que dispuso su procesamiento por la justicia militar.
CUANDO EL JUEZ NO IMPORTA
Según Chargonia la denuncia realizada contra una juez que no estuvo presente en una audiencia y encomendó su realización a un funcionario es un absurdo y una forma de presionar a los jueces, son muchos los casos en el que los jueces no pueden asistir a las audiencias… El relato construido se ocupó de minimizar la participación de los jueces y de fortalecer la de los fiscales, y en ese juego se extralimitan, ahora contamos con super Fiscales que en mucho nos recuerdan el funcionamiento del Soviet. La presencia del juez en las audiencias, aún en el nuevo modelo, es una garantía imprescindible del Debido Proceso prevista por la ley. Sostener que esa función la puede cumplir un funcionario del juzgado implica el absurdo de admitir la delegación de la función jurisdiccional, algo que es absolutamente nulo y contrario a derecho.
PRISIONEROS POLITICOS
Finalmente, el Dr. Chargonia difunde la idea de que con la conformación del grupo de Familiares de Prisioneros Políticos y con la denominación utilizada, se ha constituido un grupo de presión que violenta a los jueces. Una vez más, se hace necesario recordar. Este grupo basa su denominación en la definición dada en el año 2012 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que establece entre otras, que prisionero político es toda persona detenida por motivos políticos, por un delito inexistente, en violación a garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República y de manera discriminatoria con relación a otros casos comparables. No nos cansamos de recordar que detrás de todos estos juicios hay un evidente móvil político y que los mismos no hubieran tenido lugar de no haber tenido el Frente Amplio las mayorías parlamentarias que le permitieron desconocer los dos pronunciamientos populares en los que se ratificó la ley de caducidad. Pero más allá de eso, que de por sí es grave, es innegable que se les aplica un derecho penal diferente al que se le aplica al resto de los ciudadanos.
El otro yo del Dr. Chargonia se pelea con él por gritar a los cuatro vientos que en realidad de lo que se trata es de otra cosa. Es más, en la izquierda los “otros yo” de los lideres y principales voceros del relato se escapan en miradas y gestos que delatan y meten miedo. El nuevo presidente del FA ya ha insinuado la eventualidad de tener que asumir caminos más directos para manifestarse, dejando entrever que están dispuestos a regresar al pasado.
Más claro imposible. Estos nefastos personajes y aquellos que desde su posición tibia miran sin comprometerse, son responsables por el último golpe de estado, un golpe de estado técnico contra la voluntad de la ciudadanía expresada en dos consultas populares.