El pasado reciente no nos abandona, por el contrario está presente con inusitada vigencia en la vida nacional. Los trágicos hechos ocurridos en el país entre 1968 y 1985 fueron de tal magnitud, para una sociedad reducida en lo demográfico y tradicionalmente amortiguadora, que sus ecos llegan hasta nuestros días.
Con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, progresivamente desde américa central al cono sur, se diseminó la teoría del “foco” mediante el accionar de grupos guerrilleros, alentados e incluso, sus principales combatientes, entrenados en Cuba.
Sus propósitos eran sustituir por la violencia la democracia liberal y la economía capitalista e instaurar una democracia popular y una economía socialista. Todo esto que hoy, a la luz de la evidencia empírica nos parece además de absurdo, un extravío criminal, era pregonado por connotados intelectuales, artistas, religiosos y políticos de izquierda, lo cual se diseminó a lo largo y ancho del Continente.
Fue el sustento ideológico para la acción político militar de los jóvenes combatientes, de ambos sexos, que asumían con convicción el compromiso de la lucha armada.
Las Conferencias celebradas en La Habana de la Tricontinental en 1966 y de la OLAS en 1967, dieron las señales inequívocas de que la lucha armada constituía la línea fundamental de la revolución y que la guerrilla sería el embrión de los ejércitos de liberación del imperialismo y la burguesía.
Hubo guerrillas rurales como la del ERP en Tucumán o la de las FARC en Colombia que se asimilaban a la guerra convencional. Pero hubo guerrillas urbanas como la del MLN- Tupamaros en Uruguay o la de Montoneros en Argentina, que configuraban una guerra irregular, dado que las fuerzas en pugna se superponían en el terreno de operaciones y las irregulares, debidamente compartimentadas, se disimulaban entre la población civil.
Es la modalidad más compleja y riesgosa de conflicto bélico. Ni la Constitución ni la legislación preveían la existencia de esta hipótesis de conflicto. El 20 de marzo de 1972 en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el Ministro del Interior de la época lleva acabo una extensa exposición sobre las carencias legales que impedían una eficaz lucha contra la subversión y culmina la misma enumerando diecisiete puntos de vacíos normativos.
Es imposible abordar en esta columna el contenido de dichos puntos, pero ellos mostraban el grado de vulnerabilidad del Estado ante esta moderna manifestación bélica que azotaba al país. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la época debieron recurrir a instrumentos que no estaban previstos para este tipo de conflictos como las medidas prontas de seguridad, la suspensión de la seguridad individual y el estado de guerra interno.
Recién el 12 de julio de 1972 entró en vigencia la Ley de Seguridad del Estado que rigió hasta el 8 de marzo de 1985 en que fue derogada por el novel parlamento democrático. Para setiembre de 1972 las Fuerzas Conjuntas habían desarticulado el accionar el MLN-T y otros grupos sediciosos menores.
No obstante los que pudieron evadirse o mantenerse en la clandestinidad siguieron operando y conspirando en el país y en exterior primero en Chile y luego en Argentina, donde el MLN-T conjuntamente con el ERP argentino, el MIR chileno y el ELN boliviano crean para 1974 la Junta de Coordinación Revolucionaria, contando a su vez los Tupamaros con un contingente de combatientes afincados en Cuba. Durante los años 1973 y 1974 debió estar permanentemente alerta el control antisubversivo para neutralizar atentados.
Para 1975 se descubre el aparato armado del Partido Comunista Uruguayo, con un sorprendente poder de fuego, que si bien nunca se utilizó, debía ser desbaratado. En 1976 los anarcos uruguayos fundan en Buenos Aires el PVP y comienzan acciones sediciosas de envergadura en Argentina e incursiones en el país.
En los años sucesivos, ante la contundencia de la acción represiva, el accionar sedicioso declina, aunque no por ello deja de estar latente. El Ejecutivo y el Legislativo, en democracia primero, y los Mandos Militares, en dictadura después, les ordenaron a policías y militares cumplir una misión riesgosa y compleja, como lo es la lucha antisubversiva, muchos de ellos dieron su vida para que tuvieran éxito los operativos.
Sus ejecutores, en la mayoría de los casos eran Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos junto a Personal Subalterno, que en acto de servicio y en el marco de la obediencia debida, hace más de cuarenta años, debieron llevar a cabo múltiples y variados procedimientos, en condiciones institucionales anormales que no habían contribuido a crear.
Ellos no fueron los que determinaron quienes eran los enemigos a combatir, ni la metodología que debía emplearse en las operaciones tácticas o de inteligencia. No se trata de justificar ni excesos, ni abusos, ni crueldades, que en muchos casos alcanzaron cotas estremecedoras. La cuestión es comprender la masa de acontecimientos en su unidad, en una época, donde fueron muchos y muy variados los verdaderos responsables de la violencia, que se desató en el país tanto por acción como por reacción.
Como ello se soslaya permanentemente, me veo en la obligación moral de exponer mi punto de vista a los lectores, en un país donde predomina el relato hemipléjico.
