EXCEPCIONES A LA ORDENANZA EDILICIA: HACIA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

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Por Gabriel D’Albora

El otorgamiento de excepciones a la ordenanza edilicia vigente es una herramienta que posee el gobierno departamental para atraer la inversión de capitales hacia el sector de la construcción cuando se entiende que este se encuentra en receso o deprimido. Los mecanismos y condiciones a través de los cuales se puede acceder a este beneficio están bien establecidos por distintos decretos departamentales que se han venido promulgando desde hace ya más de 20 años, por lo que se trata de un mecanismo legal dentro del Departamento de Maldonado. Sin embargo es necesario tener una visión crítica al respecto y entender que este mecanismo comporta un cambio en las reglas de juego para todos los que previamente invirtieron en el entorno donde se ha aprobado una excepción, ya sea con fines comerciales o de residencia privada.

Debe entenderse la importancia de preservar la confianza que los usuarios depositan en el sistema de contralor establecido el cual garantiza el cumplimiento de las normas, y es necesario tener mucho cuidado al momento de utilizar mecanismos como el de las excepciones para que no dañen la imagen de seriedad que nuestro principal balneario posee a nivel regional e internacional. La ordenanza edilicia no sólo tiene que ser una herramienta que estimule la inversión a partir de las posibilidades que brinda, sino que a la vez debe ser garantista para todos los que ya han invertido bajo sus reglas.

La catarata de excepciones que en los últimos años viene autorizando la junta departamental daña su imagen institucional, ya que si bien todo inversor tiene presente que existe una ordenanza edilicia vigente, también sabe que es posible negociar con las autoridades departamentales modificaciones que le permitan tener mejor rédito para sus inversiones.

Definitivamente el sistema pierde seriedad al estar ofreciendo una ordenanza personalizada y en consecuencia se priva de brindar garantías plenas a todos los usuarios. Tanto es así que la palabra excepción ya ni siquiera tiene sentido, un mecanismo que se debería utilizar en casos muy especiales pasó a ser moneda corriente de cambio, al punto de ejercer presiones cortoplacistas que de ninguna manera se ajustan al espíritu original de la norma. Un ejemplo de este mal manejo fue el que provocó la prematura demolición del Hotel San Rafael, donde se llegó a otorgar una excepción sin un proyecto viable y definitivo. Lo que se otorgó en tal caso fue un cheque en blanco a los inversores y la consecuencia fue la pérdida de un edificio icónico para Punta del Este, un daño irreparable donde la responsabilidad de los hechos se evapora en la olla a presión donde se cocina la actual ordenanza edilicia.

Cuando un inversor se presenta ante la intendencia con un proyecto que se ajusta totalmente a la ordenanza entonces este debe ser expedido rápidamente, con el mínimo de burocracia posible, porque los decretos que permiten aprobar lo presentado ya están establecidos y consensuados. Sin embargo cuando un inversor se presenta pidiendo excepciones a lo establecido entonces es ahí cuando la burocracia pasa a ser la garantista del proceso, y es la que puede impedir la toma de decisiones apresuradas. Ampliar la participación de los actores políticos para la aprobación de excepciones es una buena posibilidad, que el otorgamiento de una excepción no recaiga solamente sobre los ediles, sino que se les otorgue participación a los representantes de los municipios que geográficamente se vieran afectados por la decisión en cuestión.

Hay que tomar en cuenta que los alcaldes y concejales forman un tercer nivel de gobierno que es de carácter colegiado, ahí existe una representación proporcional pura, distinta a la representación proporcional que eventualmente pueda tener la junta departamental que puede ser de carácter automático cuando no se llega al 50% del electorado, lo que legitima en todos los casos la participación del municipio en el 100% de los casos. De esta forma se contemplaría de mejor manera la representación ciudadana, sería más exigente y gestionaría de forma más democrática e inclusiva la utilización de esta valiosa herramienta que es la excepción, evitando su uso abusivo que hoy en día la ha convertido más en la regla que en la excepción.

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