LA REVOLUCIÓN DE LOS SOJUZGADOS… Por Nelson Jorge Mosco Castellano

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En una nota reciente en Observador, el economista Luis Romero Álvarez señala:

“Esta bien mirar al Instituto de Colonización como fuente de recursos porque los

bienes propiedad de los uruguayos deben darle algo a toda la sociedad y no a

7.000 beneficiarios. Se ha producido un debate a nivel político referido a cómo

financiar acciones para mejorar las condiciones de vida de personas alojadas en

asentamientos. Lo primero que me viene a la mente es cómo asignamos

prioridades, y por ende recursos públicos, en nuestra sociedad.

Como nación gastamos en el orden de los U$S 16.000 millones en el Estado

anualmente, pero parece que el tema de los asentamientos queda tan atrás en

las prioridades, que no hay casi ningún lugar de donde sacar flacos U$S 20

millones anuales. Algo que no me termina de cerrar.

La propuesta del Poder Ejecutivo, resistida por algunos propios y muchos ajenos,

fue retirarle al Instituto de Colonización unos U$S 20 millones anuales

producidos por un par de impuestos menores que tiene asignados y con eso

alimentar un fideicomiso de unos U$S 120 millones.

El INC tiene unas 400.000 has. en propiedad que valen unos U$S 2.000 millones de dólares y que pertenecen a todos los uruguayos. Ha entregado la mayor parte de

esa área a unos 7.000 colonos con una superficie promedio de algo más de 100

has. El INC recibe rentas de esos campos a precios inferiores a los del mercado,

con las cuales cubre su presupuesto de U$S 11 millones de dólares anuales y le

sobra algo para comprar tierras. A esos recursos se suman dos impuestos que le

reportan entorno a U$S 15 a U$S 20 millones adicionales pensados para dar

músculo a la Institución para comprar más tierras. Sobre estos últimos recursos se ha suscitado este debate al decidir el Poder Ejecutivo redireccionarlos para generar dinero para atacar el problema de los asentamientos…

No creo que nadie quiera sensatamente entrar en una gran batalla para sacarle

U$S 15 millones al INC sin hacerlo en un marco de reestructura general, con un

buen plan maestro para el futuro del INC, donde se redefinan estrategias,

instrumentos, presupuestos operativos y objetivos anuales a alcanzar y medir”.Luego Romero Álvarez propone vender las parcelas a sus tenedores precarios y con eso formar el fideicomiso para erradicar los asentamientos.

La relación anterior, hecha por un experto, exhibe la debacle del Presupuesto

Nacional. Al organismo titular de 2000 millones de dólares, no le alcanza con la

renta básica de los colonos para sostener su presupuesto que absurdamente

utiliza para generar nuevos minifundios. Hay que aportarle 20 millones más en

impuestos, recursos que pagamos los uruguayos para sostener un organismo

que de lo contrario se funde, no cumple con su propósito constitutivo. Además,

nadie realizó ese famoso Plan Maestro, estrategias, instrumentos, presupuestos

operativos, ni tiene objetivos anuales a alcanzar y sobre todo MEDIR. Su

Directorio, obviamente político, resiste el recorte de recursos para atender la

situación naturalmente prioritaria y crítica de 200.000 personas que en Uruguay

viven en aproximadamente 650 asentamientos distribuidos en la capital y en el

interior del país, que se multiplica desde hace muchísimos años. Sostiene una

Institución que, sin temor a equivocarnos, es UN FRACASO, UNA PERDIDA DE

RECURSOS, UNA MÁQUINA DE FABRICAR FRUSTRACIÓN DE LOS COLONOS, Y

SOBRE TODO, UNA GRAN ALQUIMIA POLÍTICA PARA REGALAR UN CAMPITO, Y

LUEGO DISCUTIR SI ES UN ACOMODO.

Los que aún sobreviven en asentamientos, no solamente son personas,

uruguayos, seres humanos, que MANTIENEN SOJUZGADOS quienes

redistribuyen nuestros recursos. Personas que no pueden aspirar a un empleo

digno y formal, viven en la marginalidad, son pasto del narcomenudeo. Su

abandono atenta contra la integridad física de otras personas pobres que

conviven con delincuentes. Acumulan resentimiento contra el resto de la

sociedad, mientras son sojuzgados por aquellos a quienes votan.

La pérdida de empleos ocurre en todo momento en un mundo cambiante. La clave

es que la creación supere su reducción para minimizar las trágicas consecuencias

sociales. Para ello, es necesario un proceso de reforma que libere la creación de

empleos de las trabas y elevados costos públicos que la impiden.

Los empleados públicos, sin embargo, tienen estabilidad, una conquista para ellos,

pero una derrota para los demás, especialmente para los pobres. Quienes los

multiplican o no los ajustan, son responsables de asignar prioridades políticas

erróneas, un privilegio contra ellos. ¿Por qué no tienen estabilidad un kiosquero o un verdulero? Originalmente la razón era conformar una estructura burocrática neutra, que permita el funcionamiento del Estado. La idea de defender al funcionario de los políticos terminó en una alianza de ellos contra los demás. Llega un gobierno y nombra una cierta cantidad de funcionarios y luego llega el siguiente, los mantiene, nombra a los propios y la corporación tiene una inercia defensiva para dejar todo quieto, “no hagan olas”. Eso creció hasta el paroxismo cuando los populistas de izquierda quisieron sustituir el empleo privado por el público. Crearon

Agencias, Empresas Privadas con capital público dirigidas por ineptos con

tendencia corrupta y privilegios de oligarca estatal. Pusieron a cargo de la

administración a incapaces, responsables del desenfreno del gasto inútil, que

administraron como un botín propio alcanzado mistificando la defensa de los

pobres. Decían que castigaban con más impuestos a los ricos, mientras

despilfarraron recursos de trabajadores y jubilados.

La burocracia estatal, apañada por un sistema político que bastardea sus

responsabilidades, crece, se multiplica, cuesta carísimo. La escasa productividad

del funcionario y la ineptitud de quienes lo dirigen juega en contra del

administrado. Multiplica inútiles para hacer mal la misma tarea, un costo de

ineficiencia; que con apoyo directriz político crea barreras artificiales malignas

contra la actividad productiva, la inversión y el empleo.

El salario público, aunque sea magro, es superior al monto jubilatorio, por lo que

extiende al máximo su retiro castigando con el desgano y desinterés. La nula

acción de combatir la holgazanería pública, apañada por jerarcas ignorantes o

inoperantes, hace depender la decisión de los mandos medios. Los “compañeros”

inservibles pasan a sitios innecesarios, donde molestan menos; subsiste la carga

salarial, privilegios y gastos sobre el contribuyente. Muy pocos, simbólicamente

van a ser destituidos.

La estabilidad se transforma en un premio a la no neutralidad, a la lealtad al

político de turno que logró el nombramiento, lo sostiene o asciende; y con forma

resentimiento que prohíja la inoperancia del funcionario. Los nuevos llegan con la

expectativa de eludir responsabilidades. Cuentan con herramientas pre formadas

que les ha dotado el sistema burocrático: licencias extraordinarias por diversas

causas, licencias médicas multiplicadas sin control ni justificación. Un largo rosario de privilegios institucionales permite otra actividad sin cumplir en absoluto la

pública.

Hay quien entrega su mejor esfuerzo por defender valores personales, porque

cree que es su deber, son los menos, dinosaurios en extinción. Sin incentivo

alguno. La mayoría se forma en la irresponsabilidad, la anti meritocracia, y la

omisión de denunciar la corrupción. Los políticos también tienen incentivos

bastante fuertes para sostener la nómina de inútiles sin actuar: evitar conflictos,

mantener a funcionarios en comisión para proselitismo. Corregir esta situación

infame implica resignar el relato populachero de “no reducir el escaso empleo”.

Planteo que implica desconocer el daño tremendo que se le hace al empleo

privado, al empleo formal, al contribuyente que debe malgastar recursos para

sostener a esta casta, y además, si puede, pagar un servicio privado que le permita

recibir el producto o servicio en condiciones aceptables.

Hay un grado de competencia electoral donde los que participan se juegan su

capital “político” y su cargo. La intensidad de esa presión del votante, desde

taitantos años, exige que siempre se incluya en el programa partidario la

incumplible reforma del Estado, que siempre queda para el próximo período. Se

posterga infamemente a los sojuzgados.

Aquellos que se desempeñan en el mercado privado tienen una fuerte motivación

a ser eficientes para conservar el empleo, prepararse para ascender y evitar las

pérdidas y el despido. Los que trabajan o emprenden en el mercado responden a

sus clientes, ¿a quién responden los funcionarios y empleados? A su conciencia, a

su voluntad de servir, a la supervisión de los superiores (los políticos); en este

caso, la multitud de servicios infames e infamantes que recibimos los

administrados está cantando que tal exigencia no existe. Los resultados

oprobiosos, el consumo arbitrario y obsceno de recursos del sector privado por

responsabilidad política, exigen que esa estructura burocrática sea lo más

pequeña posible, quede expuesta a la opinión pública, y tenga fuertes límites a su

expansión.

Esta definición depende a su vez de la que define la esfera de las acciones del

Estado. ¿Debe el Estado tener actividades y funciones que se obtienen

normalmente en el mercado mejores y a menor costo? Medios de comunicación,

agencias de noticias, radios, canales de televisión, que no interesan a la audiencia,aerolíneas a costo de los que no podrán jamás viajar, correos que no pueden

competir en costo y productividad, talleres navales que producen el Ky Chororó

imposibilitado de navegar, laboratorios públicos multiplicando costos, bancos

públicos que regalan deudas o viven del préstamo al consumo de trabajadores y

jubilados, agencias de vivienda con costos exorbitantes, universidades que no

miden la exigencia, el rendimiento, ni la justificación para exonerar el pago a

quienes pueden hacerlo o se van al extranjero, ministerios asistenciales que se

justifican por la persistencia de la indigencia. ¿Es necesario multiplicar en 19

Intendencias actividades que el Estado persona pública mayor ya asume y carga al

contribuyente, en materia de cultura, arte, enseñanza, o sanidad pública, o casinos que son punto en vez de banca?

La Revolución de los sojuzgados se da por el voto absurdo, castigo, bronca,

desencantado.

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