El francés Henri Bergson, sentenciaba: “el futuro no es lo que nos pasará, sino lo
que haremos”. En un país democrático hay dos etapas en las que somos
responsables de lo que haremos, cuando votamos, y cuando se ejerce la
representación por los responsables de la sustentabilidad económica país, y la
racional aplicación de los recursos a las prioridades de cohesión social, son
condicionantes excluyentes de un futuro que nos prepare para la economía del
conocimiento en la que estamos inmersos.
El rumbo claro para atender esas prioridades el Uruguay no lo tiene. Quizás nunca
lo tuvo, pero nunca fue tan decisivo. Resolvemos lo inmediato, asegurando el
presupuesto público con impuestos nacionales y departamentales que todos
señalan como exorbitantes. Cuando el bestialismo del gasto sin fundamento
racional no alcanza, se contrae endeudamiento. Y si todavía no alcanza, se
incorpora el bastardo impuesto inflacionario. Sin piedad hacia los más infelices, los
que nos sostienen con sus recursos, ni consideración alguna que estamos
castrando lo único importante: el mañana. Se bastardea el destino del bien común
sacrificado en el altar de los impúdicos intereses corporativos. Un relato falaz de
lucha contra el pobrismo impide el ascenso social, el crecimiento económico de la
productividad y los ingresos, y la formación de recursos humanos que se
sostengan en la economía del conocimiento.
En este siglo XXI lo que vale es intangible: la novedad creativa rupturista, la
invención útil aplicada, la tecnología que libere de ineficiencias etáticas, la
capacidad de resiliencia constante. Es prehistórica la economía Fordiana que
medía la producción por bienes físicos. El Dr. Ricardo Pascale expone con
contundencia que nuestra suerte depende de la inversión en la economía del
conocimiento. Estamos en un insuficiente 0,4 del PBI.
Nuestra comprometida economía agropecuaria (honor y gloria a Hernandarias)
depende de INUMET y quienes nos compran, o no. La burocracia estatal, los
emprendimientos prebendarios, la ineficiencia pública, emprendimientos
insostenibles y la corrupción incorporada, tendrían que homenajearla, por
sostenerlos. El abuso de los bienes que aportan los paisanos a la clase política para
su impúdico sostenimiento, el del sindicalismo conservador privilegiado, y la
alquimia “in-versora” del poder es confiscación o expolio. Para denunciarlo, han
tenido que inventar un nuevo partido político para frenar la “fiesta”. Seguimos el trillo socializante que aplican en mayor o menor grado nuestros
gobernantes. Sin ocuparse de que anestesiamos a los que trabajan, les impedimos
oportunidades de inversión y los asociamos al Estado con asistencialismo. La
ciénaga nos traga cada vez más cuando desde el gobierno perpetran inversiones
con nuestra plata, sin piedad de su ineptitud, inconsistencia, o corrupción, que
exponen los perdidosos resultados. La especulación se aprovecha de nuestra
supina ingenuidad.
Un país sin rumbo, sin dirección, es un país sin destino. Jugado a la suerte de lo
que otros inventen para que algunos puedan disfrutarlo, otros miren con la ñata
contra el vidrio, envidiándolos; y muchos opten por votar en contra con el
pasaporte buscando mejor destino. Cuando nos convertimos en tomadores de
tecnología, nos usan como conejillos de indias (o de indios). Así pasó con las
fastuosas inversiones del filósofo de boliche, que ha condenado al enterramiento
económico a más de 500.000 uruguayos indigentes, pobres, clase media
deturpada, pymes arruinadas, jubilados miserables y emigrados. Siguiendo la
dialéctica hegeliana, cultiva la imagen del presidente roñoso por el mundo,
convencido de una gestión “suprema“, que como supremo farsante, ahora
descubre que para administrar lo público son necesarios técnicos, no políticos; a
los que agregamos, tampoco: ex terroristas y familiares.
Ese descenso nos impuso jugar en intermedia; ir tirando, para abajo. Fueron
tirando recursos “compañeros”, cultura populachera solventada a subsidios
nuestros, privilegiados con sueldo público, empresarios (aquellos del quincho de
Varela). Y los que le pusieron el mango a la pelota, haciendo un mix entre empresa
formal y cubanos, venezolanos, bolivianos. Mano de obra benévola que el
tercermundismo expulsa y recala en el “paisito”. Esclavos posmodernos,
expatriados a prepo por dictadores (democracia diferente) cuya única ilusión es
conseguir un mango, vivir de okupas al norte de Gianattassio, y sonreírles a los
patrones “yoruguas” a los que advierten en privado que van cubanizándose.
Tienen claro adónde va un país sin rumbo. Mientras los políticos, que son “vivos”,
desde 12 partidos y decenas de precandidaturas insisten con el verso:”… que
estamos despuntando al crecimiento”,”…tenemos instituciones fuertes esperando
inversores”, “…hay ricos para más impuestos”. ¿Serán los que Orsi convocó al
Enjoy; o esos son prebendarios?
INVERSORES, DICTADORES, Y VERSEROS Uno de los ejemplos más soberbios de dilapidación de recursos con corrupción de
Estado produjo más de siete millones de expatriados, destruyó el aparato
productivo y fue parasitada por la Cuba de los Castro. La remota ciudad de Caicara
del Orinoco llamada por Chávez a ser uno de los polos de desarrollo más
importantes, tras muchos años y 312 millones de dólares invertidos en la soñada
«Ciudad del Aluminio» tan sólo dejó un enorme esqueleto de acero de la primera
laminadora, unos galpones dispersos y un par de vallas con la imagen del
mandatario socialista lavadas por el sol. Financiada por el Fondo Nacional de
Desarrollo (Fonden) gestionado por el bolivariano virrey para proyectos
“estratégicos”, desde el 2005 dilapidó unos 100.000 millones de dólares, recursos
que enterró en las obras que quedaron truncas.
«Era una cosa horrible cómo la gran burguesía regalaba el petróleo, regalaba el
país, saqueaba el país. Y el pueblo hundiéndose en la miseria, la clase media
hundiéndose en la pobreza, el desempleo, el atraso, la dependencia», dijo Chávez
defendiendo el polémico mecanismo de inversión. «Estoy impactado como
venezolano, que no se sepa qué ha pasado exactamente con 105.000 millones de
dólares», dijo el diputado opositor Carlos Ramos. «Ese dinero no es de Chávez, que
lo administra. Es de 29 millones de venezolanos y por lo tanto las cuentas deberían
ser lo más transparentes posible». El Fonden en 2010 invirtió 9 millones de dólares
para enviar casas prefabricadas a países “amigos” como Guatemala, Bolivia, Cuba
y Nicaragua; compró acciones de empresas nacionalizadas por 700 millones de
dólares y desembolsó 46 millones. En 2011 recibió casi 15.000 millones de dólares.
LOS NEGOCIOS SE DESCHAVAN
A partir de la creación Fondo Bolívar Artigas, Venezuela comenzó a vender a
Uruguay petróleo a bajo precio y financiado al 2% a 15 años. “Es un mecanismo
que nos ha permitido un financiamiento muy barato de la mayoría de las
inversiones que hicimos en Ancap. Hemos tenido en estos años unos 800 millones
de dólares de financiamiento que ya era barato cuando lo tomamos y todavía se
hizo más barato cuando hicimos un pago adelantado de esa deuda, con una tasa
de descuento importante”, explicó el entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic.
También bajo el mandato de Vázquez, el gobierno de Chávez compró la
cooperativa Cofac para el banco Bandes. Con la estatal Pdvsa compró parte del
paquete accionario de Sol Petróleo, estaciones de servicio que Uruguay tenía en
Argentina y que daban pérdidas, y en ALUR se planteó desarrollar un polo
productivo en Bella Unión. Chávez firmó un acuerdo con el gobierno uruguayopara participar en la exploración de yacimiento petroleros venezolanos. Y sus
aportes fueron decisivos para cofinanciar con el FONDES de Uruguay empresas
fundidas: Envidrio, Funsa, Urutransfor y Midobers. Además, Chávez le dio a
Uruguay un 10% de participación en el satélite Simón Bolívar, y donó un tablero
electrónico para el Estadio Centenario. Poco dinero comparado con la sangría de
Cuba, que no satisface el hambre de los venezolanos, pero, por los que Abdala
agradeció a Maduro.
MIENTRAS TANTO… EN UN PAÍS ESTANCADO
Los gobiernos de Vázquez-Mujica-Vázquez utilizaron recursos de los uruguayos
para sus “inversiones públicas”, más modestas pero, igualmente incontrolables.
Millones de dólares tirados con opacidad y sin responsabilidad política ni penal,
que tiene la complicidad de la lentitud de la fiscalía y el Poder Judicial.
Se destaca por el monto comprometido y el peso a futuro en las tarifas de UTE
(que como el desfalco de ANCAP, paga usted) el cambio de matriz energética, que
según la revista Fortune colocó al ex director nacional de Energía Ramón Méndez en el lugar 46 de la lista de 50 personalidades más influyentes del mundo.
Uruguay no experimentó la mayor transformación energética de su historia en el
gobierno del Frente Amplio. Las bases del actual se remontan a 1938, cuando el
Dr. Gabriel Terra promovió una Comisión Mixta Uruguay y Argentina para
desarrollar el potencial hidroeléctrico de Salto Grande. La crisis petrolera de los
setenta generó un importante aumento del precio del petróleo, motivando la
aceleración de los planes para la represa. La importante acumulación de reservas
por parte de los países árabes facilitó el financiamiento para realizar Salto Grande
que comenzó a funcionar en 1983, dejando una matriz energética abastecida con
energía renovable.
El Dr. Batlle promueve el decreto 276, que estableció el Reglamento General del
Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional, y el 360 que reglamentó el
Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. Estaban dadas las condiciones para la
incorporación de otras energías renovables.
Con el FA la Dirección de Energía estableció la incorporación de 300 MW de
energía eólica para el 2015. Sin embargo, el gobierno multiplicó por cinco la
generación eólica, llevándola a 1.500 MW. UTE se encuentra obligada a comprar
esta energía durante los 20 años contractuales, asumiendo un costo del 4%, y un
reajuste anual de 1,5% en el precio de compra de la energía. El valor presente
asciende a USD 4.600 millones. El gobierno argentino logró precios de USD42/MWh en subastas de energía eólica. Si en lugar de pagar USD 70/MWh,
Uruguay pagara USD 42, el valor presente de la obligación de UTE sería de USD
2.800 millones. De esta manera, la diferencia de USD 1.800 millones es el costo
del apuro del frentista Méndez por incorporar energía eólica. El sobrecosto de los
contratos de Méndez Galain, UTE tiene que pasarlo a la tarifa. A USD 42/MWh en
lugar de USD 70, estaría pagando USD 140 millones menos por año.
En el actual gobierno de Coalición el desarrollo de la industria del hidrógeno verde
está siendo promovido por el Ministerio de Industria y Energía. Presenta
similitudes significativas con lo que fue la transición energética del FA. En los del
frente había contratos con UTE como comprador, aún a pérdida millonaria a
futuro. En el caso de esta nueva tecnología verde, se está reclamando el mismo
seguro por parte del Estado, para que la institución financiera intermediaria en la
inversión evite el riesgo y promueva ampliar las inversiones. ¿Será otro sacrificio
en el altar de experimentar con indios (nosotros)?
NUESTRAS INCONSISTENCIAS
Somos un país con poca población, atrasado en enseñanza, con poca natalidad,
envejecimiento poblacional. Un mercado consumidor mínimo afectado además
por dilapidación en 20% de burocracia política pública de la población
económicamente activa. Impuestos muy altos, cargas regulatorias excesivas,
costos de servicios y bienes producidos por el Estado que arrastran impuestos con
precios superiores a la media internacional. Tenemos un deficiente nivel terciario
comparativo incluso en el MERCOSUR. Un déficit comparativo en investigación y
casi no registramos patentes, siendo uno de seis que no aprobamos el Tratado
respectivo. Cultivamos con ahínco la aversión al riesgo de perder lo propio, al
cambio contra el statu quo, y nos creemos “la última chupada del mate” (nada
tenemos que aprender de otros). Disfrutamos la envidia a los que viven mejor
sospechados de beneficio doloso y esfuerzo exagerado.
Depende de nosotros lo que haremos del futuro.
