Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano
El marxismo, una teoría inacabada, cambió al mundo cuando sirvió de excusa para el renacimiento del absolutismo en el poder. El marxismo como propuesta política, fue el antecedente ideológico del nacional-socialismo, del fascismo y del viaje al comunismo intentado por Lenin: ”La sociedad entera se habrá convertido en una sola oficina y una sola fábrica, con igualdad en el trabajo y en la remuneración”.
León Trotsky en 1937 le respondía: ”En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte por consunción lenta. El viejo principio “el que no trabaje no comerá” ha sido reemplazado por uno nuevo: el que no obedezca no comerá”.
Esta pandemia socialista dio por tierra con la razón, la realidad y aprovechó el egoísmo propio de quienes no confían en su propio esfuerzo. La idea de la seguridad económica colectiva no es menos vaga y ambigua que la mayoría de las expresiones sobre estas materias; y por ello la aprobación mayoritaria que se concede a la demanda de seguridad económica para todos es un peligro para la libertad.
No obstante, el empeño en la seguridad económica universal ha servido para corromper ideológicamente a las sociedades; como es cambio cultural, destruye la natural condición humana de esfuerzo productivo para merecer vivir mejor. Su inevitable fracaso obliga a claudicar a tiempo, o conduce a una execrable tiranía.
Esa fatal arrogancia del poder absoluto para “corregir” desigualdades, ha quemado la cabeza de una casta para que la barbarie destructiva se transforma en revancha para apropiarse de todo lo ajeno.
El burócrata político “redistribuidor” pasó a sentirse dueño del cargo que ocupa, de los recursos que cree que le asignan para su libre disposición, de la secretaria, del auto, y de la tarjeta corporativa. Aunque tome té de alfalfa, los votos y el garrote, justifican ejercer tales privilegios con la plata de otros.
El Uruguay ha pasado a ser la “nueva” esperanza de la burocracia internacional del norte, esa que se hunde en la ciénaga del abuso de poder, pero mantiene el empaque de tomar apuestas sobre el tercermundismo.
Destacan su estabilidad democrática y seguridad jurídica, evaluados a la luz del desastre institucional de la mayoría de América Latina. Quienes nos ven como un futuro “hub tecnológico” detectan “no conformidades”: tenemos que agilizar una burocracia lenta y excesiva; carecemos de conectividad aérea para la sociedad del conocimiento, y de flexibilidad para trabajos remotos; seguimos estudiando carreras “tradicionales” obsoletas; cuesta conseguir talentos tecnológicos; carecemos de mercado de capitales para impulsar satarups; estamos caros para vivir; y no somos competitivos con una economía de América Latina que se devaluó.
La realidad es que apenas estamos intentando volver a las cifras decadentes de la economía y el trabajo que sacaron al FA del gobierno. El Uruguay es un país de clase media en descenso, una educación claudicante, un gobierno en disputa con una minoría patotera que copó su pata comunista sindical. La lucha implica mantener intactos su impunidad y no retroceder en el proyecto de la gramsciana agenda 2030.
Casi el 20% de la población económicamente activa detenta un empleo público; casi el 50% del sector privado es dependiente del sector público; la tributación, las regulaciones excesivas y la máquina de impedir multiplican el empleo informal; la pobreza no cede.
La educación, cuyo monopolio curricular también es del Estado, está obsoleta, derrumbada en calidad de aprendizaje, copada por docentes inconclusos, con formación terciaria desactualizada. Una cantidad de estudiantes escépticos sobre la utilidad del tiempo educativo, desconoce que los recursos no los producen los políticos.
Nadie agradece el sacrificio del contribuyente; por el contrario, claman a la orden del director ideológico por más gasto que proclaman inversión, aunque sean apáticos sobre su futuro laboral en Uruguay. Nada les importa que el acrecentado presupuesto educativo atienda gratuitamente a extranjeros, y a multiplicidad de egresados frustrados o sin destino laboral. Inficionados por ideologismo como arma para paralizar cambios y mantener la movilización opositora, su sensibilidad no llega considerar tantas urgencias sociales postergadas, que dejaron hace apenas dos años esos que les hablan de injusticias.
El sector productivo desde Hernandarias sigue basado en la agropecuaria, ahogado entre la presión tributaria, las reglamentaciones inviables y el costo país.
El comercio y los servicios afectados además de todo eso, por el avance de la tecnología y la presión de las apps. En el Uruguay nacen en promedio 12 nuevas pequeñas empresas por año, alguna de las cuales tiene “componente dinámico”, logran crecer y generar empleo. Muchas más cierran dejando locales desocupados incluso en barrios con capacidad consumidora.
El sector agropecuario depende del clima, los desvíos regionales, la carga tributaria que sacrifica reinversión, los intereses bancarios, y los precios públicos sobre la energía.
En el sector comercio y servicios festejan haber retornado al desastroso nivel pre-pandemia. Luchan con los mismos problemas anteriores: la inflación, la depreciación del valor de la moneda argentina, una baja inflación en Brasil. El comercio electrónico traspasa barreras, abarata en mano de obra, tributos y cargas internas, pone en competencia abierta sin convenios y baja la recaudación.
El costo país y sus ineficiencias públicas cargan sobre el sector privado. Integramos un Mercado Común, pero los costos internos encarecen los precios intrazona. Uno de los rasgos más destructivos de los socialistas como ingenieros sociales, es que no conocen la duda. Saben lo que las personas deben producir y consumir. Saben todos los males que aquejan a la sociedad, y conocen todas las formas de repartir los recursos hasta que se agotan. Son doctorados en que la mejor distribución empieza por su casa.
Como para producir recursos es necesario además de saber gastar, trabajar, invertir, asociarse y comerciar, lo más sencillo es apropiárselo desde el Estado, convenciendo a todos que esos recursos son de ese ente abstracto. El inconveniente es que esa acción política también los destruye, incentiva a no producirlos y cuando el burócrata planifica, los recursos desaparecen.
La ceguera, el interés egoísta, el “balde” ideológico supone que los recursos son infinitos, están para repartirse, y es un egoísta quien no los entrega. En los países pequeños, eternamente “en desarrollo” es fácil prometer y endeudar, uno de los peores males que puede sufrir una economía.
La gran depresión y la segunda guerra mundial dejaron secuelas. La teoría estructuralista de la industrialización mediante sustitución de importaciones, un modelo que generaliza la acción pública en la inversión, el empleo y la distribución, no midió los desvíos corruptos por incapacidad de gestión o connivencia criminal. ANCAP casi fundida no puede sacarse de encima subsidio a pérdida: al portland, al supergás y al fideicomiso al boleto.
Como dijera el contador Damiani: “…en el Uruguay no hay ricos, hay riquitos…”.
El desvío al socialismo y el clientelismo de Estado, construyó una sociedad de “clase media”; media pobre, media estancada, media desesperanzada. La educación que promovió que “…mi hijo el d´otor” pudiera pasar por las universidades, se fue quedando estancada, al ritmo de un presupuesto público agobiante.
Todo el sector público se multiplicó, succionando recursos de la única teta: la vaca. Desde Hernandarias el sector fue perdiendo dinamismo. El gaucho se agota de sostener a un bebote público que crecía sin solución de continuidad, expulsando mano de obra desocupada. Así se formaron los cinturones de pobreza montevideanos que hasta el presente han visto pasar prestidigitadores electorales que venden fulleros pasajes al caribe.
En el 2005 el “revolucionario” contador Astori, estaba ansioso de descargar sus efluvios juveniles, “distribuir de los ricos a los pobres”, y de paso, resolver algunas cuestiones familiares. Como en Uruguay no hay ricos, sino riquitos (dijera el Cr. Damiani) algunos “tributaristas” sin tanta sensibilidad social le hicieron la redistribución; pero la “guita” la pondrían los trabajadores.
Así surgió el IRPF (Impuesto a la Renta a la Persona Física) un tributo personal y directo al salario de cada individuo, que no repara en los gastos de subsistencia, el derecho de propiedad, el esfuerzo del multiempleo, ni siquiera en el impacto sobre la recaudación. Ahora todo es del gobierno; si te saca demás, te lo devuelve sin intereses al año.
Sencillamente podrían suspenderse los aumentos de sueldos en proporción a la quita. Más personas dejan de trabajar para evitar multiplicar los cinco salarios mensuales que le quita el gobierno. Más personas optan por jubilarse y más personas trabajan “en negro”.
Después de los 15 años de gobiernos Vazqui-astori-pepista, contratar un trabajador formal duele como un “cálculo renal” y tenerlo informal como un “parto de nalgas” al pagar el despido. El IRPF se transformó en una “recaudación” básica que nadie se anima a reducir o eliminar por el efecto en el déficit. Es un lastre social para el trabajador, para el empleador, y para el propio Estado, que cada vez recauda menos de ese invento “redistribuidor” de la desaparecida riqueza.
Otra “genialidad” redistributiva del frente-progresista, el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social). Un reconocimiento explícito al fracaso del sistema de “reparto” tan caro al comunista de Murro; y particularmente caro al bolsillo de jubilados y pensionistas genuinos que tienen otro recorte adicional al IRPF que pagaron en actividad.
Un óbolo para “asistir” a un sistema previsional que soportaron de jóvenes con su aporte y ahora clama “eutanasia”. La Justicia con una integración sensata reconoció la inconstitucionalidad; una forma de no aplicar el ajuste del artículo 69 de la Carta Magna. Tributación doble, absolutamente ilícita para quienes ya han aportado IRPF sobre el salario, y sufren otro recorte adicional al retaceado haber de pasividad. En el caso de los pasivos de Cajas Paraestatales o del Servicio de Retiros es una estafa redonda, ya que ni siquiera esa “asistencia” va a sus desfinanciados servicios, sino al agujero negro del BPS. Una variopinta succionadora de recursos para pagar beneficios a activos, jubilaciones sin aportes y premios retiros a “revolucionarios” y sus familiares. Esta carga se multiplica cuando el pasivo (en el más amplio de los términos) tuvo la desgracia de aportar a varios sistemas de seguridad social, y creyó ingenuamente, que se garantizaba un retiro digno y no una confiscación duplicada.
Las realidades que todos los días nos agobian nunca se van a modificar si no se disminuye cada resquicio del gasto público que castiga a quienes todavía tienen intención de trabajar en el Uruguay. Seguir sosteniendo la ampliación política in extremis; no legislar sobre el co-gobierno sindical que tiene garantizada la “pensión” o cuota sindical vitalicia a apropiadores de esos fondos, a su vez utilizados para paralizar la educación, la banca, el transporte y las empresas lácteas. Y por obvia consecuencia, para lastrar cualquier intención de ordenar y racionalizar el gasto improductivo.
Si el gobierno actual sigue pensando que la obra pública y las inversiones públicas son más importantes que ordenar el gasto, devolver los recursos extraídos a la inversión privada y al trabajado sustentable, está avalando que “siempre hay plata del gobierno para repartir” o que hay margen para “sacarle al que todavía tiene”.
Así se caerá a pedazos la ilusión externa e interna de un Uruguay con mejor futuro. No se puede competir en eso con los socialistas, son más rápidos en apropiarse de lo ajeno, corromper al sistema, hacer morir la producción, y prometer gastar lo que no dejan crear.
Las sociedades de las economías muertas.
