A quienes somos liberales nos causa perplejidad el hecho de cómo el corporativismo se ha expandido en nuestra sociedad. Contamos con un movimiento sindical unitario y honesto lo cual es algo que merece ser destacado. Pero la realidad indica que está impregnado por la doctrina marxista: lucha de clases, plusvalía como resultado de la teoría objetiva del valor, aversión a la propiedad privada de los medios de producción y al funcionamiento del mercado y su fe en el socialismo como sistema superador del capitalismo. A ello se agrega la tradición estatista uruguaya, aunque los partidos fundacionales de la misma hayan revisado en sus programas las aristas más negativas, que se ha encargado de desnudar la evidencia empírica. El Frente Amplio nació como una fuerza política colectivista, pero también a la luz de los nuevos tiempos revisó sus posturas primigenias y en sus quince años de gobierno respetó el funcionamiento de la economía de mercado, pero la predominancia de los intereses del movimiento sindical le ha impedido avanzar. Este largo introito viene a propósito de algunos temas que a mi juicio revisten la calidad de cuestiones adjetivas y que no debieran dar lugar a controversias. La Federación ANCAP ha elevado a la categoría de principio su oposición a un proyecto del Directorio del Ente Autónomo para viabilizar una asociación público-privada en el negocio del portland, que hoy es totalmente deficitario. A su vez SUTEL, que desde siempre se ha opuesto a que exista competencia en el mercado de la telefonía móvil, lleva a cabo una activa campaña contra la portabilidad numérica habilitada por la LUC que permite, bajo una estricta reglamentación, que los usuarios puedan cambiar de compañía telefónica sin perder el número de celular, como ocurre en todo el Continente con excepción de Venezuela. Las dos cuestiones son razonables y van a beneficiar a usuarios y contribuyentes, no obstante los respectivos sindicatos han puesto el grito en el cielo, cuando ello no implica privatización de ninguna empresa pública y sí una benéfica libertad de elección en un caso y la contención de una sangría financiera en el otro. Si hubiera sido por los deseos de los sindicatos no habría competencia en materia financiera, de seguros, de telefonía móvil, de generación de energía eléctrica, entre otras cosas, y a su vez seguirían existiendo emprendimientos estatales ineficientes y deficitarios como el Frigorífico Nacional, ILPE o PLUNA. El Frente Amplio cuenta con muchos economistas de sólida formación académica que valoran a la economía de mercado, como el Cr Danilo Astori, que tuvo la valentía intelectual de plantear, lamentablemente sin éxito, la eliminación de los impuestos ciegos a la propiedad en la reforma tributaria de 2006. Aún ahora y pese a las limitaciones que le impone su estado de salud, alzó su voz para oponerse a la postura del Frente Amplio, en alianza con Cabildo Abierto, en lo referente al proyecto de ley forestal que felizmente, veto mediante, naufragó. En materia de Educación la izquierda política y sindical fue contraria a la existencia de Universidades privadas, no obstante la realidad ha demostrado el incuestionable aporte que le han dado al país, como ello no es pasible de ser desmentido, ahora quieren marginarlas o limitarlas oponiéndose al nuevo sistema nacional de educación que impulsa la LUC. Se opusieron a la progresista reforma del Prof Germán Rama y ahora lo hacen con las propuestas de Eduy 21, donde en ambas instancias han colaborado destacados técnicos y docentes de izquierda. Se rajan las vestiduras por la supresión en la LUC de los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU cuya subsistencia era una rémora de cuando cada uno de ellos era un Ente Autónomo, ignorando como lo ha planteado Eduy 21 que técnicamente es inevitable ir a un sistema horizontal, el cual es incompatible con una estructura compartimentada y una gobernanza colegiada. Es como si en lugar de destacar al Banco de Previsión Social cuyo Directorio de siete miembros incluya tres miembros electos por activos, pasivos y empresarios, tuviésemos nostalgia por los Directorios de las extintas Cajas de Jubilaciones Civiles, Rurales y de Industria y Comercio. El CODICEN se mantiene con cinco miembros dos de los cuales son electos por los docentes y en el Consejo de Formación en Educación de sus cinco miembros uno es electo por los docentes y otro por los estudiantes. Cómo habrán advertido los lectores las cuestiones planteadas no alteran en sustancia ni a las empresas públicas, ni a la educación pública. Entonces por qué tanta oposición, la respuesta surge sin mayor hesitación, la finalidad del referéndum es darle un golpe político democrático al gobierno para paralizar su moderado impulso modernizador y de esa manera asegurar el retorno de la izquierda al Poder en los próximos comicios. El Presidente de la República y sus Ministros han dado sobradas muestras de su vocación dialoguista con todos los sectores políticos, sindicales y sociales. Estamos en presencia de un gobierno centrista, mesurado y prudente, en medio de una pandemia que la humanidad no había sufrido en los últimos cien años. Más allá de las inevitables diferencias ideológicas con las que tenemos el deber democrático de convivir, sepamos distinguir lo adjetivo de lo sustantivo dado que el porvenir está lleno de incertidumbres y desafíos.