MAL, PERO ACOSTUMBRADOS… Por Nelson Jorge Mosco Castellano

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El “Mago” nos advirtió: “Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la

palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me fundiste el mercadito, el

puestito de la feria, la ganchera, el mostrador… ¡Chorra! Me robaste hasta el

amor. Tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila me pongo al lao del

botón. ¡Lo que más bronca me da, es haber sido tan gil! ¡Guarda! Cuídense

porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rajar.

EL CONTEXTO:

Uruguay es un país infectado de estatitis. Políticos padecen diversos grados de fe

burocrática. Desde auto percibidos “liberales”, hasta directamente socialistas y

comunistas. Todos, en mayor o menor grado, cuidan la obesidad del Estado para

garantizarse salarios, privilegios, estabilidad, y el lúdico ejercicio de gastar

locamente lo ajeno. Esta hipocresía altera las prioridades de interés público desde

hace muchísimos años.

El gasto público presupuestado es un biombo que oculta la infamia de asignar

recursos con impudicia, de espalda a lo urgente e importante, al socaire de una

arbitrariedad ética, inmoral, anti republicana, penalmente responsable. Sojuzgar a

quienes producen recursos, sin pudor por el estancamiento del crecimiento

económico, única alternativa para quienes la política convierte en descartables, y

que devuelven a la sociedad la multiplicación de la violencia. Esto es suicida,

particularmente en tiempos en que la economía del conocimiento deprime el

valor de materias primas, multiplicando el intangible de innovación, creatividad,

aplicación tecnológica.

Nuestro sistema político nos entretiene discutiendo temas pretéritos, que

encubren el gasto público, el costo inflacionario, el endeudamiento endémico, una

carga tributaria que lastra la sustentabilidad del sector privado, la producción, la

inversión y al trabajo formal. Un 20% de personas sobreviven en la informalidad. El

INE informa que 1 de cada 6 güirises/as entre 0 y 5 años es pobre, más de 56 mil

niños pequeños viven en condiciones infrahumanas. 162 mil niños y jóvenes de 0 a

17 años viven en condiciones de pobreza. Más del 19.6% de la población en esas

edades viven en barrios marginales. La mayoría no tienen acceso a agua potable,

electricidad o servicios de higiene. Las familias sobreviven trabajando en el

reciclaje de basura y la venta de papel y plásticos. El país tiene el mayor grado de

infantilización de la pobreza de la región y no mejora su registro desde que elgobierno ultra estatista del FA estancó a sus “queridos” pobres. La inepcia de

Estado, masajea la pobreza en hogares con niños que no atienden necesidades

básicas.

Se extraviaron las prioridades. Los directorios de las empresas monopólicas

ANCAP, UTE, ANTEL, y financiera como el BROU, viven en “Narnia”.

Administraciones sucesivamente saqueadas por variopintas administraciones, que

priorizaron intereses personales, partidarios y delirios de grandeza.

ANTEL es un caso de manual. Desde su creación como apéndice de UTE por el

desarrollo tecnológico de las comunicaciones hemos sido víctimas de apropiación

indebida, recursos tirados al voleo, y saqueo por egolatría. Su prolífica actividad

desperdiciada, exhibe maledicencia política. La historia registra los tiempos en que

para tener un teléfono (fijo) se mendigaba una tarjeta de algún director. La

“oprobiosa” fundó ANTEL hace 49 años. Subsidiamos entre todos el “Parque de

Vacaciones UTE-ANTEL”, único caso en el mundo de colonia vacacional estatizada

por ley. La 16.621 dispone: “Declárase que los empleados del Parque de

Vacaciones de UTE-ANTEL tienen la calidad de funcionarios públicos. El organismo

competente adoptará las medidas para que se incorporen presupuestalmente a

UTE. Se les reconocerá como antigüedad en la Administración Pública la fecha de

ingreso al Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL.” O sea, que TODOS los uruguayos

pagamos para mantener las vacaciones de estos privilegiados funcionarios.

Batlle logró la proeza de liberar del cepo monopólico al subsector de la telefonía

celular. De lo contrario, aun estaríamos esperando una canonjía para mandar un

whatsapp. El sindicato, corporativo, totalitario, nepotista, no permitía diferenciar

el salario de un técnico especializado de un administrativo. Para zanjar “el palo en

la rueda”, su entonces presidente dispuso partidas confidenciales. Esto produjo un

sorpresivo remanente de U$S 100 millones que el contador Lombardo utilizó para

hacer el complejo Torre de las Telecomunicaciones; un amplio conjunto de

edificios: dos auditorios, un anfiteatro y el “Torres García”, oficinas y mirador

panorámico. El rascacielos más alto de Uruguay, 158 m, 35 plantas, 20 000 m²

aproximadamente.

Algunos años después, Caro, con poder de imperio, usó U$S 118 millones para

hacer un modesto teatro cerrado llamado “ANTEL Arena”. Y “la gilada” quiso

llamarla a responsabilidad. Los frentistas, estatistas obesos, impunes, exhibieron

permiso para dilapidar plata ajena (la nuestra) en emprendimientos frustrados,

corruptos, amparados por la mayoría absoluta. Genios del mal gastar, encontraronjustificativos para destruir recursos a siniestra, que nos cuesta generar y que

siguen sentenciando nuestro triste destino de “pagatuti”. Desde una caldera

imposible de instalar de U$S 90.000 de Sendic, hasta esta Arena triplicada en

costo, fueron pérdidas aseguradas. Caro, ahora desde una Intendencia fundida

con frentista convicción por 35 años de acrecer impuestos y deudas, salarios

consuelo, impulsa fideicomisos, pinta una ciclovía a U$S 1,5 millones, propone una

versallesca renovación del anfiteatro del Parque Rodó. Irredenta estatista, cual

María Antonieta, su mantra es lucirse a costa de la plata del organismo, empresa,

o caja que administre. Es suya, para su libre disposición personal, para su gloria, y

su eternización política.

EL CULEBRÓN ANTEL ARENA

Según chismes de Caro, Jurídica de ANTEL se negó a hacer una investigación

administrativa por el Cosse Arena. Por tanto, el directorio contrató a Ecovis

Uruguay, auditoría externa, que presentó dos informes por los que facturó $

1.700.000; y a Gustavo Bordes, abogado externo por U$S 40.000. La consultora del

contador Marcelo Caiafa confirmó lo que el Uruguay entero sabía: el sobrecosto

de la construcción de la obra fue obsceno, y la transparencia en materia de

contrataciones brilló por su ausencia. El segundo dictamen analizó las pérdidas en

el breve período que lleva funcionando, el ANTEL Arena perdió U$S 2 millones

desde su apertura y restan U$S 47 millones por pagar. Con base en esas

auditorías presentó denuncia penal ante el fiscal especializado en Delitos

Económicos Enrique Rodríguez. En febrero del 2023, el fiscal de Corte interino,

Juan Gómez, designó en sustitución de Rodríguez al fiscal Machado. Desde el 28

de agosto de 2023 la investigación fiscal no avanzó. En enero Gurméndez recordó

que se cumplía un año: “venía avanzando muy bien hasta que casualmente se

cambia al fiscal, y se designa a Alejandro Machado, y no pasa nada en un año”.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) dio a conocer un informe

lapidario sobre el «Antel Arena» reafirmando los hallazgos de la auditoria externa

respecto a sobrecostos, pérdidas y escasa transparencia. Constató la violación de

principios y normas de conducta que pueden configurar faltas graves. Entre

sobrecostos y pérdidas, la Ing. Cosse dilapidó 67 millones de dólares, dos veces el

presupuesto anual del plan de erradicación de asentamientos. El lapidario fallo

fue firmado por los tres integrantes del directorio de la JUTEP incluyendo al

vocal Jorge Castro representante del Frente Amplio, establece que el informe de

auditoría «denota la carencia de un presupuesto operativo o plan general de

negocio completo». Se gastaba conforme las necesidades que surgían, y «existióuna diferencia entre lo previsto y lo gastado de U$S 63:221.147». La única

estimación de costos que se realizó y fue comunicada públicamente fue de U$S

56:500.000 cuando el costo total ascendió a U$S 119:721.147. El Tribunal de

Cuentas, objetó haber comprometido gastos careciendo de disponibilidad

presupuestal suficiente». Dice la JUTEP «La Administración no se sujetó al

ordenamiento jurídico vigente, vulneró los principios generales de Derecho que

rigen el obrar administrativo y los específicos de la contratación administrativa

que dispone el TOCAF; no atendió las observaciones efectuadas por los Órganos

de control -Tribunal de Cuentas y Unidad de Acceso a la Información Pública- y se

apartó de los preceptos de ética pública vigentes». «Antel invirtió la regla general»,

efectuando «todas las contrataciones» a través del «mecanismo de excepción»,

algo que llevó al TCR a realizar «constantes objeciones». Antel «clasificó todas las

actuaciones como reservadas» violentando «el principio de publicidad y

transparencia, así como el interés general consistente en el derecho al acceso a la

información». Volvió con posterioridad y a pesar de dichas objeciones, a declarar

reservada toda la información sobre costos, ingresos, ganancias, utilidades y

rentabilidad del Complejo Multifuncional Antel Arena». Las pérdidas, que

ascienden a 3,7 millones de dólares en el período auditado. De haberse ejercido

correctamente, dice el informe, «seguramente hubiese evitado algunos de los

resultados negativos que se han evidenciado».

«Si ANTEL contrató un gerenciador privado y no contó con un mecanismo de

control sobre las decisiones de aquel en materia de gastos y contrataciones, o le

impidió a su Gerente General acceder al Presupuesto Financiero del proyecto, o

no contó con un Cronograma Maestro y Plan de Negocios completos aplicables a

la obra, su mecanismo interno de control, de existir, falló y no fue eficiente en la

ocasión». En definitiva, agrega de forma contundente el organismo, «no puede

sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera

como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo

ausente en este proyecto«.

La Fiscalía de Machado archivó la investigación sobre la construcción del Antel

Arena; no encontró delitos. Evidentemente nuestra Justicia, ¡ES CIEGA!!!

El delito de “ABUSO DE FUNCIONES fue derogado por decisión fiscal (sin

intervención parlamentaria) luego de que Sendic fuera condenado (sin prisión) por

comprar un slip y un colchón. “Pecata minuta” consideró el fiscal a cargo la

pérdida de U$S 900 millones de ANCAP. Por lo cual, era lógico que los 118 de Cosse

en ANTEL, y el “muerto” a futuro ni siquiera merecieran reproche alguno. Laagobiada fiscalía se sacó de encima la judicialización política de gastos veleidosos

(con nuestra guita) que le tiraba Gurméndez, interrogándose:¿Acaso no hay un

sobrecosto de 63,2 millones de dólares respecto a lo previsto y anunciado

públicamente por la propia Cosse? ¿Es mentira que en los años de funcionamiento

las pérdidas son de 3,7 millones de dólares? ¿Por qué toda la información,

incluyendo la de la compra de butacas, fue declarada reservada a pesar de las

intimaciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública? ¿Por qué las

compras y contrataciones fueron realizadas por Antel sin contar con disponibilidad

presupuestal y utilizando como regla la modalidad de compra directa por

excepción a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas? ¿Acaso la Unidad

de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Cuentas de la administración

pasada eran gobernados por «militantes herreristas»?

SI SE PUEDE:

Con el argumento del marketing publicitario competitivo que esgrimió Caro, una

empresa pública que coloca fibra óptica puede convertirnos en Las Vegas,

conservando 650 asentamientos miserables.

Lo hicieron con tu plata, el costo y las pérdidas que está produciendo también

salen de tu factura de ANTEL. Lo disfrutan los montevideanos, y lo paga hasta el

chacarero de Artigas que nunca va a poder ver “Holiday on ice”, si tiene un celular

para trabajar, o con inflación en el precio del pan y la yerba. Por el precio de este

Arena debimos tener tres uno para el norte, para el sur y para el centro. Cosse nos

afanó esa posibilidad. Por siempre jamás se recuperará lo malgastado, el sacrificio

adicional de pagar un servicio esencial con sobreprecio. “Esta hermoso” dice

Manini; pero da más pérdida que manguera agujereada.

Si pregunta ¿por qué MOVISTAR o CLARO, tremendas multinacionales no hacen

otros Arena para publicitarse? La respuesta es simple: no es negocio.

Dice el fiscal: que existen dos interpretaciones posibles del principio de

especialidad que impedía a ANTEL hacer un petit estadio: una restrictiva y otra

extensiva “con base en la teoría de los poderes implícitos” aquellos que resultan

esenciales a la ejecución del cometido, como la publicidad, y asegura que “ambas

posiciones son absolutamente válidas en tanto cuentan con sustento

constitucional y doctrinario sólido”.

Con esta interpretación de Machado, un prostíbulo que tenga fibra óptica de

ANTEL es pasible de ser esponsorizado por el Ente. El fiscal remarcó que “solicitó tanto a las autoridades anteriores de Antel

-imputados- como a las actuales -denunciantes-, un informe oficial acerca del

costo definitivo de la multicitada obra, a lo cual se nos respondió que se carecía de

dicha información”. No excitó el celo investigador del magistrado “reconocer estas

falencias”: “ello no implica que las autoridades de la época hayan incurrido en

algún ilícito sino más bien dan cuenta de la ausencia de los debidos controles así

como de desprolijidades administrativas respecto de la forma de planificar la

obra”. En definitiva, “en el Concurso de Ideas de Arquitectura se valoró la obra

civil en la suma de U$S 40 millones”, pero “luego el equipamiento y/o

alhajamiento del complejo se fue haciendo sobre la marcha a medida de los

requerimientos y los avances de obra”. El magistrado aclara que “si bien dicho

proceder evidencia la ausencia de una adecuada planificación, lo cierto es que

existía en el país un contexto en el cual las autoridades gubernamentales en el

acierto o en el error en principio promovían las inversiones en obra pública”. En

ese sentido, sentencia que “esa falta de adecuada planificación o de cierta

imprevisión y hasta si se quiere en algún punto el manejo dispendioso de los

recursos públicos (…) son cuestiones ajenas a la esfera jurídico penal”.

Si usted cree que tiene derecho a controlar a los políticos, y ellos a fundamentar

en qué gastan su plata, está equivocado. Pueden hacer lo que se les antoje, sin

previsión ni control alguno, siempre se hizo así. SI SE PUEDE.

A la hora de comparar costos, el denunciante señaló que el Movistar Arena de

Argentina para 15.000 espectadores costó U$S 38 millones según surge de

Wikipedia. El fiscal dice que “no parece razonable ni riguroso determinar los

costos de distintas obras realizadas alrededor del mundo a partir de fuentes de

prensa como ser una radio, un diario o una página web como es Wikipedia”.

El Fiscal, amarrete, no quiso incurrir en gastos de peritaje contable para probar

el sobreprecio. Le informamos que el ITF tiene una división que pudo haberlo

auxiliado, sin costo.

La exfiscal Gabriela Fossati, subrayó en X: «No digan que no se los advertí.

Carreras meteóricas, archivos de investigaciones previsibles. Manada, manada…

Tapar el sol con la mano no cambia que esté allí«.

Lo denunció Viviana Canosa para argentinos, pero extensivo a los uruguayos:

“SOMOS UN REBAÑO DE PELOTUDOS”, que ESTAMOS MAL, PERO

ACOSTUMBRADOS.

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