¡O CAMBIA EL ESTADO, O CAMBIA EL ESTADO!

Este lunes pasado en el programa Todas las Voces se discutió sobre la carga fiscal que nuestro Estado aplica sobre los contribuyentes.

Este es uno de los tantos temas que deberían ser parte de acuerdos entre todos los partidos políticos, con la intención de darle al país consenso para aplicar medidas que permitan un desarrollo real, aliviando la pesada carga tributaria.

En estos últimos años, coincidente con el gobierno de José Mujica, desde 2010, ingresaron sesenta mil nuevos empleados en la plantilla del Estado, luego, antes de irse Tabaré Vázquez ingresó 10000 más en diversas formas contractuales, pasantes, contratados, etc., todo lo cual ha puesto la cifra de estos superando los trescientos mil empleados públicos.

Más exactamente a 2022 son 304 000, según la ONSC, Oficina Nacional del Servicio Civil. Esta cifra llegó a su máximo histórico en 2019 con 312.000 empleados públicos a fines de ese año.

Asimismo, nuestro Estado asume un sinnúmero de prestaciones sociales y subsidios, que han ido incrementando la demanda de dineros públicos para atender tales necesidades, donde la asistencia a la seguridad social es uno de los líderes.

El estado gasta mucho y mal, por ejemplo, en el ámbito del BPS, de cada cien pesos que entran al Banco, solo 45 van a pagar jubilaciones.

El BPS tiene 3600 empleados. Es una agencia de empleo manejada por mandos medios frenteamplistas.

Ahora vamos a extender la edad de jubilación en lugar de reducir su plantilla. Ni hablemos de los 17 directores sindicales con licencia permanente y paga seis de ellos y 2000 horas gratis mensuales, de licencia sindical para los otros once. Siga el baile que Juan Pueblo banca.

Justamente la reforma en discusión pretende dar una solución a un tema que requiere urgencia.

Una herencia batllista pesa desde comienzos del siglo pasado, al haber el Estado asumido roles y actividades que fueron configurando ese cierto “estado de bienestar” y asistencialismo que ha ido moldeando nuestra idiosincrasia.

De ahí que tantos ciudadanos, tengan siempre su expectativa puesta en poder llegar a ser empleado público, debido a la seguridad en la que se embarca en su vida laboral, casi en la certeza de conseguir un buen empleo, beneficios, etc.  hasta jubilarse.

Cuando asume el gobierno el Gral. Gestido en 1967, una de las cosas que manifestó fue que, “el Estado se ha convertido en una gran ventanilla de pagos”.

Quería significar con esto la gran cantidad de empleados que ya había en ese momento, que motivaron esa apreciación, casi de alarma.

Para tener una idea en 1973 en número de funcionarios públicos era de 240.000 y era el mayor número histórico, 70.000 por debajo del récord frentista de 2019. Los 60 mil de Mujica y los 10000 que Vázquez inventó en dos meses, enero y febrero de 2020.

Aclaro que no tengo animosidad contra los empleados públicos, mi padre trabajó más de treinta años en la Dirección Nacional de Aduanas, solo quiero dimensionar esta situación que requiere atención y acciones a tomar.

En el año 2007 el Frente Amplio introdujo la reforma impositiva, que como novedad incluyó el famoso IRPF (Impuesto a las retribuciones personales), que, si bien no aplica en toda la población activa, incluyó aportes significativos para muchas personas.

Sabemos de casos, en que personas debieron renunciar a algunos trabajos, para evitar la superposición de aportes que sobrepasaban el monto que percibían por dos trabajos.

Más adelante, tuvo un ajuste dicho tributo, ya que las necesidades fiscales así lo impusieron.

Primera lectura para considerar, nuestras autoridades siempre eligen el camino más corto y fácil cuando el estado requiere atender demandas y gastos que no tienen límite, apelando al bolsillo del contribuyente que pocas armas cuenta en su defensa.

Si la imposición proviene de un gobierno de izquierda, sus simpatizantes cierran filas, los sindicatos quedan mudos y ciegos y se aplica el cambio sin chistar.

Clara obediencia debida y obsecuente.

Un impuesto inconstitucional que afectaba a jubilados fue cambiado en su nombre, pasando a ser el IASS, pero también se aplicó sin mucho ruido, algunas organizaciones protestaron, pero finalmente se ejecutó, sin que los sindicatos chistaran.

Otro buen ejemplo de irrespeto del orden jurídico tan típico de la izquierda, en este caso de la Constitución.

Otra vez la obediencia debida en funciones.

La gran utopía todo lo permite en la búsqueda de ese prometido paraíso obrero que nunca llega porque es fruto de la ignorancia de las leyes de la economía.

Impuestos injustos, según mi percepción, ya que los mismos no se aplican a todos los trabajadores, pasando a ser quienes deben aportar, esa categoría llamada” los nabos de siempre” o la clase media al decir de los clásicos economistas ingleses del siglo XV.

Considero que impuestos de este tipo deberían ser aplicados al total de trabajadores en actividad para evitar estas diferencias que claramente son injustas.

Seamos verdaderamente solidarios repartiendo la carga. Hoy la clase media está semi paralizada por este excesivo aumento de carga impositiva. Se graba el ahorro y se graba el gasto, doble imposición. Herencia Astorista que debe ser finiquitada.

Si se fija un porcentaje único sobre lo que cada uno percibe, entiendo que es más justo y no queda nadie sin aportar, la carga se distribuye entre todos.

Cuando vamos a comer diez personas, pero la cuenta se reparte entre cinco, seguro que el monto a abonar por esos cinco es diferente a que si dividiéramos entre los diez concurrentes, matemática simple, que deja al descubierto los mitos e injusticias del Uruguay.

Así nos hemos ido acostumbrando a que siempre hay alguien por quien debemos remar, razones para que no lo haga, habrá muchas seguramente, es así como encontramos los que se “cuelgan” de la luz, el agua, el cable, etc.  y alguien debe pagar la fiesta.

Se va generando una cultura corrupta de lo económico, alguien aparecerá que pague la cuenta, alguna “chanchita” que romper habrá.

Mientras estuve en actividad hasta el mes de mayo último, fui contribuyente del aporte que comentamos, en una especie de instalada y reconocida sustracción, a la que uno nunca termina de encontrar un destino certero.

Lo que uno siente es la injusticia, el sentido de sustracción de lo trabajado que es usurpado por una supuesta autoridad superior que debiera ser justa y equitativa pero que es utópica y ha perdido el rumbo.

Son tantas las actividades del Estado son tantos los requerimientos de recursos, que este término se ha convertido en una especie de palabra mágica.

Se escucha todo el día, una entidad, otra y otra, ni que hablar los sindicatos, solo hablar del tema recursos, donde siempre hay gente reclamando más y más, sin poder explicar con certeza de donde podríamos obtener los tan mentados recursos.

En cualquier alternativa, cuando hablamos de la intención de reformar el Estado, la misma debe comenzar por ver en que se gasta y como, que actividades se llevan a cabo, que razón tiene esa actividad, que valor estratégico puede tener, si es imprescindible que el Estado lleve a cabo esa tarea, costo, cantidad de funcionarios, etc.

Si sabemos que el portland de ANCAP da pérdidas millonarias, que estamos esperando para cerrarlo, salvo temor por lo que el sindicato haga, como parece traslucirse por las conductas del gobierno ante esta “embestida baguala”.

La demanda interminable de la educación por más recursos debería ser contrastada con exigencias de rendimiento, tiempos de permanencia de los estudiantes en una carrera, cupos reales de las diferentes profesiones, cosas que, si no se controlan y racionalizan, terminan en esa infinita demanda de recursos que todos debemos pagar.

Nuestro país parece navegar en una nube de mitos que nadie parece cuestionar, que todo el mundo tiene derechos ilimitados, a hacer lo que se le antoje, que el Estado se debe hacer cargo de cualquier sueño utópico, solventar gastos, subsidiar de todo un poco, que no haya barreras ni exigencias para el que quiera ser universitario y una larga lista que debería ser copiada a los Reyes Magos.

Nuestro estado es injusto en su accionar en muchos asuntos, así es que vemos radares o guinches en algunas zonas de Montevideo, aquellas seguras para poder multar y cobrar, recientemente nos enteramos de una cifra de veintinueve millones de dólares que recaudó la Intendencia Municipal de Montevideo por este rubro.

Otro tanto debe andar la de Canelones que ha desplegado sus redes por Avda. de las Américas y Ruta 102, Giannattasio y la Interbalnearia.

Sabemos que zonas periféricas no son pasibles de la visita de los guinches, como tampoco que haya instalado radares. ¿Cuál sería la razón?

¿Acaso no hay vehículos mal estacionados y tampoco excesos de velocidad?

Siempre la seguridad de la recaudación es prioritaria cuando de multas, inspecciones, tributos y controles se trata y no de impartir la debida justicia, ni mucho menos realizar la tan necesaria labor docente del conductor y el peatón.

Entiendo que la carga tributaria existente es asfixiante, ya aportamos por la seguridad social, por la salud, por el Iva y además por el IRPF, lo que alcanza una cifra en el entorno del 50% de nuestro ingreso que se lo lleva el Estado, sin considerar otra importante cantidad de tributos que debemos abonar a la Intendencia, etc.

Aquellos países que han encontrado cierta racionalidad en el tamaño del estado y en las funciones que este lleva a cabo, son más eficientes, dejan mayor libertad a la iniciativa privada que es quien genuinamente crea puestos de trabajo y riqueza.

Aquí la hemos asfixiado y ese fue uno de los ejes de la campaña de Lacalle Pou, baje los impuestos por favor

Todos somos testigos cuando concurrimos a varios organismos del Estado y nos sorprendemos con la cantidad de funcionarios que hay detrás de los mostradores. ¡3600 en el BPS!

En épocas de informática y aplicaciones, no se entiende muy bien cómo se levantan voces permanentes en el reclamo de más funcionarios en tantos lugares.

Vemos inclusive, como en ocasiones funcionarios contratados a término al finalizar su periodo, los sindicatos claman y exigen se presupuesten a estos, en una clara violación del origen de esos contratados que llegan a su fin.

Es claro que sobrevuela en el inconsciente de nuestra sociedad el sueño del Estado que nos arregla buena parte de los problemas, como cierto es también, que sentimos a cientos de compatriotas quejarse y mostrar su frustración cuando el Estado interviene o se nos presenta que debemos recurrir a él.

La madre de las reformas no llega, como no llegó nunca aquel eslogan que prometía, educación, educación, educación.

Hace años concurrí a un seminario cuyo título era “O cambia la gente, o cambia la gente”, parafraseando al mismo, digo, “o cambia el Estado, o cambia el Estado”.

Los ciudadanos tenemos la llave, nuestro voto a quienes se comprometan al verdadero cambio, a reducir impuestos, bajar gastos y mejorar servicios o a llorar al cuartito, secreto.