TANTA INTELIGENCIA PÚBLICA NOS VA A HACER MAL… Por el Dr.  Nelson Jorge Mosco Castellano

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Según Friedrich Hayek en “Camino de servidumbre”: “Mientras a los grandes escritores políticos individualistas del siglo XIX, lord Acton, Jacob Burckhardt, y hasta a los socialistas contemporáneos como Bertrand Rusell, han heredado la tradición liberal, el poder en sí les ha parecido siempre el archidiablo, para el colectivista puro es por sí mismo una meta. No es sólo que el deseo de organizar la vida social conforme a un plan unitario surja automáticamente y en gran parte de un afán de poder. Es, más aún, el resultado de la necesidad en que se ven los colectivistas, para alcanzar su meta, de crear un poder –el poder de unos hombres sobre otros hombres- de magnitud jamás antes conocida, y la consecuencia de que su éxito depende de la medida en que logran este poder.

Hemos visto ya por qué la separación de los fines económicos y los políticos es una garantía esencial de la libertad individual, y por qué es consecuentemente atacada por todos los colectivistas. A esto tenemos que añadir ahora que la sustitución del poder económico por el político, tan a menudo demandada hoy, significa necesariamente la sustitución de un poder que es siempre limitado por otro del que no hay escape. Lo que se llama poder económico, aunque es cierto que puede ser un instrumento de coerción, jamás lo es, en las manos de los particulares, poder exclusivo o completo, poder sobre la vida entera de una persona. Pero centralizado como un instrumento de poder político, crea un grado de dependencia que apenas se distingue de la esclavitud”.

En el ámbito militar se llama inteligencia al producto resultante del procesamiento de información relativa a naciones extranjeras, fuerzas o elementos hostiles o potencialmente hostiles o áreas de operaciones reales o potenciales. También se aplica el término a la actividad cuyo resultado es este producto y a las organizaciones involucradas en esta actividad. El objetivo de recopilar esta información es permitir planear un uso adecuado de los recursos en las eventuales operaciones que se desarrollen.

Asociada tradicionalmente al espionaje, la inteligencia abarca tareas como la recolección de información de la capacidad tecnológica, el orden de batalla, armas, equipo, entrenamiento, bases militares, comunicaciones, detección de radares, entre otras ocupaciones. Asociada con el desarrollo de las redes de computadores se ha desarrollado una rama de la inteligencia llamada ciberinteligencia. La inteligencia militar está a cargo, por lo general, de unidades específicas de las Fuerzas Armadas.

El progreso de la tecnología en el siglo XX, les sumaría a las tareas tradicionales de espionaje un gran arsenal de recursos técnicos, desde las imágenes, la intercepción de comunicaciones en conjunto con el criptoanálisis, análisis de patrones comunicativos, la detección de radares y otras funciones, como la inteligencia humana, las operaciones clandestinas, la desinformación, la decepción y la llamada contrainteligencia. En países latinoamericanos con tendencia totalitaria, se emplean con fines políticos ideológicos.

En el Uruguay, la distorsión generada en el ámbito de la llamada Inteligencia del Estado, ha cumplido el objetivo de exterminar la inteligencia como servicio útil, nuevos sistemas para hacerlos inoperantes durante el gobierno del FA.

Organizaciones vinculadas al Foro de San Pablo que integra el FA, planificaron todo para que el sistema sea un exitoso fracaso. Y lo han conseguido, con la ingenuidad supina del actual gobierno, que puso en la cúspide de este consorcio inútil a un catedrático de derecho, “buen tipo” para evitar que estuviera a cargo de un profesional de la Defensa que pudiera “meter la nariz” en cosas non santas. La ineptitud para entender la magnitud y gravedad del tema, viene desarrollando el “gran hermano” que vamos siguiendo en la prensa diariamente. Ante la necesidad de contar con un organismo de inteligencia para asesorar en la toma de decisiones al Gobierno de la época, se creó en 1965, en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional el Servicio de Información de Defensa (SID), que establecía justamente lo contrario a lo que llegamos en el 2022: “La complejidad del Estado Moderno, obliga al Gobierno a mantenerse informado sobre múltiples aspectos y que en nuestro país esa información es obtenida en forma parcializada y no técnica: que los frutos de esos trabajos de información, son desaprovechados al no existir un órgano que los utilice y explote adecuadamente…En el año 2015, el Estado Mayor de la Defensa (ESMADE) recibe la Unidad Ejecutora 003 de la DINACIE. Esta Dirección Nacional, pasa a denominarse Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), manteniendo los mismos cometidos sustantivos anteriores. – La DIE mantiene la dependencia directa del ministro de Defensa Nacional, pero también pasa a depender del ESMADE en los aspectos funcionales y administrativos, perdiendo así la autonomía en dichos aspectos. – Actualmente la DIE coordina los Sub Sistemas de Inteligencia de Defensa Nacional, dentro del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado; este Sub Sistema está integrado por las Agencias de Inteligencia Militar del Ejercito, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Solo alguien omnipresente y omnisapiente podría manejarlo bien. Como resulta de lo expuesto, se ha extremado, burocráticamente, un sistema desarticulado de inteligencia, que hace absolutamente imposible concretar un plan de defensa del Estado. Ergo estamos “desnudos” frente al enemigo de la sociedad. Para agregarle a esta desorganización organizada que frustra cualquier acción inteligente, la ley 19696, aprobada en el 2015 POR UNANIMIDAD DEL PARLAMENTO, comienza estableciendo EN SU ARTÍCULO 7 las inhibiciones para hacer de estos servicios la nada misma: (Prohibiciones). Ningún órgano de Inteligencia tendrá facultades compulsivas y les estará especialmente prohibido:  1)   Realizar tareas represivas; cumplir, por sí, funciones policiales o de investigación criminal, salvo que dicha actividad se encuentre dentro de sus cometidos legales específicos o mediante requerimiento judicial en el marco de una causa concreta.  2)   Intervenir en la actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos.  3) Influir de cualquier forma en la opinión pública, en personas, medios de difusión, asociaciones o agrupaciones de cualquier naturaleza.  4) Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones, fuera de lo dispuesto en esta ley, salvo que mediare disposición judicial.  Y en su artículo 25 como frutilla de la “torta”: Créase en la Asamblea General una comisión parlamentaria bicameral con el cometido de controlar y supervisar la actuación del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado en la que participarán legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Este marco, frustrante y frustrado, inútil para ejercer la función de Inteligencia y Defensa Institucional del Estado, debiera funcionar, particularmente, cuando estamos en guerra interna contra una organización armada con forma de partido político, que burla absolutamente todas las acciones institucionales, porque su objetivo es destruirlas. Las acciones violentas que se desarrollan en el teatro de operaciones político-comunicacional- educativo-judicial-sindical, están evidenciando al más desprevenido, que hay una confrontación violenta de truco, retruco, y vale cuatro, en cada acción del gobierno enfrentado a la coalición frentista-sindical dirigida cupularmente por el PCU. Sin ir más lejos, al caso de las denuncias penales contra Charles Carrera senador MPPista por abuso de funciones, disponiendo la atención antijurídica de varias personas en el Hospital Policial, denunciado además por encubrir una festichola policial en Rocha, que habría terminado a los balazos, dejando un inválido ajeno a la juerga, que, no solamente fue atendido sin que allí correspondiera por orden de Carrera, sino que se le habría entregado tickets de alimentación haciéndolo pasar por policía, para postergar una denuncia penal que hizo prescribir el delito este viernes 11 de noviembre. En clarísimo retruco, surge a la luz pública el caso Astesiano, jefe de la Custodia presidencial implicado en un entramado de tráfico de pasaportes falsos a rusos, utilizando influencias en varios ámbitos públicos. Paradójicamente, los hechos que se investigan tendrían su origen durante el gobierno del FA, pero crea una sospecha directa en aquellos funcionarios de inteligencia que debieron advertir las acciones delictivas de quien mereció “sin chistar” absoluta confianza, por el si el presidente lo consideraba importante. O la inteligencia estuvo ausente; o el presidente aguantó mientras pudo a Astesiano y sus cómplices en migración, registros y policía. Este personaje colado en la presidencia, estaba feliz en el piso 4 de Torre Ejecutiva, usando las cámaras de seguridad, amparado por la cercanía al presidente.

Otra DES-INTELIGENCIA QUE RESPLANDECE EN LA OSCURIDAD, es la denuncia del periodista Alfonso Lessa por amenazas peligrosas, cuando investiga el expediente que ARCHIVADO en su momento el EX Juez Jorge Díaz y el Fiscal Perciballe sobre el caso Feldman, poseedor de un armamento “enterrado” en las narices de la seguridad nacional, muy superior al de las FFAA y la Policía juntos. El expediente según sus investigadores judiciales no era penalmente relevante. Era claramente, un caso de un acumulador compulsivo que tenía una dificultad persistente para separarse de sus armas de guerra, ya que se tenía la enfermiza percepción de que había que guardarlas. Este acumulador, que trajo el arsenal presuntamente “sin asistencia alguna”, rodeado de material que incriminaba ideológicamente a gente “pesada”, mató a un policía e hirió a otro para que no le quitaran su preciado armamento. Y fue abatido en raras circunstancias, guardando para siempre el secreto de para quien acumulaba. Una pléyade de acumuladores hizo desaparecer el armamento de Feldman, que sigue desaparecido. Lessa denunció un seguimiento amenazador, extorsivo, por un vehículo durante un viaje en la noche a Punta del Este, que casi lo saca de la ruta junto con su esposa. Señala la investigación “inteligente”, que persona o personas, sabían perfectamente dónde no estaban las cámaras de seguridad para no ser identificados, impunidad que frustra una vez más a nuestros creiolos agentes de CIPOL.

Para cerrar esta odisea de hechos “raros”, con los que no pudieron nuestros burócratas inteligentes, el periodista Eduardo Preve (casualmente de TV Ciudad, el canal que sostiene Cosse) dio a luz pública el Plan “secreto” de Inteligencia del Estado, que el encargado de este dislate burocrático, el doctor Garcé, poco inteligentemente, derivó al conocimiento de algún “enemigo”, “ventilador” de la estrategia de seguridad nacional. El hecho que debió ser caratulado: “ingenuidad supina”, estratégicamente hablando, se ha constituido en el hazmerreír de la farándula político-penal-zurda local. Los artistas involucrados en este sainete serían todos los legisladores (representantes de NUESTRO pueblo) que fueron impetrados de los planes de “inteligencia” y contrainteligencia, sesudamente elaborados durante tres años por todas estas reparticiones, seguramente, para ser aplicados por el próximo gobierno (como sucede con el Presupuesto). Pese a que el artículo de la Ley de Inteligencia establece con respecto a la revelación de información clasificada: “En caso de violación de las normas legales referidas a la clasificación y a la revelación inapropiada de información será de aplicación lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 132 del Título I del Libro II del Código Penal (“Será castigado con diez a treinta años de penitenciaría y de dos a diez años de inhabilitación absoluta…3) El CIUDADANO que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad del Estado, o FACILITARE su conocimiento) el periodista en cuestión fue citado por el fiscal, no como autor responsable del delito de violar la indefensa seguridad nacional, sino, simplemente, como testigo de su divulgación. Además, como dijo su defensor, (raro, que aparezca un abogado defensor de un testigo, ¿no?), el Dr. Jorge Díaz, (ex-Fiscal de Corte, y juez del caso Feldman, que vuelve ahora en otro papel en esta comedia o tragedia). El mismo Fiscal de Corte que contrató a Preve como vocero de SU Fiscalía (compatibilidad ideológico-comunicacional). Entonces, como dijo Díaz: “el señor Prevé no podrá ser vuelto a citar como imputado porque fue citado como testigo”, lo que le confiere impunidad absoluta para seguir publicando documentos ultra secretos que le entregue su “fuente”. La “fuente” por su parte, estaría eximida de responsabilidad penal, dado que el o los filtrantes del Plan Inteligente (como el de UTE) deben ser alguno de los parlamentarios con fueros, únicos asistentes al evento, que habrían cometido delito de espionaje y divulgación en contra la Defensa Nacional.  En el caso la “fiscalía” tiene una disociación de actuación con relación al caso de la filtración por el periodista Ignacio Álvarez que dio a publicidad unos audios que estaban lejos de ser Secreto de Seguridad Nacional, al que se dispuso se allanara su domicilio, se incautara su teléfono, para el que no existió amparo en el secreto profesional de periodista.

El susodicho director Garcé sigue defendiendo la trazabilidad del documento publicado. El Fiscal a cargo, analiza si el contenido es idéntico al texto del denunciante de la desfloración de nuestra inteligencia; la izquierda denuncia que no coincidiría “exactamente” y la filtración podría ser por otro bazo indebido. Los textos de nuestra “Intelligenz” han sido volanteados por la sede judicial, perdiendo el encanto propio de su natural reserva. En el próximo capítulo, se concretará otra frustración de nuestros agentes secretos-o no tanto. Lo positivo, competiremos en Guinness World Records, como el documento secreto más publicitado.

El ensayista Hans Magnus Enzensberger a principios de 1992 señaló que “toda comunidad, incluso la más opulenta y pacífica produce desigualdades, injusticias y frustraciones de distinto tenor”, y las mismas, a la vez, incrementan la igualdad y la libertad formal de los ciudadanos. Paralelamente, suman reivindicaciones y luchas de dicha población y si no se cumplen, “los agravios renacen en la misma”. Enzensberger define a esa situación emergente como “una guerra civil molecular, esto es un conflicto en las metrópolis”. Planteó la teoría a escala planetaria vinculada a subculturas marginales. Estamos, de esta manera, ante un conflicto sin objetivos políticos claros, con un alto grado de violencia, indica que “cualquier vagón de subterráneo puede convertirse en una Bosnia en miniatura”. Este tipo de guerra es incruenta e imperceptible en su inicio, ya que no necesita movilizar fuerzas, “pero ya está presente en las sociedades occidentales, cuyos focos comienzan por formar parte cotidiana de muchas grandes ciudades. Poco a poco, lentamente, en la calle se va a ir acumulando basura y en los parques el número de jeringas y de botellas de cerveza destrozadas. Por doquier las paredes se van cubriendo de graffitis, cuyo único mensaje es el autismo: evocan un yo que ya no existe. Los colegios aparecen con el mobiliario destrozado. Nos hallamos ante una declaración de guerra, aunque pequeña, muda, y el urbanista experimentado sabe interpretarlo”. El agresor no reconoce leyes regulatorias ni le interesa lo antijurídico de sus actos”. “La guerra civil molecular es un grado de fragmentación social que pone en riesgo el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado como resultante de la culminación de fases de desarrollo y posterior evolución”. Corroborándolo, el “Manual de Terrorismo Callejero Black Block”, un estudio de inteligencia, que circula en las redes, reúne todos los armamentos, estrategias de acción antiterroristas de las fuerzas públicas, con una explicación gráfica de cómo contrarrestarlos, anularlos y atacarlos.

Estamos en manos de no inteligentes y antipatrias en tiempos de conflictos. Tanta inteligencia burocrática, seguramente nos va a hacer mal, y no está el Chapulín para defendernos.

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